Los del próximo domingo son los primeros comicios municipales y departamentales a los que se presenta el movimiento político creado tras la firma del Acuerdo de Paz. No ha sido un proceso fácil. En las urnas quedará plasmado cuánto apoyo y aceptación tiene entre los colombianos.
Juan de Jesús Monroy es uno de los 13 mil exguerrilleros de las Farc que decidieron dejar las armas para iniciar un camino en la vida legal. Ingresó a las extintas Farc a los 17 años de edad e hizo parte del Frente 7, que operó en zona rural San José del Guaviare. Durante una década se enfrentó a la Fuerza Pública y por más de 16 años fue escolta personal de los jefes guerrilleros conocidos como ‘Manuel Marulanda’, ‘Mono Jojoy’ y ‘Mauricio Jaramillo’. Hoy es candidato al Concejo en Uribe, Meta, por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).
Claudia Orduz es hija de una excombatiente de la otrora guerrilla y reside temporalmente en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Arauquita, en el departamento de Arauca. Aunque no estuvo en armas, es candidata al Concejo de ese municipio por el Partido Alianza Social Independiente (ASI) y cuenta con el apoyo de los exguerrilleros en el trabajo político.
Antonio Angulo es un excombatiente del Frente 37 que hizo presencia en la región de los Montes de María, entre los departamentos de Sucre y Bolívar. No obstante, dejó sus armas en Chocó, donde hoy aún se mantiene. Su padre fue jefe de la guerrilla liberal en diversas regiones del país. Desde niño vivió exclusiones y marginalidad en un pueblo de la Costa Caribe, razón por la cual ingresó a la guerrilla del Eln en 1985, para luego pasar a las Farc, donde realizó distintos trabajos, tanto en áreas urbanas como rurales en el norte de país. Intentó ser candidato al Concejo de Quibdó, la capital chocoana, pero tuvo que renunciar por falta de garantías.
Juan de Jesús, Claudia y Antonio son los rostros de las intenciones políticas de quienes vienen de la extinta guerrilla de las Farc o tienen cercanías con el movimiento creado tras la firma del Acuerdo de Paz. Llegar a las urnas el próximo domingo no ha sido una tarea fácil en un país en el que algunos sectores aún no aceptan de buena manera esta nueva realidad.
El partido político que resultó después de lo pactado en La Habana, Cuba, tras un proceso de negociación que llevó más de cuatro años, ha tenido que sortear la violencia política, los incumplimientos por parte del Estado, falta de recursos para ejercer como partido, asesinatos y la falta de reconciliación de gran parte de los colombianos.
Lo primero que ha tenido que hacer la Farc, después de dejar las armas, es convencer a los colombianos de que, en efecto, dieron un paso hacia la legalidad y, además, aspiran a ser elegidos popularmente como ediles, concejales, diputados y alcaldes en varias regiones del país, sobre todo en aquellas donde, en el pasado, tuvieron influencia armada.
En 2018, cuando se presentaron a las elecciones legislativas, obtuvieron 49 mil votos para el Senado y 31 mil para la Cámara de Representantes, pero fruto del Acuerdo, tenían aseguradas diez curules, cinco para la primera y las restantes para la segunda. Para los comicios regionales inscribieron 308 candidatos, según un informe preliminar compartido con este portal por la oficina de comunicaciones de Farc.
De acuerdo con ese documento, registraron 248 candidatos con listas propias y 60 en listas de coalición en 23 departamentos y 93 municipios. Para asambleas departamentales hay 18 aspirantes, siete de ellos son excombatientes, en Vichada, Guaviare, Tolima, Santander, Quindío, Antioquia, Córdoba y Nariño.
Para alcaldías hay 13 candidatos, siete de ellos excombatientes. A concejos municipales inscribieron en listas a 249 personas, 153 de ellas son hombres y 96 son mujeres, de las que 92 son excombatientes, en capitales como Bogotá, Medellín, Armenia, Bucaramanga, Barranquilla, Florencia y Villavicencio. Y para Juntas Administradoras Locales tienen 30 candidatos. Para gobernaciones no registraron candidatos propios.
