El asedio a la prensa en la actual campaña política ha sido el más duro en muchos años. Periodistas en varias regiones del país han sido amenazados e intimidados.
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La violencia política y el hostigamiento de los grupos armados al margen de la ley, son los principales métodos para silenciar a la prensa en época electoral. Foto archivo Semana.   
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La idea de que la primera víctima de las guerras es la verdad, ha sido atribuida a distintos personajes desde 1758, pero esta sería una buena manera de describir lo que está pasando en esta campaña para las elecciones de autoridades locales el próximo 30 de octubre. Con amenazas e intimidaciones, los guerreros han logrado callar a la prensa en varios lugares del país. Hace tiempo no se veía al periodismo atacado a tal extremo en un período electoral.
En lo corrido de 2011, la prensa ha sido víctima de 90 ataques y al menos 15 de éstos han tenido que ver con el cubrimiento electoral, según información de la Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP. El número de incidentes contra los reporteros ha crecido en un 80 por ciento en comparación con el año pasado, que también fue año electoral.
“Cubrir historias relacionadas con financiación ilícita de campañas o pactos oscuros de partidos puede significar a los periodistas intimidaciones, amenazasy en épocas electorales, incluso la vida”, dice la Flip en su más reciente informe sobre la libertad de prensa durante el proceso electoral local 2011, a lo que agrega que “el periodismo en elecciones en algunas regiones del país se vuelve de alto riesgo”.
Además, como agravante, hay medios de comunicación, o dueños, han tomado partido por ciertos candidatos lo que ha hecho que muchos periodistas, por obligación o compromisos, hayan dejado de lado su labor de informar con transparencia. Esto los pone en riesgo porque los mete en medio de una contienda política que ha sido particularmente violenta. Según la Misión de Observación Electoral han sido asesinados 41 candidatos, y el gobierno se visto obligado a darles protección con escoltas por lo menos a otros cien.
Pero la mayoría de los casos registrados se han originado en amenazas a reporteros que están cumpliendo son su deber.
Una periodista local que publicó un caso de corrupción recibió amenazas contra su vida por lo que tuvo que salir de su ciudad, le dijo a VerdadAbierta.com que “la amenaza es un mecanismo de intimidación porque se está tocando un asunto en el que hay dinero en juego”.
A otro periodista de una emisora que estaba destapando un caso de corrupción en una Gobernación le pasó algo similar. El mandatario pensó que sus investigaciones podía afectar al candidato que estaba respaldando. “Un candidato que es patrocinado por la familia del gobernador me persiguió y logró que me cerraran el espacio informativo en el que trabajaba”, le dijo a VerdadAbierta.com, el periodista quien pidió reserva de su identidad.
Con intimidaciones semejantes, muchos periodistas resuelven no investigar las denuncias de la ciudadanía sobre trampas en las elecciones o la injerencia en política de los gobernantes. A veces lo que está en riesgo no es la vida o el trabajo, sino el respaldo publicitario que mantiene vivo a un medio. “En economías regionales, donde el principal anunciante es el Estado, los políticos obligan a los periodistas a tomar partido, y si como periodista te vuelves militante entonces difícilmente puedes ser imparcial e informar”, dijo un vocero de la MOE a VerdadAbierta.com.
En una región del Caribe, un corresponsal de la Flip le describió así la situación: “Los periodistas están en la mitad, incluso tienen que tener una militancia y eso nos hace vulnerables a todos, los periodistas se ponen la bandera de un partido lo que termina generando tensiones y hostilidades entre los mismos periodistas con acusaciones políticas de todo tipo”.
Del dicho al hecho
En algunos lugares, cuando los políticos no logran que los medios y periodistas apoyen a sus candidatos o silencien las críticas, han pasado a las agresiones físicas.
