Por primera vez una capital como Medellín será protagonista de un desentierro masivo de desaparecidos. Buscan 150 cadáveres desechados como basura en la comuna 13.
La macabra peregrinación hacia La Escombrera comenzaba en las horas del amanecer cuando muchos se despertaban para ir a sus trabajos. Desde las ventanas de barrios como El Salado, Antonio Nariño o el 20 de Julio, distantes unos 20 minutos del centro de Medellín, la gente veía cómo los ‘paras’ sacaban a las personas, les amarraban las muñecas y los hacían caminar hacia ese terreno en el cual los camiones acostumbran a depositar escombros.
“A muchos les tapaban la cabeza con trapos”, cuenta una mujer que perdió a uno de sus hijos en la famosa guerra de la Comuna 13 de Medellín. Una vez llegaban a la parte alta de la montaña los asesinaban, abrían un hueco y allí los arrojaban. Entre tanta basura, tierra y arena era difícil que alguien se diera cuenta del lugar exacto donde eran enterrados. Además, salvo por los paramilitares, nadie se atrevía a subir hasta La Escombrera.
Aun hoy la gente ha hecho de la zona un lugar vetado por el miedo. “A veces nos atrevíamos a preguntarles a esos hombres que qué habían hecho con tal persona, y ellos nos decían que no buscáramos ni preguntáramos más porque ya estaba bien picadito en el basurero”, recuerda una vecina a quien los paramilitares le desaparecieron un hijo en 2004.
Ese sitio se convertirá en los próximos días en protagonista de la mayor excavación hecha hasta ahora por la Fiscalía desde que comenzó a desenterrar los muertos de la violencia de los últimos 20 años en Colombia. También tendrá un significado especial por tratarse de la primera exhumación masiva en una de las grandes ciudades del país.
El propio Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, jefe máximo del Bloque Cacique Nutibara que operaba en la zona en la época de las desapariciones, declaró que en la Comuna 13, incluida La Escombrera, habría más de 100 fosas comunes. Y la Oficina de Derechos Humanos de la Personería de Medellín habla de 150 cuerpos bajo los escombros.
Desde 1999 la guerrilla dominaba sectores de esa comuna, que hace parte del corredor estratégico de la costa Caribe hacia el centro del país. Los paramilitares llegaron tiempo después a pelear ese territorio. La guerra llegó a tal punto que ni siquiera Medicina Legal podía entrar a retirar los muertos. Por eso, dos meses después de que Álvaro Uribe asumió la Presidencia en octubre de 2002, se llevó a cabo una operación militar de dimensiones nunca vistas en una ciudad.
“La guerra comenzó en la madrugada de un miércoles mientras todos dormíamos -recuerda una habitante del barrio Las Independencias II, refiriéndose a la Operación Orión-. Mi hijo se levantó asustado y me dijo que tres hombres estaban armados en el techo de la casa, y como los ‘paras’ se mantenían por ahí todos los días no le hice caso y me volví a dormir”. Diez minutos después, su familia y el resto de los 100.000 habitantes de la Comuna tuvieron que resguardarse como pudieron. Una vecina, Clara Peña, cuenta que durante los tres días que duró la intervención militar no pudo salir de su casa. Su microempresa de arepas, que funcionaba en su hogar, agotó las existencias porque fue lo único que pudieron comer su familia y los vecinos. Salir significaba la muerte.
Fueron tres noches de terror en las laderas del occidente de Medellín. Los helicópteros negros, las tanquetas y los miles de hombres con artillería sofisticada, que antes la gente sólo había visto en televisión, se hicieron realidad.
Al tercer día las balaceras cedieron y los helicópteros dejaron de patrullar. Los habitantes de los 23 barrios de la Comuna se atrevieron a salir y encontraron en las calles empinadas centenares de policías y militares patrullando. Varias familias acudieron hasta los comandos para preguntar por sus hijos que habían sido capturados en esos días. En total 450 personas fueron conducidas a instalaciones policiales y militares. De esa cifra sólo a 82 se les impuso medida de aseguramiento y, transcurridos seis años de la Operación, aún no se ha dictado un fallo.
