Mientras la hoy Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible hacía campaña política en 2018 para el Senado de la República, inició una acción penal contra los presuntos responsables de la deforestación, toma de baldíos e invasión de zonas protegidas en Caquetá. En reacción a esa denuncia, la Fiscalía capturó a varios labriegos que aún luchan por su inocencia.
Tras la salida de las antiguas Farc de las zonas que estaban bajo su control luego de la firma del Acuerdo de Paz, la espesa selva Amazónica empezó a palidecer. La otrora guerrilla ejercía un estricto control en varios departamentos del suroriente del país, tanto así que en algunas comunidades rurales impuso manuales de convivencia que establecían medidas para el cuidado de bosques, fauna y fuentes de agua. Pero con su desmovilización y desarme, la deforestación se disparó. La paz empezaba a costarle miles de hectáreas a la Amazonía.
Este flagelo se evidenció especialmente en Caquetá y fue por eso que líderes y lideresas de ese departamento pusieron en conocimiento de las autoridades ambientales el daño que enfrentaban. Las quejas generaron la creación, en diciembre de 2016, de la llamada “burbuja ambiental”, una iniciativa de articulación interinstitucional, liderada por la Sexta División del Ejército Nacional, para atender la deforestación. Sin embargo, los resultados fueron mínimos.
En 2017, las comunidades caqueteñas empezaron a ver con más frecuencia mayores áreas de bosque quemadas. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), ese año fueron deforestadas 219.973 hectáreas en todo el país y sólo en la Amazonía fueron afectadas 144.147 hectáreas, el doble de la deforestación registrada en 2016 para la misma región (70.074 hectáreas).
El profundo daño ambiental alertó a ambientalistas y a organizaciones de la sociedad civil, que comenzaron a buscar caminos para evitar que la selva amazónica sufriera más daños. Una de las rutas fue elevar denuncias penales contra quienes estaban deforestando el pulmón del mundo. Pero lo que no previeron es que afectaría a líderes campesinos y a labriegos que aún hoy libran una batalla ante la justicia para demostrar su inocencia.
Al frente de esas denuncias estuvieron Susana Muhammad, la actual ministra de Ambiente, en calidad de defensora del medio ambiente, un abogado que actualmente presta sus servicios en esa cartera de gobierno como contratista y la Fundación Avaaz, organización estadounidense que trabaja por el activismo ciudadano en asuntos como el cambio climático y que tiene una amplia trayectoria en la realización de campañas contra la deforestación en la amplia región amazónica, incluyendo a Colombia.
Denuncias de activistas
Los primeros en presentar una denuncia contra los deforestadores de la Amazonía fueron Muhamad y Marco Antonio Sanabria. Lo hicieron el 3 de enero de 2018 ante la Fiscalía General de la Nación en calidad de ciudadanos y activistas ambientales.
Antes de ser Ministra de Ambiente, Muhamad fue Secretaria de Ambiente (2012-2013 y 2014-2015) y Secretaria General (2013-2014), durante la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá. Además, fue concejala del distrito capital en el periodo 2020-2022, desde donde abanderó causas ambientales.
Por su parte, Sanabria es un abogado especializado en Derecho Penal y Criminología, según sus registros en el sitio web de la Función Pública. Es un viejo conocido de Muhamad, con quien coincidió en la Secretaría de Ambiente de la Alcaldía de Bogotá y en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde presta sus servicios desde enero de 2022.
Durante el primer semestre de 2017, mientras Muhamad se alistaba para participar en las elecciones al Senado de la República de 2018 con el respaldo del Movimiento Alternativo Indígena y Social, se acercó a una campaña de incidencia sobre el impacto de la deforestación en el posacuerdo que impulsaba la Fundación Avaaz.
En una declaración jurada que rindió el 27 de junio de 2018 ante la Fiscalía, la actual Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible explicó que decidió “en conjunto con la organización Avaaz, generar una campaña ciudadana para alertar sobre los efectos de un posconflicto mal implementado en departamentos amazónicos con referencia a la deforestación”.
