Una sentencia del Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena tiene en vilo a 23 familias de esta región del Cesar que ayer estuvieron a punto de ser desalojada de las parcelas que han cultivado por cerca de tres décadas. La diligencia se suspendió y ahora el caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
“Es muy duro que le digan a uno que lo van a sacar de la tierra. No tenemos para dónde coger, nuestro sustento está aquí”, se lamenta Orlando Cuesta, resumiendo la incertidumbre de estas familias campesinas sobre su permanencia en La Esperanza, un predio de 603 hectáreas sobre el que el Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena dictó una sentencia y decidió que debe ser restituido a la familia Flórez Girón, que acreditó los títulos de propiedad, y no a los labriegos, que la cultivan hace 27 años. (Leer más en: La extraña ‘Esperanza de la restitución en Codazzi)
Para cumplir las órdenes dadas por el Tribunal, ayer arribó a La Esperanza el Juez Segundo Especializado de Valledupar, acompañado por un piquete del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía y tropas del Ejército Nacional con el fin de desalojar a los ocupantes y devolverle el predio a los Flórez Girón. Sin embargo, se decidió suspender la diligencia por dos meses luego de que el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (Icbf) advirtiera las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad campesina, entre las que hay niños, mujeres en estado de embarazo y personas de las tercera edad.
“El desalojo fue suspendido, pero eso no nos quita la angustia. Cuando supimos del desalojo nos cayó la tristeza, pensando a dónde íbamos a parar. El Tribunal tomó la decisión sin tener en cuenta nuestra condición de víctimas y el trabajo arduo que hemos hecho en estas tierras”, asevera Ivonne Johanna Orozco, otra campesina que reclama la posesión de las tierras de La Esperanza.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a los labriegos en los tribunales, asegura que ésta es una decisión que debe ser revisada. “La restitución no puede revictimizar”, afirma la abogada Paula Villa, integrante del equipo de la Comisión, por tal motivo y, ante el posible desalojo, esta organización no gubernamental presentó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia solicitándole la revisión del fallo del Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena.
“Hay errores”: CCJ
La sentencia de restitución, proferida el 29 de marzo de 2017 y que casi un año después se está ejecutoriando, incorpora las versiones tanto de la familia Flórez Girón como la de los campesinos. Durante el juicio, Alba Lilia Flórez contó que en 1992 le compró los derechos herenciales a su esposo Jorge Andrés Girón y que delegaron la administración de la finca La Esperanza al mayordomo. La mujer aseveró que decidieron no volver a visitar el predio después de que en 1993 el éste les informara sobre supuestas amenazas del Frente 41 de las Farc. (Sentencia caso La Esperanza)
Por su parte, los campesinos que ocupan el predio detallaron que su ingreso al lugar ocurrió en 1991, cuando el mayordomo les dijo que Andrés Girón, para entonces el dueño, le pidió buscar gente para trabajar las tierras y que el pago se haría con las cosechas. Los parceleros indicaron, además, que el antiguo Incora hizo los trámites para comprar La Esperanza, pero que el proceso no prosperó; y argumentaron que también fueron víctimas de la violencia perpetrada por las Farc y los paramilitares, por lo que muchos fueron desplazados en 2002, retornando sólo en 2005, cuando encontraron garantías para seguir cultivando.
En la sentencia, las magistradas decidieron conceder la restitución a los Flórez Girón y declarar “segundos ocupantes” a los campesinos, indicando que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) Territorial Cesar-Guajira debía caracterizar a la comunidad para tomar medidas al respecto.
Al respecto, la CCJ reitera que el fallo tiene “tres defectos que vulneran el derecho fundamental al debido proceso”. Primero, que el Tribunal tomó la decisión cuando sobre el predio cursa otro proceso de restitución en el Juzgado Tercero Especializado de Restitución de Valledupar. Fue el Tribunal el que realizó la “ruptura procesal”, enviando la reclamación de los campesinos a ese Juzgado. Además, advierte que esto va en contravía de los artículos 76 y 95 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que exige la “acumulación” de los procesos cuando sobre un predio hay varias solicitudes de restitución.
El segundo defecto, advierte la CCJ, es concluir que los campesinos son segundos ocupantes “sin soporte alguno”, cuando en la misma sentencia el Tribunal reconoce que fueron víctimas del conflicto armado. En ese sentido, apunta, declararlos “segundos ocupantes” es “desconocer su calidad como víctimas sucesivas”, como está consignado en el Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas. (Lea el comunicado aquí)
La CCJ y los campesinos no entienden por qué el Tribunal no consideró las pretensiones de los Flórez Girón, quienes, durante el juicio, expresaron que preferían una compensación económica, dada su avanzada edad y condiciones de salud. “La Comisión no pone entredicho que la familia Flórez Girón sea víctima. Es que durante el juicio ambas partes hubieran tenido los mismos derechos, y se hubiera analizado su vocación agrícola y relación con el predio”, precisa Villa, jurista de la CCJ.
La abogada reitera que por esa razón desde noviembre pasado la Comisión y la URT solicitaron al Tribunal “modular el fallo”, pero que las magistradas rechazaron la petición, explicando que tal acción sólo aplica para asuntos de forma y no de fondo de una sentencia de restitución. Como estas decisiones no tienen recurso de apelación, Villa dice que por ello interpusieron una tutela ante la Corte Suprema de Justicia, indicando que la sentencia desconoció los “derechos a la restitución de tierras, acceso a la justicia, debido proceso, igualdad, vivienda y trabajo” de los campesinos.
Orlando Cuesta no sabe, por ejemplo, cómo pagará el crédito de 17 millones que le otorgó el Banco Agrario, si llegan a desalojarlos. “Hace unos ocho meses pedí ese préstamo para sembrar plátano y sólo he pagado una letra. Tenemos 27 años de trabajar las tierras, lo hemos hecho con mucho esfuerzo y sobreviviendo al conflicto. Esta no es la paz que promete el gobierno”, se queja.
Por su parte, Ivonne Johanna Orozco, le pide a las magistradas “que revisen el expediente, que tengan en cuenta la calidad humana y la lucha de esta comunidad que sufrió la violencia. La Esperanza es una comunidad de paz, podremos tener diversos apellidos, pero acá todos somos una familia que cultiva las tierras”, y detalla que, con mucho esfuerzo, producen yuca, plátano, tomate, ají, maíz y variedad de frutales.
Fidel Antonio Mieles Gámez, otro de los campesinos afectados con la decisión, expresa que la suspensión del desalojo no es una garantía para la tranquilidad de la comunidad: “no me imagino qué va a pasar. ¿Cómo el gobierno va a resolver la situación de una comunidad tan grande? Eso es como desplazar un pueblo”.
Por ahora, los labriego seguirán en La Esperanza, a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que en unos 10 días decidirá si el Tribunal de Cartagena se equivocó o no, lo que determinará el futuro de estas 23 familias campesinas.
