Después de más de 20 años de fumigaciones con glifosato, el Ministro de Salud Alejandro Gaviria le recomienda al gobierno suspenderlas. Análisis de Pedro Arenas, excongresista de Guaviare, e investigador del Observatorio de cultivos y cultivadores de Indepaz.
Pedro Arenas, investigador del Observatorio de cultivos y cultivadores de Indepaz. Foto: archivo Semana.
Histórica noticia del Ministerio de Salud de Colombia de recomendar la suspensión inmediata del injusto, inconveniente y anti-ambiental programa de fumigaciones aéreas que utiliza de forma masiva el cancerígeno glifosato producido por la compañía Monsanto, desde hace más de 21 años.
La recomendación del Ministro Alejandro Gaviria, acoge la petición de la Corte Constitucional que hace dos años le pidió contemplar el principio de precaución en el caso de que exista evidencia científica que permita deducir que este agrotóxico causa daño a la salud animal, vegetal o las personas (es decir, campesinos, indígenas y afrodescendientes). En medio de la falta de actuación de las autoridades sanitarias colombianas, apareció el reporte de la Agencia Internacional de la Organización Mundial de la Salud (de la que Colombia es signataria) que estudia los riesgos de cáncer. Esta Agencia elevó a la categoría 2A el químico glifosato considerándolo posible causante de cáncer en las personas y con evidencia convincente de que lo causa en animales de laboratorio.
Esta decisión implica a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, la que debería inmediatamente cancelar la licencia ambiental con que cuenta el Pecig, pues compete al Ministerio dar las recomendaciones técnicas al respeto. También el concepto del Ministerio de Salud debe ser acogido por el Consejo Nacional de Estupefacientes, en el que su secretario Javier Flórez (director de política de drogas) quiere continuar esa estrategia y del que forma parte la Policía Antinarcóticos cuyo director el general Ricardo Alberto Restrepo también quiere mantenerla. Pero el Presidente de la República puede tomar la decisión de suspender el Programa debido al mandato de la Corte, a la recomendación del Ministerio de Salud y a los pedidos nacionales e internacionales de que haga algo concreto para demostrar su compromiso con las reformas de políticas de drogas.
El próximo 7 de Mayo en Nueva York el Ministro de Justicia Yesid Reyes puede liderar el Segmento de Alto Nivel Interministerial en Naciones Unidas preparatorio de la Cumbre especial sobre drogas, Ungass, que se realizará dentro de un año. Colombia ha pedido tomar decisiones centradas en el ser humano y en los derechos de las personas antes que en las sustancias o las plantas, por lo que se avizora que la clasificación de la Iarc daría la oportunidad, a pesar de que “existe información divergente”, al Gobierno de traducir en hechos sus posturas reformistas.
Protesta de cultivadores de coca en Tarazá, Antioquia. Foto: archivo Semana.
Curiosamente, horas antes de que se pronunciara el Ministro de Salud, el subsecretario de Estado William Bronwsfield había dicho que no estaba de acuerdo con que Colombia suspendiera las fumigaciones alegando que este veneno es inofensivo y que no hay quejas ni daños que afecten la salud de las personas, lo cual es falso, por cuanto hay miles en 21 años de aspersión ininterrumpida (hasta 4 veces en el año, sobre la misma zona), que no se investigaron nunca seriamente, por falta de aprestamiento de hospitales públicos y del Instituto Nacional de Salud. El señor Bronwsfield, además dijo que las fumigaciones no se debían suspender hasta que no se firme un acuerdo con las Farc, lo que muestra que los Estados Unidos impusieron este programa para quitarle finanzas a la guerrilla pero pisoteando los derechos humanos de las comunidades rurales y abriéndole campo a proyectos de extracción de recursos naturales luego de “limpiar el terreno” expulsando comunidades.
Hay que decirle a la Embajada de Estados Unidos y al Departamento de Estado que su fondo de indemnizaciones por los daños colaterales de las fumigaciones (lo que supuso en medio del Plan Colombia que éstas sí causaban daños) nunca se implementó seriamente, y por ello menos del 4% de todas las quejas a nivel nacional fueron atendidas, llegando a la ridícula cifra de haber atendido en un departamento como el Guaviare menos de 10 casos en dos décadas.
Las aspersiones acabaron con docenas de cultivos de café de Cosurca en Cauca; mataron cultivos de piña en Nariño; afectaron cultivos de caucho en Caquetá y Guaviare establecidos como parte de proyectos de sustitución por la Onudc; incluso se aplicaron contra los pequeños plantíos de palma de cooperativas chicas de Nariño, mientras que en Putumayo inversiones de Usaid también fueron arrasadas por el veneno de las avionetas. Más recién en Anorí y en otras zonas del norte del país han vuelto los reclamos por el uso “indiscriminado” del químico.
Además, la Contraloría General de la República en 2001 con información documentada había pedido el fin de las fumigaciones y varias universidades como la Unillanos probaron que el glifosato causa malformaciones en peces. Varios debates en el Congreso y el Instituto IDEA de la Nacional también. Actualmente, en el Tribunal de Cartagena se tramita una acción de grupo por los daños de las fumigaciones a las comunidades del Sur de Bolívar; en el Tribunal de Popayán hay otro caso con casi 35.000 demandas contra el Estado por lo mismo; en La Haya avanzaba la demanda internacional de Ecuador por daños en la frontera a causa de la deriva de la aspersión, pero el Gobierno nacional indemnizó y se detuvo ese litigio; la Corte ordenó consulta previa con comunidades indígenas (y afros) y prohibió la fumigación en parques naturales; el Consejo de Estado en los años 90s hizo pronunciamientos similares; en varias entidades reposan quejas de posibles afectaciones a indígenas y niños, los últimos casos registrados en 2014 en Chocó, Nariño y Cauca, entre otros; y se agrega que el Sistema de Población Desplazada (aunque haya cambiado de nombre) recibió y recibe miles de familias que son victimizadas por las aspersiones con la pérdida de su seguridad alimentaria.
Es de mencionar que en los diálogos para finalizar el conflicto armado en La Habana, las fumigaciones han sido parte de la discusión. A esto se suma que el Presidente Juan Manuel Santos había ordenado en Putumayo el adelanto de una experiencia piloto de sustitución integral de cultivos sin el uso de las fumigaciones. Se han dado decenas de paros (como el del Catatumbo) solicitando la suspensión. En los Foros sobre el tema en el marco del proceso de paz, la petición fue unánime. Y finalmente, la Cumbre agraria que ayer se reunió con los ministros del Interior y de Agricultura también reclama que se suspendan las fumigaciones de inmediato en el marco de la mesa de concertación que constituyeron con el gobierno después del último paro agrario del año anterior. Por todo ello, muy a propósito de la filosofía del buen gobierno, detenga este vicioso envenenamiento señor Presidente.
