Tras décadas de alianzas y operaciones conjuntas, el Eln y el Epl decidieron enfrentarse a sangre y fuego en esa subregión de Norte de Santander. El copamiento de los territorios que anteriormente controlaban las Farc y diferencias en el trato con la población civil habrían desatado la confrontación, que ya ha causado desplazamientos y confinamientos en zonas rurales.
Dieciséis meses después de que el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc firmaran el Acuerdo Final en Bogotá, anunciando el inicio de una época de “posconflicto” en Colombia, la promesa de “paz” está lejos de concretarse en territorios caracterizados por escenarios de conflictividad social, política y armada. Es el caso de la región del Catatumbo, integrada por 11 municipios de Norte de Santander, donde desde el pasado 14 de marzo desacuerdos entre el Eln y el Epl desembocaron en un enfrentamiento armado sin precedentes en la historia de ambas organizaciones, que tiene en alerta máxima al movimiento social y a las comunidades.
Los impactos que esta confrontación ha causado en la población civil han sido documentados por la Oficina de Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios (OCHA), que en un primer comunicado emitido el pasado 16 de marzo declaró que los enfrentamientos entre el Eln y el Epl afectaron a los pobladores de los municipios San Calixto, El Tarra, Teorama, Convención, Hacarí, El Carmen y Tibú, donde se habían presentado desplazamientos masivos; “retención temporal de civiles, incluyendo personal de misión médica”; dos civiles heridos; restricciones a la movilidad; cierre del comercio; y parálisis de las instituciones educativas, con afectaciones a 11.836 estudiantes y 553 docentes, todo lo cual constituye “infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
En un segundo comunicado, OCHA reportó el 20 de marzo que en las veredas Villanueva y La Primavera, de San Calixto, y en el corregimiento Mesitas, de Hacarí, 1.350 personas se encontraban concentradas en “refugios humanitarios” para resguardarse del fuego cruzado, con necesidades alimentarias y de atención en salud, así como en condiciones precarias de acceso a “frazadas, carpas, colchonetas, útiles de aseo y menaje”. La Oficina también reportó que la Defensoría del Pueblo regional Ocaña y la personería municipal de Hacarí habían recibido 18 declaraciones de desplazamiento forzado.
Para entonces, OCHA aseguró que el 80 por ciento de los estudiantes habían reanudado sus actividades, aunque 15 escuelas de El Tarra, Hacarí y San Calixto estaban cerradas. El mismo 20 de marzo, la organización humanitaria Consejo Noruego para Refugiados, que hace presencia en el Catatumbo, expidió un comunicado alertando sobre la urgencia de desescalar el conflicto y le pidió al gobierno nacional “atender con celeridad esta emergencia y garantizar la protección a la población civil”.
En una tercera comunicación de seguimiento, fechada este 26 de marzo, OCHA reportó un agravamiento de la situación humanitaria, al haberse incrementado a 2.400 el número de personas desplazadas en Hacarí y San Calixto. La Oficina también alertó por el confinamiento de tres mil personas en Convención, incluyendo comunidades indígenas, y por las restricciones que enfrentan 12.500 personas en Hacarí, El Carmen, San Calixto, Teorama, El Tarra y Sardinata para acceder a salud, educación, alimentación y agua.
La crisis, sin embargo, se venía gestando meses atrás, sin que las autoridades intervinieran para conjurarla.
Antecedentes
Organizaciones humanitarias y de derechos humanos con antigua presencia en el Catatumbo no dudan en señalar que el actual escenario de confrontación entre el Eln y el Epl está relacionado con la desaparición de las Farc como organización militar. Así lo explica Rafael Jaimes, presidente de la seccional Norte de Santander del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH): “Tradicionalmente, el Epl ha tenido un núcleo de actividad militar y política en Hacarí, La Playa y Ábrego. Sin embargo, atendiendo a que las Farc salían del escenario de confrontación armada, propició un proceso de expansión que inició en 2016 con una primera fase en San Calixto, Teorama y El Tarra. No obstante, lo hizo de una manera muy desordenada, generando una recomposición en las dinámicas de violencia en la región: gente de un municipio que aparecía asesinada en otro y ataques con francotiradores contra bases militares y de policía, todo lo cual se dio sin el acompañamiento de un proceso de expansión política”.
