Así fue como el jefe paramilitar ‘Jorge 40’ intentó tomarse la más grande cooperativa de productores de leche de la Costa Atlántica.
Los paramilitares planearon apoderarse de la mayor cooperativa lechera de la Costa Caribe. Foto SEMANA |
De la exuberante información encontrada en el computador incautado a alias ‘Antonio’, en el cual quedaron registradas muchas de las operaciones criminales cometidas por ‘Jorge 40’, hay una que ha permitido conocer mejor uno de los secretos a voces más comentados en la Costa durante los últimos años: la penetración de la organización paramilitar en Coolechera, la cooperativa de productores de leche más grande de la Costa. La importancia de esta empresa radica no sólo en sus 75 años de tradición, sino además en que actualmente tiene 850 cooperados, más de 1.200 ganaderos no cooperados, 500 empleados, y en que factura al año cerca de 150.000 millones de pesos.
Tomarse Coolechera era una jugada estratégica por su notable presencia en toda la región: además de su gran cantidad de socios, sus clientes hacen parte de una inmensa red de tenderos y comerciantes a lo largo de decenas de municipios en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre y Cesar. Los camiones de la cooperativa recogen leche cruda en la región y son escoltados por personal que no sólo cuida los vehículos, sino que obtiene información y observa el movimiento de personas que podrían considerarse sospechosas.
En el contenido del computador y los archivos de ‘Jorge 40’ revelados por SEMANA se encuentran algunas piezas del rompecabezas que han ayudado a entender lo que sucedió en los últimos cinco años en la cooperativa. Algunas empresas regionales fueron infiltradas para tomar el control de su administración (como Coolechera y Lácteos del Campo), se crearon otras que sirvieron de fachada (Asis Ltda.), y muchas que apoyaron con recursos económicos, humanos y logísticos sus planes. A estos últimos la Fiscalía los ha denominado como “colaboradores”.
Para el año 2002 Coolechera era dirigida por prestigiosos miembros de familias de ganaderos tradicionales. La presión se comenzó a sentir cada vez más, hasta que un sábado de agosto los miembros del consejo de administración fueron citados al municipio de Sitio Nuevo, Magdalena, donde se reunirían con alias ‘Fabián’, un comandante de las AUC que ejercía dominio sobre la zona. En esa reunión, Fabián les dijo que “debían renunciar, o se morían”. La explicación, “no estaban colaborando”. Los propósitos de las AUC eran marchitar la empresa económicamente y apoderarse de ella para, entre otras operaciones, lavar activos.
Informes de inteligencia señalan que las AUC tenían para ese entonces dominio político sobre varios municipios, y el alcalde de Sitionuevo, Hernán Navarro Manga (2000-2003), asesinado en enero de 2005 en Palermo, Magdalena, era uno de ellos. Al encuentro asistieron el presidente del consejo de administración, Gustavo de Silvestry, algunos miembros del consejo y asesores legales.
Aunque algunos miembros del consejo de administración renunciaron ante las amenazas, esa misma semana De Silvestry pidió a sus compañeros seguir adelante. Pero a finales de agosto fue asesinado.
Al crimen de De Silvestry siguió un atentado contra el presidente del sindicato, Manuel Hoyos Montiel, quien resultó herido. Varios compañeros de Hoyos fueron asesinados meses después y por lo menos dos importantes líderes sindicalistas prefirieron retirarse de la empresa.
La nueva junta ofreció la gerencia a tres prestigiosos ejecutivos, pero dos de los seleccionados rechazaron la propuesta. Manuel José Combariza Rojas, un abogadode 47 años que tenía fama de ser un exitoso gerente de la empresa Palmeras de la Costa, sí aceptó.
Combariza asumió en medio de un ambiente pesado por la muerte de De Silvestry. Además, traía antecedentes al frente de su gestión en Palmeras de la Costa, en las que lo acusaban de maltrato y persecución a la organización laboral, a quienes se refería de manera despectiva.
