Para esta ONG internacional, crece cada vez más el número de víctimas del conflicto, la justicia no funciona, los paramilitares siguen operando y la Fuerza Pública comete atropellos. Gobierno dice que el informe no reconoce la política de cero tolerancia con los excesos cometidos por militares y policías.
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| Mientras en la primera mitad de 2007 fueron 191 mil las personas que dejaron sus tierras, en el mismo periodo de 2008 fueron 270 mil, según Amnistía Internacional. Foto: Juan Carlos Sierra |
En el informe sobre la situación de derechos humanos en el mundo publicado este jueves por Amnistía Internacional (AI), la situación de los colombianos más vulnerables sigue siendo grave y sus derechos humanos fundamentales se siguen violando de diversas maneras. Y más preocupante aún, sostiene que el número de víctimas del conflicto armado creció en el último año. Luego de evaluar las cifras y los episodios ocurridos entre julio de 2007 y julio de 2008 informa que los campesinos colombianos son quienes hoy tienen las peores condiciones de vida.
Esto, a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho el gobierno por mejorar las condiciones de seguridad para la población indígena y campesina.
Aunque AI reconoce estos esfuerzos del gobierno y también de las cortes colombianas por impartir justicia a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, el panorama que describe de la realidad del país es lamentable, ya que sostiene que “el persistente conflicto armado siguió afectando a centenares de miles de personas”.
En este período de un año que evaluó, AI encontró que “la principal víctima era la población civil, y las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes eran las que corrían mayor peligro. Muchas de estas comunidades vivían en zonas de interés económico o estratégico para las partes enfrentadas. Todas las partes implicadas en el conflicto -fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros- fueron responsables de abusos generalizados y sistemáticos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario”.
Y de ahí se desprende una preocupante descripción de las consecuencias que trae el conflicto colombiano, que, según esta ONG, en los 12 meses previos a julio de 2008 provocó la muerte de 1.492 civiles y la desaparición de 182 personas, cuando 12 meses antes de julio de 2007 fueron 1.348 los muertos y 119 desaparecidos. Es decir, el número de víctimas creció.
Desplazados
Como es de esperarse, después de cada episodio violento, viene el miedo y el desplazamiento. De acuerdo con el reporte de AI, éste se incrementó considerablemente. Mientras en la primera mitad de 2007 fueron 191 mil las personas que dejaron sus tierras, en el mismo periodo de 2008 fueron 270 mil.
“El sur del país se vio afectado en especial como consecuencia de los persistentes combates entre las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares y grupos guerrilleros”, dice el informe, que señala también una difícil situación de discriminación que sufren los desplazados, lo que hace aún más complicado su acceso a servicios de salud y educación.
Si bien es preocupante el creciente número de desplazamientos, esta ONG reporta también atropellos contra los niños y las mujeres, que deberían estar alejadas del conflicto.
Los grupos ilegales también han incorporado forzosamente a sus filas a menores de edad. “Grupos guerrilleros y paramilitares reclutaron a niños y niñas por la fuerza. Las fuerzas de seguridad utilizaron a menores de edad como informantes, en contra de la directiva emitida en 2007 por el Ministerio de Defensa, en la que se prohibía el empleo de menores de 18 años para obtener información”, describe el informe, aunque sin mayor detalle de cifras o casos.
Y a ese panorama se suma la violencia contra las mujeres, que durante el periodo analizado por AI siguieron siendo víctimas de abusos sexuales, casos que escasamente se denuncian y, peor aún, no son procesados por la justicia. “Según los informes, los grupos guerrilleros obligaron también a mujeres combatientes a abortar o tomar anticonceptivos, violando así sus derechos reproductivos”, enfatiza puntualmente el reporte de esta organización.
Hasta este punto, se está hablando de faltas que, para esa organización, ejercen tantolos grupos ilegales, como guerrillas y paramilitares, y las fuerzas de seguridad. Pero cada uno tiene comportamientos particulares descritos también en el informe.
Grupos guerrilleros
“Las Farc y el ELN siguieron matando a civiles y perpetrando secuestros. En los 12 meses previos a julio de 2008 se atribuyeron a los grupos guerrilleros más de 166 homicidios de civiles, frente a los 214 del mismo periodo en 2007”, reseña AI.
De acuerdo con su informe, estos grupos son los que siguen cargando con la responsabilidad de las minas antipersonal instaladas en vastos territorios del país y que cada años siguen afectando a decenas de personas.
Los registros de esta ONG hablan de 45 civiles y 102 policías y militares muertos en 2008 por haber pisado estas minas, que dejaron heridas el año pasado a 160 civiles y 404 integrantes de la fuerza pública.
Fuerza pública
Si bien es lamentable que soldados y policías sean víctimas de estas devastadoras minas, la ONG reporta también graves faltas cometidas por las fuerzas de seguridad colombianas, como son las ejecuciones extrajudiciales.
“En los 12 meses previos a julio de 2008, las fuerzas de seguridad ejecutaron extrajudicialmente al menos a 296 personas, frente a las 287 del mismo periodo en 2007”, dice AI, y recuerda que “en noviembre, durante una visita a Colombia, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos afirmó que en Colombia las ejecuciones extrajudiciales eran al parecer sistemáticas y generalizadas”.
En este informe se hace una mención especial al caso de los jóvenes de Soacha, que llevó a la destitución de 27 militares de alto rango y a la posterior renuncia del entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya.