Lo extraño es que en sus redes sociales sólo se atribuyó la denuncia el 8 de octubre de ese año, cuando le respondió un tuit a Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), quien denunciaba la deforestación en el Chiribiquete.
Pusimos denuncia en Fiscalía @manuel_rodb por deforestación (lo hice como ciudadana), @FiscaliaCol también @Avaaz radicó otra denuncia y 1 millón de firmas pidiendo que pare la deforestación el piedemonte Amazónico. Pero el gobierno @IvanDuque impávido. https://t.co/9skOG87cp4
— Susana Muhamad (@susanamuhamad) October 9, 2018
En el tuit, Muhamad mencionó a Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente (1993-1996) y profesor emérito de la Universidad de Los Andes. Este portal le consultó al docente si tenía alguna relación con la denuncia presentada, a lo que aclaró que no.
En su denuncia, Muhamad y Sanabria le pidieron a la Fiscalía determinar quiénes eran los responsables de la deforestación en Caquetá y señalaron que los hechos delictivos se relacionaban con la invasión de áreas de especial importancia ecológica agravada, daño en recursos naturales agravada, contaminación ambiental agravada e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales agravada.
Lo expuesto por los entonces activistas ambientales llevó al ente acusador a centrarse en el departamento de Caquetá y a que se iniciaran las pesquisas contra campesinos de los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.
Este portal quiso hablar con la ministra Muhammad y el abogado Sanabria para resolver algunas dudas sobre su denuncia, pero, a pesar de las peticiones enviadas, al cierre de este artículo no se obtuvo respuesta alguna de ellas.
Además de la denuncia de los hoy funcionarios del Ministerio de Ambiente, ocho meses después, la Fundación Avaaz interpuso otra por su cuenta.
Fundación reacciona
Para aclarar el tema, VerdadAbierta.com buscó a la Fundación Avaaz con el fin de establecer la relación y el contenido de la denuncia presentada por Muhamad y Sanabria, y la suya, instaurada ante la Fiscalía en septiembre de 2018.
Representantes de esa organización, que solicitaron omitir sus nombres, le confirmaron a este portal que se trataba de documentos distintos, que la actual Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible nunca conoció el contenido de la denuncia que presentaron y que desconocen el curso de la investigación penal iniciada hace más de cuatro años.
“En enero de 2017, tras la salida de las FARC, Avaaz recibió alertas de deforestación de los habitantes de áreas de importancia ecológica en las proximidades del PNN Serranía de Chiribiquete. A partir de estas denuncias, miles de miembros de Avaaz financiaron una investigación multitemporal, la cual arrojaba datos alarmantes sobre deforestación”, se lee en su página web.
Así fue cómo diseñaron la campaña “Que la paz no acabe con la Amazonía”, lanzada a mediados de febrero de 2017. Con esa iniciativa, la Fundación buscaba reunir firmas de la sociedad civil en todo el mundo para presionar a la Fiscalía en Colombia para que realizara labores investigativas sobre la deforestación en esta región e identificara y procesara a los responsables.
Un año después, la iniciativa alcanzó un millón de firmas. A finales de febrero de 2018, un grupo de niños y líderes indígenas le entregaron las firmas al entonces viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, Luis Ernesto Gómez (2016-2018).
En línea con las acciones del gobierno nacional por proteger la Amazonía, el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) amplió en casi un millón y medio de hectáreas el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete como una medida de protección.
Muy conmovido por estos pequeños ciudadanos que hoy me entregaron 1.004.736 firmas recogidas en el mundo entero por @Avaaz para promover una nueva #CausaCiudadana: proteger la Amazonía. Esta es una de las causas más importantes de nuestra generación. ¡Cuentan conmigo! pic.twitter.com/uuiBqWUvEQ
— Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) February 27, 2018
Año y medio después de conocerse las alertas de deforestación que los campesinos de Caquetá habían hecho, y con el respaldo de las firmas, el tema comenzó a agitarse. En la mañana del 12 de septiembre de 2018, activistas que apoyaban a Avaaz construyeron un “cementerio” de árboles amazónicos frente al búnker de la Fiscalía en Bogotá con el objetivo de posicionar su campaña y captar la atención de los medios de comunicación y la opinión pública.