El 10 de mayo de este año, un grupo de periodistas que intentó hacerle preguntas al candidato a la Gobernación de Santander, Richard Aguilar sobre su padre, el detenido e investigado ex gobernador de ese departamento , Hugo Aguilar, fueron increpados violentamente por un grupo de seguidores de Aguilar. Dos de los reporteros tuvieron que huir del sitio con escolta por temor a ser golpeados.
Situaciones similares se presentaron también en Barranquilla y Tunja en donde es común que los candidatos realicen ruedas de prensa rodeados por sus seguidores, quienes terminan censurando o intimidando a los reporteros.
La tensión política en época electoral ha llevado a que los políticos abusen de sus funciones como cerrar emisoras, sin tener poder para ello, porque sienten que pueden perder el poder por sus denuncias. En el informe de la FLIP, Meta ocupa el primer lugar en este tipo de agresiones.
Así, el alcalde de Mesetas, Robinson Mora, agredió a un periodista y decidió cerrar la única emisora comunitaria de la región. Ésta prestaba un valioso servicio de comunicación entre pobladores de fincas apartadas, y sus informativos señalaban irregularidades en el gobierno municipal de la Alcaldía que la gente denunciaba. Como no se quiso callar, el alcalde le tapó la boca.
A la corresponsal de Telesur, Angie Camacho, quien se encontraba cubriendo el paro petrolero en Puerto Gaitán y que aprovechó para conocer la opinión de los pobladores sobre ese municipio, la sacaron del pueblo por orden del alcalde Oscar Erwin Bolaños porque no tenía permiso para entrevistar a los pobladores.
“Uno de ellos me dijo que creían que la prensa se había encargado de estigmatizar el pueblo”, dijo Camacho sobre el incidente en el que varios militantes del candidato más opcionado la agredieron a pedradas y le intentaron quitar sus equipos de televisión. “Si la gente no habla, ¿cómo se puede hacer el trabajo periodístico?”.
En ese departamento, a sabiendas de que los pueden poner en peligro, los políticos tildan a los periodistas críticos de “para-periodistas” o “periodistas – guerrilleros”.
A Hortensia Sánchez de El Heraldo de Urabá, hermana de un candidata a la alcaldía de Turbo, Daicy Valencia Mosquera, le pegó y la amenazó por las denuncias que hacía su diario sobre los posibles vínculos non sanctos de la aspirante.
Un periodista de Valledupar, JJ Daza de la emisora Maravilla Stereo, quien tiene una sección que le hace seguimiento a la Alcaldía fue tildado de opositor por el gobernante local. Después recibió amenazas de muerte.
A un periodista en Arauca, el alcalde de Tame, José Alí Domínguez Martínez, lo señaló de ser “promotor de la violencia”, por el simple hecho de informar de los atentados guerrilleros del Eln en la región. Desde ese momento el gobierno local le quitó la publicidad y le prohibió cubrir la campaña de un candidato a la Alcaldía.
La situación ha sido tan difícil que a un periodista que fue a cubrir un accidente de tránsito provocado por un candidato, lo agredieron cuando intentaba conocer los hechos. Los acompañantes del político lo acusaron de militar con la oposición, le quitaron y le destruyeron sus equipos de reportería y lo amenazaron.
En algunas regiones los periodistas han señalado que la Fuerza Pública no ha cumplido con su deber de garantizar que haya libertad de prensa. “Muchas veces no nos dejan entrar a los lugares donde ocurren hechos, y hemos presentado denuncias a la personería, pero parece que los políticos tienen el control de la Fuerza Pública”, dijo un periodista de Arauca que prefirió el anonimato a VerdadAbierta.com.
Pauta y censura
En las regiones, la propaganda electoral es una fuente de recursos para medios y periodistas con espacios radiales propios. Esto se ha convertido en un escollo para que exista una información medianamente balanceada sobre las diferentes campañas.
En Cali, el alcalde Iván Marino Ospina, según la denuncia de algunos periodistas, los convocó para solicitarles que proyectaran una imagen favorable de su gestión, ya que él les había financiado sus espacios y medios. El alcalde no quiso responder a estos señalamientos y hoy es investigado por la Procuraduría General de la Nación.
