Esta es la historia de un conflicto agrario entre siete familias campesinas y otra familia de hermanos. Todos reclaman el derecho a tierras, pero dos sentencias judiciales truncan la petición de los primeros. Este es un ejemplo de lo complejo que será el posconflicto.
Por lo menos unos 100 campesinos del corregimiento de Chingalé, enPuerto Wilches, guardan la esperanza de que la justicia reconozca que fueron desplazados por el conflicto armado y que es injusto que sean desalojados de las tierras que les pertenecen. Foto: suministrada.“Aquí me puso Dios”. Este es el nombre de la tierra que reclaman varias familias en la vereda La Ceiba, en el remoto corregimiento de Chingalé en Puerto Wilches, Santander, al que sólo se puede llegar en chalupa. Es a la vez un nombre irónico en relación con la situación en que se encuentran por lo menos 100 campesinos que con documentos y testimonios intentan demostrarles a los jueces que fueron asaltados en su buena fe, que las decisiones que tomaron son equivocadas e injustas, y que ellos tienen derecho a vivir y seguir cultivando maíz, plátano y yuca en las parcelas que trabajan desde la década de los noventa.
La complejidad de esta historia agraria, como la de la mayoría de la región del Magdalena Medio, comenzó hace dos décadas cuando campesinos venidos de diferentes regiones del país llegaron a cultivar tierras baldías. Con el tiempo lograron que el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) les adjudicara parcelas para seguir viviendo y trabajando allí.
Las familias comenzaron a trabajar la tierra y pronto empezaron a sufrir los embates del conflicto armado. Según la investigación de la Fiscalía 34de la Unidad de Justicia y Paz de Bucaramanga, que documentó la violencia ocurrida en Santander, Puerto Wilches fue un municipio azotado entre 1998 y 2004 por los frentes 12 y 20 de las Farc. Con financiación de ganaderos de la región cansados de las extorsiones y secuestros de la guerrilla, las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar enviaron uno de sus ‘brazos armados’ a Wilches bajo el nombre de Autodefensas Campesinas de Santander y Sur del Cesar en cabeza de Guillermo Cristancho Acosta, alias ‘Camilo Morantes’.
Tras la masacre cometida por las Autodefensas en el puerto petrolero de Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998, los hermanos Castaño ordenaron el asesinato de ‘Morantes’ en noviembre del 1999 y un año después el grupo paramilitar fue asumido por el Bloque Central Bolívar (Bcb), que era financiado por el narcotraficante Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. El ‘jefe político’ de este grupo era Jairo Ignacio Orozco González, alias ‘Tarazá’.
Los datos del antiguo Registro Único de Población Desplazada (Rupd) registraron que los desplazamientos precisamente aumentaron a principios del nuevo siglo: de 184 personas expulsadas de Puerto Wilches en 1999, esta cifra se incrementó a 237 en el año 2000, siendo 2001 y 2002 los años en los que los desplazamientos siguieron aumentando con 536 y 426 casos. Sin embargo, estas cifras pueden ser superiores porque en tragedias como el desplazamiento hay no hay un registro completo, pues por miedo o complicidad de algunos funcionarios con los actores armados, las víctimas no se atrevían a denunciar.
Estas cifras coinciden con los relatos de los campesinos de Chingalé que recuerdan que aunque pudieron resistir a la violencia de las guerrillas en los 90; no sucedió lo mismo tras la llegada de los paramilitares. “Los ‘paras’ obligaban a los campesinos a ir a los corregimientos de Papayal, Piquiña y La Cuña, en Rionegro, diciéndoles que se tenían que ir. Qué esas tierras las necesitaba el comandante ‘Tarazá’. Mucha gente salió desplazada. Los pocos que se quedaron fueron los viejos, pues a los jóvenes los mandaron lejos para que no fueran reclutados”, dice un campesino de Chingalé, a quien se le reserva la identidad por razones de seguridad.
La riqueza de las tierras de Chingalé no es de poca monta. Son tierras bañadas por el río Magdalena, altamente productivas, vecinas al sur de Bolívar y sur del Cesar, y cercanas a los municipios de Sabana de Torres y Rionegro. A criterio de la comunidad, sus parcelas son apetecidas no sólo por la conectividad que brindan con la Costa Caribe sino porque son planas y a futuro se valorizarán con las proyecciones que tiene el gobierno nacional de garantizar la navegabilidad del Río Magdalena.
