¿Es el proceso de Justicia y Paz una oportunidad histórica o farsa monumental?
Los dos ex comandantes de las AUC, Édgar Cobo, alias ‘Diego Vecino’, y Salvatore Mancuso entraron al edificio Lara Bonilla de la Fiscalía en Barranquilla blindados por los escudos de los hombres del Inpec. La prensa y los curiosos se agolpaban en el estrecho corredor. Una muchacha comentó de la elegancia de ‘Vecino’. Alguien más gritó: “¡Mancuso asesino!”. “¡No!, exclamó otro, ese salvó a Colombia”.
Cobo iba impecable con pantalón de lino, camisa de marca, zapatos claros de cuero fino. Al entrar al piso 13, donde comenzaría su primera versión libre ante la Fiscalía de Justicia y Paz, se cruzó con una señora de ojos sufridos que había ido a registrarse como una de sus víctimas. Sus pies cuarteados calzaban chancletas caseras. Un campesino también venía a anotarse: un día salió temprano a hacer las compras con su mujer. Cuando volvió encontró su casa hecha cenizas. Nada quedó de sus cuatro hijos: la niña de 9 años, la de 8, la de 5 y el bebé de 2. Fueron incinerados vivos. Me muestra el certificado del hospital donde consta que allí llevaron los cuatro cuerpecitos calcinados. Su casa quedaba enfrente de un lugar de paso de los paramilitares y eso les incomodaba, no querían testigos. No sé cómo sigue viviendo.
La escena refleja la paradoja de este proceso de justicia excepcional, fruto de una negociación política por la cual 31.875 hombres pertenecientes a las AUC se comprometieron a desmontar su máquina de guerra. A quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, el Estado les ofreció postularse voluntariamente a la Ley de Justicia y Paz (975) y darles penas leves, a cambio de su efectiva colaboración con la verdad y la reparación de las víctimas. Se han presentado 2.914.
Que alguien como, por ejemplo, Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, el jefe de un grupo señalado de cometer 243 masacres que dejaron 1.111 víctimas, pague sólo ocho años de cárcel, se siente como una tremenda injusticia. “Este tipo de justicia extraordinaria siempre tiene una gran dosis de ilegitimidad”, dice Iván Orozco, un estudioso de procesos similares en el mundo.
En otras palabras, el sapo que se debe tragar la sociedad colombiana es amargo, pero si trae la reconciliación, como ha sucedido en la antigua Yugoslavia, donde sólo fueron procesados una treintena de comandantes aunque hubo miles de criminales de guerra, vale la pena.
En el caso colombiano, sin embargo, además de este pecado original, hay otras graves complicaciones externas. Hoy es claro que no se desmovilizaron todos los paramilitares, que algunos de los desmovilizados siguen cometiendo crímenes, incluso desde la cárcel, y que hay nuevos paramilitares, las Águilas Negras. Y encima, las Farc y el ELN siguen en guerra.
Varios funcionarios consideran más valioso nuestro proceso de Justicia y Paz por ser el único que pretende juzgar a tantos y por intentarlo en medio de un conflicto que no cesa. Los críticos, por el contrario, aseguran que es una estratagema por la cual los ex comandantes paramilitares están legalizando sus riquezas, junto con el poder local que obtuvieron a plomo, a cambio de unos pocos años de encierro. Así lo sienten algunas de sus víctimas. “Esto es una burla. No tienen ningún interés en pedir perdón ni en reparar. Se someten para disfrutar sus fortunas”, me dijo a la salida de la versión de ‘Vecino’, un joven bolivarense cuyos padres y su tío fueron desaparecidos por la AUC en 2001 cuando su papá no quiso pagarles vacuna.
¿Se debe persistir en este proceso? ¿Nos traerá una paz duradera o será una frustración y el preludio de más violencia? ¿Permitirá que se conozca más verdad de la que ha aflorado en estos años? ¿Hará posible que por primera vez el país reconozca a sus víctimas? ¿Es una oportunidad histórica o una farsa monumental?
La justicia busca la verdad
Muchos de los ex comandantes han pasado la mayor parte de sus audiencias echando discursos políticos. ‘Báez’, ‘Vecino’, ‘Jorge 40’ repitieron casi hasta la exasperación que desmontaron el estado guerrillero y en su lugar crearon uno de autodefensas, todo por culpa de un Estado que abandonó a gente como ellos, y los dejó inermes frente a la subversión.
