Por el contrario, pobreza, despojo, contaminación y explotación laboral es lo que han tenido que padecer las comunidades indígenas, mestizas y afrodescendientes de este departamento.
“Sí, llegó, claro, pero el des arroyo (lo dice haciendo la pausa), la desaparición de los arroyos. Esas promesas que hicieron del cambio de vida para el pueblo Wayuu sí llegó, pero para empeorarnos, llegó para acabarnos al pueblo Wayuu, al afro y al campesino”, sostiene, con firmeza, Mónica López Pushaina, lideresa del pueblo Wayúu en La Gran Parada, una de las comunidades afectadas por la desviación de un tramo del arroyo Bruno, uno de las más importantes fuentes hídrica que desemboca en el río Ranchería.
Y es que la multinacional Carbones del Cerrejón Limited le cambió la vida a todos los habitantes de La Guajira: ahora están sintiendo una muerte, que al inicio la veían como lenta, pero ya va cogiendo velocidad. Los más afectados son los niños y las mujeres, pero también los obreros que van a la mina.
La situación es tan crítica que, recientemente, la ONU solicitó a la minera suspender operaciones en el municipio de Barrancas, cerca al resguardo Wayuu Provincial, por temas de contaminación ambiental, escases de agua y por prevención de contagios por covid-19 a comunidades que lo habitan.
Y para acabar de ajustar, en los últimos meses hay amenazas de despidos por cuenta de una huelga de los trabajadores de Cerrejón que hoy ajusta 48 días, la más larga en la historia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón), para oponerse a un cambio radical de turnos que la empresa impuso a sus empleados y trabajadores.
La Guajira ha estado en crisis durante más de cuarenta años por el tema de contaminación ambiental y efectos en la salud de los habitantes, tanto indígenas, mestizos y afrodescendientes, estos últimos, con la particularidad de que han sido invisibilizados en este departamento. Y todos sin ninguna garantía para disfrutar de derechos humanos.
Con datos y cifras, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) publicó a principios de octubre la edición número 61 de la Revista Noche y Niebla, que ofrece un panorama de derechos humanos y violencia en el país. En esta versión, titulada Minería de Carbón y Des-Arroyo, muestra los impactos negativos que ha generado la extracción de carbón en La Guajira.
Por ejemplo, el “40 por ciento de los cursos de agua en La Guajira se ha perdido a partir de la actividad minera, aumentando el estrés hídrico en el departamento y la crisis de acceso al agua. La operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día. 143 mil hectáreas están siendo explotadas por Carbones del Cerrejón Limited. 69 mil hectáreas están concesionadas a la empresa privada (La mitad del territorio de Barrancas, Hatoviejo y Albania). 32 millones de toneladas de carbón térmico son extraídos de la Guajira y exportados en su totalidad”.
Además, “150 kilómetros de línea férrea atraviesan La Guajira transportando carbón, interviniendo 17 arroyos. Otros 30 arroyos han sido deteriorados causando daños irreparables en el río Ranchería. Antes de la actividad minera el agua se hallaba a 5 metros de profundidad, hoy se deben excavar entre 20 y 30 metros para encontrar agua dulce”.
“Turno de la muerte”
En Cerrejón trabajan cerca de once mil personas, de los cuales 5.900 lo hacen a través de empresas contratistas y el resto son trabajadores directos. Desde principio de año, directivos de la empresa minera se quejaban ante medios de comunicación de grandes pérdidas económicas por la falta de comercialización del carbón y en el primer semestre dijeron que habían tenido la pérdida más grande en 18 años, que llegó a 368 mil millones de pesos.
Para recuperarse de esas pérdidas, la multinacional optó por reducir los puestos de trabajo que allí se distribuyen por cuadrillas. La intención es eliminar una de las cuatro existentes. Las tres que quedan tendrían que hacer el trabajo por la otra. Además, les cambiarían el turno laboral que aplican durante más de treinta años, que consiste en cuatro días de trabajo y cuatro días de descanso seguidos y es rotativo, un turno de día, otro de noche.
