El deterioro en seguridad viene desde 2008. SEMANA presenta explicaciones y cifras de este preocupante fenómeno.
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| Caloto, en Cauca, fue atacado por la guerrilla el 15 de septiembre de 2009. En torno a este municipio, junto a otros como Corinto, Toribío y Jambaló, las Farc han desatado una ofensiva, que se ha traducido en numerosas acciones contra la población civil y los uniformados. Foto Semana |
A la situación de seguridad en Colombia, en general, y a la evolución del conflicto armado, en particular, se les puede aplicar una variante criolla de la célebre Ley de Murphy: todo lo que es susceptible de mejorar también puede empeorar.
Ensimismado como estuvo el país con el discurso de los avances en seguridad durante las dos administraciones de Uribe, se pasaron por alto dos elementos fundamentales: la desmejora en algunos índices de seguridad ciudadana y el retroceso en indicadores claves en la evolución de la guerra y la violencia en el campo desde 2007-2008. El gobierno de Juan Manuel Santos proclama que continúa la mejoría heredada de la seguridad democrática y que la seguridad ya no es la primera prioridad, mientras sectores duros del uribismo critican su desempeño en este campo. Pero conviene despojar de interés político la discusión y echar una mirada desapasionada a las cifras. El cuadro que arrojan no conviene ni al actual gobierno ni al anterior. Y muestra que, de no mediar un cambio pronto en la estrategia de seguridad del Estado, la situación, tanto urbana como rural, puede empeorar, como ya ha ocurrido en numerosas zonas.
Las cifras más inmediatas son elocuentes. El último reporte del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia evidencia un severo deterioro en la situación entre el primer trimestre de 2010 y de 2011. Han crecido los casos y las víctimas de masacres y subieron los homicidios de alcaldes, exalcaldes, indígenas y sindicalistas, los civiles y militares heridos por minas, el secuestro y los ataques contra torres de energía, puentes y oleoductos. Datos del Ministerio de Defensa, de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) y de otras fuentes así lo confirman.
En muchas regiones, combates e incursiones de gente armada de todo pelambre son el pan de cada día. La Policía tiene 12 departamentos bajo “especial atención”. Hay menos municipios afectados que en el pasado -339-, pero son demasiados. Un estudio reciente hecho para la Fundación País Libre por Alfredo Rangel, especialista de larga data en este tema, muestra cómo han crecido las acciones de las guerrillas mientras disminuye la operatividad de las Fuerzas Armadas, en especial en zonas críticas. La seguridad ciudadana -y la percepción de la gente sobre la misma- viene decayendo. El hurto, el raponazo y el atraco se han vuelto cotidianos. Aunque el homicidio a nivel nacional desciende lentamente, en algunas grandes ciudades y en no pocas medianas viene aumentando.
Lo que más preocupa es cuando se miran las tendencias de mediano plazo. En más de una docena de indicadores, tanto de seguridad ciudadana como del conflicto armado, es evidente que entre 2007 y 2008 hubo un cambio de tendencia. Muchas cifras de violencia, que venían drásticamente a la baja, empezaron a subir. En materia de conflicto armado están muy lejos de llegar a los máximos de 2002-2003, pero el cambio en la tendencia es una alerta temprana a la que no se le ha prestado la debida atención, ni al final del gobierno Uribe ni con Santos. Desde 2007-2008, suben las masacres, las extorsiones, las acciones guerrilleras, las víctimas que causan estas y los nuevos grupos armados, los muertos y heridos en servicio de la fuerza pública. Ciudades como Medellín y Cali han visto dispararse los homicidios desde entonces. Hugo Acero, en un reciente artículo en la revista digital Razón Pública, traza el aumento en algunos delitos, la baja en la denuncia y en la confianza en la justicia, el descenso en la percepción de seguridad y las disparidades en las cifras de homicidios entre Medicina Legal y la Policía.
