Con la entrada del Envigado Fútbol Club a la Lista Clinton se empiezan a desempolvar expedientes que prueban los vínculos que tuvo Gustavo Upegui, padre del actual presidente del Club, con el Cartel de Medellín, Los Pepes y las Auc.
Rostro de Gustavo Upegui estampado en una bandera de la barra del Envigado Fútbol Club. Foto: archivo Semana.
La inclusión del Envigado Fútbol Club en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en lavado de activos para la llamada ‘Oficina de Envigado’, abrió la caja de Pandora del oscuro pasado de quien fuera su máximo accionista, Gustavo Upegui López. Este empresario, asesinado el 3 de julio de 2006 en San Jerónimo, Antioquia, se convirtió en el “dueño” del cuestionado equipo a finales de la década del ochenta.
La inclusión en esta lista parece una medida tardía ya que desde los años ochenta las autoridades asociaban al empresario del fútbol con el Cartel de Medellín. Así consta en el expediente número 100UDH, abierto el 19 de noviembre de 1995 a raíz de la desaparición forzada de Juan Carlos Gómez Arango, Fabio Eduard Gómez Arango y Javier Rúa Rivera,quienes fueron señalados de ser secuestradores de uno de los hijos de Upegui.
Al respecto, en un documento fechado el 11 de abril de 1997, la Sección de Información y Análisis del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía dice que: “se pudo conocer de una serie de asesinatos, desapariciones forzosas y secuestros que se han venido presentando en el municipio de Medellín y sectores aledaños sucedidos entre noviembre 1 de 1995 a marzo 20 de 1996 (…) la desaparición de estas personas fue ordenada por Upegui López a raíz del secuestro de sus dos hijos”.
Meses más tarde, en un informe del CTI de Bogotá con fecha del 9 de agosto de 1997, se dice que Upegui fue el sucesor de Pablo Escobar en el Cartel de Medellín. “Luego de que éste se fuga de la cárcel de La Catedral de Envigado y cuando es dado de baja en el año 1993 (…) asume el poder de la organización delictiva Gustavo Upegui López, alias ‘Mayor Upegui’, Jairo Santamaría y otros. Así mismo, desde 1992 hasta 1996, el señor Jorge Mesa Ramírez ejerce su cargo como Alcalde del municipio de Envigado, para luego ejercerlo su hijo Ignacio Mesa” dice el documento.
En otro informe titulado “El nacimiento de los nuevos capos de la mafia”, los analistas del CTI dicen que Upegui se había favorecido con la muerte de Escobar, quedando “primero al mando de la tenebrosa organización” que era el Cartel de Medellín. Así mismo le atribuyen la participación, en calidad de fundador, en el grupo criminal ‘Perseguidos por Pablo Escobar’, conocidos como ‘Los Pepes’. Y agregan que: “Este nuevo poder colocó a disposición suya la estructura política existente en el municipio de Envigado la cual es absoluta y sin oposición de ninguna fuerza política por obvias razones”.
En el documento “Composición de la estructuras delincuenciales que operan en Envigado”, el CTI crea una jerarquía y pone en su máxima escala a Upegui, de quien asegura “posee al parecer un dominio total en las administraciones de Envigado y Sabaneta, sus brazos políticos se encuentran en Jorge Mesa Ramírez, Ignacio Mesa Betancur y Jairo Santamaría”. Según los funcionarios judiciales, la totalidad de las dependencias de la Alcaldía estaban a su servicio. Secretarías como Salud, Educación y Hacienda, Planeación Municipal, Tesorería y el Transito, tenían que rendirle cuentas. La cooptación abarcaba a entidades estatales del orden nacional, como la Registraduría, de la que se estableció que “por información documental parece ser que se han perdido documentos de identidad de personas inscritas allí de manera extraña y desconociendo su destino”.