Ese mismo día, la Fundación presentó una denuncia penal en la que le pidió al ente investigador determinar los responsables de la deforestación y ponerle freno a la pérdida de cobertura vegetal de la Amazonía.
La presión generó resultados: la Fiscalía expidió tres resoluciones para investigar y realizar operativos con el fin de “intervenir áreas afectadas por la deforestación en Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Meta”, según un anuncio de la entidad.
Además, hizo pública la creación de un equipo conformado por cinco direcciones de la Fiscalía —Contra las violaciones a los Derechos Humanos, Contra la Criminalidad Organizada, Contra el Narcotráfico, Contra la Corrupción y la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis a la Criminalidad—, con el que se buscaría articular conocimiento y desarrollar acciones para enfrentar la deforestación.
Lo particular de este proceso es que representantes de Avaaz desmintieron la versión que dieron Muhammad y Sanabria en su denuncia. Según le explicaron a este portal, la relación que mantuvieron se centró en que la hoy funcionaria del alto gobierno proveyó de información a la Fundación: “Si hubiera sido coautora de la campaña o hubiera tenido una relación directa, así lo hubiéramos anunciado”, precisaron. “Es incorrecto decir que ella coordinó la campaña con nosotros”, insistieron.
Además, recalcaron que la actual jefa de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible se acercó al trabajo de esa organización en 2014, cuando la Fundación coordinaba la Marcha por el Clima en Colombia y aclararon que desde entonces han tenido interlocución esporádica como una fuente de información, particularmente en asuntos ambientales.
De las denuncias a los afectados
“Esa no es nuestra denuncia”, insistieron representantes de Avaaz al observar uno de los documentos obtenidos por este portal. Y aclararon que nunca se les informó que Muhamad y Sanabria radicarían una denuncia y menos que incluyera a la Fundación.
Reconocieron, eso sí, que trabajaron con el abogado Sanabria, quien elaboró un borrador de la denuncia, pero Avaaz terminó descartando ese documento: “Nos parecía que no reflejaba nuestras preocupaciones, nuestras intenciones, ni la voz de Avaaz”.
Al cotejar el borrador que les entregó Sanabria en junio de 2017 a la Fundación con el borrador que reposa en Fiscalía a nombre de él y Muhamad, se evidencia que no es exactamente el mismo. “En el que se presentó ante Fiscalía en Enero 2018 hay información y apartes adicionales que no estaban en el borrador que Marco nos entregó”, señalan en Avaaz.
En la denuncia presentada por Muhamad y Sanabria, el recuento de los supuestos hechos delictivos se hace a través de una entrevista que una bióloga y ambientalista, conocedora de lo que venía ocurriendo en sectores caqueteños en 2017, le hizo a un líder social que sabía de la situación en San Vicente del Caguán, en especial en las veredas Ciudad Yarí, Tailandia y la Esmeralda.
De acuerdo con lo reportado en esa entrevista, el líder social les detalló cómo estaban llegando personas a apropiarse de tierras, deforestar los predios y hacer fincas. Algunos eran habitantes de zonas rurales que veían la oportunidad de hacerse a tierras para trabajar. Otros tenían intereses en la venta de madera y la producción bovina.
El líder les aseguró que detrás de la deforestación en la región estaban tres o cuatro grandes finqueros que vivían en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán: “El método de los finqueros grandes, es contratar un grupo determinado de personas, les dicen cojan 200 a 300 hectáreas, ustedes las trabajan, las marcan, tumban unas 10 a 20 hectáreas y les pagamos 30 o 35 millones de pesos, pero con la condición de entregar nuevamente las tierras a los finqueros, simplemente van y colonizan y venden”.
Este es uno de los detalles que diferencia la denuncia presentada por Muhamad y Sanabria con la de Avaaz, pues la Fundación decidió no incluir testimonios de campesinos en su denuncia para proteger la seguridad de sus fuentes.