Durante ese turno la empresa responde por alojamiento y alimentación de los obreros dentro de unos campamentos, además del transporte a sus viviendas para el descanso. Con el turno que propone Cerrejón ahora es trabajar siete días seguidos y descansar dos. Pasarían de trabajar 180 horas a 240 horas mensuales.
“Pasaríamos de trabajar cuatro días a la semana a trabajar siete días a la semana, pero de manera continua y violando sus propias normas frente al sueño y la fatiga, que dicen que no se puede laborar más de una jornada de noche seguida”, argumenta Igor Díaz, presidente de Sintracarbón y negociador ante Cerrejón.
Es este un trabajo de alto riesgo. Los empleados tienen contacto durante la jornada
con fuentes de energía de todo tipo, sustancias químicas, alta vibración, largos tiempos sentados, altas temperaturas, maquinaria pesada y explosiones. Tener más horas de trabajo a las actuales traería un alto costo para la salud de las personas.
“La legislación colombiana no contempla aún a la minería a cielo abierto como una actividad de alto riesgo y, por tanto, estas empresas no son obligadas a cumplir normas de seguridad y salud en el trabajo que en otros países son de obligatorio cumplimiento y en razón a esto, hoy Sintracarbón tiene detectadas en la mina, a través de serios estudios, más de 900 patologías, solo entre los trabajadores directos”, explica Díaz.
Cuando el líder sindical habla de patologías se refiere a enfermedades respiratorias, osteomusculares, hipertensión, diabetes y trastornos del sueño. Su preocupación es que estas enfermedades van a aumentar considerablemente con más horas de trabajo.
“Esto en cuanto a la salud, pero también el nuevo turno dejará a los y las trabajadoras sin tiempo para compartir con sus familias, obligará al desarraigo de las poblaciones alejadas de la mina, porque el poco tiempo entre turno y turno no permitirá desplazarse hasta sus casas, esto será fatal para las familias”, agrega el líder sindical.
También resalta, y con algo de tristeza, la baja expectativa de vida que tienen las personas en este trabajo cuando salen jubilados: “Es un fenómeno silencioso que tal vez no se ha difundido en su justa medida, ya que vemos que compañeros que se jubilan, a unos cortos cinco años ya están falleciendo, producto de la acumulación de enfermedades crónicas agravadas durante décadas en la actividad minera. Y esto se debe, en gran parte, al poco interés que esta empresa presta a la atención y prevención de enfermedades laborales”.
Otro punto crítico en el conflicto entre la empresa y los trabajadores es que, con la eliminación de una de las cuadrillas, se engrosará la lista de desempleo en el departamento.
“Actualmente, los más de cinco mil trabajadores directos de Cerrejón hacen las labores en cuatro cuadrillas y cuando usted divide cinco mil entre cuatro, eso da 1.250. Por cada trabajador directo, hay 1.5 tercerizados, lo que arrojaría en total, la eliminación de más de 2.700 puestos de trabajo. Eso, en La Guajira, actualmente, configuraría una masacre laboral que generaría una verdadera tragedia social”, asegura Díaz.
En una extensa carta abierta que el sindicato envió a la presidenta de Carbones del Cerrejón Limited, Claudia Bejarano, argumentan las consecuencias negativas que trae para los trabajadores y para la empresa este cambio de turno laboral, al que llaman “el turno de la muerte”, y donde se niegan a aceptarlo.
“Partimos de la premisa -ojalá equivocada-que a ustedes los argumentos de tipo humano, en lo que se refiere a las afectaciones a la vida, a la salud, a la dignidad, al tejido social y familiar, son secundarios y hasta menospreciados ante el interés de mejorar la situación financiera coyuntural de la empresa”, se dice en la carta.
Además, argumentan en la misiva, que no hay ganancia con el despido de trabajadores: “En otras palabras, con la reducción del 25% de los puestos de trabajo no hay una reducción automática del 25% del costo de nómina. Lo que deja de costar la cuadrilla que desaparece debe “distribuirse” en el pago de horas extras, incrementos salariales, aportes a la seguridad social, prestaciones y otros que generarían las tres cuadrillas que sobreviven”.
