Once personas, en su mayoría miembros de la guerrilla del M-19, fueron asesinadas extrajudicialmente por integrantes de la Policía Nacional. Colectivos de derechos humanos recordaron este hecho durante esta semana en la capital de la República.
Un comando de la guerrilla del M-19 robó un camión repartidor de leche en el barrio Diana Turbay, suroriente de Bogotá, y distribuyó su contenido entre los habitantes de sectores cercanos como Malvinas, Guacamayas y San Martín. La zona fue rápidamente acordonada por 246 efectivos de la Policía y del Ejército, y asesinaron a once personas de manera extrajudicial. No todos eran alzados en armas. La osada acción insurgente y la macabra reacción estatal fueron perpetradas el 30 de septiembre de 1985.
Por esos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de fondo en 1997 en el que consideró que esas personas “fueron ejecutados arbitraria y sumariamente por agentes de las fuerzas públicas”.
Este año, tras 20 años de difundido ese informe, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Corporación Nuevo Abril, integrada por excombatientes del M-19, se asociaron durante esta semana para conmemorar los hechos y recordar a las víctimas con la participación de diferentes colectivos barriales y organizaciones sociales. La jornada incluyó, entre otras actividades, la realización de murales en las universidades Pedagógica, Nacional y Distrital, y la siembra de árboles en el sector donde perdieron la vida los once jóvenes.
Felipe Gamboa, miembro del colectivo Corponírico Épsilon, uno de los promotores de la conmemoración, asegura que “con estas acciones se empieza a indagar sobre quiénes eran esos once jóvenes, más allá del hecho victimizante, y encontramos los valores de una juventud supremamente inquieta y comprometida políticamente. Se trata de esa memoria que nos permite empoderarnos y mantenernos vivos”.
El asesinato de los jóvenes ocurrió durante la campaña que el M-19 denominó “De pie Colombia”, con la que pretendía incrementar su actividad político-militar en áreas urbanas tras el rompimiento del proceso de paz con el gobierno del entonces presidente de la República. Belisario Betancur (1982-1986).
Aunque en el lugar del robo del camión hubo un breve enfrentamiento, los informes balísticos indicaron que varios de los impactos recibidos por las víctimas fueron realizados a corta distancia, por lo que fueron calificados como tiros de gracia. Los testimonios de dos sobrevivientes y de otros habitantes del sector confirmaron que los policías dispararon contra los insurgentes cuando estaban en estado de indefensión.
“Se trató de un enfrentamiento de salida, ‘vámonos que nos llegaron’, unos tiros y ya. Además, los muchachos no eran del territorio, y estaban muy ‘buñuelos’ en la guerra: iban con unos revólveres y unas ‘pistolitas’. Fue un despropósito matarlos así, más de 200 policías contra once ‘pelados’ a los que operativamente les faltaba mucho”, afirma Javier Grajales, exmilitante del M-19 y representante de la Corporación Nuevo Abril.
Huyendo de la Policía, los integrantes del comando subversivo se disgregaron y corrieron en direcciones diferentes, por lo que los hechos se registraron en tres zonas distintas del suroriente de Bogotá: Diana Turbay, Bochica y en límites con la localidad de Usme.
En el Diana Turbay, cuatro de las víctimas se subieron en un bus que iniciaba su recorrido: José Alberto Aguirre, estudiante de 19 años; Jesús Fajardo Cifuentes, estudiante de 23 años, y Francisca Rodríguez, educadora de 22 años, eran integrantes del M-19. La cuarta víctima era Javier Bejarano, un trabajador de 19 años, quien nada tenía que ver con esa guerrilla.
En el vehículo de servicio público también viajaba el hermano de Javier Bejarano, Leonardo, quien fue herido por la Policía, y Jorge García, otro integrante del M-19 que, a pesar de las heridas, sobrevivió a la balacera. Ambos se convirtieron en testigos clave ante la CIDH.
En un punto del trayecto del bus, el agente de la Sijín de la Policía José Manuel Cristancho Romero abordó el vehículo esgrimiendo un arma y ordenando que los 12 pasajeros permanecieran quietos. Acto seguido le indicó al conductor que se dirigiera a la comisaría más cercana, ubicada en Tunjuelito.
Sin embargo, los integrantes del M-19, que se ubicaron en la parte trasera del bus, lanzaron un artefacto explosivo contra el agente, que comenzó a disparar indiscriminadamente contra ellos. Pese a que los guerrilleros quedaron heridos, el policía disparó a corta distancia para rematarlos, según cuentan testigos. Asimismo, agentes policiales dispararon contra Javier Bejarano y su hermano, al percatarse que seguían con vida.
