Varias organizaciones no gubernamentales emitieron una acción urgente para que diversas instituciones del Estado protejan a esta comunidad campesina del sur de Bolívar, desplazada en 2003 por paramilitares e intimidada tras su retorno desde 2006.
Copias de las declaraciones aportadas por testigos clave a la Fiscalía aparecieron pegadas en postes en la comunidad de Las Pavas, sur de Bolívar, el pasado viernes 27 de enero. El hecho deja a la luz los nombres de quienes denunciaron el desplazamiento del que fueron víctima en 2003. Foto suministrada.“La paz también está en que las autoridades nos protejan. Uno se queda aterrado con lo que ocurrió, pues se supone que uno confía en el Estado. Ahora sí que estamos en la ‘boca’ del cañón’”. Con estas palabras, un campesino de la comunidad de Las Pavas, en el sur de Bolívar, expresó preocupación por lo sucedido el pasado viernes 27 de enero: el predio y algunos caminos veredales amanecieron empapelados con copias de las declaraciones que testigos clave rindieron ante la Fiscalía, donde cursa la investigación por el desplazamiento del que fue víctima la comunidad en 2003.
Por eso es que los campesinos están estupefactos. Como todas las reclamaciones que han hecho están estancadas por dilaciones administrativas y judiciales, pensaron que reiterando sus declaraciones la investigación en la Fiscalía avanzaría sin problema. No fue así. Ahora, desconociendo los responsables, los nombres de los testigos quedaron a la luz pública con el agravante que los reclamantes de tierras en el Magdalena Medio han sido amenazados por la banda criminal Autodefensas Gaitanistas, también conocida como ‘Clan Úsuga’ o ‘Clan del Golfo’.
Aunque el caso de Las Pavas no cursa en la justicia transicional, sino que sus procesos agrarios transitan por la vía administrativa. Desde hace más de una década los campesinos le entregaron pruebas al Estado de que la tierra que han trabajado por años les pertenece, que son terrenos de la Nación y que pueden ser recuperados para titulárselos. Se trata de 3 mil hectáreas de una antigua hacienda bautizada Las Pavas, del corregimiento de Buenos Aires, en el municipio de El Peñón, Bolívar.
Los procesos agrarios con los que el gobierno ha intentado recuperar las 3 mil hectáreas son dos: uno de extinción de dominio de 1.300 por inexplotación ecónomica de su antiguo dueño, pues abandonó las tierras en los años noventa; y otro por 1.700 hectáreas porque ese mismo dueño no pudo acreditar títulos de propiedad. Esto significa que son presuntos baldíos, o tierras de la Nación, que deben volver al patrimonio nacional.
Las Pavas, el termómetro de la paz territorial
Ambos procesos agrarios fueron llevados por el recién liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que terminó declarando la propiedad del Estado sobre las tierras que reclama Aportes San Isidro, la empresa cultivadora de palma con que la comunidad ha tenido constantes tensiones. Los procesos continúan en revisión del Consejo de Estado desde 2013.
Drama de la comunidad de Las Pavas no tiene fin
Según el comunicado emitido por Pensamiento y Acción Social, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana, Protection International, Peace Watch Switzerland y Equipos Cristianos de Acción por la Paz, las copias que fueron dispersas por Las Pavas y que revelaron los nombres de los testigos ocurrieron justo cuatro días después de que la Fiscalía emitió una resolución importante producto de la investigación.
Dicha resolución “decide acusar y adelantar el juicio por el delito de desplazamiento forzado y concierto para delinquir en contra de trabajadores de la empresa palmera Aportes San Isidro S.A.S., trabajadores del testaferro del narcotráfico que vendió la Hacienda Las Pavas a la empresa palmera y paramilitares que ejecutaron el desplazamiento de 2003”, indica la acción urgente redactada por las seis instituciones de forma conjunta. (Lea la Acción urgente aquí)
Desde 2006, cuando los campesinos de Las Pavas volvieron a la hacienda sin tener a otro lugar a dónde ir, retornaron las amenazas y violencia. Han denunciando cómo en varias oportunidades les han quemado los cultivos de yuca y plátano, y los ranchos, además de recibir intimidaciones de parte de varios trabajadores de la empresa palmera. También han señalado a la empresa de intentar ‘fracturar’ la unidad de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), la organización reclamante de tierras de Las Pavas, ofreciéndoles dádivas para que nieguen la condición de desplazamiento y declaren en contra de los parceleros víctimas del conflicto armado.
Las organizaciones no gubernamentales advierten que esta situación se suma a las constantes agresiones contra defensores de derechos humanos registrados durante los últimos años y con más intensidad tras la concreción del proceso de paz con las Farc.
Según Somos Defensores, entre 2002 y 2016 fueron asesinados 558 líderes sociales. En lo corrido de este año, justo cuando comienza la implementación de los acuerdos de paz, los crímenes ya suman siete vidas, entre ellos reclamantes de tierras, integrantes del movimiento Marcha Patriótica y defensores ambientales que exigían el respeto de sus territorios frente a la intervención de la minería y la contaminación de cuencas hídricas
La continua tragedia de los defensores de derechos humanos
En su llamado de urgencia, las organizaciones solicitan que la Unidad Nacional de Protección refuerce sus medidas de protección individual y colectiva para la comunidad campesina; que la Policía, la Alcaldía de El Peñón y la Gobernación de Bolívar velen por la seguridad de los parceleros; que la Unidad de Víctimas coadyuve en los procesos jurídicos y también vele por la protección de la comunidad; que la Fiscalía tome las medidas necesarias para continuar con el proceso penal; a los organismos del Ministerio Público para quelos procesos que se adelentan en el Consejo de Estado se realicen “con los más altos estándares de celeridad y transparencia”, y al Estado, para que visibilice la situación de Las Pavas, considerado un caso emblemático sobre las luchas agrarias en Colombia.
Los campesinos recuerdan que sus reclamaciones han sido pacíficas y que su resistencia fue reconocida en 2013 por el Premio Nacional de Paz. “En el país hay un proceso de paz y no es posible que nos sigan amenazando. Los procesos agrarios siguen estancados y necesitamos que las autoridades tomen cuanto antes fallos precisos en favor de las víctimas”, comenta un campesino de Las Pavas.