Sin avances
Este sindicato nació en 1983 con el nombre de Sintercor, adoptando el nombre inicial de la carbonera, Intercor, en la que el Estado colombiano tenía participación. En 1996 pasó a ser Sintracarbón, después de haber vivido algunas huelgas por despidos e intentos de cambios de turno por parte de la empresa, época donde ganaron el turno laboral actual.
“El sindicato hoy cuenta con dos seccionales, en La Jagua de Ibirico, Cesar, y en Ciénaga, Magdalena. Actualmente cuenta con más de 6.000 afiliados y afiliadas. Hemos estado acompañando a las comunidades en temas de desplazamiento y exigiendo responsabilidad social por parte de la empresa”, detalla Díaz.
Y agrega que “también se libraron conjuntamente varias luchas en defensa de los cuerpos de agua como el río Ranchería y hoy la del arroyo Bruno ya que para nuestra organización afectar cuerpos de agua es afectar la vida futura del departamento”.
Sintracarbón ha llevado 19 procesos de negociación con Cerrejón, contando este último, que inició el 31 de agosto “Esta es la huelga más larga en nuestra historia, ya que la última realizada en 2013, se resolvió en el día 32”, precisa el vocero sindical.
Y recuerda que esta es la cuarta huelga a la que se ven abocados: “Contrario a lo que se piensa, nosotros hemos firmado 17 convenciones colectivas y solo 3 de ellas se firmaron tras una huelga. Nuestra vocación es la de encontrar la solución a nuestras justas peticiones por medio del diálogo y la concertación”.
El actual conflicto laboral viene desde principios de año, cuando Cerrejón informó el nuevo cambio de turno. En reacción, Sintracarbón terminó con votación a huelga y la presentación de un pliego de peticiones ante la empresa.
Debido a la cuarentena, decretada por la expansión del covid-19, no realizaron la huelga. En julio pasado, el sindicato se reunió de manera virtual. “Quitamos 50 puntos del pliego presentado en enero, en consideración con las condiciones que generó la pandemia. Cerrejón no solo no se ha movido un centímetro de su posición de principio de año, sino que además radicalizó aún más su posición, pretendiendo imponer el turno de la muerte”, aclara Díaz.
Desde entonces, Sintracarbón ha buscado diferentes organismos departamentales y regionales para que obren como mediadores y puedan dar pronta solución al conflicto. Así lo hizo saber el sindicato en el Comunicado 33 del 23 de septiembre de 2020.
“Nosotros hemos buscado la mediación del Ministerio del Trabajo, desde antes de la huelga. Fuimos a la Cámara de Representantes, por iniciativa de la representante María Cristina Soto, y Cerrejón no fue. Hemos hecho participe del proceso de negociación al Gobernador de la Guajira, a diputados, alcaldes y concejales. Algunos de ellos se han ofrecido como mediadores, aunque se echa de menos la voz del señor Gobernador de La Guajira, por ejemplo”.
El presidente del sindicato asegura que “debemos reconocer que muchos estamentos gubernamentales se han pronunciado a nuestro favor, tal vez movidos por la situación de pandemia, pero, además, porque hemos sido claros en explicar las implicaciones nefastas que tendrá para La Guajira las acciones de esta multinacional. El Ministerio del Trabajo ha hecho ya dos intentos de reanudar las conversaciones entre las partes, pero la multinacional se ha negado sistemáticamente”.
El pasado 16 de octubre, Sintracarbon publicó el Comunicado 38 anunciando su inconformidad con la minera al cerrar toda posibilidad de negociación, insistiendo en que no se dejarán imponer el nuevo turno realizando acciones jurídicas contra la empresa.