Pero no solo el CTI tenía referenciado a Upegui. El DAS también sabía algo de él. De ello se pudieron haber dado cuenta investigadores de la Fiscalía que realizaron una inspección judicial a esta entidad el 9 de octubre de 1998. El resultado fue el hallazgo del Oficio N. 222 emitido por la oficina del DAS en Antioquia el 2 de abril de 1998. En el documento se lee que “debido al alto grado de penetración con que cuenta Upegui López en los diferentes estamentos oficiales, políticos y organismos de seguridad, las investigaciones a cubierta han resultado lentas, con el fin de evitar contraposiciones ante la carencia de mayores fundamentos jurídicos”.
Ese nivel de influencia fue corroborado por Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’, y alias ‘Don Berna’, ambos desmovilizados como jefes paramilitares. El primero aseveró desde Estados Unidos en 2010 ante la Corte Suprema de Justicia que “Upegui manejaba el municipio de Envigado”; y el segundo se refería a Upegui como “el Alcalde mayor” de esa administración municipal.
Los investigadores del CTI también consignaron que este empresario tenía como socios de sus actividades ilícitas a Carlos Castaño Gil; Francisco Cifuentes Villa, alias ‘Pacho Cifuentes’, y Héctor Mario Cifuentes Villa, dos poderosos narcotraficantes antioqueños, el primero de ellos asesinado en abril de 2007 en una finca del Bajo Cauca antioqueño, y el segundo al parecer dejó el negocio y se fue a vivir a Uruguay.
De ‘Oficina’ a bloque paramilitar
Pablo Escobar, ‘Don Berna’ y Carlos Castaño, narcotraficantes y paramilitares implicados con la Oficina de Envigado. Fotos: archivo Semana.
A mediados de los años noventa la llamada ‘Oficina de Envigado´ pasó de ser un apéndice del Cartel de Medellín a convertirse en una estructura paramilitar ligada a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en particular a los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, comandados por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien hoy purga una condena de 31 años en Estados Unidos por narcotráfico.
En ese contexto tuvo lugar un episodio que compromete a Upegui López y a su hijo Juan Pablo, actual propietario del Envigado Fútbol Club, quien fue secuestrado el 29 de enero de 1996 en una casa en Sabaneta, Antioquia. De inmediato se activaron las alarmas y su rescate se produjo el 1 de abril de ese año en zona rural del municipio de Valdivia, en el Bajo Cauca de Antioquia. Inicialmente se anunció que la liberación se logró gracias a una acción del Unase, pero en diciembre de 2010, la fiscal Patricia Hernández reveló otra versión del asunto ante magistrados de Justicia y Paz. Según ella, fueron hombres del Bloque Mineros los que rescataron al muchacho, matando a sus captores, siguiendo órdenes de alias ‘Don Berna’. (Ver: Miembros de la Fuerza Pública salpicados en masacres de ‘Cuco’ Vanoy)
Upegui López fue asesinado el 3 de julio de 2006 en zona rural del municipio de San Jerónimo, occidente antioqueño. De este crimen se ha sindicado al desaparecido Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, quien, a pesar de ser un reconocido narcotraficante de Envigado y uno de los jefes de la “Oficina”, se incorporó al Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), liderado por alias Don Berna, y se desmovilizó el 1º de agosto de 2005 como uno de los comandantes del grupo paramilitar.
La vinculación de Mejía Ángel al asesinato de Upegui López fue interpretada por los investigadores policiales como una pugna entre sectores del paramilitarismo en el Valle de Aburrá que querían hacerse al dominio de la organización criminal. Pero por alguna razón, que aún no es clara, las autoridades no pudieron judicializar a alias ‘Danielito’.
Una larga impunidad
Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, narcotraficante que se desmovilizó como jefe paramilitar en el proceso de Justicia y Paz, durante la entrega de armas de Bloque Héroes de Granada. Foto: archivo Semana.
