La comparecencia del expresidente de la República a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad poco cumplió con las expectativas de quienes padecieron el asesinato de sus familiares a manos de tropas del Ejército para ser presentados como “bajas en combate”. Reclaman más verdad.
Cecilia Arenas sintió mucha indignación cuando Juan Manuel Santos concluyó, el viernes pasado, su intervención ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) luego de hacer una amplia exposición sobre su gestión al frente de la cartera de Defensa entre los años 2006 y 2009, periodo en el que se incrementaron las ejecuciones extrajudiciales en el país a manos de tropas del Ejército. No aceptaba el perdón que pidió el Premio Nobel de Paz y expresidente de la República (2010-2018).
“[…] me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma”, expresó Santos al final de su exposición.
“Tengo tanta rabia”, dice Cecilia con un fuerte tono en su voz, que irradia dolor. Ella es hermana de Mario Alexander Arenas Garzón, de 33 años de edad, asesinado por soldados adscritos a la Brigada V del Ejército, con sede en Floridablanca, Santander, el 8 de febrero de 2008.
El de Arenas Garzón fue el primer crimen cometido contra varios jóvenes del municipio de Soacha, Cundinamarca, quienes, bajo engaños y supuestas ofertas de trabajo, fueron atraídos a ese departamento y luego fueron asesinados y reportados por las autoridades militares como “guerrilleros dados de baja”.
“Santos tiene el pecado en la frente, que todo el mundo se lo ve”, agrega y aún recuerda que durante sus dos periodos presidenciales -2010-2014 y 2014-2018- no recibió a las madres de los muchachos de Soacha asesinados en Santander y Norte de Santander. “Le mandamos más de 50 cartas y lo más cerca que pudimos estar fue cuando hablamos con Angelino Garzón”.
Para la época de esa referencia que dio Cecilia, Garzón fungía como Vicepresidente de la República. Y la recuerda muy bien porque Santos, siendo Presidente, “nunca, nunca, nos dio la cara para una entrevista”. Por eso le duele tanto ahora su petición de perdón.
Afectada porque no encontró la verdad que quería sobre el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, también conocidos como ‘falsos positivos’, que ocurrieron en mayor volumen cuando Santos estuvo al frente del Ministerio de Defensa, Cecilia asegura que “la verdad para ellos es un cartapacio de mentiras”.
Y es que esa verdad que reclama esta esta mujer, que se volvió en una lideresa desde hace 13 años y ahora afianzada como vicepresidenta del colectivo Madres de los Falsos Positivos de Soacha (Mafapo), pasa por aclarar de manera precisa quién dio la orden para ejecutar a civiles y presentarlos como caídos en combate y, de esa manera, inflar los resultados operacionales para generar la sensación de que se estaba ganando la guerra contra la insurgencia.
“Sólo rumores”
Buena parte de la intervención del expresidente Santos ante la CEV se enfocó en describir su gestión en el Ministerio de Defensa en los tres años que estuvo al frente de esa cartera. Destacó con detalle las acciones de formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH) que ordenó impartir en todos los niveles de las Fuerzas Armadas.
El propósito con su propuesta de cambio era romper con la estrategia militar que se adoptó en el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), basada en lo que se conoce como la “Doctrina Vietnam”, que no era otra cosa que intentar ganar la guerra ocasionándole la mayor cantidad de bajas al enemigo, y que se respaldó con la política de Seguridad Democrática.
Para esa época pasaron por el Ministerio de Defensa Marta Lucía Ramírez, hoy Canciller y Vicepresidenta de Colombia (7 de agosto de 2002 a 10 de noviembre de 2003); Jorge Alberto Uribe (10 de noviembre de 2003 a 19 de julio de 2005); y Camilo Ospina Bernal (19 de julio de 2005 a 19 de julio de 2006).
Pero fue Ospina Bernal quien expidió la Directiva 29, fechada el 17 de noviembre de 2005, mediante la cual se desarrollaron criterios “para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones”. (Descargar Directiva 29)
Santos reconoció ante la CEV que el entonces presidente Uribe fue quien estimuló la aplicación de la “Doctrina Vietnam” y la historia reciente muestra que las cifras de homicidios en persona protegida, como se les describe a los civiles que no participan en las acciones bélicas, crecieron ostensiblemente a partir de la aplicación de esa Directiva.
Lo que más molestó a víctimas como Cecilia es que el expresidente Santos, en un principio, redujera a “rumor” el fenómeno de los ‘falsos positivos’. Según el Premio Nobel de Paz, “en mis primeros meses en el ministerio oí los rumores sobre la posible existencia de los ‘falsos positivos’, pero como entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentara, no les di credibilidad”.
