Ante las solicitudes de restitución presentadas por dos campesinos asentados en un mismo predio, magistrados en Cartagena aceptaron las pretensiones de uno de ellos y le devolvieron su finca, mientras que al otro se las negaron.
Un proceso de restitución de tierras en el departamento de Bolívar revela una gran paradoja: ante dos solicitudes de reclamación de predios en una misma parcela, magistrados del Tribunal Superior de Cartagena determinaron que, en un caso, hubo venta forzada y, en el otro, rechazaron las pretensiones del reclamante.
El hecho tiene que ver con dos procesos de reclamación de predios de la parcelación Caño Negro, en Carmen de Bolìvar, región de los Montes de María, entre los departamentos de Sucre y Bolìvar.
En esa región, el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora hoy Incoder) compró grandes haciendas en los años ochenta para titularlas a campesinos, entre ellas Caño Negro, de 1.803 hectáreas, adquirida en 1989 y, posteriormente, parcelada y entregada a varias familias campesinas. Sin embargo, una década más tarde, el conflicto armado las desplazó de la zona y al cabo de los años algunas decidieron vender sus terruños por falta de oportunidades.
De las seis sentencias falladas por jueces especializados en restitución de tierras sobre reclamaciones de tierras en Bolívar, dos de ellas revelan una historia paradójica. Los casos fueron presentados ante el Tribunal Superior de Cartagena, donde los magistrados escucharon a quienes se presentaron como víctimas y tras valorar sus testimonios y recabar pruebas en uno de los fallos le dieron la razón a la familia reclamante al considerar que se vio forzada a vender a un bajo precio y por tanto, el comprador actuó de mala fe; mientras que en el otro, se constató que el campesino reclamante, después de vender, siguió viviendo en una parcela contigua, sin que su caso evidendiara anormalidad alguna.
La parcelación Caño Negro hace parte de la región de los Montes de María, entre Sucre y Bolívar, “donde todos hemos sido víctimas”, les dijo un campesino a los magistrados durante el juicio de restitución. Esta región fue disputada por guerrilleros y paramilitares durante los últimos veinte años. Allí, la mayoría de las tierras fueron despojadas a través de compras ilegales, tomas a la fuerza de los predios o revocatorias realizadas por el mismo Incora, que terminaron favoreciendo a personas ajenas a las región, así como también a testaferros y cómplices de facciones paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
La Unidad de Restitución de Tierras documentó que los pobladores de Caño Negro se desplazaron entre abril y agosto de 1999 después de dos masacres: la conocida como Jesús de Monte, cometida por las Farc; y la de Capaca, cometida por paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María. Sin embargo, en diferentes corregimientos de Carmen de Bolívar los grupos armados cometieron 12 masacres entre 1997 y 2002, que provocaron el desplazamiento de 48 mil personas. Muchas de ellas vendieron después sus parcelas. (Lea: Un pulso a las verdades en los Montes de María).
Fallo a favor
Cristóbal* y su esposa recibieron el 22 de junio de 1994 un título que los hacía beneficiarios de una parcela. Durante cinco años araron sin problema estas tierras hasta que el 7 de abril de 1999 guerrilleros de las Farc llegaron hasta el corregimiento Jesús de Monte, muy cerca del Caño Negro.
“Comenzaron a sacar a las personas de sus casas porque disque tenían una reunión general. Allí mataron a Nury Marriaga, Emilse Marriaga y un hijo de la señora Emilse, a quien llamaban ‘el negro Torres’. De la misma manera, mataron a la señora Mamfri Gamarra y William Teherán siendo aproximadamente las seis de la tarde”, contó una mujer durante el juicio de restitución.
Aunque esta masacre ocasionó el desplazamiento de varios parceleros que buscaron refugio en el casco urbano de Carmen de Bolívar, muchos se resistieron a salir desplazados y se quedaron en las fincas. Pero la situación volvió a empeorar el 16 de agosto del mismo año cuando paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María, bajo el mando de Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, llegaron a las veredas Capaca y Campoalegre, también contiguas a la parcelación del Caño Negro, donde asesinaron a doce campesinos y desaparecieron a tres más.
“Ese díallegó un grupo armado identificado como Auc al sector de Capaca, que colinda con mi parcela. Ahí reunieron a las personas del sector y mataron a Deiby Martínez Garrido, Elías Novoa, Aristides de la O, Lader España y Ricardo Bolaños. También a Juan Ochoa y dos hijos del señor Ricardo Bolaños”, le relató Cristóbal a los magistrados. Esa misma noche, los paramilitares dejaron unos volantes en el recorrido que hicieron por Capaca, Campoalegre y Zambrano y el casco urbano de Carmen de Bolívar en el que amenazaban: “No respondemos por lo que queda”.