“Desde el día que Cerrejón anunció oficialmente la imposición del cambio de turno, le hemos dicho en diversas oportunidades y de todas las maneras posibles, que una transgresión abrupta y tan transcendental en la vida de las personas, no puede ser objeto de una decisión unilateral del patrón. Que los trabajadores no somos máquinas que pueden mover de un tajo a otro, ni nos pueden incluir en la política de ahorro de costos junto con los combustibles, las llantas, los contratos y otros”, se lee en el pronunciamiento público.
Muerte lenta de pueblos étnicos
Así como Cerrejón no ha negociado con sus trabajadores, menos lo ha hecho con las comunidades afectadas por la explotación de carbón. En múltiples ocasiones, las autoridades del pueblo Wayúu han expresado, públicamente, su preocupación con el etnocidio y ecocidio que padecen sin que nadie les preste atención.
En la Revista Noche y Niebla 61 del Cinep, aseguran que “más de 25 comunidades Wayúu, afros y campesinas han sido desplazadas, despojadas y confinadas por la actividad extractiva de la empresa Cerrejón”.
Mónica López Pushaina, líderesa Wayúu de la comunidad de La Gran Parada, afirma que “la llegada de las multinacionales ha afectado nuestro territorio de manera irreparable. El pueblo Wayúu vivía de la cacería, del cultivo, de la pesca, hoy en día esas prácticas ya no se ven, ¿porqué no se ve el cultivo? Porque nos estamos quedando sin territorio, nos están matando las fuentes hídricas, la principal que es el río Ranchería ya no es apta para el consumo, los peces que antes habían ya no se encuentran porque se han ido muriendo”.
Además, cuenta que todo el ecosistema natural ha cambiado: “Ya no están los árboles llamadores de agua, como lo es el roble, la ceiba, el guáimaro. Antes de la mina, llovía y nosotros sabíamos cuándo era el tiempo de lluvia, ya preparaban su roza, sus cultivos para cuando se acercaba la lluvia y hoy en día, ya no preparan nada, porque hasta eso se ha visto afectado, porque han talado todos los árboles. Han acabado con los cerros que se encargaban de traer el agua, ese cerro que hacía el trabajo de retener la brisa para que las nubes no se fueran y hoy en día ya no lo tenemos. Ya no llueve”.
Los pueblos afrodescendientes también han visto su cultura y tradición afectada con la explotación de carbón en sus territorios y sobre todo con la invisibilización que el Estado y las empresas extractivistas les han dado.
“En el censo del Dane de 2005 dice que el 14.8% de la población guajira es afro, esto arroja 91.733 personas, pero esa cifra desde esa época hacia acá ha crecido sustancialmente, hay muchas personas que se han auto reconocido. En la Guajira se ha querido invisibilizar o desconocer esta caracterización de afros. Lo que hemos podido evidenciar en el censo pasado, es que no se nos hizo la pregunta sobre afros, para que esto pudiera reflejarse en la cifra que ellos tienen”, cuenta María de los Ángeles García, de la comunidad afro Manantialito.
El Manantialito está ubicado en el municipio de Barrancas, tiene 106 años de existencia. Su lideresa cuenta que tiene dos ríos que lo bañan, El Palomino y El Macurito, este último que nace en la Serranía del Perijá. “Hay una parte plana de Manantialito, donde la tierra es diferente, como más fresca y hay una parte alta, como un cerro, es más árida, se siente más la contaminación, en las hojas de los árboles encontramos un polvillo negro que viene del tajo y los botaderos de Cerrejón”.
También sufren con la contaminación y el poco acceso al agua. “Antes había mucho disfrute del agua, las comunidades eran las dueñas de esa agua, no había escases”, evoca García. “Pero hoy muchos territorios han sido ocupados por Cerrejón, ha secado arroyos, ha impedido el disfrute del agua. Ha afectado de manera directa el buen vivir. Ha enfermado, despojado y desplazado varias comunidades”.
Ante las afectaciones sociales y ambientales, las comunidades han luchado e insistido, de múltiples maneras, para que sean respetados sus derechos. Aún así la crisis sigue en aumento. “14 fallos judiciales han ratificado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, la seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra, entre otros”, recuerda el Cinep en su publicación.