Ejemplo del cambio en esas dinámicas fue el asesinato de Nelly Amaya, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Guamalito, de San Calixto, sobreviviente del exterminio contra la Unión Patriótica (UP) e integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), ocurrido en enero de 2016. El crimen, de acuerdo con fuentes de la zona, habría sido cometido por el Epl luego de que Amaya se negara a acatar la exigencia de esa organización de no venderle comida a la policía en un restaurante de su propiedad. La amenaza, según las mismas fuentes, desconoció los criterios con los que las Farc y el Eln operaban en la región, al punto que para entonces “era impensable que una organización armada se metiera con una señora como Nelly”.
Una segunda etapa de expansión, de acuerdo con Jaimes, tuvo lugar en Tibú, Convención y Sardinata, con las mismas características de la primera: “Este proceso también fue muy débil desde el punto de vista ideológico y se hizo con un desconocimiento de las reglas del juego con que el Eln y las Farc actuaban en el territorio. El Epl rompió normas tácitamente establecidas, como que las estructuras armadas no estaban uniformadas en los cascos corregimentales, y empezó a desconocer a las organizaciones sociales, lo cual generó tensiones con el Eln”.
Con ese análisis coincide Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, una organización no gubernamental defensora de derechos humanos con asiento en Norte de Santander. Según él, “desde hace dos años el Epl llegó a territorios ex-Farc a desarrollar unas prácticas de castigo a la población, reuniendo a la comunidad y diciendo: ‘Estas son las nuevas normas y el que no las cumple se muere’. Eso ocurre en un contexto muy complejo, porque en el Catatumbo los procesos sociales son fuertes, las juntas de Acción Comunal han desarrollado códigos de conducta, definen asuntos relacionados con linderos y con el uso del agua, en fin, existen comunidades organizadas y politizadas a las que el Epl llegó a imponerse a través de la violencia, asesinando incluso líderes sociales, por lo cual empezaron los problemas con el Eln”.
Las nuevas prácticas también incluyeron advertencias de fusilamiento contra presuntos ladrones y consumidores de sustancias psicoactivas, imposición de horarios para la circulación de personas y prohibición de actividades comunitarias, bajo la lógica de evitar actividades de inteligencia militar. Cañizares y Jaimes coinciden en que ese control territorial violento incrementó los asesinatos en la región. Así lo demostrarían, además, las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal: durante 2015 se cometieron 87 homicidios en los 11 municipios del Catatumbo, mientras en 2016 el total fue de 156, para un incremento del 79 por ciento.
A nivel regional, la manera como el Epl decidió expandirse prendió las alertas sobre la conducción de la organización, a la que distintos sectores sociales del Catatumbo le conceden estatus político, pese a que el gobierno nacional lo considera un Grupo Armado Organizado (GAO) al que denomina como ‘Los Pelusos’. (Ver más en: La Directiva N. 15: estrategia tardía que abre varios interrogantes)
Hasta 1991, cuando el grueso de esa guerrilla se desmovilizó tras negociar con el gobierno nacional, la dirección estaba a cargo del clandestino Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista (PCC-ML). Y aunque hoy continúan apareciendo comunicados en el Catatumbo a nombre del PCC-ML, en los últimos años ha habido un proceso continuo de desmejora de la cualificación política del Epl, que contrasta con el crecimiento de su capacidad financiera y logística, así como de su pie de fuerza, cuyo combustible es el narcotráfico.
Esa situación se agravó con la muerte en combate del responsable financiero del Epl, Víctor Ramón Navarro, conocido como ‘Megateo’, en octubre de 2015, a quien se le atribuye el incremento de la participación del Epl en el negocio de las drogas. (Ver más en: Confinamiento en tierra de ‘Megateo’)
Muerto ‘Megateo’, considerado un objetivo de alto valor por la Fuerza Pública, las autoridades se concentraron en otros integrantes de la organización que, a diferencia de Navarro, tenían formación ideológica. Tal es el caso de Guillermo Aguirre, conocido como ‘David León’ o ‘Juan Montes’, que a comienzos de los años noventa integró el pleno del comité central del PCC-ML, participó en actividades de formación política en Medellín y Córdoba, y fue capturado por la policía en Medellín en septiembre de 2016.