Otros testigos que comparecieron al Tribunal de Cartagena contaron cómo fue esa incursión armada. “Ese grupo armado llegó a las nueve de la noche e hicieron la masacre. Eso fue lo que originó mi desplazamiento. Al siguiente día cada doliente recogió a su doliente y como el grupo dijo que en la tarde regresaba y que no respondían por lo que quedaba, entonces la gente se fue”, relató una mujer. Otra habitante de la zona dijo que “en esa masacre perdí a un nieto. Cuando eso sucedió todos estábamos en peligro, pues de Capaca a Caño Negro solo nos separaba una cerca”.
Los magistrados confirmaron que estos relatos reposan desde 2008 en denuncias puestas ante la Fiscalía Primera Especializada Delegada ante el Gaula, cuando varias familias, después de la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María el 14 de julio de 2005, decidieron contar lo que les había sucedido. Entre ellas, una precisó que cuando se desplazaron en 1999 uno de los hijos regresó a la parcela para recoger las pocas pertenencias que podían cargar por el camino pero los paramilitares lo secuestraron como “guía”. Desde entonces está desaparecido.
Según el antiguo Registro Único de Población Desplazada (Rupd), en 1999 del Carmen de Bolívar salieron desplazadas 4.479 personas. Esta cifra se disparó en el año 2000, llegando a 23 mil personas expulsadas del municipio, la más crítica registrada en los datos oficiales de desplazamiento durante los últimos 13 años en ese pueblo.
Cristóbal dijo durante el juicio de restitución que estando desplazado, por necesidad, el 6 de junio de 2007 decidió vender su parcela de 21 hectáreas por $2 millones 200 mil pesos. Esta compraventa no fue registrada en escritura en una notaría ni presentada en la Oficina de Instrumentos Públicos para que la propiedad quedara legalizada a nombre del comprador.
Como él muchos vendieron sus tierras a quienes les dieran algo por la finca que habían abandonado ocho años atrás en el Caño Negro, al punto que el 3 de octubre de 2008 el Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada de Bolívar emitió la Resolución N. 1, que declaró a la zona baja del Carmen de Bolívar como un sitio de inminente riesgo desplazamiento forzado y reconoció que “muchas de las hectáreas que habían sido vendidas eran de campesinos desplazados o en riesgo de desplazamiento”.
El Comité determinó que esas compraventas “masivas e indiscriminadas de tierras” afectaban a 22 veredas y varios corregimientos del Carmen de Bolívar como Hato Nuevo, Cocuelo, Kilómetro 25, San Rafael y Caño Negro, y pidió a la Oficina de Instrumentos Públicos que registrara en todos los predios de la zona el riesgo de declaratoria de desplazamiento para evitar la comercialización.
Aunque esta medida de protección fue emitida un año después de que Cristóbal vendió y pese a que el comprador le juró a los magistrados que compró de buena fe, que pagó lo pactado con el campesino y durante cinco años realizó mejoras a las tierras con cultivos y el engorde de ganado, el Tribunal de Cartagena concluyó que el comprador no actuó de buena fe.
“El señor opositor, a sabiendas del contexto de violencia que precedía la negociación, tal y como el mismo lo aceptó ante el Juzgado especializado, decidió realizar un contrato de compraventa sin adelantar las correspondientes gestiones de inscripción en el registro y teniendo como contraprestación un precio irrisorio, mostrando un comportamiento poco diligente y alejado del deber de solidaridad… teniendo en cuenta que el vendedor era un desplazado accediendo a un bien sin tener en cuenta el pago de un justo precio”, señalaron los magistrados en su decisión.
En el fallo, los magistrados reconocieron a Cristóbal como víctima de la violencia de finales de los años noventa, le devolvieron la tierra y ordenó a la Oficina de Instrumentos Públicos registrar la decisión judicial; también le pidieron a las autoridades todas las garantías de seguridad para el retorno de esta familia, que durante el desarrollo del juicio vivía desplazada en un pueblo de la costa Caribe.
