La confrontación armada que actualmente tiene lugar en este populoso sector del occidente de la capital antioqueña no sólo aumentó las agresiones y vulneraciones de los derechos humanos de las comunidades, también deja en evidencia la importancia que tiene esta zona para poderosas estructuras criminales, interesadas en dominar corredores de movilidad entre el Valle de Aburra y el occidente del departamento.
“Apenas se acabaron las vacaciones mandé a mi hijo a vivir donde mi hermana. Por fortuna ya le conseguí colegio por allá. Es un barrio sano, lejos de aquí. No soportaba verlo todo el día encerrado, atemorizado, como si estuviera pagando una condena o algo parecido. Un joven como él, a sus 17 años, era para que estuviera saliendo con sus amigos, con su noviecita, pero no, aquí no puede salir”, cuenta Gloria*, habitante del barrio Juan XXIII.
Con una tristeza inocultable en su mirada, la mujer afirma que en los poco más de 30 años que lleva viviendo en este populoso sector de la ciudad nunca había presenciado una violencia tan aguda, degradada y asfixiante como la que está padeciendo ahora: “Ni siquiera en los tiempos de la Operación Orión, que me tocó siendo una niña. Aquí hubo milicias e hicieron muchas ‘cagadas’. Pero no se veían plazas de vicio como ahora, no se veían a los pelados tan enviciados como ahora. No se veía esa intención de exterminar a los jóvenes sólo por ser de tal barrio”.
A un par de cuadras de su casa se encuentra el barrio La Divisa. Desde finales de abril, la banda delincuencial que opera en esa zona y que Gloria nombra como ‘los de arriba’ se trenzó en una guerra a muerte con la banda que actúa en su sector, que prácticamente sentenció a los habitantes de uno y otro barrio a vivir confinados por cuenta de las fronteras imaginarias impuestas por los armados. Quienes están llevando la peor parte en esta confrontación son los jóvenes, pues si cruzan la mencionada línea divisoria son declarados objetivo militar por las bandas de uno y otro lado, así no tengan que ver con la confrontación.
No se trata de una simple advertencia. El pasado 24 de junio fue baleado León Hernán Sánchez cuando caminaba por las calles del barrio La Quiebra, contiguo a Juan XXIII. Según manifestaron sus familiares, León vivía en otro barrio (Villa Laura, a varios kilómetros de allí) y se disponía a visitar una amiga que recién conocía. Pero su presencia allí despertó la sospecha de los armados, que lo asesinaron sin mediar juicio ni palabra. Semanas atrás, el 20 de mayo, el joven Nicolás Moreno Chica corrió la misma suerte cuando ingresó a un establecimiento comercial del barrio Los Alcázares, cuadras abajo del Juan XXIII.
“Entonces, ¿qué está pasando?”, dice Gloria: “los jefes de la banda de mi barrio viven hablando con los muchachos, diciéndoles: ‘qué si se van a dejar matar, qué si no se van a defender, qué mire que ellos se van a meter al barrio y van a acabar con todos nosotros’. Entonces, hay jóvenes que se están metiendo a la banda porque sienten que es la única forma de proteger sus vidas, a otros los están vinculando a la fuerza. Y los que no quieren hacer parte de eso, como mi hijo, tienen que pasar encerrados todo el día en sus casas. Por eso lo mandé a otro barrio”.
Desplazamiento forzado al alza
De acuerdo con el personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe, desde que estalló esta nueva confrontación armada en la comuna 13 el desplazamiento forzado intraurbano creció dramáticamente y las cifras así lo certifican: “Hasta el mes de abril teníamos registradas 32 familias desplazadas de manera forzada de esta comuna. Pero entre el 1 de mayo y el 4 de julio registramos un total de 135 familias, para un total de 167 familias (poco más de 350 personas)”.
