El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre propone que las empresas y personas que financiaron a grupos armados reciban beneficios judiciales a cambio de verdad y reparación.
Después de ocho años de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre reconoció que “todavía no se ha iniciado un proceso serio de investigación” a los empresarios, ganaderos y comerciantes que financiaron al paramilitarismo, y que una manera de cerrar este capítulo sería incluirlos en la justicia transicional, para que reciban menores penas a cambio de verdad y reparación. El debate quedó planteado en el foro Proceso de Paz: ¿Qué Van a Aprobar los Colombianos?, realizado la semana anterior en la Universidad del Rosario de Bogotá.
Efectivamente en los tribunales de Justicia y Paz reposan miles de testimonios de paramilitares desmovilizados que señalan con nombre propio a quienes pagaron para mantener aceitada la máquina de muerte de la Auc, bien fuera bajo presión, por afinidad ideológica o protección de sus intereses; o quienes se beneficiaron económicamente de la actuación con la actuación de estos grupos.
Son sonados los casos de las multinacionales como la Drummond, del sector carboníferom y la Chiquita Brands International, en el bananero, señaladas de aportar grandes recursos económicos a la causa paramilitar, razón por la cual afrontaron procesos judiciales en Estados Unidos y en Colombia. (Ver: Los documentos de Chiquita; El lado oscuro del carbón en el Cesar )
La empresa carbonífera, que desarrolla operaciones en el centro del departamento del Cesar, han sido señalada por exparamilitares de financiar el Frente Juan Andrés Álvarez, una facción del Bloque Norte de las Auc que operó en las zonas de explotación del mineral, atentando particularmente contra el gremio sindical. Su caso fue llevado a la justicia norteamericana donde hubo un fallo a su favor en julio de 2013 por una corte del distrito de Alabama.
Exparamilitar Raúl Hasbún, quien gestionó el modelo de pagos de bananeros a las Auc.En el caso de la comercializadora del banano, reconoció ante autoridades estadounidenses aportes a las Auc por 1.7 millones de dólares entre los años 1997 y 2004, según sus directivos, para proteger a sus trabajadores, particularmente en el Urabá antioqueño, a través de una asociación de vigilancia y seguridad privada conocida como Convivir Papagayo. (Ver: Convivir eran fachada del paramilitarismo en Urabá)
Si bien la Chiquita Brands International admitió los pagos, un fiscal en Medellín que adelantaba un proceso penal por tales aportes contra 13 de sus fue cerrada en marzo de 2012 concluyó que los aportes efectuados a las Auc no fueron voluntarios sino resultado de una coacción de esta organización paramilitar.
Señalamientos de este tipo por parte de exparamilitares también han implicado a reconocidas empresas nacionales de diversos sectores productivos, como ingenios azucareros, empresas lecheras, petroleras e incluso grandes emporios del país, sin que hasta el momento se conozcan resultados judiciales. (Ver: Hasbún asegura que Postobón le dio plata a las Auc; HH contó cómo fue la entrada al Valle y el Cauca)
Un caso que sí ha sido abordado por la justicia es el de los empresarios palmicultores e inversionistas que se apoderaron de miles de hectáreas en el Atrato Medio chocoano pertenecientes a comunidades afros para adelantar un proyecto a gran escala de palma de aceite que impulsó el jefe paramilitar Vicente Castaño, que fracasó por diversas razones. Varios son los involucrados ya condenados por jueces en Medellín. (Ver: “Palmicultores se asociaron para delinquir”: Juez)
“Estamos frente a una sinfonía inconclusa”, reiteró el Fiscal General dado que la Ley de Justicia y Paz parece estar llegando a su fin, y la justicia ordinaria aún no logra resolver las 14.000 copias compulsadas desde estos tribunales transicionales para que se investigue a cómplices de los paramilitares. “Mi propuesta es que ellos también deben entrar a la justicia transicional. Si no lo hacen, se expondrán a penas de quince años e inclusive a penas por delitos de lesa humanidad”.
¿Qué tan viable es la propuesta?
VerdadAbierta.com consultó diversos especialistas en el tema para conocer su punto de vista sobre la propuesta planteada por el fiscal Montealegre y qué tan viable puede ser. Lo que se revela es un complejo panorama para su aplicación.
Guillermo Pérez, presidente del Colectivo José Alvear Restrepo.Luis Guillermo Pérez, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, explicó que su organización ya había propuesto esa fórmula jurídica. “La propusimos hace años y medio, desde que iniciaron las negociaciones de paz. Se la entregamos al gobierno y por petición de ellos, a las Farc. Lo que decimos es que debe haber un tribunal especial de justicia para la paz en el que estén no solamente guerrilleros y paramilitares sino empresarios y parapolíticos también”, dijo Pérez.
A juicio de este abogado, hay pocos empresarios procesados y muy poca verdad en relación con patrocinio de lo que calificó como “guerra sucia”. Lo que se requiere, precisó, “es que quede la posibilidad de que aquellos empresarios y políticos que han patrocinado crímenes internacionales, de lesa humanidad, de guerra, graves violaciones a derechos humanos que van desde desplazamiento hasta asesinatos, puedan entrar en los tribunales especiales para la paz”.