“Ante las presiones, los comunicadores se ven obligados a obviar ciertos temas, tratarlos superficialmente o desviar la atención a temas distintos a los electorales. A veces es mejor para los periodistas locales retomar lo que dicen los grandes medios nacionales para blindarse ante posibles ataques”, aseguró una periodista exiliada.
Según el informe de la Flip, “la pauta oficial se ha convertido en una herramienta de chantaje”. Varios periodistas afirmaron que los propietarios de sus medios los obligan a omitir información acerca de las elecciones o de los candidatos, incluso los amenazan con la pérdida del puesto si se atreven a publicar piezas periodísticas sobre estos temas.
Un claro ejemplo de esta estrategia es el caso de un columnista de opinión que fue vetado en el diario en el que trabajaba, debido a que, por contratos publicitarios, el medio había adquirido el compromiso de no criticar a los candidatos amigos de la administración actual.
Un dato que muestra cómo el debate electoral en las regiones ha pasado a un segundo plano es la estadística de la MOE que indica que el cubrimiento de la carrera por la Alcaldía de Bogotá ha ocupado un 40 por ciento del espacio de los medios, y en un mínimo porcentaje se ha informado sobre otros candidatos como concejales y diputados.
Cuando no consiguen controlar a los periodistas y a los medios de comunicación, los políticos y los grupos armados han recurrido a recoger los periódicos que publican investigaciones o piezas en las que denuncian la corrupción electoral.
Así le ocurrió a El Heraldo de Barranquilla, cuando uno de sus columnistas hizo un análisis en el que mostraba los nexos de corrupción, narcotráfico con la clase política y cuestionaba a los candidatos a la gobernación de Magdalena por su posible relación con grupos al margen de la ley. Ese día, el periódico desapareció de los quioscos de Santa Marta y la gente no lo pudo comprar.
En esta jornada electoral según el informe del MOE, la presencia de guerrillas, paramilitares y bandas criminales -Bacrim, sigue siendo un factor de riesgo para el ejercicio periodístico.
“En cierto sentido somos periodistas de guerra porque trabajamos en medio de un conflicto y debemos adaptarnos a los riesgos de cada sector”, dijo a VerdadAbierta.com, un periodista de Meta quien prefirió no dar su nombre por seguridad.
En las zonas más conflictivas, las denuncias de periodistas de que los candidatos reciben financiaciones ilegales o tienen vínculos sospechosos con grupos al margen de la ley, los convierten en objetivo militar. “En el contexto del conflicto armado, algunos periodistas tratamos de evitar situaciones que nos traigan inconvenientes, tenemos un sistema de seguridad pero procuramos no salir al sector rural pues los riesgos son muy grandes”, contó un periodista de Antioquia.
Según el informe del MOE la presencia de los grupos ilegales aumenta en los municipios de menor población y menor cantidad de recursos presupuestales propios. Las guerrillas se localizan principalmente en los municipios más pobres, mientras que las bacrim han incursionado fuertemente en los centros urbanos.
En esas zonas rojas con actores armados como protagonistas, es donde los reporteros más recurren a la autocensura como la única forma de sobrevivir.
Periodistas que salen de las regiones para salvarse, medios que no se anima a ofender a candidatos que les pautan, grupos armados que exigen lealtad absoluta de los reporteros con la advertencia de que sufrirán las consecuencias de su desacato, autocensura por miedo o por facilismo, todos son casos donde la verdad sale sacrificada. Así el derecho de la gente a recibir información libre, una condición indispensable para poder participar en democracia, sobre todo en elecciones, se ve gravemente lesionado. Por eso el ataque a la prensa en las campañas electorales es un problema que debe preocupar a todos los ciudadanos.
Este especial es una alianza de:
Vea en la siguiente infografía quiénes han sido los periodistas amenazados durante la actual campaña electoral.