En un informe de contexto sobre el Epl, elaborado por la Dirección Nacional de Análisis y Contexto, la Fiscalía aseguró que Aguirre tenía mando sobre cerca de 600 integrantes de esa organización y que había establecido control militar sobre el corregimiento San José del Tarra, de Hacarí. Al respecto, el ente investigador estableció que “si bien alias ‘Megateo’ fue el punto de quiebre de la extinta organización subversiva del Epl -la entidad la califica ahora como un GAO- debido a sus vínculos con el narcotráfico, no puede desconocerse que alias ‘Juan Montes’ o ‘David Aguirre’ mantuvo vínculos con la estructura de mandos del PCC-ML”.
Tras la captura de ‘David’, quedó al mando Jader Navarro Barbosa, conocido como ‘Caracho’, un curtido guerrillero que según registros de prensa ingresó a los 14 años al Epl y logró escalar hasta manejar la estructura de inteligencia de ‘Los Pelusos’ desde Hacarí. Pero empoderado de su nueva responsabilidad falleció en octubre de 2016 por causas no precisadas aún, se habla de muerte natural, a causa de la diabetes, pero también de asesinato.
Cañizares asegura que, tal como en el caso de Aguirre, “la Fuerza Pública empezó a realizar una serie de operaciones especializadas contra el Epl tras la muerte de ‘Megateo’, al punto de que poco más de dos años después todos los comandantes están muertos o presos, quedando la organización con dificultades en la conducción política y militar”. Agrega, además, que “el PCC-ML hace vida política y social en la región, pero sus integrantes no tienen las calidades necesarias para direccionar el brazo armado”.
Todo ello habría generado prácticas violentas contra la población, amarradas a un aumento en la participación del Epl en la cadena del narcotráfico dada la explosión de cultivos de hoja de coca para uso ilícito que ha experimentado la región. Así, mientras en 2015 había 11.527 hectáreas en el Catatumbo, en 2016 la cifra ascendió a 24.587, para un aumento del 113 por ciento, según el último reporte de monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc).
Confrontación atípica
Las diferencias entre el Eln y el Epl empezaron a exacerbarse el pasado 20 de enero, cuando, según la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, guerrilleros del Eln dispararon contra una canoa en la que se transportaban por el río de Oro, en la frontera colombovenezolana, el cacique Leonardo Catsú y dos integrantes más de la comunidad indígena Bokshí.
Aunque esa comunidad está ubicada en Venezuela, los Barí se consideran un pueblo binacional, por lo que los indígenas del lado colombiano destruyeron un campamento del Eln y expulsaron a militantes de esa organización “que habitaban casas a las orillas del río de Oro”, todo lo cual calificaron como “un acto legítimo de resistencia y defensa del territorio”, según un comunicado expedido en febrero pasado.
Tras ese hecho, y pese a que la mayor parte los cuestionamientos por el trato hostil con los civiles recaían sobre sus hombros, el Epl emitió un comunicado rechazando el ataque contra el pueblo Barí y cuestionando duramente al Eln. En el documento, el Epl opinó que “la prohibición del tránsito de las comunidades por los caminos tradicionales, la imposición de compras y cultivos, la extorsión permanente y el continuo irrespeto a la actividad de las organizaciones en la frontera con Venezuela son una muestra (de) que en el Catatumbo esta organización no adelanta una guerra justa contra el enemigo sino contra el pueblo”.
Ese comunicado habría generado la reacción del Eln, que el pasado 14 de marzo atacó al Epl en por lo menos ocho puntos de cinco municipios del Catatumbo. Hasta el pasado 22 de marzo, un número indeterminado de combatientes habría muerto por los enfrentamientos, en hechos que desencadenaron la situación humanitaria descrita por OCHA, el Consejo Noruego para Refugiados y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El temor se incrementó la semana pasada por cuenta de la concentración de decenas de guerrilleros de ambas partes, así como por la incursión del Eln al centro poblado del corregimiento Filo El Gringo, de El Tarra, donde guerrilleros “buscaban a los milicianos del Epl”, según detallaron fuentes que pidieron la reserva de su nombre por razones de seguridad.