Esa incapacidad de judicialización tiene algunos antecedentes, algunos de ellos evidenciados a mediados del 2005. El 8 de junio de ese año el propio comandante de la Dijin, coronel Óscar Naranjo, dirigió en Medellín un operativo de grandes proporciones contra la ‘Oficina de Envigado’. En esa ocasión, se realizaron 18 allanamientos y por lo menos 1.200 registros a vehículos blindados y con vidrios polarizados que transitaban por las calles de Envigado.
Allí se capturó al paramilitar Diego Alejandro Morales Fernández, a quien se sindicó de pertenecer a la ‘Oficina’ y estar vinculado por un juez de Manizales al crimen de Óscar González, Representante a la Cámara, ocurrido en esa ciudad el 18 de marzo de 2005.
Además, según fuentes judiciales, el alto oficial aprovechó su paso por Medellín para llevarse por lo menos 16 procesos relacionados con una serie de asesinatos por asfixia mecánica y por estacas ocurridos en el Valle de Aburrá entre los años 2003 y 2004, en los cuales estarían involucrados Upegui y Mejía, y que dejaron por lo menos 70 muertos. Hoy nada se sabe de los resultados de las investigaciones.
En declaraciones divulgadas por la Agencia de Prensa de la Casa de Nariño horas después de los procedimientos policiales, el coronel Naranjo aseguró que “los operativos en esta región continúan con el propósito de desvertebrar esta estructura criminal y de dar con el paradero de alias ‘Danielito’, quien para las autoridades es el jefe de la organización”.
No obstante, el 1º de julio de 2005, tan solo 23 días después de la sindicación del coronel Naranjo, el Gobierno nacional le dio a Daniel Alberto Mejía Ángel estatus de “miembro representante de las Autodefensas Unidas de Colombia” a través de la Resolución 158, lo que le permitió hacer parte del grupo de jefes paramilitares que negociaban constantemente con el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz.
Tal decisión sugiere varias preguntas: ¿Por qué si había claridad en la autoría intelectual del crimen contra Upegui López y en su pertenencia a la ‘Oficina de Envigado’, el Gobierno nacional, mediante comunicado fechado el 8 de noviembre de 2006, le permitió a Mejía Ángel abandonar el centro de reclusión especial de La Ceja, donde estaba detenido desde el 24 de agosto de ese año junto a los jefes paramilitares desmovilizados? ¿Si los investigadores de la Dijin tenían certeza de las actividades ilegales por qué se argumentó, a la hora de explicar su salida del centro de reclusión, que no había órdenes de captura en su contra? ¿En qué instancias se frenaron los procedimientos?
Una semana después de abandonar el centro de reclusión especial de La Ceja, Mejía Ángel desapareció y se cree que ello obedeció a retaliaciones entre facciones de paramilitares que le cobraron el asesinato de Upegui López.
Valga recordar que los operativos que adelantó la Dijin en Medellín en 2005 no le fueron anunciados a las autoridades locales. Al respecto, fuentes consultadas, que solicitaron la reserva de la identidad, explicaron que desde finales de los años 90 el poder paramilitar y narcotraficante, representado por alias ‘Don Berna’, Upegui López y Mejía Ángel, corrompió diversas instancias judiciales y de investigación con el fin de impedir que los procesos en contra de ellos y otros miembros de la “Oficina” llegaran a instancias que los involucrara penalmente.
“En apartamentos lujosos de El Poblado y en fincas de Llanogrande, en el Oriente antioqueño, se hicieron varias reuniones con funcionarios y políticos para que a la gente de la “Oficina de Envigado” no la tocaran. Daniel Mejía siempre aparecía en estos encuentros, insistía en advertir que su problema era la guerrilla y no losorganismos de investigación judiciales del Estado y repartía varios millones de pesos entre los asistentes”, narra la fuente, quien agrega que del asunto sabían en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá desde comienzos del 2005.
Hoy ni Gustavo Upegui ni Daniel Mejía están vivos. Y la ‘Oficina de Envigado’ ha vuelto a cobrar vida judicial, décadas después de saberse de su existencia. En este caso, se perdió mucho tiempo y gran parte quienes infringieron terror ya están muertos.