¿Cómo atravesar los discursos y esclarecer los hechos? ¿Cómo hacer que la verdad no dependa sólo de las confesiones, sino de la capacidad investigativa de la justicia? ¿Cómo preservar el debido proceso cuando hay tanto dolor de las víctimas? ¿Cómo, al decir de una fiscal, “si estamos cediendo con las penas, por lo menos que se vea que hubo justicia con la gente con una investigación real?”. Es un proceso especial, donde los fiscales deben convencer al confeso de entregar la mayor información posible. Pero también donde deben saber tanto o más que él para que no lo dejen mentir. Una fiscal explica que hay que tener humildad y firmeza. “Si me muestro arrogante, el postulado se para y no cuenta nada. Así perdemos todos”.
Hacer una investigación ha resultado en la práctica titánico. Según la Fiscalía, hasta el 25 de julio pasado, dos años después de expedida la Ley 975, de los 2.914 postulados que se presentaron, 2.183 no tenían siquiera una investigación preliminar. No se sabe si esto es porque las AUC postularona muchos que no habían cometido delitos sólo para abrumar a la Fiscalía o si eran tantos los que habían cometido crímenes graves en total impunidad.
En todo caso, la Fiscalía debía identificarlos, y si bien no ha completado la labor, sólo le restan unos 400. De unos sólo se saben alias, y de otros, se ha descubierto que tipos sin historial criminal suplantaron a los verdaderos criminales. Luego hay que contactar a los identificados para informarles del proceso y saber si tienen defensores. Frank Pearl, consejero de la Reintegración, asegura que no tienen noticias de 230 desmovilizados postulados porque recibieron sus mesadas y no volvieron a presentarse. En la Fiscalía aseguran que son muchos más, unos 700, de los que no sabe su paradero.
A medida que los encuentra, la Fiscalía ha ido publicando edictos para convocar a las víctimas de cada uno. Van 526 edictos y pronto esperan tener los recursos para sacar otros 1.200. Pero falta publicar muchos.
Cuando ya por fin los fiscales están listos para comenzar, hay muchos que están echándose para atrás. Fernando Soto, alias ‘Prensa’, del Bloque Central Bolívar, dijo que “no participó en ningún tipo de acción armada que encuadre dentro de la Ley 975” y que se postuló porque les dieron la orden sin analizar la situación de cada uno. “El afán era por si se caía la Ley 975 por la Corte para evitar perder beneficios jurídicos”. El mismo ‘Ernesto Báez’, que lleva más de 20 años en las autodefensas, dijo que no ha cometido otros delitos fuera del de haber sobornado una vez a un policía y haber usado identidad falsa. Y hasta ahora no es claro por qué se postuló a la Ley 975 si no va a confesar delitos de lesa humanidad.
En el caso óptimo de que el ex integrante de las AUC confiesa aun más de lo esperado, también la tarea es gigantesca. Por ejemplo, John Salazar, alias el ‘Pecoso’, sólo estaba acusado de un delito, pero confesó 102 homicidios. ¿Cómo reconstruir cada crimen para asegurarse de que dijo la verdad y de que todas las víctimas sean reparadas?
A los 23 fiscales, con sus 150 investigadores, les corresponde investigar cada bloque de las AUC: la historia, su área de influencia, sus integrantes y estructuras, los bienes de los que se apoderaron ilícitamente, sus fuentes financieras, sus hechos violentos y sus víctimas. Los fiscales comenzaron por consultar estudios, prensa, bases de datos oficiales. Con poquísimos recursos (este año la Fiscalía calculó que requeriría unos 27.000 millones de pesos, pero sólo obtuvo 10.200 millones), a veces poniendo viáticos de su bolsillo, o dependiendo de la amabilidad de un gobernador, un organismo internacional o un personero, fiscales e investigadores del CTI han salido pueblo a pueblo, a veces en moto o en carro prestado, convocando jornadas de víctimas para que aporten sus denuncias. Además han revisado 240.000 procesos judiciales iniciados en las zonas de influencia de los bloques y muchos desmovilizados han dado pistas valiosas.
Hoy muchos de los fiscales tienen en sus archivos (algunos sistematizados con mapas digitales) la información detallada de nombres y acciones de cada integrante y una lista extensa de víctimas y testigos.
