Después de 20 años de que los hermanos Castaño desplazaran y le robaran las tierras a campesinos de Santa Paula, en Córdoba, el estado colombiano les devolvió sus tierras.
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El presidente Santos durante la entrega de los títulos a los campesinos despojados por los hermanos Castaño.
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Para las 60 familias campesinas que salieron desplazadas a mediados de la década de los ochenta de la hacienda Santa Paula, en el corregimiento de Leticia, en la margen izquierda de Montería la escena podría ser irreal.
Allí, donde los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, se movían como amos y señores, estaba el Presidente Juan Manuel Santos, devolviéndoles las tierras a las familias por orden del fallo del Tribunal Superior de Antioquia, que determinó que ellas fueron despojadas ilegalmente de sus parcelas.
Algunos de los campesinos apenas se reponían por la muerte del líder de víctimas de Valencia, Éver Cordero, que provocó que 46 reclamantes decidieran no asistir del acto de restitución que se dio en la finca.
Como respuesta, y tras un consejo de seguridad en Montería, Santos anunció una recompensa de 200 millones de pesos para quien entregue denuncias que permitan a las autoridades capturar a los autores de amenazas y asesinatos de los líderes del proceso de reparación de víctimas y restitución de tierras.
El presidente aseguró que hay al menos ocho personas identificadas como los responsables de los atentados contra los reclamantes en estareunión del país, entre los que se encuentran Sor Teresa’ Gómez Álvarez; Omar Montero Martínez, alias ‘Codazzi’: Gildardo de Jesús Villegas, alias ‘Daniel’; Ovidio Antonio Mesa, alias ‘Carranza’; Saúl Alfonso Severini Caballero, Benjamín José Alvarado, Víctor Julio Almanza y Hernán Darío Camargo.
Durante la ceremonia de entrega de títulos de propiedad, Santos reivindicó a las víctimas de los paramilitares y dijo que los predios “deben pertenecer a quienes fueron despojados a punta de fusil, a punta de amenazas”. Agregó que su gobierno continuará “haciendo justicia, reparando a las víctimas, reparando las heridas, que es la condición necesaria para que podamos vivir en paz, para que podamos ver el futuro con más esperanza”.
El acto se realizó en el predio, ubicado a 40 minutos de Montería, en los potreros de la hacienda por la que anduviera en el pasado Sor Teresa Gómez, sindicada del crimen de la líder Yolanda Izquierdo ocurrido en 2007, quien se dedicó a pelear las tierras en favor de los campesinos. Esta lucha fue heredada por los campesinos, quienes se organizaron en la Asociación de Desplazados de Santa Paula (Adepsa), e insistieron en solicitar reparación, pero solo hasta ahora a través de la Ley de Víctimas del Gobierno Nacional, lo lograron.
¿Cómo fue el despojo?
En 1991 las autodefensas de los Castaño, a través de la Fundación para la Paz de Córdoba convocaron una ‘reforma agraria’ para donarle parcelas a quienes no tuviesen tierras.
Lázaro de León, el ex notario que en 2011 resultó investigado por la Fiscalía por plagiar tesis de grado para participar en el concurso de la Superintendencia de Notariado en 2006 y 2007, fue quien fijó su rúbrica en las escrituras de donación de la fundación.
Una de las cláusulas de la escritura decía que la fundación le prohibía a los parceleros “vender, hipotecar, limitar el dominio donado mediante esta escritura pública, sin previo permiso o autorización escrita expedida por Funpazcord”.
Años después, entre 1999 y 2000 en la misma notaria los parceleros le figuran vendiendo a Gabriela Inés Henao Montoya. Aseguran que jamás firmaron de buena voluntad, sino intimidados por la presidenta de la fundación. “Ella nos decía: la compañía necesita las tierras y la orden viene de arriba”. Se hizo célebre la frase “vede usted o vende su viuda”. Todos se sometieron a la exigencia, recibieron entre 1 millón y 4 millones de pesos y se desplazados a los barrios del sur y de la margen izquierda de Montería.
Cuando arrancó la Ley de Justicia y Paz algunos parceleros denunciaron sus casos en el año 2005 ante la Defensoría del Pueblo. En el año 2007 es asesinada la líder Yolanda Izquierdo, quien en compañía de otros amigos se había dado a la tarea de recaudar escrituras de donación y de ‘venta’ obligada para presentar más denuncias.
Los parceleros no renunciaron y ante el fiscal 55 de Justicia y Paz, Carlos Sánchez Peinado, la Asociación de Desplazados solicitó una verificación de los predios. El 2 de mayo de 2011 recurrieron al fiscal de Justicia y Paz, Leonardo Cabana, para hacer la misma petición, pero nada pasó.
La demanda y la restitución
En jueves 27 de septiembre el Gobierno Nacional interpuso la primera demanda de restitución de tierras con miras a devolverle la finca Santa Paula a los parceleros que fueron despojados por las autodefensas de los hermanos Castaño. La demanda fue instaurada por el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, ante el juez agrario Rubén Pestana.
De esta manera por fin comienzan a ser atendidas las denuncias interpuestas desde el año 2005 por los parceleros que insisten en la recuperación de mil 195 hectáreas.
El ministro de Agricultura dijo en ese momento, las mil 195 hectáreas hoy tienen un valor que alcanza los 40 mil millones de pesos. “Esta primera denuncia, porque vienen varias, fue interpuesta contra Gabriela Henao, quien deberá probar la posesión legal de la tierra”, dijo Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras. Y así fue. En marzo del 2013 se comenzaron a fallar las primeras demandas a favor de los parceleros.
En un tiempo récord, 5 meses, el Tribunal no solo falló, el Gobierno destinó recursos, 30 millones de pesos para cada parcelero, para desarrollar proyectos productivos, y 15 millones para cada uno también, para subsidio de vivienda.
“Donde mandaban los asesinos vuelven los campesinos”, dijo el Presidente Santos en dos momentos cuando entregó simbólicamente los fallos del Tribunal Superior de Antioquia a cinco de los beneficiados.
Durante el acto se firmó un acuerdo de cooperación para ayudar a las víctimas entre Ricardo Sabogal, de la Unidad de restitución de Tierras, la embajadora de Suecia, Marie Andersson de Frutos y el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón.
