El asesinato de tres líderes que luchaban por sus tierras evidencia que el gran desafío del proceso de restitución y de la ley de víctimas es proteger a sus beneficiarios. Por Revista Semana
 |
| Tres líderes campesinos que reclamaban tierras o se negaban a venderla fueron asesinados en una semana en las regiones del Urabá antioqueño y Los Montes de María. / Foto Semana |
Mientras la ley de víctimas avanza en el Congreso y el gobierno adelanta su plan de restitución de tierras, los líderes comunitarios que las reclaman están cayendo bajo las balas. La semana pasada, tres más fueron asesinados, en Urabá y Montes de María. ¿Quién va a protegerlos y a asegurarse de que lo que el Estado les entregue no se lo quiten otra vez?
Al mediodía del miércoles 23 de marzo, David de Jesús Góez, de 70 años, cayó a tiros, a plena luz del día, en una zona comercial de Medellín. Representaba a 120 familias que perdieron 20.000 hectáreas en Tulapa, Turbo, en el Urabá, y había huido de la zona por amenazas de muerte.
Bernardo Ríos Londoño corrió igual suerte. El martes 22, a las 6:30 de la tarde, en un retén ilegal en Tierra Amarilla, en la vía hacia Apartadó, unos hombres armados lo fusilaron. Tenía 27 años y era miembro de la Comunidad de Paz.
El viejo David y el joven Bernardo son dos de los 42 líderes asesinados desde 2002 por reclamar tierras. Seis más han caído en lo que va del año, según Codhes, que solo incluye a desplazados. El departamento más afectado es Antioquia, con 14 asesinatos, casi todos en Urabá. La razón ha sido uno de los motores del conflicto en este país: “Tener un metro cuadrado en el Urabá es mejor que tener una mina, me dijo Vicente Castaño”, como dijo el paramilitar ‘HH’, en versión libre.
Otra de las zonas donde miles de personas sufrieron el despojo son los Montes de María. El tercer líder asesinado -también el miércoles 23- fue Éder Verbel Rocha, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en la región. Lo mataron a tiros cuando volvía de su finca, cerca de San Onofre. No intentaba recuperar su tierra, sino defender la que tenía: se había negado a venderla a un dueño de varias fincas que, se sospecha, tendría vínculos con el grupo de Los Urabeños. Uno de sus hermanos, Guillermo, ya había sido asesinado. “Hoy fue Éder, mañana puedo ser yo. Tenemos miedo”, dijo a SEMANA uno de sus familiares.
Justo en Urabá y Montes de María, el Incoder está revocando títulos ilegales y haciendo actos simbólicos de devolución de tierras a los campesinos. A este claro mensaje del Estado responden brutalmente quienes expulsaron a los labriegos. Como dijo el presidente Juan Manuel Santos: “Son asesinatos hechos por gente que quiere detener la política del gobierno”.
Lo que estas muertes ponen sobre el tapete es el peligro que amenaza a la ley de víctimas y al proceso de restitución de tierras: pueden aprobarse todas las leyes del mundo, pero de nada servirán si el Estado no protege a quienes reciban lo que los violentos les quitaron. De allí que uno de los capítulos más importantes de la ley de víctimas sea el de la protección que el Estado debe garantizar (Naciones Unidas pidió revisar profundamente los programas de protección).
El gobierno anunció que ha creado un centro de inteligencia, el CI2-RT, para evaluar las regiones donde se adelante la restitución y hacer mapasde riesgo. Una mesa internacional acompañará el proceso, con delegados en el terreno. El Ministerio de Defensa debe garantizar la seguridad de las comunidades y el del Interior, esquemas de protección para los líderes. Sin embargo, no pocos critican la tardanza del gobierno en crear una política efectiva de seguridad en torno a este tema. “No ha habido lentitud, estamos actuando ya pero hay que hacer un esfuerzo grande colectivo para lo que se viene”, dice Rafael Guarín, viceministro de Defensa.
El director del Centro Internacional para la Justicia Transicional, Michael Reed, y el ponente de la ley, Juan Fernando Cristo, piden que las medidas de protección se consulten con las víctimas. Como dice el otro ponente de la ley, Guillermo Rivera, el proyecto anterior de ley de víctimas se cayó, en parte, con el argumento de que el gobierno no puede ponerle dos guardaespaldas a cada víctima ni militarizar cada predio que se entregue. No obstante, es necesario un plan de gran envergadura para impedir que lo que se devuelva sea expoliado nuevamente. Sin él, la ley de víctimas podría fracasar, cree Cristo.
Eso es lo que ponen de presente los tres asesinatos de la semana pasada. El proceso de restitución apenas empieza e incluso antes de beneficiarse de él, quienes lo lideran ya están siendo asesinados. La muerte de los líderes campesinos demuestra que el despojo fue real, que no ha terminado y que esta es una guerra a muerte.
Revista Semana