No pocos expertos señalaron que la política de seguridad democrática dejaba flancos destapados, especialmente en materia de seguridad ciudadana. Muchos indicadores hoy, como los de lesiones personales, varios tipos de hurto, la extorsión y otros fenómenos, han disminuido un poco en el último año o año y medio, pero se mantienen en niveles superiores a los de 2007. La estrategia actual contra la guerrilla, que privilegia la operación aérea y los llamados ‘blancos de alto valor’, como capturar o matar a ‘Jojoy’ o a ‘Reyes’, ve pasar como agua entre los dedos las acciones de guerra de guerrillas con las que las Farc y el ELN se reacomodaron hace rato. La estrategia de lucha contra las llamadas bandas criminales (bacrim) no responde adecuadamente todavía a la estructura de redes locales, descentralizadas y móviles, de estos grupos. El sistema judicial está en situación crítica y la impunidad solo acentúa los incentivos para el crimen.
Aunque en el alto gobierno hay conciencia del problema, dar el giro de timón que demanda el pesado barco de la seguridad y la defensa para adecuarse a los cambios en la guerra y en la (in)seguridad urbana se está mostrando tortuoso. Los líos en la cúpula militar no hacen las cosas más fáciles. Entre los uniformados se habla, al más alto nivel, de que “la lógica triunfalista derivada de los grandes golpes terminó siendo un obstáculo para la operación cotidiana”. Rangel opina que la atención se ha centrado demasiado en las bacrim. Un alto miembro del gobierno cree que el Ejército está ante el “dilema estratégico” de meterse a pelear en profundidad con la guerrilla o quedarse cuidando lo recuperado. Cobrar blancos de alto valor es importante, y la guerrilla sigue en desventaja. Pero la vieja estrategia clama por cambios. Respecto al conflicto armado, a alto nivel en el Ministerio de Defensa están de acuerdo con el diagnóstico del problema, con que el cambio se origina en 2007-2008 y aceptan que ha habido tardanza para el reacomodo. “Hay que saltar de la estrategia de ‘blancos de alto valor’ a la de acabar con las organizaciones”, dicen, e insisten en que se está trabajando en esa dirección.
Un alto miembro del gobierno, que cree que parte del problema es que no se comunica bien al público el tema, describe lo que pasa en la cúspide: “El presidente está en una encrucijada: debería hablar más de seguridad, pero no quiere que se le vuelva su agenda. Y debería, porque el riesgo político es muy alto”. Hablar más puede ser parte de la solución. Pero, como están las cosas, no basta. La seguridad se está complicando. Y eso no se cambia solo con discursos.
La guerrilla despertó
Aumentan las acciones guerrilleras, y la respuesta no es la más contundente.
Pese a que las Farc y el ELN no consiguen salir de su repliegue debido a la presión de las Fuerzas Armadas, el país asiste a un rebrote de sus acciones, que vienen aumentando en número y causando más muertos y heridos en la fuerza pública. Esto se combina, a juicio de algunos analistas, con un descenso en la operatividad de las Fuerzas Armadas en zonas críticas. Y aunque los ataques de la guerrilla son más débiles que en el pasado, su número e impacto plantean el interrogante de si la estrategia para combatirlas es la más adecuada.
El estudio de Rangel señala que “respecto al año 2009 hay signos preocupantes de deterioro de la seguridad, ocasionado por un rebrote de la violencia originada en las organizaciones armadas ilegales”. Sostiene que, en los pasados tres años, la operatividad de las Fuerzas Armadas tiende a la baja y la del contrario está subiendo. El informe reporta un aumento significativo, entre 2009 y 2010, de los ataques de la guerrilla contra la fuerza pública -hostigamientos, emboscadas y, sobre todo, ataques contra instalaciones de la Policía-, los retenes ilegales, los sabotajes y el secuestro. La Dipol afirma que las acciones guerrilleras pasaron de 875 en 2009 a 1.007 en 2010. El número de muertos y heridos causados por estas dos guerrillas -las Farc, con 68 frentes, y el ELN, con 20- subió a más de 1.300. Según la Dijin, los homicidios ligados al conflicto y los causados por grupos armados han aumentado desde 2008.