Bajo su administración se vivieron los años más difíciles de la cooperativa y llegó a imperar, según testimonios que reposan en el expediente, un “régimen de terror” que se manifestaba con la presencia de hombres armados sin uniforme dentro de las instalaciones.
Mientras Coolechera caía en manos de ganaderos y empresarios afectos a ‘Jorge 40’, un grupo de amigos encabezados por los jefes de seguridad de Camagüey y de Uniapuestas, Teófilo Rey, y Wilson Fresney Ramírez, constituían la empresa de seguridad Asis Ltda. En febrero de 2003, comenzó a prestar los servicios de seguridad a Coolechera escoltando los camiones y vigilando la empresa. Como gerente de Asis asumió Jorge Enrique Palacios Salas. Este hombre sería asesinado en Barranquilla el 20 de enero de 2006, acusado de ‘sapo’ por sus compañeros de empresa a quienes denunció como miembros de las AUC. Palacios era quien defendía a los miembros de la banda cuando eran capturados y también se encargaba de sobornar jueces, fiscales y agentes del DAS y la Sijín, según reconoció ante las autoridades.
Con base en denuncias recibidas en la Fiscalía, los investigadores del CTI comenzaron a relacionar actividades delincuenciales e irregularidades en la carnetización de Asis Ltda. que estaba ofreciendo servicios no autorizados. En esos primeros meses de 2003 fue asesinado el secretario de Gobierno de Calamar (Bolívar), y a los capturados les encontraron armas de Asis. Mientras se desataba la ola criminal, la gestión de Combariza al frente de Coolechera comenzaba a ser cuestionada por el incremento de gastos a través de contratos insostenibles y el incremento en el valor del contrato de seguridad, que pasó de 25 millones de pesos a 140 millones.
Uno de los hechos que más alertaron a los asociados fue la compra del 84 por ciento de las acciones de Lácteos del Campo, otra empresa lechera de la región, por cerca de 5.000 millones de pesos. Esta sociedad es propietaria de la marca Hatoblanco, y uno de sus socios principales era José María Barrera, conocido en las AUC como el comandante ‘Chepe’ Barrera. El mismo que la semana pasada salió libre de culpa, con la bendición del gobierno, de La Ceja donde estaba recluido con los demás comandantes paramilitares. Estos gastos e inversiones son los que permiten concluir a los investigadores que el propósito era marchitar la cooperativa para apoderarse de ella.
Los crecientes gastos y pérdidas de Coolechera llegaron a sumar antes de la salida de Combariza en octubre de 2004, la suma de 18.000.000.000 de pesos, lo que obligó a suscribir un acuerdo de reestructuración de pasivos. Según su actual gerente, Andrés Arango, al finalizar 2006 la cooperativa se habrá puesto al día con las acreencias laborales, los fondos de pensiones y las obligaciones parafiscales.
Coolechera estuvo tan expuesta al control de ‘Jorge 40’ durante la administración de Combariza, que se llegó a decir que un día el jefe paramilitar estuvo en las instalaciones, por el ingreso de muchos vehículos blindados con vidrios polarizados y personal armado.
Hoy, dos años después de haber pasado por ese oscuro túnel, la empresa está facturando 12.000 millones de pesos mensuales y en octubre inaugurará una moderna planta de última tecnología. Mientras tanto, Combariza se encuentra preso, acusado de concierto para delinquir y lavado de activos en compañía de Teófilo Rey Linero, último gerente de Asis y ex jefe de seguridad de Camagüey.
Contra Coolechera hoy no hay un solo proceso como consecuencia de los hechos ocurridos en ese período de dominio de ‘Jorge 40’ y su anónima sociedad criminal. De esos socios se sabe que algunos están presos, otros muertos y muchos andan recomponiendo las fichas del rompecabezas en una historia que no parece tener final.
Publicado en SEMANA Fecha: 10/14/2006 -1276