Y recordó en su intervención su paso por el periódico El Tiempo, donde dijo que había aprendido “sobre la guerra jurídica y las diferentes formas de lucha”, haciendo referencia a las constantes denuncias de las organizaciones no gubernamentales sobre la violación de derechos humanos propiciadas y practicadas por agentes del Estado.
“Esos relatos —dijo— no venían acompañados de evidencia que los soportaran, parecían encajar muy bien en esa narrativa. Sobre todo, era consciente de que la verdad es siempre una gran víctima de la guerra”. Y agregó: “Me arropé con la bandera tricolor y en varias ocasiones salí a desvirtuar lo que todos en el estamento oficial consideraban malévolas acusaciones”.
Su postura estaba en sintonía con la que esbozaba el entonces presidente Uribe contra las organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas críticos de su manera de afrontar la guerra en Colombia. Los calificaba de “polítiqueros al servicio del terrorismo” y los cuestionaba por publicar libros en Europa “con rumores y calumnias”. (Ver video)
Pero las evidencias sí estaban a la vista. Comunidades rurales venían denunciando ese tipo de acciones de miembros de la Fuerza Pública desde 2003, especialmente en Antioquia, donde la política de Seguridad Democrática se aplicó con todo su rigor, especialmente en el oriente del departamento. Las primeras denuncias fueron presentadas desde el año 2003 por el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codehsel).
Cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEUU) arrojan que entre 2004 y 2005 se registraron 851 víctimas de presuntas ejecuciones con responsabilidad directa de la Fuerza Pública, varias de las cuales eran investigadas por las autoridades; mientras que para el periodo 2006-2008, “se produjo un aceleramiento en el ritmo de casos de ejecuciones extrajudiciales en el país que produjo 2.102 víctimas durante este período”, consignó esa organización no gubernamental en uno de sus informes.
Y tal como lo reconoció Santos, para el gobierno nacional, ese tipo de informes no eran creíbles por venir de sectores críticos. Sólo comenzó a aceptar la realidad cuando, según él, a principios de 2007 escuchó reportes confidenciales de representantes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Sólo así se motivó “a investigar, denunciar y actuar”.
“En 2007 comenzamos a actuar en forma contra los ‘falsos positivos’ […] Más de la mitad de las directivas ministeriales que produjimos ese año estaban dirigidas a atacar ese horripilante fenómeno”, explicó el exministro de Defensa.
El 26 de enero de 2007, recordó Santos, reafirmó mediante un comunicado de prensa leído ante periodistas en la base militar de Tolemaida, “su política de cero tolerancia con las violaciones de los derechos humanos y con cualquier vínculo de miembros de la Fuerza Pública con organizaciones al margen de la ley” y reiteró que “aquellas bajas que no sean el resultado de operaciones de la Fuerza Pública son absolutamente inaceptables”.
Pero la realidad operativa demostraba lo contrario. De acuerdo con los datos del Observatorio del CCEEUU, el año 2007 fue el más dramático en cuanto al número de víctimas: “986 fueron sumariamente ejecutadas por parte de fuerzas de seguridad estatales estimuladas por el ambiente de incentivos a las bajas, de presiones por resultados letales y de impunidad estructural para estas prácticas ilegales. Quiere decir que, durante el año 2007, año en el que se presentó el clímax de esta modalidad de crímenes contra la humanidad”.
La pregunta que gravita ahora en el ambiente es: ¿Por qué mientras en ese año el Ministerio de Defensa impulsaba una política de cero tolerancia a las violaciones de derechos humanos, las tropas mantuvieron su dinámica de ejecuciones extrajudiciales en diversas regiones del país?
La exposición de Santos no permite resolver esa paradoja de manera clara, aunque sí avanzó en explicaciones: “No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado ‘la doctrina Vietnam’. Pero al mismo tiempo, en honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esa nefasta doctrina, que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden, ni fui desautorizado”.
Dos hechos ocurridos durante el año 2008 llevaron al entonces Ministro de Defensa a concluir que los ‘falsos positivos’ eran “un fenómeno real y no una invención de las ONG enemigas del Ejército”. De un lado, el relato de un soldado quien denunció que sus compañeros asesinaron a su padre y lo presentaron como “una baja en combate”; y del otro, el estallido del dramático caso de los 17 jóvenes de Soacha asesinados en Santander y Norte de Santander.
