Eso afirmaron algunas víctimas del excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, luego de conocer la condena a 198 meses de prisión en los Estados Unidos.
El excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ fue condenado a 16 años y medio de cárcel y al pago de una multa de 25 mil dólares por el delito de narcotráfico, luego de que una corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos postergara en varias ocasiones la audiencia en la que se conocería el fallo, tras su extradición a ese país el 13 de mayo de 2008.
El exjefe paramilitar se había negado a llegar a un acuerdo con la justicia norteamericana, en el que debía reconocer actividades de narcotráfico, revelar quiénes eran sus socios y cuáles fueron las rutas que se implementaron para sacar droga de los puertos naturales del Atlántico, Magdalena y La Guajira, por lo que se creía que lo condenarían a 30 años. Pero el juez Reggie B. Walton se encargó el pasado viernes de disipar esas dudas, y además determinó que se tendrá en cuenta el tiempo que Tovar Pupo ha permanecido encarcelado en Colombia y Estados Unidos; es decir, que apenas le harían falta cinco años en prisión.
“Si yo hubiera querido ser narcotraficante, no dude que no habría tomado el rifle para luchar por la libertad… Porque los narcotraficantes se guían por su bolsillo. No tienen patria. No les importa si cae el sistema democrático colombiano. Todo lo que les importa es que, cuando más caos y más anarquía, más fiesta”, dijo el exjefe ‘para’ durante la audiencia en la que reconoció, por enésima vez, que solo se benefició del denominado impuesto al gramaje de los cultivadores de hoja de coca.
Algunas víctimas, sin embargo, afirman que la sentencia de ‘Jorge 40’ en Estados Unidos no los beneficia en nada. “A mí, y creo que a la mayoría de las familias que han padecido el conflicto armado, solo nos interesa saber la verdad y que nos entreguen los restos de nuestros funcionarios”, dice Olga Cecilia Martínez Ovalle, hermana de Jaime Elías Barros Ovalle, uno de los siete investigadores del CTI de la Fiscalía de Valledupar, que desapareció el 9 de marzo del año 2000, después de que formara parte de una comisión judicial que exhumaría el cadáver de un vendedor de paletas en la trocha de Verdecia, que comunica al municipio de Codazzi con el corregimiento de Cuatro Vientos, Cesar.
La condena a ‘Jorge 40’ por el asesinato de Alfredo Correa
Eso mismo piensa Magda Correa, hermana del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, asesinado el 17 de septiembre de 2004 por paramilitares en cooperación con miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Crimen que Tovar Pupo no ha aceptado.
“En Colombia pasará lo mismo. No pagará ni 50 años de cárcel porque aquí la vida de un ser humano no vale nada”, dice Carmen Josefa Amaya, madre de Víctor Hugo Orcasita, sindicalista de la empresa carbonera Drummond asesinado en 2001.
‘Jorge 40’ es uno de los 15 exparamilitares extraditados a los Estados Unidos y uno de los pocos que ha obtenido una pena inferior a los 20 años. Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ o Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, por ejemplo, han sido condenados a más de 30 años de prisión.
Los procesos en Colombia
La sentencia de ‘Jorge 40’ en Estados Unidos se conoció cuatro meses después de que los magistrados de un Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, excluyeran al exjefe ‘para’ de la Ley de Justicia y Paz, por negarse a contar quiénes fueron sus aliados políticos, a dónde se han destinado las ganancias del Bloque Norte, las ejecuciones extrajudiciales y los vínculos de esta facción de las Autodefensas con empresas carboneras que operan en esa región del país.
Así pues, Tovar Pupo sería condenado a 40 años de cárcel una vez regrese a Colombia, puesto que no tiene derecho a una pena alternativa de ocho años. Sin embargo, no se descarta que haya una negociación con la justicia norteamericana, como ocurrió en el caso de Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra (también excluido de la Ley de Justicia y Paz), quien tras cumplir su pena en el extranjero, consiguió un permiso para no volver al país; aunque él, contrario a lo que hizo ‘Jorge 40’, ya había llegado a un primer acuerdo antes de que se conociera su condena.
El paso macabro de las Auc por Atlántico
‘Jorge 40’, por su parte, tiene seis sentencias condenatorias en la justicia ordinaria. En la primera fue condenado a 19 años de prisión por el homicidio del sindicalista Ricardo Orozco Serrano, vicepresidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc), que se cometió el 2 de abril de 2001 en Soledad, municipio del Atlántico.
En la segunda a 19 años de cárcel por la muerte del sociólogo y sindicalista de la empresa de energía Electricaribe, Adán Alberto Pacheco, asesinado el 2 de mayo de 2005 en Barranquilla; en la tercera a 23 años por el crimen de Elías Enrique Durán Rico, presidente del sindicato de Metrotránsito, que murió el 5 de mayo de 2004 en el municipio de Baranoa; en la cuarta a 26 años por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andreis y de su escolta Edelberto Ochoa Martínez, en Barranquilla; en la quinta a 25 años por la desaparición de los investigadores de la Fiscalía del Cesar; y en la sexta a 30 años por el homicidio de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, miembros del sindicato de trabajadores de la multinacional Drummond, cometido el 12 de marzo de 2001.