Decisión en contra
Cosa muy distinta falló este mismo Tribunal sobre el caso de Ramiro*, otro parcelero del Caño Negro. Aunque sufrió el desplazamiento provocado por la masacre de Capaca en agosto de 1999, los magistrados consideraron que el campesino vendió la parcela, pero no en un acto desesperado. El labriego retornó en 2005 a la parcelación, le vendió el predio a un amigo de la familia, trabajó por varios meses con él y luego se fue a vivir a una parcela contigua, que era de su padre.
El comprador le relató a los magistrados que él era un desplazado. En 1999 trabajaba en una finca en el municipio de San Jacinto de Bolívar, pero después de una masacre ocurrida el 26 de octubre de ese año abandonó la zona junto con su familia, vendió los animales y compró una casa en Sabanagrande, Atlántico. A falta de trabajo y ante la difícil situación por la que atravesada su madre, lavando y planchando en casas, viajaron hasta el Carmen de Bolívar donde Ramiro les ofreció una parcela de 23 hectáreas por 2 millones de pesos.
El comprador explicó que compró la tierra el 22 de mayo de 2007. En esa ocasión, Ramiro le dijo que se había separado y se iba con sus hijos a Bayunca (corregimiento de Cartagena). “No entiendo por qué está reclamando si había una amistad con la familia. Cuando llegué, la parcela era solo montaña y rastrojo. Mi familia era amiga de su familia y no había problemas. Los problemas comenzaron con la restitución y quiero decir que la tierra la compré cuando ya eran seguras”, insistió el comprador.
Ramiro, en su declaración ante la Unidad de Restitución, insistió que fue víctima de la ola paramilitar que lo desplazó por primera vez en 1999 y que cuando retornó cincoaños después, fue también víctima de la guerrilla, que los amenazó a él y su padre por ser presuntos colaboradores del Ejército. Su padre, dijo, tuvo que irse de Capaca y a él le ordenaron quedarse en la parcelación durante un año o de lo contrario buscarían para matarlo.
Pero los magistrados no le dieron la razón. “Observa esta sala que si la amenaza de la que fue víctima el solicitante consistió en que no saliera del predio por el término de un año, resulta poco común que el miedo genere consecuencias como vender antes de ese término, y luego de la venta, quedarse viviendo en la zona de Caño Negro, en el inmueble de propiedad de su padre, que colinda con la parcela vendida”, señalaron los magistrados. Por eso en su fallo, le creyeron al comprador y negaron la solicitud de restitución.
Región bajo fuego
En su exposición durante el juicio, la Unidad de Restitución de Tierras explicó que desde la década del sesenta esta región fue cercada por el conflicto: primero por la guerrilla del Eln y, en los años noventa, por las Farc, que secuestró, asesinó y extorsionó a los pobladores de la región. La violencia recrudeció en 1997 cuando paramilitares comenzaron a disputarle el territorio a los grupos subversivos. A esa facción la llamaron Héroes de los Montes de María, adscrita al Bloque Norte de las Auc. En Bolívar, esta estructura ilegal hizo presencia con varios grupos, llamados El Guamo, María La Baja, Zambrano y Calamar, y se les responsabiliza de decenas de masacres (Lea: El terror que desplazó a María La Baja).
Para el año 2007, en el Carmen de Bolívar “cerca de un tercio de la población se ha desplazado… solo siete, de los diecisiete corregimientos con que cuenta el municipio, están habitados y en siete municipios d la región hay cuarenta y dos veredas completamente vacías”, precisa el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Diagnóstico departamental de Bolívar.
En la Sentencia T-699A del 20 de septiembre de 2011, la Corte Constitucional señaló que para esa época en Montes de María había 220 mil hectáreas protegidas por los comités locales de población desplazada. “Por su parte, en Carmen de Bolívar, de las 93.277 hectáreas con que cuenta el municipio, 46.917 se encuentran protegidas”, advirtió la Corte. En la actualidad, 1.536 familias de este municipio reclaman 28 mil hectáreas que tuvieron que abandonar o que les fueron despojadas con violencia.
En el departamento de Bolívar, la Unidad de Restitución de Tierras está concentrada en documentar los casos de abandono y despojo en los municipios de Carmen de Bolívar, María La Baja, San Jacinto y San Juan de Nepomuceno, donde las reclamaciones de víctimas suman 17 mil hectáreas, según datos actualizados al 31 de mayo de 2013.
Ante ese panorama, los magistrados tendrán la tarea, como en el caso de Caño Negro, de analizar las reclamaciones porque en la región de los Montes de María las modalidades del despojo fueron diversas, además de los actores armados que hicieron presencia en la región.
* Nombres cambiados por razones de seguridad