“Al principio del proceso de investigación teníamos unos testimonios, pero una persona nos pidió antes de presentarla que, por favor, no lo incluyéramos, y ahí excluimos su testimonio y todos los testimonios”, explicaron en Avaaz y agregaron que “lo que sí ofrecíamos era puntos focales, georreferencias, archivos de satélite y un rastreo histórico del avance de la deforestación, pero ni un solo testimonio”.
Avaaz señaló que en su denuncia hicieron una introducción “donde hablamos precisamente de que no queríamos que el enfoque fuera en pequeños campesinos” y que querían que la Fiscalía “se enfocara en grupos criminales, que debido a la rapidez de la tala no se podía de ninguna manera presumir que eran pequeños campesinos”.
VerdadAbierta.com conoció la denuncia presentada por Avaaz en septiembre de 2018 y efectivamente es distinta a la que está en la denuncia de Muhamad y Sanabria.
La denuncia de Avaaz era especialmente alarmante porque los focos de deforestación que los líderes habían identificado se encontraban en zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, entre Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán. Se trata de baldíos de la Nación declarados como Zona de Reserva Forestal de la Amazonía bajo la Ley 2 desde 1959.
Según cifras entregadas a este portal por el IDEAM, en 2017 se deforestaron 26.632 hectáreas en el municipio de San Vicente del Caguán, seguida por Cartagena del Chairá con 22.591 hectáreas. Los años siguientes, las cifras se mantuvieron altas y las autoridades, con la presión de la comunidad internacional, emprendieron acciones para ponerle freno a la deforestación.
Tras inocentes
Con todos esos elementos en poder del ente investigador, los resultados no fueron los esperados. Contrario a lo que señaló el líder social en la entrevista que sirvió de base a la denuncia de Muhamad y Sanabria, la acción de la justicia no cayó sobre los supuestos tres ganaderos deforestadores de San Vicente del Caguán.
El 11 de octubre de 2020, la Fiscalía 17 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con sede en Medellín, capturó a nueve personas por los delitos de invasión de Áreas de Especial Importancia Ecológica, aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables e incendio.
Otros se entregaron voluntariamente meses después al ver su rostro en el cartel de “Los más buscados por la deforestación de la AMAZONIA COLOMBIANA”, en el que ofrecían millonarias recompensas por información que diera con su captura. Aunque después, alegan líderes de la región, la Fiscalía anunció públicamente todas como capturas, desdibujando la voluntad de presentarse ante la justicia de varios de estos campesinos.
Este portal intentó establecer el número exacto de capturados bajo esta investigación, pero sólo se logró establecer que oscilan entre 18 y 20 judicializados, según abogados defensores de los campesinos.
Cayeron 3 del cartel de los más buscados por la deforestación de la Amazonía Colombiana https://t.co/eZB1p7JvDD pic.twitter.com/ehEXNOcGld
— Mindefensa (@mindefensa) February 21, 2021
Algunos de los detenidos fueron Hernando Fierro Sotelo, Jesús Antonio Narváez, Jaiber Galindo Muñoz e Isaac Páez López, entre otros. Galindo y Páez son líderes de la Asociación Campesina para la Protección Ambiental y la Producción Agroforestal de Cartagena del Chairá (ASCPROACAR), la cuál agrupa a 14 Juntas de Acción comunal creadas en las zonas entre Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán en donde algunas familias llegaron a tomar tierras.
La creación de la asociación ambiental se realizó el 2 de junio de 2020 en una reunión de delegados de las seis veredas ubicadas entre los ríos Yarí, Lobos y La Riña. El propósito de la organización era unificar “a todos los habitantes de esta región, para desarrollar planes y programas en defensa de la protección ambiental de la biodiversidad originaria y garantizar la permanencia de los asociados”, se lee en el documento de constitución que el campesinado consignó en el archivo de la alcaldía municipal.