Al frente de la Operación estuvo el general Mario Montoya, en ese entonces comandante de la IV Brigada y quien en las semanas siguientes se dedicó a aclarar ante los medios que el objetivo de Orión era darle punto final a la violencia que desde hacía tres años tenía en jaque a los habitantes de la 13.
Varios paramilitares desmovilizados han contado a la Fiscalía que después de la Operación Orión las AUC se tomaron esos barrios. Uno de ellos narró la supuesta connivencia con la Fuerza Pública durante la Operación: “La entrada a la Comuna 13 se hizo aprovechando la Operación Orión. Recibimos ayuda de todas las autoridades. La orden que dieron fue acabar con las milicias y quedarnos en la zona. Para ser sinceros, toda la Policía nos ayudó. No sé si por miedo, pero trabajamos en conjunto”. Así pues, según testimonios recopilados por SEMANA, en La Escombrera y en La Arenera (un sitio aledaño) estarían enterrados buena parte de los desaparecidos que dejó la incursión paramilitar en los días posteriores a Orión.
El libro Dinámicas de guerra y construcción de paz: el caso de la comuna trece de Medellín, elaborado por el Grupo Interdisciplinario sobre Conflicto y Violencia de la Universidad de Antioquia, también da cuenta por medio de testimonios de la gente no sólo de esta connivencia macabra sino de la difícil situación en la que quedaron los barrios después de la Operación.
Y hace 10 días, en medio de una vigilia humanitaria para recordar a las víctimas, varias personas de la Comuna a quienes les desaparecieron familiares durante y después de la Operación, exigieron su derecho a exhumar a sus seres queridos que siguen enterrados en La Escombrera.
En los últimos seis años se tienen registrados 70 casos de desapariciones forzadas y 30 asesinatos de líderes reconocidos de la Comuna. Esto sin contar con la cantidad de muertos que hubo los días posteriores a la intervención militar.
Otra mujer le relató a SEMANA parte del horror que se vivió en La 13, incluso años después de Orión: “En mi casa teníamos que dormir con el machete bajo la almohada. Yo les prometí a mis hijos que no iba a dejar que se los llevaran y los mataran”. En marzo de 2006 un hombre que se identificó como de las autodefensas entró hasta la sala y le arrebató a un hijo de 12 años. Ella logró soltarlo y empujar al hombre hasta sacarlo. “Duramos una semana encerrados todos en la casa -cuenta- y esos hombres gritándome desde la azotea: ‘Tonces qué gonorrea, ¿ya ahorró pa’l cajón'”.
Hoy ella vive en otro barrio y su casa en La 13 fue saqueada por las autodefensas. En el barrio cuentan que allí vive un pastor evangélico que alega ser el dueño. Los familiares de las víctimas y algunas ONG de la ciudad han propuesto hacer de este lugar un símbolo nacional de los desaparecidos: “Sé que es posible que a mi hijo no lo encuentren… eso es muy grande y le están echando escombros desde hace muchos años. Pero lo importante es ver que esa plata de la Alcaldía sí está sirviendo para algo… por lo menos que empiecen a reconocer nuestro derecho a exhumar a nuestros muertos”, dijo Bertha Yepes, quien tiene a su hijo desaparecido desde 2004.
Gustavo Duque, director del equipo de exhumaciones de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, dijo a SEMANA que gracias a un acuerdo firmado la semana pasada entre ellos y la Alcaldía no sólo harán que se suspenda el transprte de desechos a La Escombrera sino que se contratarán equipos de tecnología avanzada de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional para excavar toneladas de basura en el depósito ilegal.
El mismo Duque ha advertido que el proceso de excavación y exhumación puede durar muchos meses, “será como buscar agujas”.
Publicado en Semana edición 1386 24/11/2008
