Viuda, desplazada por los ‘paras’ y con ocho hijos, María Zabala ahora pelea con los bancos para que no le quiten sus tierras.
 María Zabala, mujer Cafam 2004. |
Por Aleida Patarroyo* especial para VerdadAbierta.com
Toda la vida de María Zabala ha sido de sinsabores. Viuda, con ocho hijos y desplazada de los ‘paras’ en Córdoba ha intentado recuperarse pero no la ha tenido fácil.
Esta mujer que, por su coraje, fue galardonada como Mujer Cafam 2004, está a punto de perder lo poco que tiene cuando creyó que su vida daría una vuelta.
En 1983, María y su familia, ocho hijos y su esposo, vivían en la vereda de San Rafaelito, cerca de Montería, en una casa de campo grande, de madera de ceiba colorada, con graneros para maíz, café y ñame. Eran propietarios de una finca de 80 hectáreas en la que su esposo Polo administraba el ganado y los cultivos. “La vereda era próspera, había una escuela, una cooperativa, una junta de acción comunal” recuerda.
A principios de los ochenta, la guerra llegó a la región. Era tal el grado de terror en el que vivían los habitantes de ese corregimiento, que los cadáveres aparecían por la mañana a la orilla de las carreteras, sin que nadie se atreviera a decir nada. “En mi ignorancia pensaba que los mataban porque hacían algo malo, nosotros no teníamos problemas, pagábamos nuestras deudas, nuestros impuestos, estábamos al día en todo” dice.
Una madrugada en diciembre de 1983 un grupo de paramilitares armados llegó a San Rafaelito, entraron a las casas, las quemaron y asesinaron los hombres. Esta vez, la violencia que no le preocupaba le tocó a ella.
Los paramilitares asesinaron a su esposo, su tío y un sobrino. María solo tuvo tiempo para enterrarlos en el patio de su casa, antes de salir embarazada con sus ocho hijos y con lo que tenían puesto.
Poco antes de la masacre varias personas se acercaron, ofreciéndoles 500 mil pesos por hectárea para adquirir su finca. Después, le compraron las tierras a 100 mil pesos por hectárea, aprovechándose de su miedo. Para María San Rafaelito no existe, “en la vereda viven los ricos ahora, ya no es de parceleros”.
María Zabala cuenta los días para que la Fiscalía le entregue los restos de su marido y sus dos familiares asesinados en la vereda San Rafaelito en 1983.
En agosto de 2009 solicitó un permiso especial a la Fiscalía para poder exhumar sus muertos. Armada de picas y palas, María estuvo una semana cavando en la vereda abandonada. Gracias a algunos árboles que le sirvieron para orientarse, encontró los restos de tres personas.
Ahora la Fiscalía los tiene y ella espera el proceso de verificación de ADN en Medicina Legal para por fin poderlos sepultar. Pero ya sabe que el epitafio de la lápida de su marido será “aquí yace una víctima inocente del conflicto armado”.
La otra historia
Después de la muerte de sus familiares, ella huyó a Montería y, vendiendo empanadas, lavando ropa para otras familias, logró mantener a su familia. En la capital de Córdoba conoció a otras madres solteras, viudas y desplazadas. De esa época sólo recuerda que ninguno de sus hijos tuvo infancia ni adolescencia porque les tocó, al lado de su madre, trabajar.
Pero María siguió pensando en volver al campo. Por eso, en 2001 junto a 17 mujeres y con un préstamo de 104 millones de pesos de la Caja Agraria compraron la finca El Valle Encantado, en el corregimiento Las Palomas, a solo una hora de distancia de Montería.
Cuando creyó que podía volver a empezar, las cosas no salieron bien. María resume los últimos años con la frase: “Al caído, caerle”.
Ese proyecto comunitario les trajo el reconocimiento. En 2004, recibió con sus compañeras el premio Mujer Cafam 2004, con el que se reconoció el esfuerzo y el sacrificio de un grupo de mujeres víctimas de la violencia por rehacer sus vidas.
Sin embargo, la ola invernal, en una temporada, y el fenómeno del Niño en 2009 las hicieron perder parte de las cosechas y empezaron a tener dificultades para cancelar las cuotas del crédito con el Banco Agrario.
Con la mora en los pagos, el banco vendió la obligación a Covinoc, una empresa de cobranzas, que desde entonces empezó a exigirles la cancelación de la deuda, sin importar que fueran mujeres cabeza de familia, desplazadas, viudas y con hijos que mantener.
María y sus socias aceptan que tienen una deuda, pero lo que no entienden es que su caso se mida con la misma vara que la de un hacendado o gran empresario.
La agencia de cobros les dio un ultimátum y a principios de 2010 deben conseguir 120 millones de pesos si no Covinoc les quitará sus tierras.
Las mujeres gastaron lo poco que tenían en abogados, y aunque renegociaron la deuda viven con una presión constante. María, que ha sido amenazada en varias oportunidades, dice que “la idea es resistir, estamos desesperadas, nosotras ya tenemos la micro empresa, el terreno. Con la tierra uno se puede sostener solo, no necesita hacer cola para pedir plata en Acción Social. Necesitamos ayuda”.
la idea que ellas tienen es que Covinoc les permita recuperarse y pagar la deuda, pero no amenazarlas con quitarles la única forma que tienen para sostenerse.
*Directora de Comunicaciones – Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP 