Una de las principales dificultades que ha tenido la Farc es la falta de apoyo de los partidos de izquierda que no han querido hacer coaliciones con ellos. Así lo expresó la senadora Sandra Ramírez en entrevista dada a medios de comunicación: “Los partidos con alguna afinidad ideológica tomaron la decisión de aislarnos. En general, la tesis es que nosotros restamos en vez de sumar. Y eso no es fácil porque, por un lado, está la estigmatización de la derecha y, por el otro, ese aislamiento deja al partido en situación muy compleja”.
A esa estigmatización y aislamiento se suman factores de inseguridad. Según la Alerta Temprana Nº 035-19 sobre riesgo electoral emitida por la Defensoría del Pueblo, se recalca el peligro que corren los integrantes del partido Farc: “Se advierten riesgos específicos sobre militantes y candidatos del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, así como los niveles de participación en los municipios que estos tienen presencia, ya sea a través de actos violentos sutiles o ejemplarizantes dirigidos a los sufragantes que evidencian identidad con las propuestas políticas de estos candidatos, o en contra de aquellas personas que sean identificadas como parte de este partido político. El alto margen de estigmatización contra este, viene de grupos armados ilegales y de sectores políticos hegemónicos, por lo tanto el nivel de vulnerabilidad es significativo”.
Campañas sin garantías
La madrugada del viernes 11 de octubre, la sede de Farc en Bogotá fue atacada, quitaron algunos carteles de campaña y dejaron un panfleto en el que se leía “regresamos” y una calavera, igual que lo hicieron en la sede del Partido Comunista y la Unión Patriótica (UP), ambas en la localidad de Teusaquillo.
“Nosotros hicimos el acuerdo, lo firmamos y decidimos resolver de forma pacífica y dejar la palabra empeñada y como expresión de lucha”, afirma Juan de Jesús Monroy, aspirante al concejo de La Uribe, en el departamento de Meta. “Con lo que sucedió en Bogotá, con la casa del partido nuestro y del PC (Partido Comunista), es simplemente el fascismo en contra de las expresiones contrarias a sus intereses y como no tienen los argumentos suficientes para rebatir, optan por la violencia, por el terrorismo de estado, esa es la realidad a la que estamos enfrentados en este momento, a una persecución y asesinatos sistemáticos”.
En Montería, capital de Córdoba, miembros y simpatizantes de Farc s fueron atacados con piedras y palos durante actos de proselitismo públicos. Al parecer, hubo gente pagada para hacerlo, denunció en redes sociales la senadora Victoria Sandino.
En Quibdó y Medio Atrato, en Chocó, los candidatos renunciaron a sus postulaciones al Concejo por falta de garantías políticas y de seguridad. Por las mismas razones lo hicieron los tres candidatos a la Asamblea de Nariño. Y los aspirantes a la Alcaldía de Planadas y al Concejo de Rovira, así como los miembros del comité departamental del Tolima, denunciaron amenazas de muerte.
Antonio Angulo detalla los motivos por los cuales renunciaron a la candidatura: “La principal razón es el incumplimiento del Estado colombiano con quienes firmamos un acuerdo para la terminación del conflicto. En el Chocó hay un escenario político electoral muy conflictivo y hay actores que lo que han hecho es un ejercicio de escalamiento del conflicto, lo que ha generado mucho temor en las comunidades para neutralizar el ejercicio de democracia este 27 de octubre”.
Otros prefirieron adherir sus candidaturas a diferentes partidos políticos para participar en estas elecciones. Claudia Orduz, candidata al Concejo del municipio de Arauquita avalada por la ASI, le explicó a VerdadAbierta.com sus razones para optar por otro partido: “Me escribí en este partido por garantías electorales. Ya hemos trabajado con ellos y nos da seguridad. Uno sabe en qué territorio está, sabemos en qué lugares trabajar por la gente, por la resolución de conflictos, por las necesidades, pero hay limitaciones porque no podemos ser tan visibles ni trabajar tan de frente, porque ha traído mucho conflicto, incluso por parte del mismo gobierno y por los actores armados que hay en la zona”.
