En los pueblos levantados a orillas del gran afluente chocoano se viene registrando una delicada crisis humanitaria generada por los enfrentamientos que sostienen desde hace meses grupos armados ilegales. Las comunidades indígenas llevan la peor parte. Organismos humanitarios internacionales monitorean con preocupación el caso.
“La situación de seguridad es bien compleja. La semana pasada no más estos grupos armados nos hicieron desplazar unas cinco familias, entre ellas un representante legal de un consejo comunitario. Eso fue en una comunidad sobre el río Arquía, llegando a Vigía del Fuerte, cerca de donde estuvo la zona de concentración de las Farc”.
La declaración es de un reconocido líder social del Medio Atrato Chocoano, quien pidió la reserva de su identidad por motivos de seguridad. En la escueta conversación que sostuvo con VerdadAbierta.com dejó entrever el miedo y la zozobra que se respira en los pueblos ribereños, afectados por una intensa confrontación armada entre la guerrilla del Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’, y, al parecer, disidencias conformadas por antiguos combatientes de la extinta guerrilla de las Farc.
“Como el gobierno nacional no le cumplió a los desmovilizados de las Farc, incluso cerró el Espacio Territorial de Capacitación, eso generó ahí otros actores y la situación es bien compleja”, declara el líder consultado. Su versión coincide con las declaraciones entregadas a este portal por la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, quien al ser preguntada sobre el tema admite que “la información que tenemos es que en toda esa región (Bajo y Medio Atrato) tenemos presencia de la guerrilla del Eln, del ‘Clan del Golfo’ y de grupos de disidencias residuales de las Farc”.
El pasado 7 de junio, el gobierno nacional, mediante Decreto 982, decidió suprimir dos de los 26 sitios destinados para desarrollar la reincorporación económica y social de los excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc, conocidos como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Uno de ellos fue Vidrí, ubicado en el municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, donde dejaron las armas quienes integraron los frentes 34 y 57. (Leer más en: Gobierno suprime los primeros espacios para la reincorporación de las Farc)
Al respecto, análisis de organismos humanitarios como la Defensoría del Pueblo y la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), señalan que la salida del Frente 34 de la extinta guerrilla de las Farc, que mantuvo un control militar y territorial en esta vasta región selvática, generó un vacío de poder que pretenden copar la guerrilla del Eln, que viene avanzado desde el Alto Baudó, pasando por el Medio Atrato Chocoano, y las Agc, que buscan posicionarse en las tierras donde alguna vez incursionó el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), repitiendo la misma lógica de avanzar desde el Urabá antioqueño a los municipios del Bajo Atrato chocoano. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)
Así, las intenciones de estas dos fuerzas irregulares han derivado en fuertes confrontaciones cuyas consecuencias las están padeciendo los pueblos indígenas y las comunidades negras que habitan la región. Según reciente reporte de Ocha, el recrudecimiento de las confrontaciones entre ‘gaitanistas’ y ‘elenos’ mantiene en situación de confinamiento a más de 3.600 indígenas (751 familias) de 14 comunidades de zonas rurales de los municipios chocoanos de Carmen del Darién, Bojayá y Riosucio.
“Particularmente en Riosucio, aproximadamente 250 niños, niñas y adolescentes presentan dificultades en el acceso a educación a causa de la ocupación de una escuela por parte del Grupo Armado Organizado (GAO). También se han presentado desplazamientos individuales en la comunidad de Marcial (vacío en la toma de las declaraciones y ruta de atención), y se reporta presencia de minas antipersona (MAP) en cercanías a la comunidad de Jagual, lo que impide el desplazamiento de las personas afectadas alrededor y fuera de las comunidades”, consigna Ocha en su reporte.
A través de una nota difundida el viernes pasado, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas expresó su preocupación por las 14 comunidades confinadas y alertó sobre un posible desplazamiento masivo.
“Este no es el primer desplazamiento forzado masivo en Colombia este año que ha afectado en particular a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes del Chocó. Esto es un crimen de derecho internacional y una de las violaciones de derechos humanos más graves en el marco del conflicto armado que tiene lugar aún en la región”, dijo Guevara.
La representante de AI reiteró la gravedad de la situación que padecen los indígenas e hizo un llamado a las autoridades: “El desabastecimiento de alimentos, la falta de acceso a servicios básicos y el escalamiento de la violencia ponen a los pueblos afectados en un estado de vulnerabilidad y desprotección inaceptable. Las autoridades nacionales, departamentales y municipales deben adoptar acciones integrales e inmediatas para garantizar sus derechos humanos ante esta situación”.
Murindó, en alerta
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT) de la Defensoría del Pueblo, mediante Alerta Temprana de Inminencia No. 064-18 del pasado 24 de julio, llamó la atención de las autoridades civiles, militares y de Policía sobre el riesgo que hoy enfrentan poco más de 4.000 personas que habitan los corregimientos Opogadó, Campo Alegre y Bella Luz, del municipio de Murindó, erigido en la orilla antioqueña del río Atrato.
“Tanto las comunidades afrocolombianas, como los pueblos indígenas de las cuencas de los ríos Murindó (Antioquia), Chageradó (Chocó) y las demás comunidades asentadas a lo largo del río Atrato, coinciden en señalar que, con posterioridad a la salida de las Farc con destino a las Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Reincorporación, no se ha evidenciado presencia de la fuerza pública tomando el control de los territorios cedidos por esa guerrilla, lo que ha configurado un escenario de riesgo para vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al DIH para la población, con mayor exposición de las autoridades étnicas y los líderes comunitarios”, se lee en la Alerta.