La declaración de Leonardo Bejarano ante la CIDH fue detallada: “Yo agaché la cabeza y me quedé ahí agachado, luego fue cuando yo no sé quién subió, yo miré y fue cuando me dieron el primer tiro, me escurrí y quedé con la cabeza apoyada en los pies de mi hermano, botando sangre por la boca. Luego ya subieron más señores del F-2 que portaban radios y decían ‘mi capitán están todos muertos, no hay ningún herido’. Luego se acercaron otra vez adonde nosotros y como a mi hermano no lo habían herido le pegaron un tiro, entonces fue cuando me vieron que yo estaba con vida y medijeron ‘este hijo de puta no se muere’. Sacaron y me pegaron otro tiro”.
Otros de los miembros del M-19 corrió hacia el barrio Bochica, donde también fueron acorralados por un piquete de agentes de la Policía Nacional. Isabel Cristina Muñoz Duarte, estudiante de 23 años y miembro de esa guerrilla, se refugió en la casa de Mélida Quintero, a quien le solicitó ayuda. La señora subió a la azotea para hablar con los agentes que rodearon el inmueble y los uniformados le indicaron que la joven debía entregarse y aseguraron que se le respetaría la vida. Sin embargo, al salir con las manos en alto y dejar caer el revólver que portaba, Isabel Cristina fue baleada.
En ese mismo barrio también murieron Arturo Ribón Avilán, estudiante de 27 años, y Yolanda Guzmán Ortiz, estudiante de 23 años, miembros del M-19. Ambos fueron rematados a corta distancia por los policías.
Los jóvenes Martín Quintero Santana y Luis Antonio Huertas Puerto, de 23 años de edad y miembros del M-19, quienes caminaban tratando de pasar desapercibidos por el barrio, fueron señalados por un agente vestido de civil con brazalete del F-2, quien les ordenó que se tiraran al suelo, a lo cual los dos jóvenes obedecieron. Una vez en el postrados y reducidos fueron golpeados por varios miembros de la policía y luego asesinados.
“Luego un agente civil les dijo a los otros agentes que estaban uniformados: ‘quítense’, y él empezó a dispararles a los que estaban en el piso con una metralleta. Ellos no hicieron resistencia, se quedaron quietos y el agente disparó varias veces”, relató ante la CIDH el testigo presencial José Álvaro Ramírez Delgado.
Finalmente, en la vereda Los Soches, de la localidad de Usme, fueron asesinados José Alfonso Porras Gil, de 19 años, y Hernando Cruz Herrera, de 23 años, quienes, según los policías, fueron “dados de baja” tras un enfrentamiento, lo cual fue desmentido por el técnico de balística al determinar que ambos fueron rematados.
En la impunidad
“Ellos colaboraban, eso era algo bueno”, afirmó una habitante del barrio. Foto: Federico Gutiérrez García.
La CIDH concluyó en su informe de 1997 que el Estado vulneró los derechos de las once personas asesinadas y le recomendó investigar los hechos. A pesar de ello, no fue sino hasta 2014que la Corte Suprema de Justicia ordenó la reapertura de la investigación en la justicia ordinaria tras concluir que la justicia penal militar, que abordó inicialmente el proceso, no era competente para asumir el caso.
“El Estado colombiano violó los derechos a la vida, a la integridad física, a las garantías judiciales y a la protección judicial (…) por la ejecución extrajudicial de Arturo Ribón Avilán, Yolanda Guzmán Ortiz, Martín Quintero Santana, Luis Antonio Huertas Puerto, Isabel Cristina Muñoz Duarte, José Alberto Aguirre Gutiérrez, Jesús Fernando Fajardo Cifuentes, Francisca Irene Rodríguez Mendoza, Javier Bejarano, José Alfonso Porras Gil y Hernando Cruz Herrera y la falta de justicia en la cual cayeron estos hechos”, se lee en el documento de la Comisión.
La decisión de la CIDH estuvo sustentada en las fallas y controversias judiciales que se presentaron durante el proceso contra los 33 policías que participaron en los hechos. Por ejemplo, que el juicio en la justicia penal militar estuvo a cargo del brigadier general José Manuel Cargas Villegas, quien autorizó el operativo, por lo que actuó de juez y parte al concluir que no había mérito para convocar un consejo de guerra. La decisión fue reafirmada por un tribunal superior militar en 1987 y 1988.
“Pese a la solicitud de la CIDH de que se investigara efectivamente a las personas que participaron en esos hechos, la justicia se demoró demasiado en establecer la acción de revisión respectiva, particularmente frente a las cesaciones de procedimiento que hubo contra los policías”, asevera Alejandro Malambo, coordinador de litigio internacional de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que llevó el caso a la CIDH.
En 2012, los corones de la Policía Henry Fernández Castellanos y Luis Joaquín Camacho Sarmiento fueron arrestados por su presunta responsabilidad en esos hechos, particularmente del asesinato de José Alonso Porras Gil y Hernando Cruz Herrera.
Para las familias de las víctimas, la única medida reparadora que han obtenido es la sentencia de 1993 en la que el Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó una reparación administrativa por 6.500 gramos oro. A la fecha no se ha emitido ninguna condena por los sucesos ocurridos aquel 30 de septiembre de 1985, hace ya hace 32 años.
