Sobre los hombros de la abogada Luz Marina Monzón recaen las esperanzas de miles de familiares de personas desaparecidas de hallar noticia alguna sobre el paradero de sus seres queridos. Organizaciones de víctimas de todo el país celebraron la designación, pues, dicen, no había persona mejor preparada para tan difícil labor.
Luz Marina Monzón, nueva directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Fotograma tomado de un video del CNMH sobre el informe El derecho a la justicia como garantía de no repetición.Beneplácito causó entre las organizaciones de víctimas del conflicto armado, los defensores de derechos humanos y buena parte del mundo académico, la designación de la abogada Luz Marina Monzón Cifuentes como directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas como Desaparecidas en elMarco del Conflicto Armado, instancia creada durante los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc.
Esta Unidad hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición del Punto IV del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y tiene como propósito establecer qué sucedió con las miles de personas reportadas como desaparecidas de manera forzosa por diferentes actores del conflicto armado durante las últimas cinco décadas. Su mandato se extenderá por los próximos 20 años y el funcionamiento dependerá del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con activistas de derechos humanos y víctimas del conflicto armado consultadas por VerdadAbierta.com, la titánica misión no pudo haber quedado en mejores manos. Su prolija hoja de vida así lo certifica. Monzón Cifuentes es abogada, egresada de la Universidad Gran Colombia, y en su formación académica cuenta además con una especialización en ciencias forenses y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia; una especialización en derechos humanos de la Escuela Superior de Administración Pública; y una maestría en derecho de la Universidad Nacional.
Su trayectoria profesional también despierta elogios y admiración. Monzón Cifuentes fue una de las abogadas más destacadas de la Comisión Colombiana de Juristas, organización no gubernamental que brinda asesoría jurídica a víctimas del conflicto a la que estuvo vinculada entre los años 1997 y 2009. Allí tuvo bajo su cargo importantes casos judiciales como la desaparición de 19 comerciantes en el Magdalena Medio en 1987; la masacre de Pueblo Bello, Antioquia, en 1988; el crimen del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle; y el magnicidio del periodista Jaime Garzón. Integró, además, el equipo de investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que produjo el informe El acceso a la justicia como garantía de no repetición.
Pero sin duda sus credenciales más importantes están en la sensibilidad y conocimiento que ha mostrado frente al tema y el acompañamiento que ha brindado a familiares de víctimas de este atroz crimen en todo el país. En ese sentido, fue representante de las organizaciones sociales en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en el año 2000 mediante Ley 589 y acompañó y asesoró, además, la Comisión Internacional de Esclarecimiento creada en 2012 por organismos no gubernamentales para investigar los casos de desaparición forzada de la Escombrera, zona montañosa de la comuna 13 de Medellín.
El nombre de Monzón Cifuentes fue postulado por más de 130 organizaciones sociales, de víctimas y defensoras de derechos humanos tales como la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEU), la Comisión Colombiana de Juristas, El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Gran desafío
El pasado 30 de septiembre, durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, las víctimas pidieron celeridad para que la Unidad empiece a funcionar. Koni Agudelo, cortesía Equitas.Pese a su reconocimiento, trayectoria y contar conel pleno apoyo del movimiento de víctimas de todo el país, a la jurista Monzón Cifuentes le espera una tarea nada fácil. Una de sus primeras labores será establecer cuántos desaparecidos, realmente, hay en Colombia. “Ese es uno de los grandes problemas de este país: las cifras. El informe del CNMH habla de 60 mil desaparecidos; Medicinal Legal, de unos 20 mil; y la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, de 40 mil. Ojalá se pueda establecer un consenso”, señaló Alexandra González, de la Secretaria Técnica del Movice.
A lo anterior se suma el reto de poder crear una estructura lo suficientemente robusta, autónoma y descentralizada que, efectivamente, logre buscar, encontrar, identificar y entregar a sus familiares los restos de las personas dadas como desaparecidas.
“Una de las preocupaciones que tenemos es que el Acuerdo de Paz planteaba una Unidad de alto nivel, con autonomía y poder de decisión. Pero con el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017, quedó adscrita al sector justicia, lo que podría condicionar su labor o terminar convirtiendo la Unidad en una entidad sin fuerza, sin músculo”, señaló González, quien agregó que, hasta el momento, la cartera de Justicia ha propuesto una partida de 102.589 millones de pesos para su funcionamiento.
De acuerdo con la integrante del Movice, el fenómeno de la desaparición forzada tiene diferentes dimensiones y causó impactos diferenciados en todo el país: en algunas regiones, cientos de personas fueron inhumadas en cementerios clandestinos; en otras, fueron enterrados en zonas de explotación minera o en fosas comunes; mientras que se presume a cientos las arrojaron a ríos, lagunas o mares. De ahí que se requiera una instancia que priorice la descentralización y la presencia en municipios y departamentos por fuera de Bogotá.
“Tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda a la cual le hemos hecho muchas críticas porque en 15 años no ha avanzado lo suficiente en la búsqueda de los desaparecidos. Y esto pasa por su estructura administrativa: se requiere una presencia mayor en los territorios y esta entidad es bastante centralista”, agregó González.
La postura de la activista es compartida por Alberto Yepes, integrante de la Comisión Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), quien plantea que otro de los retos que deberá sortear Monzón Cifuentes será superar “las resistencias de sectores de poder que han estado involucrados en la práctica de la desaparición forzada”.
A juicio de Yepes, “hay obstáculos y reticencias para entregar la verdad sobre personas desaparecidas, especialmente en los casos que involucran agentes estatales y ‘barones políticos’ regionales. Hay un fuerte negacionismo frente al tema y las investigacionessobre desaparición forzada son prácticamente nulas y las sentencias por estos hechos se cuentan con los dedos de la mano”.
Para este activista, el que esta nueva Unidad, surgida en el marco del Acuerdo de Paz, utilice una metodología extrajudicial, es decir, que las personas que entreguen información valiosa para dar con el paradero de personas desaparecidas no serán vinculadas a ningún proceso judicial, podría estimular la entrega de datos y coordenadas por parte de los actores del conflicto, “aunque, repito, sabemos que hay resistencias. Antes de que postuláramos a Luz Marina, conocimos una carta de Acore (Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro) donde manifestaban su preocupación por esta persona, por su pasado laboral en la Comisión Colombiana de Juristas”.
Yepestambién espera que Monzón Cifuentes, por su trayectoria y sensibilidad, vincule y trabaje activamente con las víctimas de este flagelo, “porque este será realmente el medidor de lo que será el postconflicto en el país: de aquí a cinco o seis años, se debe haber avanzado significativamente en la búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas”.
Para Adriana Arboleda, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, organización defensora de derechos humanos con sede en Medellín, que ha acompañado víctimas de la comuna 13 de esta ciudad, el nombramiento de Luz Marina Monzón regocija a las organizaciones y personas que conocen y destacan su trabajo. “Digamos que ya tenemos el 50 por ciento con su nombramiento. Ahora falta que el gobierno nacional se comprometa verdaderamente, a entregar los recursos para el funcionamiento de esta Unidad, que le dé el músculo suficiente. Ese es el otro 50 por ciento que falta”.
Pese a que la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos ya tiene doliente, falta que la Corte Constitucional se pronuncia sobre el Acto Legislativo N. 01, el cual le da vida a la Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Mientras tanto, las víctimas siguen a la expectativa.
