Un informe de Crisis Group revela cómo los grupos armados explotan los prejuicios contra las minorías sexuales para afianzar control territorial. La fragmentación de estos grupos desde el Acuerdo de Paz ha vuelto las amenazas más impredecibles.
En las zonas rurales de Colombia, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales enfrentan hoy una paradoja brutal: tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, que prometía poner fin al conflicto armado, las amenazas contra ellas se han vuelto más impredecibles y las medidas de autoprotección que antes funcionaban dejaron de ser efectivas.
La fragmentación de los grupos armados trajo consigo un mosaico cambiante de poderes locales donde los liderazgos rotan frecuentemente y cada comandante impone sus propias reglas. Lo que ayer era permitido, hoy puede costar la vida. Esta incertidumbre, según un informe publicado este martes por Crisis Group, se ha convertido en una de las armas más efectivas para someter a las comunidades.
“En medio de un conflicto fragmentado, las personas LGBTQI+ se enfrentan a una mayor incertidumbre sobre cómo protegerse de grupos armados indisciplinados, cambiantes y poco predecibles”, explica Cristal Downing, directora del proyecto de Crisis Group sobre Género y Conflicto. “Esto ocurre sobre todo en zonas rurales, donde puede haber presencia de varios grupos y el control territorial cambia rápidamente”.
El informe Explotando los prejuicios: Personas LGBTQI+ y grupos armados en Colombia se basa en trabajo de campo realizado entre 2023 y 2025 en Montes de María, Guaviare, Nariño y Catatumbo, con entrevistas a decenas de personas LGBTQI+.
Cuando las reglas cambian cada semana
Antes del acuerdo con las Farc, las personas LGBTQI+ en zonas de conflicto al menos conocían las reglas de los grupos armados que controlaban sus territorios. Aunque estas normas se imponían con violencia, les permitían tomar medidas para protegerse: saber dónde podían vivir y trabajar, si debían ocultar su identidad, cuándo y a quién pagar extorsiones.
“Cuando estaban las Farc pues se tenía miedo, pero por lo menos se sabía que las Farc por lo menos preguntaban”, explica una lideresa LGBTQI+ del Catatumbo. “Ahora no, ahora simplemente… ellos tienen sus listados internos”.
Un activista de derechos humanos que trabaja en el Pacífico entrevistado por el centro de investigación dijo que en ese contexto es difícil “saber si una orden que se dio hoy seguirá siendo la misma dentro de una semana. Eso implica entonces que quienes estamos en territorio, más aún las personas LGBTQ+, vivamos una situación de incertidumbre muy crítica”.
La violencia como herramienta de control
Los grupos armados y criminales, que incluyen disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocids como el Clan del Golfo, y otras estructuras, atacan a las personas LGBTQI+ como parte de sus estrategias para dominar territorios.
“Los grupos armados y criminales imponen sus reglas y sanciones para establecer su control territorial y obtener ingresos de economías ilícitas, incluyendo la extorsión”, dice Downing. “Estos grupos con frecuencia se aprovechan de prejuicios conservadores para ganarse el apoyo de las comunidades al expulsar o eliminar a personas consideradas ‘indeseables’, como sucede a menudo con miembros de la población LGBTQI+”.
El informe documenta casos en Tumaco, donde residentes han pedido a disidentes de las Farc expulsar a personas LGBTQI+, obligándolas a pagar multas de 5 millones de pesos con apenas horas para abandonar la zona.
En Roberto Payán, Nariño, el Bloque Occidental Alfonso Cano robó kits de pruebas rápidas de VIH y obligó a hombres sospechosos de ser homosexuales a hacerse la prueba. Si resultaban positivos, los asesinaban o los expulsaban, justificando su accionar con el argumento de estar ‘erradicando enfermedades’, según la investigación.
Un líder social de la Amazonía describe la actitud de los nuevos grupos que llegaron tras el acuerdo: “No quieren ver a personas LGBTI, no quieren ver personas con cabello pintado, no permiten que vaya un chico con aretes porque para ellos eso rompe la política que ellos tienen como grupo”.
El Registro Único de Víctimas documenta 5.360 personas LGBTQI+ asesinadas entre 1980 y 2016, una cifra que probablemente subestima la magnitud de la violencia, pues muchos colombianos temen identificarse públicamente como LGBTQI+ debido al estigma.
La Comisión de la Verdad, creada tras el Acuerdo de Paz, proporcionó una imagen más clara del precio que pagó esta población durante el conflicto. Su informe Mi cuerpo es la verdad documentó cómo tanto paramilitares como guerrillas usaron la violencia para obligar a las personas a ajustarse a estereotipos de género tradicionales.
El Estado, ¿parte del problema?
Crisis Group reconoce que Colombia tiene un marco jurídico robusto para proteger a las minorías sexuales. El Acuerdo de Paz de 2016 incluyó disposiciones sobre género reconocidas internacionalmente. El problema está en la implementación.
Sin embargo, las personas LGBTQI+ consultadas por Crisis Group señalaron que ven a las fuerzas estatales “como parte del problema, no de la solución”. Muchos policías y funcionarios judiciales discriminan, y las instituciones no están preparadas para registrar y responder adecuadamente a sus casos.
Aunque existen protocolos y capacitaciones, cambiar actitudes en zonas rurales sigue siendo un desafío enorme, dice Crisis Group. La rotación frecuente de personal implica que no hay garantía de que los agentes hayan recibido formación sobre el tema.
Ante la ausencia de protección estatal efectiva, las comunidades LGBTQI+ han tenido que organizarse. “Creamos un manual de autoprotección que cuenta con primeros auxilios físicos y psicológicos y una ruta para el tema virtual”, cuenta la lideresa del Catatumbo. “Si alguno de los compañeros recibe una amenaza, ya se puede guiar sobre qué hacer en ese momento”.
Pero el activismo tiene sus costos. “Quienes aún resisten en el territorio y ejercen liderazgos o quienes se reconocen abiertamente como personas LGBT corren un riesgo muy, muy alto”, advierte el activista del Pacífico.
El informe insta a las instituciones estatales a mejorar su coordinación, poner fin a su propia discriminación, y asegurar la participación en las negociaciones de paz actuales y futuras a las personas LGBTQI+.