Es este trabajo oculto el que ha tomado tanto tiempo y el que visto desde afuera parece poco. Apenas 47 ex integrantes de las AUC han iniciado su versión libre y cuatro han terminado. Apenas los bienes de dos de ellos han sido recibidos por el Fondo de Reparación, encargado de sufragar la reparación a las víctimas. Sin embargo, cuando llega el postulado a su confesión, en casi todos los casos el fiscal ya sabe mucho de lo que hizo. Eso no sólo le permite guiar al que da la versión sino que después hará más eficaz la etapa en que se profundicen los hechos. Estos fiscales están poniendo al día en pocos meses más de 15 años de impunidad frente a la barbarie paramilitar. Esclarecer 500 homicidios y encontrar 805 desaparecidos en tan corto tiempo son logros impresionantes.
Los fiscales han hecho aflorar verdades aun ante la renuencia de los postulados. En la versión de Juancho Prada, el fiscal lo encaró con los crímenes de Aida Cecilia Laso, concejala de San Alberto, Cesar, y de su hija de 13 años. Lo negó primero, pero cuando supo que la familia estaba en el salón contiguo, donde las víctimas escuchan las confesiones, terminó aceptando el crimen.
Así mismo, cuando la fiscal que investiga al Bloque Tayrona puso a Hernán Giraldo frente a frente con las fotos de los 13 miembros desaparecidos de la familia Sarmiento, el ex jefe paramilitar pareció conmovido y aceptó que los había matado su grupo. Y ante la foto de Gildardo Valencia, un campesino desaparecido cuyo cadáver fue encontrado por los mismos fiscales, Giraldo se sorprendió, pues era su amigo.
En un proceso que va adelantado, el de alias el ‘Loro’, el fiscal le imputó delitos que no quiso aceptar. El caso subió a la Corte, y ésta decidió que será el magistrado de Justicia y Paz quien decida si divide el proceso y envía los delitos no confesados, a la justicia ordinaria, y los confesados a la de Justicia y Paz. El ‘Loro’ puede así aceptar los cargos hasta última hora para no arriesgarse a que la justicia ordinaria lo condene y pierda los beneficios de Justicia y Paz. ¿Por qué, si de todos modos no les van a dar más de ocho años de cárcel, varios ex paramilitares están negando algunos delitos? Quizá no los cometieron o quizá, a pesar de la crueldad con que actuaron, aún quieren salvar la cara. En todo caso, tienen hasta el final del proceso para aceptar los cargos. ?
La verdad de las víctimas
El objetivo central de los fiscales, según reiteró la media docena que entrevisté, es que las víctimas, y la sociedad toda, conozcan la verdad para que se sepa qué pasó y por qué, y no se repita la barbarie. Por eso al fiscal que sigue al Bloque Catatumbo, que comandó Mancuso, le parece crucial darle tiempo a la mayor cantidad de víctimas para que se vinculen al caso, antes de cerrarlo. Hasta el 25 de julio la Fiscalía tenía registradas denuncias de 68.064 víctimas, pero faltan miles. Sobre todo porque la búsqueda de víctimas ha sido muy descoordinada. A muchas de las jornadas de víctimas que se han hecho en lugares apartados en el Catatumbo, o en Magdalena, no han podido asistir la Comisión Nacional de Reparación ni la Defensoría. Si bien ya hay 1.506 víctimas apoderadas por abogados públicos, esta última ha reaccionado muy lentamente, y sólo en marzo pasado, siete meses después de iniciado el proceso, creó una unidad especial para atender a las víctimas. Su coordinadora, Patricia Luna, está montando equipos de asesoría jurídica y sicosocial y quizá ahora pueda acelerar el trabajo. De todos modos las jornadas han dado frutos y gente que nunca había denunciado se ha atrevido a hablar.
Un padre que habitaba cerca de la Sierra Nevada salió a darle algo para abrigarse a su hijo que trabajaba en el campo y sólo encontró una bota. Supo que se lo llevaron las autodefensas. El viejo se aferró a su bota. Sólo ahora, años después, se animó a contar su historia. Un desmovilizado que colaboraba con la Fiscalía señaló dónde enterraron al joven. Hallaron la fosa. El padre supo que era su hijo, pues llevaba la bota compañera, la que había guardado todos estos años.