La principal razón que esgrimen las familias para abandonar a la fuerza sus barrios está el miedo a que sus hijos sean reclutados por las bandas delincuenciales que hoy se disputan a sangre y fuego el territorio. “Desafortunadamente eso viene ocurriendo en la comuna 13. Estos grupos están utilizando y vinculando menores para sus filas porque necesitan ‘mano de obra’, ya sea como ‘campaneros’, ya sea que cobren las vacunas o que participen en las confrontaciones”, advierte el funcionario, quien añade que “el temor y la zozobra que está generando las constantes balaceras y en algunos casos las amenazas directas también figuran como otras causas importantes de desplazamiento forzado”.
La guerra entre estructuras criminales que se libra hoy en los escarpados barrios de la comuna 13 también ha impactado fuertemente al sector educativo de la zona. Nataly Vélez, concejal de Medellín, reveló que en los últimos tres meses unos 146 estudiantes de la Institución Educativa La América no han vuelto a clases por razones relacionadas a este conflicto armado mientras que líderes del sector denuncian que en otros centros educativos como la Institución Educativa Las Independencias, el Colegio Juan XXIII y el Colegio Cristóbal Colón vienen creciendo los casos de deserción tras la reanudación de actividades luego del periodo de vacaciones.
“No desconozco que se estén presentando estas situaciones; hay mucho temor entre los estudiantes de ir a sus colegios, pues deben pasar por las llamadas fronteras invisibles que se impusieron en los barrios y, claro, hay mucho temor por parte de los padres de exponer a sus hijos y prefieren no enviarlos a clases”, admite el Personero municipal.
Quienes están viviendo su propio calvario son los líderes sociales y barriales. De acuerdo con James Zuluaga, integrante de la Mesa de Derechos Humanos de la comuna 13, a la fecha hay 14 dirigentes barriales amenazados de muerte, particularmente de los barrios La Pradera y Belencito. El caso más dramático es el de una corporación cultural cuyos integrantes fueron todos amenazados “y se tuvieron que ir de sus barrios. Hoy, esa corporación, que venía realizando un trabajo importante con los jóvenes de la comuna, desde lo artístico y lo cultural, está prácticamente condenada al cierre. Algo muy triste”.
Cuando James debe recorrer los barrios de la comuna 13 por motivos relacionados con su labor como defensor de derechos humanos lo hace con un chaleco antibalas. “Toca así por las amenazas que uno recibe”, dice. “Lo triste es que muchos de los líderes amenazados han pedido ayuda a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y, ¿qué pasa? La Unidad comienza los estudios y en muchos casos sale como ‘riesgo ordinario’ y no les dan medidas de protección. O llegan cinco, seis o siete meses después. Y lo que entregan como medida de protección es un chaleco antibalas, ¡puede creerlo!”.
Juego de tronos
Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la Secretaría de Seguridad de Medellín, entre el 1 de enero y el 31 de mayo del año en curso se cometieron 27 homicidios en la comuna 13, ocho casos más que los registrados en el mismo periodo del año pasado. De acuerdo con la Personería de Medellín y la Defensoría del Pueblo, a 13 de julio la cifra alcanza los 44 asesinatos, aunque, según las cuentas de los integrantes de la Mesa de Derechos Humanos, la cifra puede ser mucho mayor.
“Estamos hablando que los homicidios, en lo que va de este año, pueden llegar a ser 80 casos. ¿Qué pasa? Que los asesinatos que se presentan en límites con (corregimiento) Altavista la oficialidad los está contando como si hubieran ocurrido en Altavista; lo mismo cuando ocurren en (barrio) La Pradera, que limita con la comuna 12, entonces, lo cuentan como si hubiera ocurrido en esa comuna. O si ocurre entre los límites de San Javier y San Cristóbal, se cuentan como si fueran homicidios de San Cristóbal”, explica Zuluaga. (Leer más en: Corregimiento Altavista, montaña con múltiples conflictos)
Más allá del debate por la veracidad de las cifras, en lo que sí hay consenso entre los líderes barriales, las autoridades civiles y de Policía, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones defensoras de derechos humanos de la ciudad es que se trata de un conflicto que venía cocinándose a fuego lento desde hace dos años y que estalló con toda su furia a finales del mes de abril del presente año.