El Ministerio de Defensa reporta una leve disminución de las acciones de los grupos armados en 2010, pero, tanto esas acciones como los “actos terroristas” ylos muertos y heridos de la fuerza pública vienen en aumento desde 2007-2008. Se está lejos de las cifras de 2002-2003, pues la guerrilla ha sido duramente golpeada, y ya no ataca bases militares o poblaciones con grandes destacamentos, sino que hace lo que la Policía llama “asedio diluido”, es decir, acciones de pequeños grupos, francotiradores, lanzamiento de cilindros contra pueblos, voladuras de torres y otra infraestructura. Pero preocupa tanto el repunte, que va del 16 a más del 80 por ciento, dependiendo del indicador, como el momento en que empezó: alrededor de 2007- 2008, es el punto de quiebre en el que algunas tendencias a la mejoría y a la contención de la guerrilla se invierten.
El terror de las Bacrim
Al menos en 105 municipios, manda el matrimonio de viejos paras y narcos.
Mientras el país lleva cuatro años discutiendo si las bacrim son o no paramilitares, el impacto de estos grupos sobre la población y la seguridad de numerosas regiones es tanto o más devastador que el de las viejas Autodefensas Unidas de Colombia. Su accionar no tiene lugar en zonas donde se adelanten encuestas de percepción ciudadana sobre la seguridad, pero una vasta geografía y millones de personas viven bajo el imperio de estas redes, muy descentralizadas y laxas, que combinan la experiencia y el conocimiento local que tenían los paramilitares con el poder de fuego y de intimidación del narcotráfico.
Según la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), estos grupos tendrían presencia en 105 municipios de 17 departamentos y rondarían los tres mil hombres. Datos de organizaciones como la Corporación Nuevo Arco Iris o Indepaz multiplican estos resultados casi por tres. Quienes las han estudiado creen que es un fenómeno mucho menos centralizado y estructurado que las antiguas AUC, aunque tienen un importante componente de exparamilitares que nunca se desmovilizaron o decidieron rearmarse, especialmente mandos medios.
Lo principal es el impacto que están teniendo sobre la población civil. Zonas como el Bajo Cauca, el sur de Córdoba, partes del Chocó y del Valle y muchas otras viven en un régimen de terror. En varias regiones, estos grupos han puesto de moda un fenómeno que se creía superado, como las masacres, que vienen en aumento desde 2007, año de su surgimiento. Acción Social les atribuye el desplazamiento forzoso de 118.000 personas, entre 2007 y 2010, y, en los últimos cuatro años, 89 de los 282 desplazamientos masivos y un tercio de las emergencias humanitarias a las que ha hecho seguimiento.
Un caso emblemático de lo estéril que puede ser la discusión sobre estos grupos es el de las Águilas Negras. La Policía dice que no existen, que es una ‘etiqueta’ que muchos usan a su gusto, por su fama truculenta. Esto puede ser cierto. Sin embargo, cuando se mira desde el punto de vista del impacto sobre la población, el cuadro es otro. Hay múltiples ejemplos, como ocurrió, en junio de 2010, en el corregimiento Los Córdobas, Córdoba, cuando un grupo de treinta uniformados entró al pueblo diciendo ser Águilas Negras, separó algunos hombres, los asesinó y se fue. Para las víctimas son Águilas Negras, pero si llegan a reunir el valor para denunciar, las autoridades les van a decir que tal grupo no existe.
Inseguridad urbana
El deterioro en la seguridad no es solo en el campo.
Aunque el gobierno y la Policía proclaman que las ciudades son cada día más seguras, algunos indicadores vienen en deterioro desde hace unos años y otros, como el homicidio (2010 se declaró oficialmente el año de la tasa más baja en casi un cuarto de siglo), se muestran cada vez más testarudos para continuar su tendencia descendente.
El experto Hugo Acero, en su artículo en Razón Pública, apunta a tendencias preocupantes en el mediano y largo plazo en los últimos años: “Entre 2002 y diciembrede 2010 aumentaron los delitos sexuales en un 60 por ciento y los hurtos comunes en un 48 por ciento, los hurtos a personas en un 83 por ciento, los de residencias en un 7 por ciento y los del comercio en un 8 por ciento”, y eso, pese a que la denuncia ha disminuido.