En redes sociales circulan, además, fotos de combatientes muertos y mutilados, por lo que las mismas fuentes señalan que “nos extraña mucho el odio y la sevicia de los ataques, que recuerdan las acciones de los paramilitares. Sobre todo, porque pareciera que ellos fueran enemigos acérrimos, contrario a lo que ha sido la historia de camaradería, respeto y trabajo conjunto que han sostenido los mandos, que además son de la región”.
En efecto, y según detalla la Fiscalía en su informe de contexto, el Eln y el Epl sostuvieron relaciones de cooperación en el Catatumbo desde antes de la década del noventa, llegando a “realizar no solo operaciones de carácter conjunto, sino campañas y campamentos con el fin de diezmar los ataques de la Fuerza Pública y el paramilitarismo”. Más aún, tras la desmovilización de 1991, el Eln protegió a los combatientes del Epl que no se acogieron a la negociación con el gobierno y que tenían pocas posibilidades de subsistir por su cuenta. De acuerdo con el ente investigador, “el proceso de desmovilización se desarrolló con grandes divisiones internas y la disidencia del Epl que permaneció en el Catatumbo empezó a recibir apoyo del Eln, que los ayudó a reorganizarse”.
Asimismo, el Eln protegió al Epl en 2000, cuando la incursión de esa organización en el negocio del narcotráfico, entonces controlado por las Farc, llevó a esa última guerrilla a “declararle la guerra al Epl”. En un pronunciamiento emitido el pasado 20 de marzo, el Eln se refirió a esa situación, sobre la cual aseguró que “el Eln asumió el reto y costo político y militar para ese momento histórico al defender al Epl, y por tal motivo recibimos varios ataques de las Farc, pues el Frente de Guerra Nororiental estaba defendiendo al Epl y brindándole refugio en nuestros territorios”.
Esa relación también ha estado mediada por la constante vinculación de personas de la región a ambas organizaciones, al punto de que una misma familia puede tener integrantes en una y otra estructura. De hecho, en un comunicado fechado el pasado 22 de marzo, líderes sociales y comunales de El Tarra, Tibú, Hacarí, Teorama y San Calixto rechazaron la confrontación y explicaron que “con esto (el Eln y el Epl) están creando más resentimiento y enemigos en los pobladores del Catatumbo, porque recuerden que hay familias y amigos que pueden tener integrantes en ambas organizaciones”.
La situación, sin embargo, se ha agudizado por el cruce de señalamientos públicos. Así, mientras en el 20 de marzo el Eln calificó al Epl como “una guerrilla desfigurada en su concepción revolucionaria y alejada de los sentimientos populares; agresiva e impositiva con la población; degradada por sus alianzas con el bandidaje de los carteles de la droga”, el Epl acusó al Eln de tener “una actitud intransigente abriendo paso a la guerra, tomando posiciones agresivas contra nuestra base, calumniando nuestra organización con un lenguaje parecido al que usan las élites paramilitares y económicas del país”.
Christian Visnes, director en Colombia del Consejo Noruego para Refugiados, le dijo a VerdadAbierta.com que esa organización humanitaria ya había alertado sobre la posibilidad de que el conflicto se exacerbara en el Catatumbo tras la desaparición de la guerrilla de las Farc, especialmente por cuenta de la continuidad de la histórica debilidad del Estado en la región.
Al respecto, explicó que “cuando las Farc se desmovilizan hay una reorganización de la zona de parte de los actores armados, porque lamentablemente el Estado no entra y establece control, situación que también ha ocurrido en todo el Pacífico y el sur del país”. Y agregó que “está claro que estos grupos (el Eln y el Epl) no se han puesto de acuerdo sobre quién, dónde y sobre qué ejercen el control”, desatándose la violencia y, con ella, los riesgos para la población civil.
En ese escenario, las organizaciones sociales y comunitarias se han movilizado y pronunciado públicamente para exigir una salida dialogada al conflicto, el acatamiento del Derecho Internacional Humanitario y el respeto a la autonomía de los procesos organizativos.