Una escritura puesta en duda
El problema agrario en Chingalé se deriva de un grupo de familias que fueron desplazadas de sus terruños y de otra familia que reclama la misma tierra, alegando tener una resolución del antiguo Incora. Jueces civiles le dieron la razón a los segundos; pero los primeros argumentan que tal resolución no corresponde a la realidad. Foto: archivo Semana.Los campesinos desplazados de Chingalé retornaron en su mayoría después de 2006, una vez los paramilitares ya se habían desmovilizado. Continuaron trabajando la tierra y recuperando el ‘tiempo perdido’ en sus parcelas afectadas por el abandono. Con lo que no contaban es que una familia foránea, de apellido Barbosa, terminaría reclamando sus tierras en los estrados judiciales.
Los campesinos vinieron a enterarse de la situación en el año 2008, cuando alguien les contó que en los Juzgados 1 y 2 Civil de Puerto Wilches cursaban varios “procesos reivindicatorios”. En derecho, esto ocurre cuando una persona o varias consideran que su propiedad está siendo usada, afectada o usurpada por otros, por lo que le solicitan a la justicia que les reivindique su derecho. Los Barbosa reclaman 300 hectáreas en Chingalé, basándose en la Resolución 01853 que presuntamente el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) le adjudicó a su padre Euclides Amadeo Barbosa de La Rosa en la década de los 70. En los estrados juciales, los Barbosa aseguran que su padre loteó la tierra entre la familia para también asegurarles herencia.
Los campesinos de Chingalé relatan que antes de que los jueces de Puerto Wilches tomaran una decisión y dado que ellos desconocían los procedimientos jurídicos y agrarios del país, en el año 2009 decidieron contratar a un abogado que los representara judicialmente. Según los campesinos, de forma inicial el abogado les hizo firmar unos poderes, radicó en los juzgados la oposición presentada por la comunidad de La Ceiba, y luego se desentendió del proceso judicial. “Quedamos solos”, recuerda otro campesino de la comunidad.
Un día se llevaron la sorpresa de que sus parcelas iban a ser visitadas como parte de una inspección judicial. A criterio de los campesinos, esta diligencia “no fue equilibrada” pues ellos no tenían representación judicial mientras los Barbosa sí contaban con un abogado. La comunidad asegura que en ese momento el perito, el técnico que verifica si los terrenos corresponden a lo indicado en los documentos, no encontró el predio ‘Aquí me puso Dios’ conforme a los linderos que reposaban en la escritura. Y pese a no existir una identificación plena del predio, el perito continuó con la inspección según las indicaciones de los Barbosa y realizó “los amarres de los puntos naturales para poder que le coincidieran las coordenadas”.
Los campesinos pensaron que los “procesos judiciales” no prosperarían por las inconsistencias en la información. Pero no fue así. En 2012 y 2014 los Juzgados Civiles profirieron dos sentencias, dándoles la razón a los Barbosa y ordenando a las autoridades locales recuperar los predios. La noticia les llegó en 2014 cuando fueron informados de la primera diligencia de entrega del predio y de desalojo. Entre ese año y la fecha actual, a la comunidad le han notificado tres veces que será desalojada.
Sin embargo, la diligencia no se ha podido realizar por las inconsistencias en la plena identidad del predio, ya que ni siquiera coincide el serial de la matrícula inmobiliaria. Esta situación ha sido advertida de manera reiterada por la misma inspección de Policía de Puerto Wilches en las actas de las diligencias, y la Delegada de Tierras de la Defensoría del Pueblo, quien ha intervenido en favor de los campesinos ante la administración municipal y los juzgados civiles en consideración de la vulnerabilidad de las 29 familias.
Preguntándose por qué los jueces habían tomado tal decisión, los campesinos de Chingalé decidieron verificar la prueba fundamental de la decisión: la Resolución 01853 del Incora. En el año 2014 redactaron un derecho de petición al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, en actual liquidación) solicitando una copia de tal documento público. Lo que se llevaron fue una nueva sorpresa: el documento entregado por Incoder Regional Santander no incorpora ningún nombre ni dato relacionado con los Barbosa; corresponde a una resolución con la que el antiguo Incora adjudicó a Carlos Enrique Martínez un lote de 686 metros cuadrados, llamado La Estrella, pero en el corregimiento La Llana, en el municipio de Río de Oro, Cesar (Vea Resolución entregada por el Incoder).
El caso de los campesinos de Chingalé puede ser estudiado por un juez especializado en restitución de tierras, pero la vereda La Ceiba aún no ha sido “microfocalizada” por la Unidad de Restitución de Tierras. Foto: suministrada.Este es el documento con el que los campesinos esperan que los jueces revisen o consideren su decisión, pues no entienden cómo la prueba fundamental no coincide con la realidad. A su criterio, la Resolución original que reposa en los archivos del Incoder es de una titulación en el Cesar; mientras que la que defienden los Barbosa es una por 300 hectáreas en la que figura el nombre de su padre (Vea Resolución que aportan los Barbosa). En las adjudicaciones que realizaba el Incora y el Incoder cada resolución tiene un número único. “Por eso pedimos que nuestro casos se revise”, repiten los campesinos.