A veces, cuando por fin la víctima osa preguntar, la respuesta resulta brutal. En la audiencia de ‘Cuco Vanoy’, una mujer le preguntó sobre su hijo desaparecido. Él, frío, dijo que era un joven patrullero de las AUC que se había robado un fusil y se había ordenado que lo ‘recogieran’. Admitió su responsabilidad, pero dijo que habían echado el cadáver al río. La madre salió desconsolada.
¿Todos guerrilleros?
En un receso de la audiencia de ‘Cuco Vanoy’, los funcionarios estaban animados. Su disposición era buena. Cuando desde las salas -una al lado, como en las demás audiencias, y otra, conectada virtualmente desde Caucasia- las víctimas preguntaron por sus hijos y sus esposos, él reconoció que muchos habían sido responsabilidad de su grupo y prometió averiguar detalles. No fue la primera vez que se organizó una sala de víctimas a distancia. Esta misma fiscal había montado otra en Briceño, a donde acudieron las víctimas de varios municipios afectados por el Bloque Mineros que comandó Vanoy. La Misión Mapp-OEA, la institución más activa en apoyar la búsqueda de víctimas, las acompañó.
Cuando Vanoy hizo su relato, cuentan las víctimas, mencionó el caso de un médico, Abraham Vides, asesinado por las autodefensas. Reconoció el crimen y dijo que lo mataron porque ayudaba a las guerrillas. Esa era su versión.
En la región del bajo Cauca, la historia que cuenta la gente es diferente. Sí que conocían al doctor Vides. Robusto, generoso -a sus pacientes pobres nunca les cobró-, dedicado, muy humanitario. Tenía 44 años y dejó una viuda y tres hijas. Varios de los testimonios aseguran -y así lo van demostrando a las investigaciones de la Fiscalía- que fue asesinado en 2002 porque denunció los malos manejos de las clínicas controladas por los paras. Él mismo presintió su muerte y le oyeron decir, con algo de sorna, unos días antes: “Si por la verdad murió Jesucristo, ahora que no muera yo. ¡No me echo para atrás en mis denuncias por nada!”.
Desde la sala de Caucasia, otra víctima, doña Alba (no doy su nombre real porque teme represalias… por allá siguen rondando los paramilitares), le preguntó a Vanoy si sabía de su muchacho César, a quien se llevaron en 2003 en Puerto Bélgica. Vanoy dijo que iba a averiguar. Alba me lo contó cuando la entrevisté luego, en el solar de una vecina en Cáceres, otro pueblo sobre el río Cauca. El hijo la mantenía. Los paramilitares codiciaban la cadena que él se había hecho con oro barequeado por él mismo, por eso se lo llevaron. Ella se fue a buscarlo por el Cauca en una lancha que alguien prestó. En una orilla, enredada en el matorral, encontraron una pierna. Era de su hijo. La reconoció por los dedos. De pronto doña Alba tuvo que parar su historia. Gimió en silencio, con un llanto profundo, hacia adentro, como si volviera a vivir todo otra vez. Quiere recuperar el resto de su hijo. Sus sobrinos todavía creen que va a regresar caminando con muletas.
En ese mismo patio están Lidia y Román (nombres ficticios). A la primera le desaparecieron a su hijo mayor porque quedó debiendo en una tienda. La dueña era amiga de los paras y lo mataron por 30.000 pesos. A ella el conflicto ya la ha dejado viuda dos veces, con siete hijos. A Román le mataron a su padre y a su hermano, dizque por guerrilleros. En el pueblo los conocían. Eran campesinos y nada tenían que ver con la guerrilla. “Si lo hubieran sido, dice Román, no estaría protestando”. Es que un tipo al que le decían ‘Trabuco’ mataba por gusto y después se iba a tomar gaseosa a la plaza. La Policía nada hacía.
Y a Yolanda Romero, presidenta del Comité de Justicia y Paz de Cáceres, le mataron al marido, el comerciante Carlos Urón. Sólo pudo averiguar que se lo llevaron en una camioneta roja. Vanoy dijo que iba a preguntar a sus hombres por su caso. Ella le escribió una carta en la que reconoce las obras sociales que hizo el Bloque Mineros, pero le pide ayuda para esclarecer los hechos.