Por otro lado, Jeferson Parra, otro excombatiente de la extinta guerrilla, le tocó renunciar a la candidatura por el partido Farc en Saravena, Arauca, e inscribirse por la UP. En diálogo con este portal indicó las razones de su cambio: “El partido Farc no tiene garantías para la participación política porque hay demasiados intereses por exterminarlo. Yo no tuve garantías de seguridad y decidí retirarme e inscribirme por UP para no correr tanto riesgo, ni las personas con que estaba trabajando, ni mi familia”.
Los problemas de seguridad a los que se refiere Parra iniciaron con el seguimiento que, al parecer, le estaban haciendo agentes de la Sijín de la Policía, e intuyó que se venía algún ‘falso positivo judicial’. Hizo las respectivas denuncias en la Procuraduría General de la Nación, pero le advirtieron que era mejor que se cambiara de partido: “También hubo cambio de comandante de la Policía con el que no había buenas relaciones y pararon las persecuciones”.
Liuva Giselli Vargas, conocida en las antiguas Farc como ‘Sofía Nariño’, es la primera excombatiente que aspira al Concejo de Bogotá en una lista de 16 candidatos con ocho hombres y ocho mujeres. La promoción de su campaña ha tenido diversas dificultades, entre ellas la económica: “Hubo mucha demora para la apertura de cuenta por ser integrantes de Farc; y por ser la primera vez en elecciones locales, no pudimos acceder a anticipos y no tuvimos financiación estatal”.
En el tema de seguridad, la candidata afirmó que tampoco han tenido las garantías suficientes para el ejercicio de la política: “Recibimos un esquema de protección insuficiente, con pico y placa, un vehículo sin el blindaje necesario y con una asignación limitada de combustible. Además, hemos sido testigos de amenazas a través de panfletos y un ataque a nuestra sede, probablemente por grupos neonazis aliados del paramilitarismo”.
Antonio Angulo, por su parte, ha recibido amenazas. Asimismo, la encargada del trabajo con mujeres en el departamento chocoano. Además, al enlace de la Farc con la Agencia Nacional de Reincorporación le asaltaron su vivienda en Quibdó y, al parecer, lo buscaban para asesinarlo.
“Aquí tenemos un esquema colectivo para cien compañeros que estamos haciendo ejercicio de reincorporación en Quibdó, son cuatro vehículos que pasan dañados, y hay tres conductores. Le hemos dicho a la Unidad Nacional de Protección que asignen otro conductor, pero nos dicen que no hay recursos. Eso nos dificulta para movernos en los barrios de Quibdó, que es un escenario bastante pesado”, detalló Angulo.
Manuel Antonio González, más conocido en la extinta guerrilla como ‘El Flaco’ o ‘Elmer Arrieta’, quien operó durante más de 27 años en el Norte y Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, es candidato a la Asamblea en Antioquia por la Farc. Su percepción sobre esta campaña electoral difiere de las de sus compañeros de partido: “Tanto en Medellín, como a nivel departamental, nos han venido respaldando. Lo que nos vendían era que no nos iban a querer, no nos iban a aceptar, y en los municipios donde he ido, he recibido mucho apoyo, no solo de los nuestros, sino de otros partidos y movimientos”.
Sin embargo, expresó que las garantías, en comparación con otros partidos tradicionales no son las mismas, empezando porque el dinero para la campaña lo recibieron hace menos de 15 días. Además, les dieron un esquema de seguridad con algunas falencias: “La gasolina es limitada, debido a esto no nos hemos podido mover como lo hacen otros candidatos que tienen mejores condiciones económicas. Hemos tenido restricciones en algunos sitios para pegar la publicidad”.
Por otro lado, en Medellín, a través de una cuenta de Twitter, un grupo de personas publicó un video pisoteando una camiseta con el logo del partido Farc, burlándose, insultando y con el mensaje: “En Medellín tienen claro quienes son el @PartidoFARC los Colombianos los rechazan y no olvidan. Colombia merece respeto”, una muestra del estigma al que se siguen enfrentado en esta ciudad.