En un comunicado del 28 de enero de 2021, organizaciones sociales de Cartagena del Chairá denunciaron que “mediante testigo oculto e interpretaciones tendenciosas de los investigadores de la Fiscalía y la Policía, la Fiscalía emprendió una persecución política judicial contra la organización campesina (…) y a sus dirigentes, hechos que denunciamos como una retaliación política contra el representante legal de ASCPROACAR, señor JAIBER GALINDO MUÑOZ por haber denunciado hechos de corrupción en la región”.
Este portal ya había recogido la denuncia de algunos líderes judicializados en el especial Cartagena del Chairá, la selva agoniza. (Leer más en: Deforestación: cárcel a campesinos y rienda suelta a grandes ganaderos)
Jaiber Galindo Muñoz es un psicólogo de 45 años de edad, nacido en el seno de una familia campesina en Saladoblanco, Huila. Desde muy pequeño lo llevaron a vivir a Cartagena del Chairá. Junto a su esposa, en 2007, compró una finca en Los Andaquies, una vereda del Núcleo 15 de ese municipio, que escrituró y sobre la que paga sus impuestos. Su liderazgo en la región a través de ASCPROACAR buscaba impartir pedagogía entre los campesinos para que mermara la deforestación.
¿Cómo terminaron involucrados en el caso líderes sociales y campesinos? Según Jaime Hernández, abogado defensor de varios de ellos, una de las tácticas que la Fiscalía utilizó para la investigación fueron verificaciones interinstitucionales de inteligencia que en sobrevuelos determinaron polígonos y coordenadas de áreas afectadas. Así se relacionó a la población que habitaba esas zonas como los responsables de las grandes deforestaciones.
En la denuncia presentada por Muhamad y Sanabria se incluyó un mapa con unas coordenadas. Este portal buscó a la Fiscalía para saber si en su investigación también tuvo en cuenta estos datos georeferenciales para solicitar las órdenes de captura, pero no se obtuvo respuesta.
Además, el expediente cuenta con una versión que entregó a la Fiscalía una fuente “no formal” que, argumentando motivos de seguridad, le pidió a los investigadores judiciales la reserva de su identidad.
Esa “fuente” aseguró que conocía a los grandes deforestadores y con nombres exactos aludió a varios campesinos de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, pobladores de las veredas La Temblorosa, Caño Bonito, Bocana de Lobos, La Dorada, Bosques de Lobos, Nueva Ilusión o La Novia. Algunos de los señalados fueron justamente los líderes Galindo, Paéz y Narváez.
Luchan por su inocencia
“Aquí estamos hablando de personas que buscando un espacio vital, un lugar en donde quizás desarrollar un proyecto de vida, al estilo y usanza como fueron fundadas estas tierras, porque estas son tierras de colonos catalogadas por el Estado como áreas de especial importancia, es que se propicia la afectación antrópica”, explica el abogado Hernández, quien representa a tres de los procesados por el caso abierto a raíz de la denuncia de Muhamad y Sanabria: Jaiber Galindo, Isaac Páez y Hernando Fierro Sotelo.
“A ellos se les pinta como unos grandes depredadores del medio ambiente, cuando en realidad la mayoría tuvo que acogerse al Servicio Nacional de Defensoría Pública. En la práctica se trata de ciudadanos en manifiesta condición de vulnerabilidad”, aseveró el abogado.
Con la Ley 2211 de 2021 se modificó el capítulo sobre los delitos ambientales en el Código Penal. Uno de los cambios fue que los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica iban a ser conocidos por jueces Penales de Circuito Especializado, lo que hace que los términos de proceso sean más extensos y las garantías procesales para los campesinos capturados más desfavorable.
En un primer momento, Martha Lucia Yepes Bustamante, fiscal 17 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Medellín —quien lleva el caso contra Galindo, Páez y otros campesinos— decidió no presentar escrito de acusación sino solicitar un principio de oportunidad —un acuerdo entre los procesados y la Fiscalía— al plantear que los daños ocasionados eran reparables.