La situación generó una crisis interna que se resolvió, en parte, llamando a calificar servicios a 20 oficiales y 7 suboficiales, anunciada por el Ministerio de Defensa el 29 de octubre de 2008. En reacción a esa decisión, el 4 de noviembre de ese año, presentó su renuncia el entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya.
“Eran tan protuberantes las irregularidades que encontramos en el terreno, y tan graves la fallas en el ejercicio del mando, que no podíamos dejar de tomar decisiones si queríamos preservar la integridad del Ejército Nacional”, dijo Santos ante la CEV para explicar esa decisión.
El expresidente aseveró que luego de ese tipo de medidas, tomadas bajo su direccionamiento, los casos de ‘falsos positivos’ se redujeron drásticamente: “La decisión retumbó por todas las unidades de las Fuerzas Militares. Las ejecuciones extrajudiciales, gracias a Dios, cayeron de manera dramática, como lo consignaron las diferentes instancias de supervisión y control”.
Ese logro también es compartido por las familias victimas de esas prácticas atroces, así como por organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras: “[…] y por supuesto también de organizaciones de la comunidad internacional y del sistema internacional de protección de los derechos humanos de la ONU y de la CIDH”, se lee en un informe de la CCEEUU divulgado en enero de 2013 y que concluye que “el Gobierno nacional tenía capacidad de control de estos crímenes sistemáticos si hubiera tenido desde un inicio la voluntad para hacerlo”.
Por su parte, Santos admitió ante la CEV que “la lección aprendida más importante de este doloroso capítulo es que ninguna guerra o contienda, por más compleja o difícil que resulte, justifica relajar los controles reglamentarios y legales y que, en cualquier doctrina militar, sin importar su carácter original o innovador, siempre debe preferirse la defensa de la vida al resultado operacional”. Y de paso sugirió que el Ejército debería pedir perdón por esas atrocidades.
Es un principio, pero falta
Alexander Castro perdió a su hermano León y a su tío John Fredy el 23 de octubre de 2006, cuando tropas del Batallón Atanasio Girardot, adscrito a la IV Brigada del Ejército, llegaron a su finca de la vereda La Concha, del municipio Campamento, en el norte de Antioquia, y tras realizar un allanamiento ilegal a la casa campesina, los detuvieron y minutos más tarde los ejecutaron en una de las carreteras veredales.
Alexander confrontó entonces a los militares que estuvieron al frente de esa operación y le dijeron que sus familiares “habían muerto en combate”. El caso sigue en la impunidad quince años después, pese a que fue denunciado ante la Fiscalía y la Procuraduría.
Ahora, este activista en derechos humanos hace parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (Movice) capítulo Antioquia, de la Mesa Departamental Sobre Desaparición Forzada (también de Movice) y del Grupo de Familiares Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales de Antioquia “Tejiendo Memorias”. Desde esas labores, y con la experiencia de su familia cuestas, se refirió a la intervención de Santos ante la CEV.
“Me parece rescatable lo del exministro de Defensa, Expresidente y Premio Nobel. Sí, tuvo el valor de ir a la Comisión de la Verdad y aportar su verdad, pero lo que nos deja pensativos es: ¿cómo va a decir Juan Manuel Santos que él no creyó que existieran las ejecuciones extrajudiciales?”, se pregunta Alexander. Y continúa: “¿Cómo me va a decir que no sabía de los ‘falsos positivos’ si era una política de Estado: la política de Seguridad Democrática? Él debía tener conocimiento”.
Para este defensor de derechos humanos, “los mayores responsables” de la comisión de los ‘falsos positivos’ son “Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Nosotros valoramos que Santos haya ido a la Comisión de la Verdad, pero ese cuento de que él no sabía y que no creía, eso no… que no nos engañe”.
Con respecto a la sugerencia que hizo el Premio Nobel de Paz de que el Ejército pidiera perdón por estos crímenes atroces, Alexander reacciona afirmando que “esto no es de pedir perdón, esto es de aportar a la verdad, a que se haga justicia”. También recuerda a generales en retiro como como Mario Montoya, quien, a su juicio, “sólo ha hecho sino burlarse de las víctimas”. Y concluyó diciendo que “las Fuerzas Militares nunca han tenido voluntad de aportar o de reparar a las víctimas”.
Cesar Santoyo, director ejecutivo del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (OFB), que acompaña a familias víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, también resalta la presencia de Santos en la CEV, a quien califica como “uno de los hombres que más conoce el Estado en Colombia”, entre otras razones porque ha ocupado cargos de gran responsabilidad desde muy joven en el sector público.
