Los resultados del partido de la rosa en las urnas contrastan con los riesgos que corren los exintegrantes de la antigua guerrilla en zonas donde están concentrados y adelantan procesos de reincorporación a la vida legal.
Los comicios electorales del pasado 27 de octubre trajeron sorpresas para el país en cuanto a la participación del movimiento Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), entre ellas, y la más destacada, fue el triunfo a la Alcaldía de Turbaco, en Bolívar, del excombatiente de la extinta guerrilla Guillermo Torres, más conocido como ‘Julián Conrado’, con 21.466 votos. Aunque no era candidato del nuevo partido, sí estaba estratégicamente avalado por una coalición de la Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).
Pese a que amplios sectores del país aún no ven con buenos ojos la participación en política de los exguerrilleros bajo el aval del partido de la rosa, creado hace dos años tras la firma del Acuerdo de Paz, sus logros en materia electoral son significativos, aunque mínimos.
En total, fueron 308 candidatos en 23 departamentos para distintas corporaciones de elección popular. De las trece alcaldías que se estaban disputando, sólo lograron una, en Guapi, Cauca, donde Plutarco Marino Grueso obtuvo 4.409 votos en la coalición Frente Amplio por Guapi, conformado por la Farc, Colombia Humana, UP y MAIS.
En Bogotá doblaron la votación que tuvieron el año pasado para el Congreso de la República, sacando 26.170, pero no les alcanzó para obtener una curul en el Concejo. Lograron, sí, dos ediles: Mauro Esguerra, en la localidad de Bosa; y Luceris Segura, en Ciudad Bolívar.
Liuva Giselli Vargas, una excombatiente candidata al Concejo de Bogotá, considera que el balance es positivo en esas primera elecciones locales y regionales en las que participan: “Tenemos aún mayor reconocimiento, la gente ya no tiene tanto estigma hacia nosotros y se hizo un ejercicio bastante interesante en el sentido de que se aprendieron muchas cosas. Gente de otros partidos que también se acercaron a nosotros, nos dieron su apoyo, nos ven como su esperanza, como una propuesta realmente alternativa, diferente a otros partidos tradicionales”.
Pese a esa visión optimista, Vargas considera que las campañas adelantadas por los candidatos de la Farc tuvieron pocas garantías en relación con las de otros partidos, entre ellas la imposibilidad de difundir publicidad en algunos sitios de la capital del país, acción que fue contenida por agentes de la Policía Nacional.
A su juicio, “para unos hay ley y para otros no. Estuvimos en una contienda electoral con mucha desigualdad, no tuvimos los recursos económicos como tienen las grandes maquinarias de este país. Fue un ejercicio de salir a las calles, hablar propiamente con la gente, decirles quiénes hemos sido, diferente a los otros partidos que lo único que hicieron fue poner unas vallas inmensas”.
Sorpresa en Antioquia
En este departamento, caracterizado por tener sectores opuestos al Acuerdo de Paz, los resultados de la Farc también fueron una sorpresa. La lista cerrada para la Asamblea obtuvo 11.784 votos. Manuel Antonio González, conocido en la antigua guerrilla como ‘Elmer Arrieta’, quien fue candidato a esta corporación y no alcanzó curul, expuso una visión positiva de los resultados.
“Sacamos una importante votación”, dice, pero se queja de lo ocurrido en torno a las campañas: “No contamos con las mismas condiciones que los otros partidos o candidatos, ellos tienen una base económica, nosotros como personas no tenemos plata, apurados para sobrevivir, y el partido, apenas está comenzando. Estamos aprendiendo y esto nos tiene que llevar a que ya nos toca organizar mejor las cosas y para las próximas, trabajar con tiempo”.
El ahora excandidato afirma que un excombatiente del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Dabeiba, Antioquia, alcanzó una curul en el Concejo de este municipio. Se trata de Nelson Benítez, quien sería el único integrante de esta colectividad en hacer parte de ese escenario de debate democrático.
En el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, algunos candidatos de Farc denunciaron que en un puesto de votación en la Institución Educativa Andrés Bello, les dejaron mensajes intimidatorios en un tablero. Y en el corregimiento Belén de Bajirá, entre los municipios de Mutatá (Antioquia) y Riosucio (Chocó), por lo menos 52 excombatientes no pudieron votar tras ser inhabilitados por una supuesta trashumancia.
Acoso violento
Con el estreno de la Farc como movimiento político en las elecciones locales y regionales, y la elección de varios exguerrilleros en corporaciones públicas, se creó un escenario de riesgo que a muchos de los integrantes del nuevo partido les preocupa.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, hasta la fecha, han sido asesinados 169 excombatientes, quienes se encontraban en proceso de reincorporación. De ellos, 89 perdieron la vida bajo la Presidencia de Iván Duque, quien se posesionó el 7 de agosto de 2018.
El último en ser asesinado en esa seguidilla de crímenes fue Wilson Parra Lozada, acribillado el pasado 28 de octubre en el municipio de Curillo, Caquetá. El exguerrillero había llegado a ese sitio luego de dejar sus armas y reencontrarse con su familia para trabajar en labores campesinas.
Cuatro días atrás fue ultimado Alexander Parra, quien lideraba varios procesos de reincorporación en el ETCR de Mesetas, Meta, razón por la cual era contratista de la estatal Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Ese asesinato ocurrió dentro de ese espacio, lo que prendió las alertas de los voceros de la Farc, pues es el primero que ocurre en estos lugares. Su compañera sentimental, Luz Marina Giraldo, quien resultó herida en el ataque, fue candidata al Concejo de ese municipio por la coalición Hagamos Equipo por Mesetas y obtuvo 61 votos.
En la misma semana del asesinato de Parra, excombatientes de las extintas Farc denunciaron que vieron a varios encapuchados rondar el punto de reagrupamiento conocido como El Diamante, en La Uribe, Meta. Ante esos hechos, los voceros del partido Farc le recordaron al gobierno de Duque, a través de sus redes sociales, el compromiso que tiene el Estado colombiano de proteger sus vidas y el cumplimiento de los acuerdos.
El 25 de septiembre pasado fue asesinado por desconocidos Carlos Célimo Iter Conde, en el sector de Las Juntas, zona rural del municipio de Caloto, norte de Cauca. En su proceso de reincorporación, este excombatiente presidía la Cooperativa Multiactiva de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado del Común (Coomec) y ante amenazas recibidas por él y varios de sus compañeros habían gestionado un esquema de protección colectiva ante la Unidad Nacional de Protección.
Si bien desde la Presidencia de la República se han exigido resultados que aclaren estos crímenes y mayor protección, lo cierto es que entre los exmiembros de las extintas Farc prevalecen las preocupaciones por la situación de riesgo que padecen.
Liuva Vargas se muestra preocupada por estos hechos que ponen en riesgo la vida de los que siguen en proceso de reincorporación.
“Nos preocupan los asesinato de los dos compañeros la semana pasada. Lo que vemos es que sigue una persecución hacia exguerrilleros que hicimos la firma del Acuerdo de Paz. No tenemos ninguna garantía”, se lamentó Vargas, la excandidata por Farc al Concejo de Bogotá.
Pastor Lisandro Alape Lascarro, conocido como ‘Pastor Alape’, miembro de la dirección del partido Farc, reclamó a través de diversos pronunciamientos una acción más eficiente de las autoridades para aclarar los crímenes contra los excombatientes: “Esperamos que se investigue y no se salga como siempre que se tiene detenido al autor material, se requiere los autores intelectuales”.