En este reporte consta que “según los informes, el homicidio de estos jóvenes -presentados falsamente por las fuerzas armadas como “guerrilleros muertos en combate – se llevó a cabo en connivencia con grupos paramilitares o bandas de delincuentes”.
Pese a que hay algunas evidencias de la participación de integrantes de la fuerza pública en algunas muertes de civiles, “en abril, el gobierno promulgó el Decreto 1290, por el que se establecía un programa para que las víctimas de abusos perpetrados por los grupos guerrilleros y paramilitares pudieran recibir del Estado indemnizaciones económicas. Sin embargo, el decreto no contemplaba la restitución de las tierras robadas ni otras formas de reparación, ni tampoco reparaciones para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad”, según está consignado en el documento de esta ONG internacional.
Al respecto, Carlos Franco, director del programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, dijo que “el gobierno viene tomando medidas en casos que comprometen a la Fuerza Pública desde hace años. Las Directivas 010 y 019 son de 2007 por ejemplo. Lo que no dice el Informe es que la política del Estado es de cero tolerancia con estos casos y que el impacto de las medidas se evidencia en la disminución de las denuncias sobre estos casos”.
Grupos paramilitares
En su análisis sobre la situación de derechos humanos en Colombia, AI describe que los paramilitares siguieron actuando, pese a que el gobierno lo niega. Incluso, dice la ONG, lo han hecho “con el respaldo o la aquiescencia de las fuerzas de seguridad”, que ha utilizado a estos grupos “en labores operativas y de inteligencia, a pesar de la prohibición, establecida en 2007, de estas actividades”.
Así, en el periodo analizado para este informe, se registraron, según AI, 461 homicidios por parte de los ‘paras’, cuando un año antes habían sido 233.
Sobre este tema, Franco explica que “Amnistía Internacional, como otras organizaciones no gubernamentales, se empeñan en desconocer que los jefes paramilitares se encuentran recluidos en la cárcel y sus estructuras, desmanteladas. Los grupos que se han rearmado tienen como principal motivación el narcotráfico, así lo demuestran las disputas entre ellos. No podemos precisar cuántas muertes les son imputables a estos grupos. Sin embargo, es evidente la lucha del Estado contra estas organizaciones. Recuérdese la detención o muerte de los Mellizos Mejía, Don Mario y HH entre otros”.
Algunos paramilitares sí están ahora en un proceso de Justicia y Paz en el que más de 130 mil víctimas presentaron solicitudes de reparación. Sin embargo, “el 90 por ciento de los paramilitares, al no poder ser incluidos en el proceso, eludieron la acción de la justicia. Continuaron los homicidios y las amenazas contra las víctimas que debían testificar en los juicios, y muchos paramilitares no colaboraron plenamente con los tribunales de Justicia y Paz y, en concreto, no devolvieron las tierras de las que se habían apropiado indebidamente. Esta circunstancia siguió minando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, según el informe de AI.
En este proceso, algunos ‘paras’ han hablado de sus relaciones con algunos políticos. En su reporte internacional, AI consigna que en el periodo analizado fueron investigados 70 congresistas por tener vínculos con paramilitares y que este escándalo “agravó las tensiones entre el gobierno y la Corte Suprema. El gobierno afirmó que la actuación de la Corte se debía a motivos políticos, mientras que ésta acusó al Ejecutivo de tratar de entorpecer las investigaciones. La mayoría de los legisladores implicados en el escándalo eran miembros de la coalición progubernamental”.
Aquel vaivén de declaraciones llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgara medidas cautelares a favor de Iván Velásquez, el magistrado encargado de investigar a los políticos relacionados con paramilitares. Esas medidas le impusieron al gobierno brindar especial seguridad al funcionario.
Impunidad
A propósito de la justicia, esta ONG considera que la impunidad “es la norma” en la mayoría de los casos por abusos a los derechos humanos, aunque sostiene que la presión internacional ha generado avances en varias investigaciones, como por ejemplo el asesinato por parte de miembros del ejército y paramilitares de ocho miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó y el asesinato de 10 agentes de policía y un civil en Jamundí, Valle del Cauca.
Pero asegura que si bien la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había registrado algunas mejoras, les preocupa que “los problemas estructurales de la administración de justicia colombiana persisten”.
En especial en lo que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones “graves y sistemáticas” del derecho internacional humanitario de los grupos guerrilleros y los presuntos vínculos entre algunos miembros de la Fuerza Pública y grupos armados ilegales.
También genera preocupación a esta ONG que, quienes denuncia, se convierten en blancos de ataques. AI cita el caso de la marcha contra los crímenes de estado y paramilitares del 6 de marzo, en la que fueron atacados varios de sus convocantes.
Amnistía registra que por lo menos 46 sindicalistas fueron asesinados en 2008, frente a los 39 que murieron en 2007 y que 12 defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado.
También aseguraron que las declaraciones del presidente Uribe ponían en entredicho la legitimidad del trabajo que realizan los activistas de los derechos humanos. Sobre este tema, AI registra que “en noviembre, tras la publicación de unos informes sobre Colombia por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el mandatario colombiano acusó a Amnistía Internacional de ‘ceguera’, ‘fanatismo’ y ‘dogmatismo’. También acuso públicamente al director para las Américas de Human Rights Watch de ser ‘defensor’ y ‘cómplice’ de las Farc”.
Esos son los ojos con los que esta ONG ve y describe a Colombia en su más reciente informe, divulgado por todo el mundo.
