Redes de narcos y paras manejan, por medio de unas 20.000 máquinas tragamonedas, más de 200.000 millones de pesos al año que le dejan de entrar a la salud y van a financiar la guerra y el crimen. Se habla de una Etesa paralela.
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| Si bien Etesa ha aumentado los recursos para la salud, el presidente de la entidad, Gonzalo Gutiérrez, reconoce que hoy no tienen cómo controlar la ilegalidad y las etesas paralelas. Foto: Semana. |
Los asistentesal foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Colombiano realizado la semana pasada en Medellín, que tuvo como invitados especiales a los príncipes de Asturias, Felipe y Letizia, quedaron sorprendidos cuando el Presidente de la República anunció que el DAS y Etesa iban a ser reformadas y transformadas.
El asombro no fue por el DAS, del que se esperaba una reestructuración tras el escándalo de las ‘chuzadas’ a líderes de la oposición, magistrados y periodistas, sino por que el presidente Álvaro Uribe hubiera puesto al mismo nivel de prioridad a una empresa desconocida para muchos.
Lo que la mayoría no sabe es que la preocupación que tiene el alto gobierno con esta entidad es que, aprovechando la corrupción y la ineficiencia que ha tenido la Empresa Territorial para la Salud (Etesa) para controlar el negocio de los juegos en línea, pero de manera especial las famosas máquinas tragamonedas y casinos piratas, varios grupos ilegales y nuevas mafias están controlando parte de este negocio como si fueran el Estado.
Desde cuando Etesa fue creada en 2001 ha sido vista como un importante generador de recursos para la salud y una carta para pagar favores políticos. Pero en las últimas semanas los organismos de seguridad y la misma Fiscalía General han descubierto que, primero algunos grupos paramilitares, y tras su desmovilización, la Oficina de Envigado, ex paramilitares y bandas emergentes encontraron en este negocio una riquísima ffuente diaria para generar recursos.
Aunque no hay cifras claras, se calcula que mientras Etesa tiene 71.643 máquinas tragamonedas registradas, conocidas como máquinas localizadas, en la ilegalidad puede haber como mínimo 20.000 máquinas que en su mayoría fueron instaladas en todo tipo de tiendas de barrio, panaderías, bares, cantinas y hasta peluquerías del país. Las agremiaciones que reúnen a los operadores legales calculan que en el país hay fácilmente 50.000 máquinas ilegales.
Según Etesa, una máquina de estas puede mover aldía entre 600.000 y 1.500.000 pesos, que tras el pago de premios, le dejan al dueño una utilidad de entre 50.000 y 150.000 pesos diarios. Es decir, que estas redes ilegales no sólo evaden las regalías a la salud, establecidas en 149.100 pesos mensuales por máquina, sino que estarían manejando un negocio que puede superar los 200.000 millones de pesos al año sin ningún tipo de control.
Desde 2007 Etesa advirtió al alto gobierno sobre la gigantesca ilegalidad que había en Bogotá, el área metropolitana de Medellín y Antioquia, Barranquilla, Cali y Valle, y los Santanderes, especialmente en Cúcuta y Norte de Santander, zonas donde, según la Policía Nacional, se están lucrando grupos delincuenciales. Precisamente esa capacidad de que fluya tanto dinero en manos ilegales es lo que preocupa a las autoridades, pues por la facilidad para ubicar y mover estas máquinas y un flujo dirario de recursos, se presta para el contrabando, lavado de activos y obtención de recursos para fines terroristas.
Uno de los primeros en lanzar una alerta fue Bogotá, que acaba de revelar un estudio que muestra cómo alrededor de los casinos, bingos y juegos de mesa ilegales, y algunos legales con poco control, se han ido articulando dineros ilícitos, bandas criminales, oficinas de sicariato, redes de prostitución y clubes nocturnos que están siendo una amenaza para la seguridad de la ciudad. “Es urgente, en asocio con Etsa y la Policía, sacar todas las máquinas de las tiendas para que pueda haber un mayor control y limitar el acceso a jóvenes y niños”, dice Clara López, secretaria de Gobierno de la capital.