Son las tendencias lo que hay que mirar entre el humo de los reportes reconfortantes de un trimestre a otro o, de un año al siguiente. Según el Ministerio de Defensa, el hurto a vehículos, el hurto común y el hurto a personas vienen disminuyendo desde 2009… pero las cifras de hoy son más altas que en 2006. Igual ocurre con la extorsión, fenómeno tan extendido como poco denunciado, que se disparó desde 2008. Y con las lesiones personales, las cuales, pese a un leve descenso desde 2009, son hoy el doble que en 2000.
Varios analistas han señalado que estos fenómenos fueron resultado de vacíos en la estrategia de seguridad democrática frente a temas claves de seguridad urbana. Un indicador importante es el homicidio. Pese a su descenso a nivel nacional, su número viene aumentando en Bogotá desde 2006 (la tasa ha descendido levemente), mientras Cali y, en especial, Medellín, muestran un dramático deterioro (en la capital antioqueña se pasó de 780 homicidios en 2007 a 2.021 en 2010). Insight, un sitio web especializado en investigación sobre crimen organizado, afirma que “las políticas de Uribe crearon un cambio en los parámetros de los homicidios. Las ciudades se volvieron, de manera correspondiente, más violentas (…) Todos los datos y parámetros apuntan a que el crimen es responsable de más asesinatos que el conflicto armado”.
La voz ciudadana
En las capitales, la gente se siente insegura, y el hurto es lo que más preocupa.
Mientras las autoridades insisten en que las estadísticas evidencian progreso en seguridad, las encuestas envían señales que deberían poner a pensar a los responsables.
Un nítido campanazo fue la reciente encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, que arrojó la percepción de inseguridad más alta desde 1998: 72 por ciento de los entrevistados cree que la inseguridad aumentó en la ciudad, un salto de 14 puntos frente a 2009 y más del doble que en 2006. Algo parecido arrojan las cifras en Cali, donde, según el proyecto ‘Cali cómo vamos’, que hace encuestas en varias ciudades, solo el 30 por ciento de los ciudadanos se siente seguro.
Uno de los niveles más altos de percepción de seguridad es el de Medellín, donde ‘cómo vamos’ detecta que 43 por ciento de la gente se siente segura. Sin embargo, como lo señala Acero, ese índice era de 72 por ciento apenas dos años antes. Igual ocurre en Barranquilla, que pasó de una percepción de seguridad de 43 por ciento en 2008 a 35 por ciento el año pasado.
Todo indica que lo que más influye en estos cambios negativos son los atracos, los raponazos y los hurtos a personas, que afectan cada día más gente en las grandes zonas urbanas. A alto nivel en la Policía se cree que el robo de celulares -un bien preciado para casi toda la población- y la corrupción pública local influyen en estas percepciones. Aunque el reconocimiento a la Policía mejora, son preocupantes el muy bajo nivel de denuncia y la escasa confianza en la acción preventiva y de castigo de las autoridades y el sistema judicial. Y habría que preguntarse cuál sería el cuadro si estas encuestas se hicieran sistemáticamente, no solo en todas las capitales de departamento (hay muchas donde no se efectúan), sino en poblaciones intermedias, características de la Colombia común y corriente, que pasa de agache. El resultado, en materia de percepción de inseguridad, sería, sin duda, mucho más sombrío si en las mediciones se incluyeran de manera sistemática lugares como Buenaventura o Saravena.
Regiones asediadas
Veintiséis municipios del país enfrentanal mismo tiempo la amenaza combinada de la guerrilla, las bacrim y el narcotráfico. Son los casos más críticos y, en no pocos, la gente dice vivir una situación peor que en el pasado. Lejos de estar pacificada, hay una parte sustancial de Colombia que sigue aún bajo el influjo tremebundo de la violencia. Y esta no es sino la punta del iceberg.
