Para quienes se declaran víctimas del despojo en este corregimiento de Turbo. donde actualmente se vive un complejo conflicto social generado, precisamente, por la tenencia de la tierra, la restitución avanza en medio de contradicciones y paradojas.
Foto: archivo Semana.Recientes decisiones proferidas por los jueces especializados de tierras tienen bastante inquietas a las familias campesinas que reclaman predios despojadas en Macondo, corregimiento de Turbo, donde actualmente se vive una compleja realidad social por cuenta, precisamente, de una lucha histórica por la tenencia de la tierra.
La razón de la inquietud: si bien las decisiones judiciales reconocen la condición de víctimas de despojo de los campesinos al tratarse, en muchos casos, de negocios espurios hechos bajo la presión del conflicto armado que azotó al Urabá antioqueño durante la década de los noventa y parte de los primeros años del siglo XXI, el veredicto final ha sido optar por la compensación; es decir, otorgarles tierra en otra región, aspecto que los labriegos rechazan, pues consideran que truncan sus anhelos de retornar a una tierra con la que aún mantienen fuertes lazos afectivos y en la que dicen, quieren vivir hasta el resto de sus días.
Aunque las decisiones de los jueces de tierras se sustentan en argumentos legales tales como la declaratoria de Reserva Forestal Protectora del Río León, que abarca 34 mil hectáreas y que fue realizada mediante Acuerdo 023 de 1971 del desaparecido Inderena, además de recientes conceptos emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Urabá (Corpourabá), que señala que las tierras de Macondo no son aptas para la ocupación campesina, abogados consultados por VerdadAbierta.com señalan que se está desconociendo una realidad material que vive la región hace ya más de tres décadas.
Al “galimatías” de la restitución en este corregimiento se le suma que las sentencias proferidas por los jueces de tierras van en contravía de otras actuaciones judiciales sobre predios en esta misma región, como sucedió el pasado 2 de mayo, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión proferida en abril de 2014 por un magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz de Medellín, donde negaba las solicitudes de restitución sobre doce predios ubicados en la vereda Guacamayas de Macondo, formuladas por siete familias campesinas de esta región.
“No vamos a dejar nuestra tierra”
Los casos de José María Calle, Ángela Rojas, Francisco Rojas y Pablo Emilio Medina, todos ellos campesinos que llegaron a este territorio de nadie durante la década de los setenta, con la esperanza de conseguir un pedazo de tierra para levantar un hogar para los suyos, ilustran mejor porque muchos como ellos se oponen a la compensación.
A José María Calle, por ejemplo, un juez de restitución de tierras le reconoció, en febrero pasado, que en efecto fue víctima de despojo al verse obligado, en 1997, a vender su predio de nombre ‘Bonaire’, de una extensión de 35 hectáreas y ubicado en el corregimiento Macondo, a José Vicente Cantero. Si bien se trató de un negocio fraudulento y al campesino le asiste el derecho a la restitución, el juez ordenó compensarlo, basándose en el Acuerdo 023 de 1971 y en el concepto de Corpourabá.
“Pero yo no quiero tierra en otro lugar. Yo quiero es mi finca, la que yo levanté y he peleado y defendido toda mi vida”, señaló Calle. Y no es para menos. Este labriego llegó en 1974 a Macondo y como cualquier colono, tumbó monte y de la nada levantó una finca para él y su familia, donde sembró pancoger y crío ganado para su sustento.
El 31 de julio de 1985, el Incora, mediante Resolución 1227, le adjudicó 35 hectáreas que él bautizó como ‘Bonaire’. Allí vivió hasta que la violencia paramilitar lo obligó a abandonar la región, en 1996. Pero en 2009, cansado de ir de un lado a otro por tierras extrañas, Calle decidió retornar a su finca sin ningún tipo de acompañamiento estatal. Su ejemplo fue seguido por muchos, situación que se ha convertido en una bomba de tiempo para las autoridades de la región.
Los casos de Ángela Rojas, Francisco Rojas y Pablo Medina guardan similitudes. La mujer llegó a la vereda La Eugenia de Macondo en 1973. Allí se hizo con una porción de tierra que bautizó como ‘El Paraíso’, la cual le adjudicó el Incora el 24 de abril de 1987 mediante resolución 1073. Francisco, por su parte, es reconocido como integrante de las primeras familias que colonizaron esta vereda. Llegó en 1972 y levantó una finca que fue tanto de su agrado como el de sus vecinos que la bautizó ‘No la creen’. En 1989, el Incora le adjudicó dicho predio mediante resolución 1538 del 12 de julio. Medina llegó tiempo después: adquirió el predio ‘La Envidia’, ubicado en la vereda La Eugenia, como parte de pago de una deuda, en 1990.
