Una investigación del periodista Roberto Romero sobre el genocidio de la Unión Patriótica (UP) revela que solo se han resuelto 137 de 1.598 casos, es decir que el 91 por ciento siguen en la impunidad.
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| “El genocidio de la UP es uno de los episodios más vergonzosos de la historia del país”, palabras de Carlos Lozano del semanario Voz, ex militante de la UP. Foto de Manuel Cepeda cuando trabajaba en el periódico Voz. Cepeda fue asesinadoen 1986. |
El periodista y ex militante de la UP, Roberto Romero Ospina, quien es investigador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, encontró que las investigaciones de la mayoría de los asesinatos contra los miembros de este partido político siguen en la impunidad y la justicia tardaría unos 60 años en esclarecerlos.
De acuerdo al estudio, después de más de dos décadas la cuota de impunidad es del 91% pues desde 2007 hasta marzo de 2011, sólo se habían generado 137 sentencias de los 1.598 casos, 98 de ellas a miembros de grupos paramilitares.
Este periodista realizó un informe llamado “Unión Patriótica: expedientes contra el olvido”, en el que hace una reconstrucción de la memoria del genocidio de la UP.
El principal elemento que revela este libro es que, por primera vez, identifica los nombres de cada una de las 1.598 víctimas de la UP registradas hasta el momento.
“El primer paso para llegar a la verdad es identificar a las víctimas”, dice Romero en diálogo con VerdadAbierta.com, por esta razón dedicó un apartado completo de su obra a citar por su nombre y apellido, así como los lugares y las fechas en los que se cometieron los asesinatos y los presuntos responsables de los delitos.
“Detrás de las cifras hay seres de carne y hueso que murieron por un ideal político, no son simples números”, agrega Romero.
El informe reunió los reportes periodísticos del semanario Voz (periódico del Partido Comunista) y los archivos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH- desde 1984 hasta 1997.
Según el periodista, la persecución contra los miembros de este partido no ha terminado. A pesar de que los años más críticos fueron entre 1985 y 1989, que coincide con el auge electoral de la UP y con el cremiento del paramilitarismo, el 31 de diciembre de 2010, a pocos minutos del año nuevo, fue asesinado en Tuluá, Valle, José Lenin Mayusa, el último de una familia de militantes de la UP, de los cuales 3 hermanos fueron asesinados y sus 3 hermanas detenidas por la policía.
La violencia contra las mujeres de la UP
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Campaña electoral de Clara López a la Alcaldía de Bogotá. De izquierda a derecha, Víctor Manuel Mojica, del Frente Popular, Carlos Romero, Gilberto Vieira, Bernardo Jaramillo y Clara López, del Nuevo Liberalismo Independiente, marzo de 1988. Foto: Voz |
Las mujeres de la UP también fueron víctimas de las persecuciones. La alcaldesa encargada de Bogotá, Clara López, relata en el libro de Romero, que cuando fue candidata a la alcaldía por este movimiento en 1988, encontraba a diario a la salida de su casa grafitis amenazantes.
“La mano negra de todos los tiempos ha estado presente, aunque muchos tratan de invisibilizarla”, dijo en el libro. “Es increíble como aún muchos desconocen la existencia del genocidio a pesar de que existen todas las pruebas que relacionan al Estado, militares y autodefensas en el plan de exterminio”, agregó.
Romero sostiene que la peor parte la llevan las familias que se atreven a denunciar sus casos a la Fiscalía, luego de más de 20 años, porque los siguen amenazando para silenciarlos. “Por eso es absurdo que las autoridades exijan para la publicación de este tipo de reconstrucciones históricas que las familias de las 1.598 víctimas declaren la veracidad de los hechos”, afirma Romero.
El genocidio democrático
Los resultados del estudio muestran que, en las zonas en donde nació y se desarrolló el paramilitarismo, coinciden con la mayor concentración de crímenes en contra de miembros de la UP. Con el aumento de los atentados vino el descenso de las votaciones de los aspirantes a cargos públicos de la UP y el miedo generó la diáspora de sus militantes y sus simpatizantes.
“Los altos mandos hacían listas de los condenados a muerte de la UP y se jactaban de ellos” cuenta en el libro la exiliada ex presidente de la UP, Aída Abella, todo porque el partidode izquierda le disputaba el poder a los partidos tradicionales.
Con el exterminio de los militantes de la UP “murió la oposición legal y nació la oposición armada que intensificó el conflicto”, dice Carlos Lozano, director de Voz. El periodista pide que hasta que no sean aclarados por la justicia los 1.600 casos no podrá darse una verdadera negociación de paz entre las guerrillas y el establecimiento.
El informe reúne también 23 perfiles de víctimas de la persecusión, historias de vida que van desde el más humilde militante como José Leonardo Martínez, campesino Tolimense acribillado en su vereda cuando salía con una mochila llena de votos durante las elecciones presidenciales en las que participo Jaime Pardo Leal, hasta el magnicidio del destacado dirigente de la UP y Secretario general de la Juventud Comunista, José Antequera, acribillado el 3 de marzo de 1989 en el Aeropuerto El Dorado a mano de un niño sicario.
La reparación a la UP
Romero Ospina, quien trabajó durante 20 años para el semanario Voz con el desaparecido Manuel Cepeda, vio morir uno a uno a sus amigos mientras se acostumbró a vivir con las amenazas.
“Nosotros trabajamos por la verdad pero no para una reparación administrativa, sino política. El Estado debería no solamente pedir perdón sino reinstituir la personería jurídica del movimiento”, dice.
En este libro presenta 15 testimonios de sobrevivientes que sufrieron las consecuencias del exterminio de la Unión Patriótica y hacen un diagnóstico sobre la justicia colombiana frente al genocidio que lleva más de 25 años impune.
Aída Abella, ex presidente de la UP; Jaime Caycedo, secretario del Partido Comunista; Carlos Lozano, director del semanario Voz e Iván Cepeda, hijo del desaparecido Manuel Cepeda, evalúan la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Víctimas y los procesos que se llevan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que está en curso un juicio sobre el genocidio de los militantes de ese partido.
Iván Cepeda es escéptico frente a que se esclaresca el asesinato de su padre en la justicia colombiana, a pesar del fallo histórico que condenó al Estado por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, senador de la UP, y que obligó al mismo Ministro del Interior Germán Vargas Lleras a pedir perdón por el crimen cometido por el Ejército el 9 de agosto de 1994.
Para Cepeda, la sentencia sobre el crimen de su padre en la justicia internacional se queda como una simple condena simbólica, que no podrá replicarse en los otros 1.600 casos hasta que se modifique la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas.
Los sobrevivientes de la UP consideran que someterse a las leyes vigentes los dejaría como víctimas del conflicto armado y no como producto de una persecusión política y armada en su contra. “Se ignoraría que los asesinatos, masacres y desapariciones no se dieron en medio del conflicto sino como parte de una persecución política en la que participaron los paramilitares, el Estado, el Ejército y el DAS”, dice Cepeda.
Para los protagonistas de este libro, es contradictorio que el Estado – señalado comouno de los responsables – sea el mismo en definir quién es o no una víctima que pueda participar en los procesos de reparación.
El informe que se realizó con la participación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la secretaria de Gobierno, será lanzado este martes 18 de octubre en el Museo Nacional por la Alcaldesa Clara Lopez en ocasión del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica. Además incluirá la presentación de una cronología que relata el día a día de los acontecimientos que rodearon al movimiento y su exterminio
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