En una vereda de Puerto Gaitán los campesinos salieron desplazados por la disputa territorial entre guerrilleros y paramilitares a mediados de los años 90.
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El 3 de julio de 1998 una vereda completa de Puerto Gaitán salió huyendo tras los combates entre la guerrilla y los paramilitares de tres bloques: las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada conocidas como ‘Carranceros’ de alias ‘Guillermo Torres’, las Autodefensas de Los Buitrago de ‘Martín Llanos’ y el entonces naciente Bloque Centauros a cargo de alias ‘El capitán Victoria’.
En las nueve sentencias hasta ahora proferidas por jueces de tierras en Meta, todas reconocen a los campesinos del Alto de Tillavá como víctimas de la violencia, pues tuvieron que abandonar sus parcelas y sólo pudieron retornar diez años después tras la disminución de la presencia de las Farc y la desmovilización de las Auc. Según el antiguo Registro Único de Población Desplazada, Rupd, entre 1997 y agosto de 2010 salieron desplazadas 3.379 personas de Puerto Gaitán. En ese municipio los campesinos han reclamado hasta enero de 2013 la restitución de 126 mil hectáreas que tuvieron que abandonar o que les fueron despojadas por el conflicto.
VerdadAbierta.com presenta tres testimonios, de igual número de sentencias que durante este año han fallado los jueces de tierras en esta región del norte del Meta. En todos los casos, los jueces ordenan al Instituto para el Desarrollo Rural -Incoder- la titulación de las tierras baldías que durante años explotaron los campesinos, así como a las autoridades otorgarles garantías de seguridad y prioridad en los subsidios para que las familias permanezcan en la región:
Amenaza de las Farc, 1997
En 1994, Jacobo* el compró a un vecino las mejoras de una gran hacienda de 10 mil hectáreas en la que esperaba vivir de la ganadería. Por la extensión de la finca, el señor contrató a varios empleados hasta que en 1997 la violencia se agudizó en la vereda del Alto Tillavá por la presencia de los Frentes 16 y 39 de las Farc, y los enfrentamientos que comenzaron entre la guerrilla y los paramilitares. Durante el juicio, Jacobo* contó que ese año un trabajador se declaró miembro de las Farc y que la guerrilla comenzó a robarle las reses y a impedirle el acceso a su finca.
En su relato, el señor contó que alcanzó a sacar 160 vacas del predio y que se desplazó por miedo a que les sucediera algo. Por falta de dinero y como la situación seguía siendo difícil en la ciudad, Jacobo retornó en 2007 a la finca. “Cuando volvimos la casa estaba desbaratada… regresamos porque había el rumor de que se podía volver”, dijo un hijo del reclamante durante el juicio. En 2009, Jacobo dividió el predio en cinco para dejarles herencia a sus hijos.
Llegan los paramilitares, viene la presión de las Farc, marzo 1998
Elvira* espera volver después de 15 años a la parcela de 27 hectáreas que tuvo que abandonar después del enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros, y la desaparición en 1998 de su esposo. Durante el juicio una familia se opuso a la reclamación de Elvira*, indicando que ella les había vendido la tierra y que desde hacía muchos años no vivía en Puerto Gaitán. Sin embargo, el Juez de Tierras de Bogotá que estudió el casó concluyó que la Elvira* había sido víctima de la violencia y que los opositores al proceso no actuaron de buena fe, primero porque la supuesta negociación de la tierra fue en presencia de las Farc y la obligaron a ir hasta la vereda de la cual había sido desplazada, y segundo, porque ella vivía lejos de la vereda por el conflicto que habían desatado los grupos armados en la región.
Según la sentencia, en 1993 el esposo de Elvira* le compró las mejoras de una finca a un vecino. Para la época, en Puerto Gaitán delinquían los Frentes 16 y 39 de las Farc, pero la violencia recrudeció en 1998 cuando tras la expansión paramilitar promovida por los hermanos Castaño desde Córdoba, en los Llanos Orientales comenzó una puja por el territorio entre Farc y Auc.
Para ese año en que se había incrementado la violencia en Puerto Gaitán, el esposo de Elvira* desapareció en marzo de 1998 en la carretera de Puerto Gaitán y Villavicencio, por donde cotidianamente transportaba pasajeros. El señor hacía parte de la junta de acción comunal de la vereda Alto Tillavá y era conocido como un líder que defendía los derechos de la comunidad frente a la instalación de las petroleras en el departamento.
“El 3 de julio de 1998 grupos paramilitares, Los Buitrago, Los Urabeños (paramilitares enviados por Castaño) y las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada incursionaron el caserío La Loma, en la Inspección de Policía de Alto Tillavá. Quemaron siete casas, asesinaron a tres hombres, entre ellos a Ricardo* y a dos indígenas del resguardo. Durante la incursión, los paramilitares degollaron varios animales de corral y pusieron sus cabezas en estacas, ahogaron las aves de corral en canecas de agua y dejaron un letrero que se podía leer: por cada res robada, un pueblo masacrado”, narra la sentencia. (Lea: Restitución a familia despojada por ‘Los Carranceros’).
Al año del desplazamiento, la guerrilla contactó a Elvira poniéndole una cita en Alto Tillavá. “Alias Ramón quería hablar con ella sobre el predio que había tenido que abandonar”, indica la sentencia. Por miedo, la mujer fue hasta al lugar de donde había sido desplazada. Una familia se ofrecía comprarle la finca pero Elvira rechazó la propuesta. Luego, alias ‘Ramónle propuso que ‘trabajara’ para las Farc. “Como se negó, tuvo que salir de la zona”, señala la decisión judicial.
Por los combates Auc-Farc, julio 1998
La casa de Camila* fue una de las siete que los paramilitares quemaron el 3 de julio de 1998 cuando llegaron a la vereda Alto Tillavá. “… hacía días estaban diciendo que el grupo paramilitar autodefensa se iba a meter a la loma y como ya habíamos oído de masacres y todo eso, salimos huyendo, dejamos el caserío solo y llegamos hasta una finca. Ahí esperamos hasta que nos avisaron que ya se había ido. Cuando llegamos, habían quemado todas las casas, matado a un señor Ricardo*… y en una pared nos dejaron un escrito”, contó la Camila durante el juicio.
Según la sentencia, su familia buscó ayuda en el internado del pueblo. Sin casa, sin herramientas y plata sumadas al miedo que les producía la violencia desatada en Puerto Gaitán, se desplazaron a una ciudad cercana en busca de ayuda. Denunciaron lo ocurrido en la Defensoría del Pueblo pero como las condiciones no mejoraron su esposo regresó al Alto Tillavá en 2001 para trabajar. A Camila* le llegó la noticia que el 24 de junio de ese año a su esposo los grupos armados lo habían asesinado y que su cuerpo había sido encontrado en el caserío de Puerto Trujillo, Puerto Gaitán.
Desde entonces, ella y sus hijos abandonaron las 37 hectáreas que había cultivado desde principios de los años 90 cuando su esposo le compró las mejoras de la finca a un vecino. De muchas de las compras informales de tierras que se hacían en el campo no quedaron pruebas. Durante el juicio, Camila contó que los paramilitares quemaron todo el archivo que reposaba en la sede de la Junta de Acción Comunal de a vereda.
*Nombres cambiados por razones de seguridad