De acuerdo con este informe, la Compañía Néstor Tulio Durán de la guerrilla del Eln busca copar los territorios que en el pasado reciente estuvieron sometidos al dominio de la extinta guerrilla de las Farc y, en dicho proceso, ha entrado en confrontación directa con las Agc.
Según reportes de la Defensoría del Pueblo, este último grupo armado viene avanzando desde 2014 desde municipios como Carepa, Chigorodó y Mutatá hacia poblados chocoanos, siendo ya notoria su presencia en las cabeceras municipales de Vigía del Fuerte, Bellavista, Bojayá y Beté. “La expansión de las Agc hacia el Atrato Medio, significaría la retoma del control territorial, económico, social y político de los territorios anteriormente afectados por el accionar de las Farc y de las Autodefensas Unidas de Colombia”, consigna el SAT en su Alerta. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública?)
El SAT de la Defensoría advierte en su Alerta Temprana que la presencia de estos grupos ya está generando graves afectaciones a los pobladores como la imposición de normas de conducta, restricciones al trabajo de los líderes sociales y la utilización de menores de edad en actividades armadas y tareas propias de narcotráfico. La agencia del Ministerio Público también señala que estas comunidades pueden ser víctimas de otras violaciones a los derechos humanos como intimidaciones, restricciones a la movilidad, extorsiones y secuestros.
En la Alerta se relata el caso de Julio César Palomeque Mendoza, asesinado el 22 de abril de este año en la vereda Tadía del corregimiento Campo Alegre. “Posteriormente habrían asesinado al presunto homicida del señor Palomeque”, destaca el informe de la Defensoría del Pueblo en su Alerta. Sin embargo, el caso que mejor ejemplifica el riesgo en que se encuentran los habitantes de Murindó es el del personero local, Fredy Armando Urón Freytter, quien tuvo que ser evacuado del municipio en un helicóptero artillado de la Policía luego que la Fuerza Pública conociera un plan para asesinarlo.
Sin Personero
El pasado 7 de julio, Urón Freytter atendió el llamado de un líder social de la región quien le advirtió sobre la presencia de por lo menos 150 hombres fuertemente armados, pertenecientes a los ‘gaitanistas’, que se encontraban apostados en el cementerio del municipio. El Personero hizo pública la denuncia, lo que generó la reacción de las autoridades de Policía, quienes reportaron no hallar evidencia alguna del hecho, lo que motivó toda suerte de reacciones, entre ellas la del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien calificó la denuncia de Urón Freytter como “pintoresca” e, incluso, pidió a la Procuraduría General de la Nación que lo investigará.
“Luego se hizo un consejo de seguridad en el municipio donde el Personero se retractó”, señala Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, quien añade: “entonces, quedo ahí como una contradicción entre lo que decían las autoridades municipales y departamentales frente a la postura del Personero. El Defensor Regional del Pueblo decidió verificar la situación en terreno, lo que finalmente dio lugar a la Alerta Temprana”.
El 11 de julio, agentes de Policía debieron sacar del municipio bajo fuertes medidas de seguridad al Personero local, tras conocerse un plan para atentar contra su vida. “Esas denuncias fueron conocidas por las autoridades de Policía y por la Gobernación (de Antioquia), que de inmediato procedió a la atención humanitaria de emergencia”, declara la titular del despacho de Gobierno. “Eso ratificó la compleja situación de seguridad de la zona. Eso, y que la persona que advirtió al Personero en su momento fue asesinada por eventos relacionados con la situación de orden público que ya se registra en la zona”, complementa la funcionaria.
Lo ocurrido en Murindó es una evidencia más del nivel de control social que quieren imponer allí los grupos armados ilegales, afectado, además, por cultivos de hoja de coca para uso ilícito. Según reportes del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), en este municipio, particularmente en las cuencas de los ríos Murindó y Chageradó, se registran por lo menos 500 hectáreas de sembradíos, lo que, a juicio de la Defensoría del Pueblo, sería el “botín” que se estarían disputando tanto la guerrilla del Eln como los ‘gaitanistas’.
Pero también la posibilidad de poder controlar un importante corredor de comunicación para el tráfico de personas, armas y precursores químicos para la elaboración de clorhidrato de cocaína, así como el abastecimiento y movilidad de tropas, al conectar fácilmente por medio de caminos naturales, caños y ríos el suroeste antioqueño con el Medio Atrato y el Océano Pacífico.
“Con las autoridades del Chocó venimos trabajando mancomunadamente, compartiendo información. Afortunadamente tanto la Séptima División del Ejército como la Regional 6 de Policía tienen jurisdicción tanto en tierras chocoanas como en Antioquia. Eso es una gran ventaja en términos operativos”, explica por su parte la Secretaria de Gobierno Departamental.
Pese a ello, los pobladores de esta vasta región selvática esperan que la articulación de las autoridades civiles y la capacidad de reacción de las Fuerzas Militares y de Policía comiencen realmente a rendir sus frutos. “Los alcaldes se pronuncian, se pronuncian las diferentes instituciones, pero la seguridad sigue estando bien compleja. Aquí tenemos el resultado de un incumplimiento del gobierno nacional, que no copó los territorios dejados por la guerrilla con fuerza pública y ahora tenemos esta situación de seguridad que está bien compleja”, sentencia el líder consultado.