Clamor de las comunidades
Ante la escalada de violencia, el movimiento social del Catatumbo ha emprendido jornadas de concentración e incidencia política. Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), cuenta que “desde que se conoció este enfrentamiento ha habido una movilización social muy fuerte en todos los corregimientos y municipios, que da muestra de que en la región no estamos de acuerdo con la guerra y menos con un enfrentamiento entre grupos insurgentes”. Y agrega que “hemos tenido marchas en varias cabeceras municipales y concentraciones en los parques, jalonadas por las juntas de Acción Comunal, los movimientos sociales y las iglesias de todos los credos, analizando constantemente la situación humanitaria y en la búsqueda permanente de diálogos con las partes en contienda”.
En ese sentido se han pronunciado la junta de acción comunal del corregimiento San Pablo, de Teorama, que ha exigido la salida de todos los actores armados de la cabecera corregimental; el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca); el CPDH; líderes comunitarios de El Tarra, Tibú, Hacarí, Teorama y San Calixto; y una asamblea de presidentes y dirigentes de juntas de acción comunal de varios corregimientos de El Tarra, Tibú y Sardinata. El pasado 23 de marzo, estos últimos les pidieron al Eln y al Epl llegar “a un acuerdo” y rechazaron los bloqueos de vías, las amenazas que “han llevado al desplazamiento de personas y familias” y los cierres forzados del comercio y las escuelas, así como “los comunicados anónimos de las redes sociales que crean zozobra en las familias”.
A diferencia de la diligencia de las comunidades, en la región se lamentan por la falta de voluntad de las autoridades locales, regionales y nacionales en la búsqueda de una solución distinta a la militar. Para Rafael Jaimes, presidente de la seccional Norte de Santander del CPDH, “las juntas de acción comunal han asumido un liderazgo que no han tenido las alcaldías, que no han emitido ningún comunicado frente al tema. Pareciera que la autoridad civil está supeditada a la autoridad militar, porque hasta el momento todo ha estado mediado por la Fuerza Pública, cuya presencia incrementa el riesgo en momentos como este”. E insiste en que “nos preocupa que se militarice aún más el territorio, en un contexto en el que el gran ausente ha sido el gobierno nacional, que debería atender la situación humanitaria e impulsar las iniciativas comunitarias”.
A largo plazo, y ante la difícil coyuntura que atraviesa la región, el CPDH y varias organizaciones de mujeres, buena parte de ellas vinculadas al Partido Comunista y a Marcha Patriótica, le pidieron al gobierno acelerar los diálogos con el Eln en Quito, Ecuador, así como reconsiderar su posición sobre el estatus del Epl con miras a buscar una solución política con esa organización, todo lo cual contribuiría a mejorar la situación humanitaria en el Catatumbo.
De hecho, a comienzos de año las comunidades daban cuenta de un descenso importante de la conflictividad armada por cuenta del cese al fuego bilateral, nacional, temporal que decretaron el gobierno nacional y el Eln entre el 1 de octubre y el 9 de enero. (Lea más: No habrá continuidad del cese al fuego bilateral con el Eln).
Quintero, además, llama la atención por las demoras en la implementación de elementos del Acuerdo Final que podrían haber contenido la situación actual, tales como la puesta en marcha de las medidas de seguridad integral para las comunidades rurales y el desarrollo expedito del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, del que en la región existe apenas un piloto en la vereda Caño Indio, de Tibú, donde tiene asiento un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de excombatientes de las Farc.
Consultado por los avances de la implementación en el Catatumbo, Visnes asegura que “ha sido muy lamentable, dado que no hemos podido identificar una escalada de acciones civiles del Estado en relación con los acuerdos de paz. Ni siquiera hemos visto acciones tendientes a facilitar la reincorporación de los excombatientes, por lo que el acuerdo ha sido una gran frustración para la población, que en 2016 tenía grandes expectativas de que el Estado iba a llegar con todas sus instituciones a las zonas rurales”.
Así las cosas, y como ha sido tradición en el Catatumbo, son las comunidades, las organizaciones defensoras de derechos humanos y el movimiento social los que han tenido que asumir la tarea de buscar soluciones al escalamiento del conflicto, pese a que son ellos quienes reciben los mayores impactos de la guerra y de la debilidad institucional.