Tal como lo consignó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana de Inminencia 059-18 del pasado 13 de julio, en la que advierte el riesgo de vulneración de derechos humanos para los habitantes de las comunas 12 y 13 de Medellín, lo que está en juego es el control de un vasto territorio en el que se mueven importantes rentas ilegales más allá de la extorsión; también constituye un corredor vital para el tráfico de armas y narcóticos que va desde el Bajo Cauca antioqueño, se extiende hasta las montañas del Occidente de Antioquia y de ahí al Golfo de Urabá, incluyendo todo el occidente de Medellín, entre ellos los barrios de la comuna 13. (Descargar Alerta AT 059-18)
De acuerdo con los análisis del SAT, todo apunta a que la chispa que encendió el polvorín fue el acto de traición cometido por un histórico capo de la comuna 13, conocido con el alias de ‘Samir’, a su antiguo socio criminal, alias ‘Juancito’, quien se entregó a las autoridades de Policía el pasado 1 de mayo. Así, la guerra fue inevitable y las bandas delincuenciales con arraigo en la comuna como ‘El Salado’, ‘Los Conejos’, ‘Betania (La Sexta)’, ‘La Agonía’, ‘Los Pesebreros’, comenzaron a tomar partido.
Según los análisis del SAT, un escenario de confrontación se encuentra en la franja de barrios de la comuna 13 que limitan con la comuna 7 (Robledo), donde los principales protagonistas son las bandas ‘La Agonía’ y ‘Los Pesebreros”; mientras que, en el otro extremo, en el corredor compuesto por los barrios Belencito, El Corazón, Betania, Villa Laura y los sectores de Monteverde y Cantarrana, que colindan con el corregimiento Altavista, la disputa armada la protagonizan las bandas ‘Betania (La Sexta)’ y ‘Los Conejos’, que al parecer, estaría apoyada por ‘Los Pesebreros’.
Pero el hecho de que esta guerra barrial se libre en sectores que revisten vital importancia para la movilidad de armas, precursores químicos y clorhidrato de cocaína lleva a plantear a los analistas del SAT que en este nuevo conflicto estén involucrados otros poderes armados, como las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por el gobierno nacional ‘Clan del Golfo’; y una facción de la histórica ‘Oficina de Envigado’, quienes estarían suministrando armas, recursos económicos y hasta hombres para sostener la confrontación a sus aliados barriales.
Por un lado, está el apoyo irrestricto de las Agc hacia la banda delincuencial ‘La Agonía’. Se trata de una alianza de vieja data. Cinco años atrás, cuando los ‘gaitanistas’ buscaron posicionarse en el corregimiento San Cristóbal, occidente de Medellín, recurrieron a la ‘La Agonía’, banda delincuencial que cumplió a cabalidad su misión. Eso forjó un apoyo hasta ahora indeclinable de los segundos hacia los primeros.
Por su parte, Freiner Alonso Ramírez García, conocido como ‘Carlos Pesebre’, representa una facción histórica de la temida ‘Oficina de Envigado’, que busca mantener un poder criminal sobre Medellín y su área metropolitana construido a punto de bala en las últimas tres décadas. No en vano, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que desde los centros de reclusión se tejió una alianza criminal entre José Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’, y ‘Carlos Pesebre’, por lo que solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación.
De ahí que el SAT de la Defensoría, en su Alerta Temprana de Inminencia, plantee que la disputa barrial que tiene lugar en las calles de la comuna 13, que ha significado un incremento de las agresiones y las vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades, bien podría ser la excusa para que estas dos organizaciones criminales definan cuál de ellas controlará un importante corredor de movilidad que va desde el Bajo Cauca antioqueño, donde se concentran los cultivos ilícitos, pasa por el sur del Valle de Aburrá, donde se estaría almacenando el clorhidroato de cocaína lista para exportar, y llega hasta los municipios lejanos del Occidente antioqueño y que atraviesa, justamente, los barrios de este populoso sector del occidente de Medellín.