Acogiéndose a esta figura, varios de los campesinos implicados esperaban ponerle fin a su judicialización en enero del año pasado. De esta manera, se comprometerían a brindar capacitaciones en las comunidades rurales para frenar la deforestación y participarían en programas de reforestación. Sin embargo, el acuerdo no prosperó.
“Se ofreció un plan de reparación y tal vez hubo una demora en los términos de concreción, surgió el cambio de gobierno y una vez con el cambio de gobierno la respuesta que obtuvo la doctora Martha en el nivel central fue otra. Ella me llamó cuando salía del búnker, y me dijo: ‘No, doctor. Imposible. Acá ya no autorizan principio de oportunidad alguno’”, recordó el abogado Hernández.
La explicación que le dio otro fiscal que lleva investigaciones contra campesinos capturados por estas denuncias es que se había endurecido la política criminal en torno a la persecución de los delitos ambientales.
La defensa de los campesinos no busca negar que los procesados vivían en zona de reserva forestal de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán; por el contrario, argumenta que así era y el Estado lo sabía e, incluso, lo incentivó.
Hernández recuerda cómo el Estado ha agenciado “acciones afirmativas” que les han permitido llevar acueductos, suministro eléctrico, carreteras, servicio de educación o vincularse a proyectos productivos aprobados por Corpoamazonia para beneficiar a las poblaciones que viven en áreas protegidas de Caquetá.
“De las personas que yo defiendo y de las personas que yo tengo el conocimiento de los elementos materiales probatorios que reposan en contra de cada uno de ellos, no se trata de personas que le vayan avanzando a la selva, no son personas que se han salido del linderos, sino que son propietarios o poseedores que simplemente han modificado la composición de sus tierras”, subraya Hernández para indicar que el pecado de sus representados es vivir en zonas de reserva forestal, como miles de familias del departamento. (Leer más en Campesinos y medio ambiente, víctimas del desgreño estatal)
“Pretende que el Estado descargue su ira en contra de quienes están afectando el medio ambiente, pero sin considerar todas las circunstancias que rodean y que seguramente conocen, porque tiene acceso a información”, reprocha el abogado sobre la denuncia de Muhamad y Sanabria
Para las representantes de Avaaz es alarmante esta situación: “Sería una gran desilusión y un gran problema que la Fiscalía esté dedicada a perseguir a pequeños campesinos o líderes sociales y no esté haciendo su tarea de entender cuáles son los lazos y cuáles son las redes y cuáles son las maquinarias alrededor de estos, pues eso es lo que nos importa en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Perú y en todo lado: frenar la tala desmesurada y a gran escala que está destruyendo los bosques”.
La Ministra y sus cambios de opinión
Si una de sus luchas ambientales era la protección de la Amazonía, ¿Susana Muhamad siguió el proceso que desató la denuncia que presentó en enero de 2018 ante la Fiscalía junto con el abogado Sanabria? Este portal buscó en repetidas ocasiones a la funcionaria para conocer si estuvo al tanto de ello, pero no se obtuvo respuesta.
Por su parte, en la Fundación Avaaz dijeron que desde que presentaron su denuncia no han tenido más información de su avance: “No hemos tenido notificaciones del proceso por parte de Fiscalía, ni se nos contactó en ningún momento. En la página de la Fiscalía nos aparece que el caso sigue abierto. Es lo único que sabemos al respecto”.
Otro asunto que este portal buscó revisar, sin resultado alguno, fue la postura que Muhamad asumió tras los resultados que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía sacaron a relucir en febrero y abril de 2021, cuando anunciaron la captura de grandes deforestadores de la Amazonía, entre ellos los líderes sociales Galindo, Paéz y Narváez, procesos que las comunidades de la región y algunos medios regionales denunciaron como “falsos positivos judiciales”.
Es el caso de Esteban Cruz Chilo. El medio local Lente Regional elevó la denuncia de la familia de Cruz Chilo, que sorprendida al verlo en el cartel de los más buscados por deforestación, publicado a finales de 2020, salieron en su defensa argumentando que se trataba de un campesino pobre y de la tercera edad que vive en zona rural de San Vicente del Caguán.