“Su discurso —sostiene— es un discurso con un repertorito muy importante para la verdad en el sentido de los recursos y los instrumentos que la Comisión ha determinado para tal fin”, pero esa intervención le dejó una sensación de sinsabor: “Hacen falta detalles de profundidad absolutamente importantes frente al vejamen de las ejecuciones extrajudiciales, en tanto acción y problema jurídico, pero también desde la perspectiva de la decisión política y de la decisión pública”.
A su juicio, desde la perspectiva del reconocimiento de responsabilidad, de la necesidad objetiva de que el Estado colombiano reconozca la responsabilidad frente a estos crímenes tan dolorosos, “definitivamente sigue habiendo muchas verdades por decirse”.
Y tras advertir que el discurso del Premio Nobel ante la CEV no ofreció ningún tipo de revelación con respecto a los responsables en sentido de cadena de mando y máximas responsabilidades, “sí abre muchos caminos para poder analizar y entender lo que podríamos llamar la connivencia o la omisión administrativa de muchas personas que tuvieron que ver con este tipo de ejecuciones, con este tipo de trámites, pero también con este tipo de órdenes”.
En su análisis, Santoyo incluye a la Justicia Penal Militar, escenario por donde han pasado muchos de los casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por tropas del Ejército y se han resuelto a favor de los militares: “Sigue siendo una de las instituciones jurídicas de mayor problemática, el mantener un estatus de justicia penal militar que definitivamente no permite orientar una política adecuada de investigación, tratamiento, análisis y penalización de casos que corresponden a este marco conflictual”.
Como defensor de derechos humanos y representante de víctimas de ‘falsos positivos’, Santoyo ha padecido las trabas institucionales que se le ponen al acceso a la información de los procesos penales y disciplinarios que adelanta la Justicia Penal Militar.
“Desafortunadamente —dice— niega esa oportunidad de conocer cómo se indaga, cómo se pregunta, cómo se contrapregunta, y estos elementos que al parecer son simplemente de forma, adquieren un fondo profundo en el escenario de la impunidad”.
Por ello considera que uno de los elementos centrales que se deben superar en todo este proceso, más allá del discurso de Santos ante la CEV, es el cerco de la impunidad: “Colombia no puede reconciliarse, no tendrá convivencia, no será una nación próspera en sentido jurídico, en el sentido de sus instituciones democráticas, hasta tanto no logre superar, no logre prohibir incluso, la impunidad como una matriz de opinión y de orientación de la política, y de la vida social y económica del país”.
Santoyo también espera que en la CEV haya documentación y análisis de profundidad en relación con el patrón sistemático de las ejecuciones extrajudiciales, por lo que se requieren otras verdades, como por ejemplo “la forma cómo estas estructuras criminales, adentro de la institución militar, empezaron a fraguar una estructura de orientación y de alto rango, de alta legitimidad en la estructura misma, que permite se oriente un plan en todo el país, que se practicó en comandos, batallones y divisiones del Ejército Nacional. Y aún queda por establecer el papel que la inteligencia militar y policial jugaron en relación a la posible comisión de esos delitos”
Por último, reitera que la comparecencia de Santos a la CEV “es una verdad que aún empieza, es, simplemente, la introducción a unas necesarias verdades que tienen que abrirse”. A juicio de este activista, es fundamental que el perdón expresado por el exmandatario abra la puerta a otros escenarios, a otros ejercicios, a otras lógicas, que argumenten y que permitan abrir otras verdades.
Pero Cecilia, la vicepresidenta de Mafapo, no acepta el perdón de Santos, por lo menos no en la forma en que lo ofreció: “No queremos un perdón detrás de puertas, queremos un perdón público, a eso le apuntamos nosotros”, reitera y agrega que la lucha de su organización y de la otras tantas es precisar “quién dio la orden”. También cuestiona que Santos no les hablara de frente y desde su corazón: “Llevan un texto en el que tienen lo que deben decir”.
“Nosotros no necesitamos nada de eso —dice—. Fuimos las madres de Soacha las que destapamos la olla podrida, fuimos las madres de Soacha las que seguimos divulgando, y hasta la muerte, seguiremos divulgando, porque Mafapo no se rinde carajo”.
A la tarea de la CEV, que deberá entregar su informe final en noviembre próximo, se suma el papel que pueda cumplir la Jurisdicción Especial para la Paz (JPE), escenario de justicia transicional que investiga 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008 en los departamentos de Antioquia, Casanare, Cesar, Huila, La Guajira, Meta y Norte de Santander. A lo mejor, Cecilia, Alexander y muchas más víctimas de los ‘falsos positivos’ encuentren en ambas instituciones la verdad integral que tanto reclaman y que hasta ahora les ha sido negada.
