La Corte Suprema hizo tales exigencias al proceso de Justicia y Paz, que al terminar el año las investigaciones contra más de 10.000 paramilitares quedan en riesgo de sucumbir. Análisis de VerdadAbierta.com
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Este año la Corte le dio dos revolcones a Justicia y Paz. El 19 de agosto anuló la única sentencia que un tribunal de Justicia y Paz dictó contra un paramilitar desmovilizado, la de Wilson Salazar Carrascal, alias el ‘Loro’. Y en septiembre invalidó la formulación de cargos contra Gian Carlo Gutiérrez, del Bloque Calima. Dos personajes poco conocidos por la opinión, pero dos acciones de la justicia trascendentales para este proceso.
En sus fallos la Corte determinó que los fiscales no pueden hacer imputaciones parciales, sino que tendrán que describir sus dimensiones políticas, militares, económicas y sociales y demostrar de qué manera los crímenes de los ‘paras’ eran sistemáticos. La Corte además, le recuerda a la Fiscalía que “la versión de las víctimas es preponderante” y que el proceso de Justicia y Paz tiene que establecer una verdad histórica.
Para atender tamaña exigencia, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía pidió consejo al Tribunal de Cundinamarca, y, entre otras muchas cosas, este respondió que recomendaba incluir los antecedentes de la totalidad de los miembros de un bloque, hasta de los que no se hayan desmovilizado; el número de armas entregadas en la desmovilización, donde hay que “identificar los números seriales y las casas fabricantes, y solicitar a las casas fabricantes que informen a quiénes les fueron vendidas estas armas”; la cantidad de botas, uniformes y equipos de campaña usados por el Bloque; y hasta cruzar datos con ONG. Y quedó la interpretación de que mientras esto no se cumpla, no se condenará a uno sólo de los desmovilizados.
Hasta agosto de 2009 los desmovilizados habían confesado 8.154 homicidios, 1.095 desapariciones forzadas y otros 6.000 delitos de diversa índole que afectaron a 31.014 víctimas. Además, la Fiscalía ha identificado los cuerpos de miles de desaparecidos; ha develado, como nunca antes, los tentáculos de este fenómeno armado, e incluso ha conseguido que se profieran varias condenas desde la justicia ordinaria con la información recabada por los fiscales de Justicia y Paz.
Sin embargo, Justicia y Paz no puede mostrar hoy un solo condenado, y la preocupación es que con las nuevas exigencias de la Corte, la probabilidad de empezar a cerrar casos, realizar audiencias de reparación a las víctimas y dictar sentencias condenatorias sea cada vez menor.
Un fiscal se preguntaba hace poco cómo van a entender las víctimas que pasen años antes de que haya plena justicia, si la información sobre los crímenes que los afectaron ya está disponible.
Varias ONG que defienden víctimas argumentan que los fallos de la Corte responden a las exigencias internacionales de justicia para violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y que las sentencias son bienvenidas porque aseguran que la Fiscalía haga mejor su labor y no se limite a presentar los crímenes de los ‘paras’ como hechos aislados.
Con la nueva jurisprudencia hay ahora dos preocupaciones entre los 59 fiscales de Justicia y Paz: la primera, que sólo se pueda condenar a los rasos que hayan cometido menos de 50 delitos. Develar cada responsable y cada víctima de un jefe como Ramón Isaza, que tenía todo un ejército en el Magdalena Medio y, con 6.000 crímenes encima, será un imposible.
La otra angustia es que los paramilitares que confiesan sus delitos ante Justicia y Paz encuentran que sus fallos alternativos nunca llegan, pero sí les representan condenas en la justicia ordinaria. De ahí que algunos estén optando por callar o renunciar a Justicia y Paz para quedarse con la justicia ordinaria porque con ésta resulta más ágil. En otras palabras, lo que algunos aplauden como un logro de la justicia, en la práctica terminó por convertirse en un perverso incentivo para que se silencie la poca o mucha verdad que puedan estar contando.
Publicado en Semana, edición 1442 – Fecha: 19/12/09