“No es una coincidencia que los conflictos más agudos entre estructuras armadas locales se estén presentando actualmente en el occidente de Medellín. Los enfrentamientos entre las bandas locales se dan por el control territorial y poblacional que le permite el recaudo de rentas ilegales a partir de la economía que se mueve en los barrios. Pero detrás de esos conflictos por rentas locales, hay estructuras de mayor poder económico y armado, que articuladas a la cadena del tráfico internacional de narcóticos y armas, pretenden que una de las organizaciones locales consolide el control hegemónico en el territorio, para así detentar el control de las rutas trasnacionales de movilidad de la ilegalidad en el occidente del Valle de Aburrá. Este es el escenario de riesgo que ha incrementado el número de vulneraciones a los DDHH en las Comunas 12 y 13 de Medellín”, consigna el SAT en su alerta temprana.
La compleja situación de esta amplia zona de la ciudad fue evidenciada por este portal el pasado 25 de abril en un reportaje que dio cuenta de otra alerta temprana emitida un día antes por la Defensoría del Pueblo y enviada al ministro del Interior, Guillermo Rivera. (Leer más en: Defensoría alerta sobre riesgos de vulneración de derechos humanos en suroccidente de Medellín)
Orión nunca más
El recuerdo de la Operación Orión aún golpea con fuerza a los habitantes de la comuna 13. Tanto, que la sola mención de una nueva intervención militar de semejante magnitud sirve para levantar una enérgica voz de rechazo de más del 90 por ciento de los residentes de este sector.
Aunque el propio secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, ha sostenido que no se ha contemplado por un instante esa posibilidad, entre los habitantes y líderes del sector persiste esa sensación colectiva de que, en cualquier momento, regresarán las tanquetas, los helicópteros artillados, los soldados en los techos, los combates calle por calle y encapuchados usados por la Fuerza Pública para señalar a presuntos enemigos, tal como ocurrió entre el 15 y el 17 de octubre de 2002.
Esa sensación de temor se incrementó luego del pasado domingo, 8 de julio, día en que el Concejo de Medellín decidió realizar un debate político a las 6 de la tarde y a puerta cerrada sobre la situación de seguridad en esta comuna. “Y no invitaron a ningún líder de la comunidad. ¿Cómo es posible que un tema que es de interés público se debata a puerta cerrada y con tanto misterio?”, se pregunta Jairo Zapata, dirigente barrial.
Como era de esperarse, la particular sesión del Concejo ha dado pie a toda clase de especulaciones. “¿Qué era lo que tenía que decir la Policía ante los concejales que no podía decirlo ante nosotros, los líderes y los habitantes de esta comuna?”, cuestiona Zapata. Y es que, en esta zona de Medellín, las quejas por el accionar de la Fuerza Pública se han incrementado desde el mismo momento en que arreciaron las confrontaciones armadas entre las bandas delincuenciales.
Aunque la Personería de Medellín declara que solo ha recibido 10 quejas por abuso de autoridad por parte de la Policía, las cuales ya cursan trámite ante Fiscalía y Procuraduría, desde la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 13 advierten que “son constante los ‘falsos positivos judiciales’; es decir, capturan un joven sano, que nada tiene que ver y lo individualizan, lo retienen por horas, lo maltratan. Yo, por lo menos, puedo dar cuenta de 10 casos”, detalla Zuluaga.
Para las organizaciones defensoras de derechos humanos de Medellín, lo que pasa en la comuna 13 evidencia el fracaso de la intervención militar como única opción para enfrentar la compleja problemática social de este sector. “Estamos de nuevo en un ciclo de violencias en las que vemos responsabilidad del Estado, por omisión, por no cumplir con su tarea de garantizar el Estado Social de Derecho”, manifiesta Óscar Yesid Zapata, vocero del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.
“La retoma de la comuna 13 no puede ser sólo militar”, sostiene por su parte el analista Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades). “¿La salida negociada con las bandas? Bueno, necesitaríamos una ley de sometimiento que consulte con la realidad urbana, porque esta ley recién sancionada se quedó corta para los grupos armados de esta ciudad. Necesitamos pasar de la política de captura-decomiso-control a una política real de desmantelamiento de estructuras criminales. Si no lo hacemos, esto no cambiará”.
* Los nombres de algunas fuentes se omiten por petición de ellas.