Todos ellos se vieron obligados a desplazarse entre 1997 y 1998 por cuenta de la intensidad de la violencia ejercida por los paramilitares, particularmente el frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Auc. De hecho, Ángela Rojas perdió dos de sus hijos a manos de los paramilitares. Poco tiempo después, los desplazados fueron contactados por comisionistas para que vendieran sus predios.
Así, ‘El Paraíso’ fue ocupado por José Vicente Cantero, quien presionó a sus dueños para que vendieran la tierra. Por su parte, Francisco Rojas debió vender su finca ‘No la creen’ a Joaquín Suárez, quien luego vendió a Verónica Suárez. Pablo Medina, propietario de la ‘La Envidia’, corrió la misma suerte: en 1998 fue contactado por personas extrañas en la ciudad de Medellín, donde arribó luego de su desplazamiento, quienes lo presionaron para que vendiera su finca a Jorge Mario Ruiz, quien, posteriormente, vende a Sergio Suárez.
Según reconoció la Sala Tercera Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia en fallo proferido el pasado 18 de abril, estas tres familias campesinas se vieron obligadas a vender sus predios debido al clima generalizado de violencia que azotó al Urabá antioqueño durante los años noventa y parte de la década del dos mil.
La decisión también desconoció la calidad de “terceros de buena fe exentos de culpa” de quienes figuran como actuales propietarios y quienes además fueron los opositores en el proceso. Entre ellos José Vicente Cantero, señalado como presunto despojador de varias fincas en la región; Verónica Suárez y Sergio Andrés Suárez, este último miembro de junta directiva de la organización Tierra, Paz y Futuro, dedicada a la “defensa de los derechos de legítimos propietarios de tierras” y que se opone abiertamente a la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Con todo y ello, el fallo ordena compensar a las familias campesinas, toda vez que se trata de tierras que figuran dentro de la Reserva Forestal Protectora del Río León y además, son territorios inundables, incompatibles con la ocupación campesina. La decisión fue rechazada por los labriegos, quienes consideran que enviarlos a otra región del país, además de atentar contra su derecho al retorno al lugar de su arraigo, es condenarlos a desaparecer como comunidad.
Asunto para repensar
Para Julio Caustumal, abogado de la Fundación Forjando Futuros, que asesora y representa judicialmente campesinos víctimas de despojo de tierras, los jueces especializados están desconociendo una realidad material que vive esta región desde hace más de tres décadas, donde incluso es posible señalar que la reserva forestal que se pretendía proteger ya no existe.
“Los jueces están siendo muy estrictos con las declaraciones de reserva forestas hechas sobre Macondo, en los años setenta, bajo el amparo de Ley Segunda. Pero desconocen que, en materia ambiental, ya no hay nada que proteger y que la realidad material de esa región es muy diferente”, señala el abogado.
La preocupación ha llegado hasta el seno de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Según Paola Cadavid, directora de la Territorial Antioquia de la URT, “la medida preferente e ideal siempre será la restitución, pero somos respetuosos de las decisiones de los jueces. Sin embargo, estamos buscando elementos que ayuden a modular esas decisiones y que contribuyan a la restitución y, por ende, al retorno de las comunidades a sus lugares de origen”.
Uno de esos elementos es el concepto emitido el pasado 22 de abril por Codechocó. La Corporación consigna que las tierras que conforman el corregimiento Macondo, que a su vez integran el Consejo Comunitario La Larga-Tumaradó, no corren riesgo de inundación y, por tanto, son completamente habitables.
“Codechocó también tiene competencia en ese territorio. Por ello, vamos a pedir no solo que se revisen las sentencias que ya se han dictado, sino que este concepto se tenga en cuenta para la lista de procesos de Macondo que ya cursan trámite ante los jueces de restitución”, señala Cadavid, quien agrega: “también hay conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente para que desafecte esa región, pues lo que se pretendía proteger en materia ambiental, pues prácticamente ya no existe”.
Según la funcionaria, a la fecha existen 203 solicitudes de restitución sobre predios de Macondo. Asimismo, hasta el momento los jueces de restitución de tierras han proferido nueve sentencias sobre fincas ubicadas en este corregimiento. En siete de ellas, se ha ordenado la compensación para los campesinos.