Vanoy dijo en su versión que no atacó a la población civil, que sólo mataba guerrilleros de civil. Los adoloridos testimonios de la gente dicen lo contrario. Lo único que pueden recuperar de sus muertos es el buen nombre.
Las versiones de los ex jefes de las AUC usanademás un lenguaje eufemístico, para disfrazar de guerra regular actos que violaron todas las normas de protección a los civiles. Según contaron las víctimas, Vanoy dijo que sus hombres le reportaban ‘novedades’, cuando hablaba de homicidios o desapariciones. Y cuando le preguntaban sobre la masacre de Chengue (26 hombres y dos niños muertos a garrote en un pueblo) o de El Salado (62 muertos en una misma semana, torturados y decapitados) ‘Vecino’ respondía que daría cuenta de esa ‘operación militar’ después. ¿Qué podría sentir la mujer que desde la sala de víctimas escuchaba de ‘operación militar’ cuando vivió el horror de El Salado en carne propia? La Comisión Colombiana de Juristas tiene 300 poderes de 700 víctimas civiles de esa ‘operación militar’, uno de los 12 casos que apoderan porque muestran la masividad y la sistematicidad de los crímenes de lesa humanidad.
“La gran mayoría de víctimas que estábamos allí sentimos la misma rabia. ‘Vecino’ habló y trató de justificar, pero no dio respuestas. Mi hijo está creciendo y necesita respuestas”, dijo una mujer joven que fue a la audiencia a preguntar por su esposo, un cabo de policía de 35 años desaparecido en 2003 por autodefensas de los Montes de María.
A pesar de las frustraciones de las víctimas, las que se van enterando de la existencia del proceso de Justicia y Paz están apostándole a meterse. “Vale la pena, hay verdades que van saliendo a flote. Así no sepamos quién mató a nuestro ser querido, conocemos cómo funcionaron las estructuras paramilitares”, dijo un joven cuyos padres fueron desaparecidos en San Juan Nepomuceno. Así, con miedo, pero con valor y paciencia, miles de víctimas están alzando sus voces para decir la verdad que poco escuchó el país: que la gran mayoría de las víctimas del paramilitarismo eran civiles, gente pobre y desarmada. Sin embargo, ese valor se les puede agotar pronto.
Los riesgos
El proceso, que apenas empieza, enfrenta graves obstáculos. El primero y más grande peligro es el de las víctimas. Apenas 3.000 ó 4.000 de las 75.000 registradas tienen asesoría legal. Y algunas no tienen siquiera compañía en los duros momentos de las audiencias.
Peor aun, muchos están siendo intimidados. El padre de Andrés, por ejemplo, tuvo que abandonar su tierra con la familia que le queda porque lo han amenazado por denunciar el caso de su esposa. Su hijo tenía una novia que un paramilitar pretendía. El paramilitar atacó a Andrés y, en su defensa, éste lo mató con un rastrillo de café. Andrés se fue a la cárcel. Los paras, en venganza, violaron y quemaron viva a su mamá. Ahora su padre, para evitar que lo maten, tiene que malvivir escondido. Otros no alcanzaron a huir.
Van asesinados siete líderes de las víctimas. El gobierno planea un esquema de protección que consiste en investigar en forma expedita a los autores de las amenazas, custodiar zonas muy sensibles, reforzar el programa de protección de testigos de la Fiscalía, y evaluar los riesgos de los líderes en forma periódica. Se está demorando en ponerlo a funcionar y el tiempo corre contra las vidas de las víctimas. Las hostigan aun a las puertas de la Fiscalía.
El segundo gran problema del proceso ha sido la postura de algunos ex comandantes de las AUC. Insisten en su papel ‘heroico’ al ‘salvar’ al país de la guerrilla. No parecen entender que la sociedad les está ofreciendo los beneficios de no extraditarlos y reducirles las penas al mínimo, a pesar sus crímenes atroces, a cambio de su desmovilización cierta, su arrepentimiento, su compromiso con la verdad y el ánimo de reparar a las víctimas. Se equivocaron si en la negociación pensaron que éste sería un negocio fácil en el que a cambio de unos discursos políticos, unas cuantas fincas y un ganado podrían conseguir que la Fiscalía les diera rápidamente por cumplidos los requisitos de elegibilidad para la pena alternativa. Los derechos de las víctimas están de por medio. Y si no se les hace justicia en Colombia, éstas la buscarán en los estrados internacionales. Además, los funcionarios judiciales se han tomado en serio su trabajo de investigar y hacer justicia.