“Hay muchas sentencias que nosotros como comunidades hemos ganado, la 698 del arroyo Bruno, la 704 por las afectaciones que ha ocasionado la explotación minera, esta sentencia la ganó la comunidad de Media Luna”, detalla López. Aún así, esas sentencias no han sido acatadas, por lo que prima el extractivismo sobre las comunidades.
Y concluye la vocera Wayúu que “aquí un diálogo entre comunidad y empresa no lo hay, porque las comunidades se han dado cuenta que la empresa no ha hecho más que echarle mentiras. Ahí está la comunidad de Tamaquito, reubicados, sin agua, en una casa estilo gringo donde no sueñan, donde no tienen ni tierra para cultivar, donde no tienen agua para vivir. No son condiciones dignas para vivir una comunidad Wayuu, que está acostumbrada a vivir del pastoreo, a vivir del cultivo”.
Suspender operaciones
Ante la crisis que ya ha sido visibilizada a nivel mundial, muchas organizaciones se han expresado y hecho llamados al gobierno colombiano para que atienda a las comunidades afectadas por la explotación carbonífera en La Guajira, donde está una de las minas a cielo abierto del mundo.
El 19 de julio de este año, mujeres del resguardo Provincial presentaron una comunicación urgente a las Naciones Unidas, “porque los niños de Provincial están enfermos, las mamitas no tienen ni un peso para cubrir esos gastos para la salud y lo que exige la comunidad de Provincial, las mamitas que hoy en día tienen sus hijos enfermos es que respeten el derecho y exige que la empresa cumpla con sus deberes”, precisa López.
El resguardo Wayúu queda a 500 metros del botadero de Cerrejón, en el municipio de Barrancas. “Provincial prácticamente vive en uno de los tajos de Cerrejón, inhala toda esa contaminación y les toca tomar esa agua porque no hay de otra, no es apta para el consumo”, se lamenta la líder indígena.
La petición fue respondida por David Boyd, relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, quien dijo en un comunicado que “al menos durante la pandemia, las operaciones en el sitio Tajo Patilla cerca de la reserva Provincial deben suspenderse hasta que se demuestre que es seguro”.
Las razones que argumenta el Relator de ONU se basan en el no acatamiento de la multinacional a la Sentencia 614 de diciembre de 2019, mediante la cual la Corte Constitucional afirma que “la empresa había perjudicado la salud de los residentes de la reserva indígena de Provincial al contaminar el aire, el agua y la vegetación, así como por el ruido y las vibraciones de la minería”.
“Llamo a Colombia a implementar las directrices de su Corte Constitucional y a hacer más para proteger a la vulnerable comunidad Wayuu de la reserva indígena de Provincial contra la contaminación de la mina El Cerrejón y contra la COVID-19”, plantea Boyd en su pronunciamiento.
Además, explica que el hecho de respirar aire contaminado y carecer de acceso a agua potable debido a las actividades mineras, incrementa el riesgo de enfermedades para estas personas y que durante la pandemia del coronavirus esta situación puede convertirse en una amenaza mortal.
El Relator de ONU le puso un plazo a Cerrejón de sesenta días, que se cumplen el próximo 7 de noviembre, para que mejore la calidad de vida de esta comunidad, quienes agradecieron esta decisión que les da un alivio en temas de contaminación.
Al respecto, el líder sindical argumenta que desde Sintracarbón han planteado que “la empresa siempre debe intentar solucionar por la vía civilizada los conflictos con las comunidades y no estigmatizar ni dividir su opinión ante ellas que accionan legal y constitucionalmente cuando consideran que se vulneran sus derechos y ante eso lo que debe primar es atender, asumir y demostrar sobre las demandas de las comunidades”.
Pero la vocera del pueblo Wayúu es más contundente: “No queremos más minería, no queremos desaparecer, queremos territorio para nuestras futuras generaciones”.