Si bien desde cuando Etesa reemplazó a la antigua Ecosalud, liquidada en 2001 por problemas de corrupción e ineficiencia, los recursos para el Régimen Subsidiado han crecido de manera considerable. Desde 2002 Etesa ha transferido casi un billón de pesos a la salud, y sólo este año manejará 255.000 millones de pesos, de los cuales transferirá a los municipios 218.000 y el resto lo utilizará para sus gastos de funcionamiento e inversión. “Desde cuando nació, Etesa tiene un diseño perverso que ha permitido que se convierta en un foco de corrupción, y de hecho el problema es de tal dimensión, que ya se está discutiendo la forma como será liquidada y creada la nueva organización”, dijo a SEMANA el zar anticorrupción, Óscar Ortiz.
La misma entidad, donde tiene una fuerte injerencia el senador Javier Cáceres, algo que siempre ha negado pero que es vox populi en la Costa y en la empresa, empezó a hacer serias denuncias de estas mafias a comienzos de 2008, cuando dos funcionarios de la entidad enviados a Medellín fueron asesinados. Tras visitar varios casinos y comprobar que eran ilegales, ordenaron su cierre. En la noche aceptaron la invitación para ir a un bar nocturno. A la salida fueron liquidados por sicarios.
El hecho reveló que al margen de Etesa y su corrupción se mueven unas etesas paralelas, unas a manos de grupos ilegales que amparan su operación en el control territorial o que las esconden por medio de falsas cooperativas de operadores. Otros, según la misma entidad, dan licencias e instalan máquinas al clonar y adulterar los contratos de operadores legales. Y finalmente, hay una sofisticada red de funcionarios y ex funcionarios de Etesa que aprovechan sus conocimientos y las falencias de la entidad para amparar miles de máquinas ilegales.
Tras denunciar el asesinato de los funcionarios y algunas mafias ilegales, comenzaron a llegar, aparentemente de la Oficina de Envigado, panfletos y amenazas de muerte contra directivos y funcionarios de Etesa en los que les pedían que “colaboren con la causa y todo saldrá bien”.
Para controlar un negocio que según la representante a la Cámara Lucero Cortés mueve más de 1.300 millones de dólares al año, de los cuales 650 los mueven los ilegales, y que ha llevado a que el país tenga hoy más de 500.000 ludópatas (adictos al juego), Etesa tiene 56 empleados y 17 delegados. Estos contratistas se encargan de vigilar a los operadores legales y controlar la ilegalidad, pero “muchos terminan sometidos por las mafias o legitimando la ilegalidad. Hay casos en los que el funcionario cobra entre 40.000 y 70.000 pesos mensuales por cada máquina ilegal que esté funcionando, lo que le permite ganar fácilmente más de 50 millones de pesos al mes”, dice un funcionario de la entidad.
Para enfrentar este problema, hace un año el Presidente expidió el Decreto 1905, que impone a los operadores de máquinas tragamonedas operar en locales comerciales que deberán tener como mínimo tres máquinas en los pueblos más pequeños y 20 en las grandes ciudades. Hasta el momento, dice el presidente encargado de Etesa, Gonzalo Gutiérrez, el 67 por ciento de las máquinas ya está cumpliendo con la norma y el resto van en camino de hacerlo, pero reconoce que la entidad no tiene ni la estructura ni los dientes para controlar el juego en el país.
Además, el decreto determina que todas las máquinas sean homologadas y estén conectadas en línea a la entidad, tal y como funciona en otros países, y así controlar todo lo que ocurre, pero el proceso apenas está comenzando.
Pero lo que está claro para el gobierno es que ese modelo, unido a la explotación y el control de otros nuevos juegos que se darán en los próximos meses como el mini-loto, la hípica, las loterías instantáneas y el nuevo operador del Astro Millonario, no pueden ser operados por la actual empresa. De ahí la necesidad de liquidarla o reformarla.
El gobierno ha pensado delegar la función de Etesa a los departamentos y a los municipios, lo que sin duda sería como esparcir un cáncer por todo el país. Lo que se debe buscar es, por un lado, modificar las reglas de los operadores de juegos, y con base en esas reglas, crear una entidad técnica que, con la participación de la Dian, la Policía y la misma la Fiscalía, asuma de una vez por todas el control de este negocio. Incluso, algunos han propuesto que dentro de la misma empresa esté una auditora o empresa internacional experta en juegos que ayude a controlar un negocio tan complejo. Y una vez esté consolidada, trabaje de la mano con las alcaldías y las gobernaciones, pero sin delegar el control.
Es urgente que el gobierno tome decisiones prontas y acertadas, que de una vez por todas compre el billete ganador y no como ha ocurrido hasta ahora, se quede con los premios secos y mirando cómo otros explotan un negocio multimillonario que busca financiar la salud de los más pobres del país.