En 2014, los campesinos de La Ceiba solicitaron el apoyo jurídico de la Corporación Yira Castro, una ONG con 15 años experiencia en la documentación de procesosagrarios, reclamación de tierras y defensa de los derechos humanos. Verdad Abierta conversó con la abogada que lleva el caso, explicando que la Corporación presentó una acción de tutela frente a las órdenes de desalojo, pero éstas fueron negadas en primera y segunda instancia porque precisamente existen dos sentencias judiciales en firme.
“Lo que argumentaron los jueces es que estas reclamaciones debieron hacerse en la etapa de decisión de los procesos y no después de la sentencia. El asunto es que para esa época los campesinos no contaban con asesoría jurídica, pues la misma comunidad argumenta que el abogado que inicialmente los apoyó, abandonó el proceso”, explica la Corporación.
Según la abogada, lo anterior hizo que los campesinos carecieran de una defensa material, “que debió ser advertida por el juez en procura de las garantías procesales de ambas partes en el litigio, además de desconocer las graves irregularidades en las que se cimentaba la supuesta adjudicación al señor Barbosa.
En derecho, los campesinos de Chingalé podrían acudir a “recursos extraordinarios”, solicitando un “recurso de revisión” de las decisiones de los jueces civiles. Pero en este caso, como ya ha pasado tanto tiempo desde que los Juzgados profirieron las sentencias, la comunidad no cuenta con esa opción. Lo que la ONG solicitó en todos los procesos judiciales fue “procesos de clarificación de la propiedad” ante el Incoder, siendo estos procesos administrativos. Estos buscan determinar si entre las tierras reclamadas hay baldíos, es decir, tierras de la Nación que le pertenecen al Estado, o si las tierras en realidad le pertenecen a un particular. Este trámite implica de paso verificar la autenticidad de los documentos públicos.
El actual Incoder, en liquidación, aceptó comenzar este proceso en junio de 2015. Aunque los Barbosa se opusieron; el Incoder determinó que continuaría con el trámite administrativo. Sin embargo, este está suspendido desde comienzos de 2016 después de que en diciembre pasado el Gobierno ordenó la liquidación del Incoder para darle origen a la nueva Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esto porque por orden del Ministerio de Agricultura todos los expedientes y resoluciones del antiguo Incora e Incoder quedan bajo custodia mientras la ANT comienza a funcionar.
Pese a lo anterior, el Incoder alcanzó a adelantar una visita de verificación, la cual determinó según quedó consignado en su informe técnico que el predio “Aquí me puso Dios” está sobre un complejo de humedales alimentados por los caudales del Caño Achiote y los playones de la ciénaga de Higo Amarillo
Como los desplazamientos y abandonos de las tierras ocurrieron a causa del conflicto armado, la comunidad de Chingalé espera que su caso sea documentado por la Unidad de Restitución de Tierras y estudiado por un juez especializado en restitución. Sin embargo, los Barbosa se adelantaron al proceso registrándose como reclamantes ante la Unidad; razón por la que los campesinos ya se declararon “opositores” ante un eventual proceso de restitución. Es eventual porque de momento la Unidad no ha “microfocalizado” la vereda La Ceiba, es decir, no cuenta con el aval de seguridad para comenzar a documentar los casos y presentar demandas de esta zona.
Aunque este no es un caso de una comunidad víctima frente a una gran empresa o propietario, pone de presente la complejidad de los problemas agrarios en la región del Magdalena Medio a la luz de los acuerdos de La Habana. El punto agrario, el primero acordado en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las Farc, parte de la necesidad de garantizar tierras a las comunidades más vulnerables.
La Corporación Yira Castro ha recaudado los documentos y argumentos con los que la justicia ordinaria podría revisar las decisiones que ordenan los desalojos; pero será probablemente un tribunal de tierras el que termine escuchando a las dos partes y busque una solución frente a dos grupos de familias que dicen defender su herencia y tenerla razón. Por ahora, los campesinos de Chingalé siguen esperando vía libre a la prometida “microfocalización”.
VerdadAbierta buscó a los Barbosa o su abogado para incorporar su versión sobre la reclamación, pero antes de publicar esta historia no logró ningún contacto de la familia. Este medio está dispuesto a escuchar la versión sobre esta historia.