En mayo de este año, la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible entregó un balance de deforestación en Colombia en el que se estimaba una reducción en la deforestación del 15 al 25 por ciento para el año 2022.
En esa exposición, la funcionaria aseveró que el actual gobierno nacional tiene un cambio de política para tratar esta situación, en comparación con la administración de Iván Duque (2018-2022): “Porque unas de las principales estrategias o el énfasis de la estrategia fue la judicialización de los campesinos y parte de este resultado tiene que ver con entrar en diálogo directo con las comunidades para construir con ellas una alternativa de vida”.
¡La #deforestación en la Amazonía colombiana cae un 25%❗️
“Hicimos un cambio de política importante en el país: antes, el énfasis de la estrategia era la judicialización de campesinos y ahora entablamos diálogos directos con las comunidades” ministra @susanamuhamad. pic.twitter.com/6JVzTsiFnM— MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) May 16, 2023
Desde el año pasado el Ministerio venía adelantando conversaciones territoriales para comprometer a los campesinos con el cuidado de la selva amazónica. Así ocurrió el 29 de octubre del año pasado, cuando alrededor de 100 campesinos de los municipios de Cartagena del Chairá, Solano y Puerto Rico (Caquetá) llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Ambiente para conservar la selva.
Como delegado de la Asociación de Juntas de Cartagena del Chairá, el líder social Farid Murcia le recordó a la Ministra el abandono en el que históricamente están sumidas las familias que viven en zonas de Áreas de Especial Importancia Ecológica. “A nosotros nos han atropellado por estar en zonas de reserva forestal, pero el gobierno nunca nos dio a conocer que esas zonas no se podían trabajar. Ha sido el abandono total en que nos han tenido”, expresó el líder.
“Yo en la intervención que hice le comenté a la Ministra cómo nació la Mesa Municipal de Concertación Campesina Agroambiental por el Derecho a la Tierra, a raíz de las capturas de la Operación Artemisa”, cuenta Luis Antonio Valencia, líder social de Cartagena del Chairá.
Esa articulación social inició con las capturas que iniciaron en octubre de 2020 en Caquetá, las cuales provocaron un estallido social en Cartagena del Chairá. El 13 de noviembre de ese año, en plena pandemia, más de 300 personas se movilizaron hacia la cabecera municipal para rechazar las capturas.
Las judicializaciones de finales de 2020 coincidieron con la intención que tenían campesinos de ese municipio que viven en zonas de reserva forestal para pedir la titulación de los predios que por años han ocupado y desarrollar fincas “modelo”, predios sostenibles agroforestalmente.
Sin embargo, los operativos no cesaron. El 15 de abril de 2021, más de 600 campesinos se movilizaron desde Cartagena del Chairá hasta Florencia para reiterar sus exigencias. Allí se adhirieron al Paro Nacional, estableciendo durante 50 días “puntos de resistencia” en tres municipios del departamento del Huila: Altamira, Guadalupe y Suaza, con lo que lograron que varias entidades estatales se sentaran a escucharlos y a buscar soluciones.
En una reunión del 29 de octubre del año pasado, Samuel Pardi, líder de ASCPROACAR, organización de la que hacen parte los campesinos judicializados Galindo y Páez, expuso la situación de los campesinos capturados a inicios de 2021 e, incluso, le solicitó a la ministra Muhamad que intercediera para precluir los procesos penales. Así quedó consignado en el acta conocida por este portal: “[…] Pide de manera inmediata la preclusión y libertad de los procesos judiciales a los campesinos y líderes sociales del territorio”.
Además, al finalizar el evento, el líder Murcia aseguró que la funcionaria prometió que les iba a dar un espacio en su agenda en Bogotá para conversar sobre los problemas de la región, pero han pasado más de año y medio, y aún siguen esperando la cita.
Mientras tanto, los campesinos judicializados continúan batallando por su inocencia, abrumados por unas acusaciones que surgieron cuando el activismo de la actual ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible no medía las consecuencias de sus actos.