“Como vamos, dijo una fiscal, al jefe cuya versión yo tomé no voy a poder acreditarle que cumplió los requisitos para la pena alternativa. No ha confesado nada”. Si los ex jefes paramilitares no confiesan de verdad, debería ser claro para ellos que pueden terminar con penas de 30 años o extraditados.
Para lograr la máxima colaboración de los desmovilizados postulados a Justicia y Paz, el gobierno debe ejercer un liderazgo mucho mayor. Ya ha empezado a destinar más recursos al proceso, pero para defenderlo no ha demostrado la misma convicción con la que le vendió al país el proceso con las AUC. La justicia necesita respaldo político para dejarle claro a este poder mafioso, que aún no deja de serlo, que si no colabora perderá los beneficios. Las víctimas necesitan apoyo y protección. La Fuerza Pública debería tener claro que si algo le pasa a una víctima que colaboró con la justicia, el oficial responsable pierde su puesto.
Quizá la timidez del gobierno para darle vuelo político a este proceso y ponerlo en sus prioridades se deba a que ya no se parece al que concibió: un trámite rápido y una pronta reconciliación. Tal vez el plan original ignoraba la magnitud de la tragedia de las víctimas y subestimaba la capacidad de chantaje de los victimarios. Pero, gracias al esfuerzo de un puñado de fiscales e investigadores, funcionarios de la Cnrr, Procuraduría y otros, la valentía de las víctimas, la colaboración de cientos de desmovilizados, sobre todo de mandos medios y la cooperació n internacional, el proceso de Justicia y Paz se ha convertido en una oportunidad histórica. Se han empezado a esclarecer crímenes y reabrir casos que estaban impunes (y hubieran permanecido así). Se han comenzado a encontrar desaparecidos. Y, lo más importante, por primera vez en la historia se está intentando construir una paz que reconoce el sufrimiento de miles de víctimas, identifica a los culpables y aprecia la necesidad de repararlo. Si se le da el espaldarazo político que está pidiendo a gritos, no traerá la paz a Colombia, pero sí abrirá el camino en la dirección correcta.
Las etapas del proceso
Primera etapa: el postulado debe contar en detalle acerca de la estructura y la historia del grupo al que perteneció. Debe además entregar una lista de hechos delictivos que va a confesar y de los bienes que va a entregar. Las víctimas o sus defensores están en las audiencias y preguntan sobre sus casos. Varios postulados han prometido consultar con su grupo y darles respuesta. Algunos ex comandantes paramilitares como, por ejemplo, ‘Carlos Tijeras’, del Bloque Norte, ha colaborado con información que ha dado con el hallazgo de tres fosas con más de 30 personas desaparecidas.
Receso: la Fiscalía ubica las víctimas de los hechos confesados o no y los documenta. Y evalúa los bienes entregados
Segunda etapa: el fiscal interroga al postulado sobre los crímenes que ha documentado y pide respuestas específicas a las víctimas.
Tercera etapa: la Fiscalía establece los hechos que no confesó el postulado y se le presentan a ver si los acepta. En caso de que no, la Fiscalía le hará saber al magistrado para que los pase a la justicia ordinaria.
Receso: La Fiscalía tiene 60 días para establecer si el postulado cumple con los requisitos que lo hacen elegible a una pena alternativa y definir las imputaciones.
Imputación: la Fiscalía presenta los delitos que se le imputan al postulado. El magistrado insta a que acepte las imputaciones. Si no las acepta, estos casosdeben ir a justicia ordinaria. Diez días después, la Fiscalía le formula los cargos.
Audiencia de reparación: se presenta un incidente de reparación para que el magistrado ordene cómo serán reparadas las víctimas. Debe seguir las recomendaciones que elaboró la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. La ley da apenas cinco días para esta audiencia, lo cual es un tiempo absurdamente corto. En el caso de Mancuso, por ejemplo, que confesó 87 delitos y cada uno dejó varias víctimas, se requerirían varias semanas para ordenar su reparación.
Sentencia: el magistrado debe dictar sentencia, decidir si el postulado accede a la pena alternativa y cuántos años debe pagar y por qué delitos.
Publicado en Semana 08/04/07
