La defensa del medio ambiente cada vez cobra más víctimas. Comunidades, activistas y habitantes de zonas apetecidas por sus recursos naturales, se encuentran en peligro por defender sus territorios de la depredación. La campaña #EsConmigo resalta la labor de la Alianza Colombia Libre de Fracking.
El año pasado fueron asesinados 65 colombianos por defender la biodiversidad y sus ecosistemas. Esa fue la cifra más alta en el mundo, situación que también ocurrió en 2019, según los registros de la organización internacional Global Witness. Que proteger al medio ambiente en Colombia es un gran factor de riesgo ya no es un secreto a voces: es el país más peligroso en el mundo para defender esa bandera.
Su vasta riqueza natural, que se encuentra al asecho de mafias criminales y de utilidades empresariales; la debilidad del Estado para tener presencia integral en los territorios más alejados; el abuso de grupos armados en la periferia; la valentía de activistas y comunidades para defender a la Madre Naturaleza; y la ‘cultura’ de resolver los problemas por medio de las armas, son algunas de las razones de ese tormentoso panorama para los activistas.
“El país tiene una biodiversidad y ecosistemas enormes por proteger, pero también tiene unos recursos minerales y de hidrocarburos que, para quien tiene el dinero por encima de todo, sólo le representa ganancias y no le importa el daño medioambiental que pueda causar”, plantea Carlos Andrés Santiago, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, como una de las principales causas de la violencia que padecen los promotores de causas ambientales.
Santiago hace parte de una red que agrupa a decenas de organizaciones y activistas que se oponen a la práctica no convencional del fracking, un sistema que utiliza grandes cantidades de agua a presión para fracturar el subsuelo y extraer petróleo. Sus integrantes han sufrido toda clase de agresiones por proteger la herencia verde del país, que van desde amenazas y persecución judicial, hasta atentados y asesinatos.
A su juicio, la dramática coyuntura por la que están atravesando, se debe al despertar de conciencia por el medio ambiente, en medio de la emergencia y los desastres que está produciendo el cambio climático. “Eso ha hecho que más personas asuman esta defensa”, precisa.
Por otro lado, Santiago plantea que la falta de espacios de participación y toma decisiones de las comunidades sobre la suerte de sus territorios ante el desarrollo de megaproyectos, es un gran factor que propicia violencia contra quienes se oponen a la explotación desaforada de recursos naturales. En octubre de 2018, la Corte Constitucional dejó sin validez las consultas populares para decidir sobre la explotación minera de sus tierras.
“Hace unos años la gente quería pronunciarse y votar si permitía esos proyectos. El gobierno y la Corte cerraron todos los espacios para la participación e incidencia de las comunidades, pero eso no frenó el activismo: por el contrario, hizo que la gente buscara otros mecanismos y siguiera oponiéndose ante la imposibilidad de tomar decisiones sobre su territorio”, detalla.
Y el mayor peso de esa responsabilidad recayó sobre organizaciones y activistas, aumentando su escenario de riesgo: “Como no hay mecanismos para tomar decisiones e impedir esos proyectos, y las comunidades y sus lideres se siguen oponiendo, los intereses oscuros, ligados a sectores económicos y políticos, buscan sacar del camino a quienes se oponen. Y eso implica ser amenazados, desprestigiados, perseguidos y, si es necesario, asesinados”.
Los hechos parecen darle la razón a Santiago porque, tras la decisión de la Corte Constitucional contra las consultas populares, en 2018, en los siguientes años aumentaron los asesinatos de las cabezas visibles de la lucha por el medio ambiente. Así lo ha señalado Global Witness: en 2019 fueron asesinados 64 y el año pasado 65.
A pesar de esa mortal cuesta arriba, en la Alianza Colombia Libre de Fracking no desisten de su lucha y su activismo tiene un amplio repertorio: el litigio, la incidencia ante el Congreso de la República, campañas de concientización en medios de comunicación y acompañamiento a organizaciones locales, son algunas de ellas.
Óscar Sampayo, de la Corporación Regional Yareguíes -afiliada a la Alianza-, que defiende la ciénaga de San Silvestre, ubicada en Barrancabermeja, Santander, ha recibido amenazas de muerte y desde 2018 cuenta con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección.
Se tuvo que acostumbrar a realizar su labor con escoltas, lleno de incertidumbres y panfletos en los que las llamadas ‘Águilas Negras’ lo amenazan de muerte. No baja los brazos porque hacerlo sería una traición con su comunidad. “A pesar de que la actividad extractiva impone sus dinámicas e intereses, creemos que este territorio es más que petróleo y la falsa ilusión que genera la actividad extractiva”, responde sin dudar.
La organización a la que pertenece ha denunciado irregularidades en la extracción de áreas protegidas del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Ciénaga de San Silvestre, para la instalación de un relleno sanitario y la exploración de yacimientos de crudo.
“Si nosotros desistimos y no defendemos lo que tenemos, sería una traición contra lo que somos. Es lo mínimo que podemos hacer al tener el privilegio o la maldición, al identificar que la corrupción y el clientelismo dan para intervenir la naturaleza, para otorgar licenciamientos a proyectos como un basurero en un área protegida o que se perfore en un complejo de humedales”, explica.
Mientras los países de primer mundo están en alerta y buscan soluciones a las emergencias producidas por el calentamiento global, los activistas ambientales en Colombia no sólo deben encontrar soluciones para ese enorme desafío, también tienen que hacerlo resguardar sus vidas a diario.
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