Guillermo Torres, conocido en el pasado como ‘Julián Conrado’, excombatiente y músico de la antigua guerrilla, es candidato a la Alcaldía de Turbaco, Bolívar, y no va por el partido Farc, sino que inició con un movimiento ciudadano recogiendo firmas, y luego fue avalado por la UP y Colombia Humana, precisamente por toda esa estigmatización no quiso llevar el nombre ni el logo del movimiento político creado por los exguerrilleros que dejaron las armas y están en vía de reincorporación.
El pasado 16 de septiembre el periódico La línea, de la Costa Caribe, publicó el resultado de una encuesta por la intención de voto de los tres candidatos de Turbaco. Torres encabezaba la lista con 33,57 por ciento, lo que desencadenó varios ataques mediáticos en su contra. Además, el excombatiente denunció través de redes sociales el cambio del Registrador Municipal en tres oportunidades en un mismo mes.
Anulan cédulas
Otra dificultad que han enfrentado los excombatientes después de intentar abrir camino en la vida civil es la anulación de sus documentos de identidad. En total, 1.318 cédulas de integrantes de la Farc fueron inhabilitadas para estas elecciones.
Benedicto González, excombatiente, residente en el ETCR de Pondores, en Fonseca, La Guajira, y quien reemplazó a ‘Jesús Santrich’ en el Congreso de la República mientras se resolvía su situación jurídica, entregó detalles de lo que están viviendo en el Caribe.
“En el municipio de Manaure, Cesar, donde llevamos una candidata al Concejo, la Registraduría acaba de anular 150 cédulas de los excombatientes por acusarlos de trashumancia electoral. Y en Fonseca, donde está el ETCR de Pondores, también interpusimos una impugnación ante el Consejo Nacional Electoral porque inhabilitaron a más de 20 compañeros que ya habían votado en las pasadas elecciones, en marzo, a las parlamentarias, y los están acusando de trashumancia electoral”.
Por otro lado, Juan de Jesús Monroy afirma que en La Uribe, Meta, también fueron inhabilitadas 30 cédulas: “Tenemos un problema y es que como la gente nuestra todavía se está reacomodando, se cambian de ETCR y como han inscrito la cédula donde llegan, les aplicaron trashumancia, supuestamente el CNE ya resolvió eso, pero yo hablé hace poco con el registrador del municipio preguntando precisamente por eso y me dijo que hasta hoy no tienen algo jurídico que los obligue a habilitar esas cédulas”.
Y a Jeferson Parra le anularon la cédula en Saravena, junto con la de otros de sus compañeros, con el mismo argumento de los casos anteriores: “La gente inscribió la cédula y algunos salieron inhabilitados, otros van a salir a votar, pero lo harán callados. En este momento que entramos a la legalidad, en vez de salir públicamente, andamos más clandestinos que cuando estábamos en la ilegalidad. Ellos van a salir a votar, pero sin hablar con nadie, sin hacer campaña, porque el contexto es muy difícil”.
Antonio Angulo recordó que en las elecciones a Senado y Cámara de marzo pasado, entregaron la lista de 125 testigos, seleccionaron 24 personas y al final le dieron cupo sólo a dos: “Yo fui uno de esos. Y con mucho dolor y tristeza, arrumes de tarjetones marcados dos veces. Muchos de esos votos terminan favoreciendo a los que siempre han ostentado el poder”.
La mayoría de candidatos tienen como propuesta seguir luchando por el Acuerdo de Paz, para que sea cumplido a cabalidad, trabajar por las comunidades, generar conciencia social y ambiental, y, sobre todo, exigir garantías para la reincorporación. “No le estamos prometiendo nada a la gente porque nada tenemos, pero sí vamos a gestionar para mejorar la calidad de vida y que la guerra no siga siendo opción para nadie”, reiteró Juan de Jesús Monroy.