De acuerdo con Pérez, este tipo de tribunales incluiría penas alternativas, tal como existe ya con la Ley de Justicia y Paz, dependiendo de qué tanta verdad confiesen y de la efectiva reparación a las víctimas; además crearía condiciones para que la gente que ha aportado recursos para financiar grupos armados ilegales en el país “pueda contribuir a reparar a las víctimas, confesar sus crímenes y establecer garantías de no repetición como una manera de cerrar el ciclo de violencia, de impunidad y de encubrimiento de crímenes. Es una catarsis política y social que permite construir otro país”.
El objetivo, indicó el jurista, es evitar que luego se tenga que acudir a la Corte Penal Internacional o a tribunales en otros países para que sean investigados crímenes que en Colombia no se han querido confesar. A su juicio, este tipo de tribunales “estimulan un proceso de reconciliación nacional”.
José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), uno de los gremios señalados por los postulados de Justicia y Paz como auspiciadores del paramilitarismo, dice que empresarios, ganaderos y comerciantes fueron sobre todo víctimas de los grupos armados, primero de las guerrillas y luego de las Auc. “Los ganaderos son y somos víctimas todavía hoy de extorsión y secuestro. Sería el colmo de los colmos que fueran juzgados en justicia transicional o por fuera de ella” dijo Lafaurie.
A su juicio, no se trata de que haya sectores inimputables, sino de que el Estado reconozca que fue incapaz de garantizarles la seguridad, la integridad y el derecho a la vida a los ciudadanos de muchas regiones afectadas por el conflicto, que estuvieron prácticamente abandonados y a merced de la violencia.
¿Lesa humanidad?
Abogados de víctimas como Oscar Correa, integrante de la Corporación Jurídica Libertad de Medellín, considera que los empresarios comprometidos en la financiación de grupos paramilitares deberían “reconocer eficazmente el derecho de las víctimas a la verdad como garantía de no repetición y a proveer de recursos al Estado en el propósito de reparar a los perjudicados del accionar paramilitar”.
Correa precisó que el delito por el cual deberían responder los financiadores grupos armados ilegales sería el de concierto para delinquir agravado, considerado manera reiterada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como un delito de lesa humanidad y, por ende, imprescriptible.
Este jurista aludió a una decisión de esta alta corte del 10 de abril de 2008, en relación con el caso de Manuel Enrique Torregrosa Castro, desmovilizado de las Auc, al resolver una apelación contra la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla, que se abstuvo de excluirlo de Justicia y Paz.
En su fallo, la Corte destacó que el Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte Penal Internacional, “ha tenido en cuenta no sólo la conducta del autor o de los partícipes sino que también ha considerado en especial la existencia de propósitos dirigidos a cometer delitos de lesa humanidad”, lo que significa que “también deben ser castigadas en igual medida aquellas conductas preparatorias para la comisión de los delitos que incluyen tanto el acuerdo como el tomar parte en una actividad dirigida a ese fin, como ocurre con el concierto para delinquir agravado”.
Siguiendo la jurisprudencia internacional, la Corte estimó que para considerar a los responsables de concierto para delinquir como autores de delitos de lesa humanidad deben considerar tres aspectos: “que las actividades públicas de la organización incluyan algunos de los crímenes contra la humanidad; que sus integrantes sean voluntarios; y que la mayoría de los miembros de la organización debieron haber tenido conocimiento o ser conscientes de la naturaleza criminal de la actividad de la organización”.
Que digan la verdad
Sofía López, abogada defensora de víctimas del paramilitarismo en Cauca e integrante de la Corporación Justicia y Dignidad, calificó de “terrible” la propuesta del fiscal Montealegre, pues, según ella, “todos los procesos justicia transicional generan impunidad”. López cree que para el caso de los empresarios relacionados con grupos armados ilegales, particularmente con las Auc, lo que debe hacer el Estado es fortalecer los mecanismos de la justicia ordinaria para que sea ésta la que los juzgue y restablezca los derechos de las víctimas. “Muchos auspiciadores se volvieron importantes empresarios agrícolas y las víctimas están desplazadas. Deben entregar todos los bienes que adquirieron producto de esas alianzas para reparar a las víctimas. Deben contar todas las alianzas y beneficios que obtuvieron”.
En igual sentido se pronunció el abogado Walter Arévalo, politólogo y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, acerca de los empresarios: “su rol puede ser fundamental para lograr la plena identificación de los actores armados, el origen de sus actos, la estructura de sus planes y una más robusta y omnicomprensiva reparación de las víctimas, junto con la construcción de la verdad histórica”.
Y llamó la atención sobre la necesidad de establecer algunas diferencias, teniendo en cuenta lo asimétrico e irregular de los actores armados: “establecer diferencias claras entre nociones como promotor, coautor o determinador de crímenes de interés de la justicia penal internacional, para que la iniciativa no degenere en impunidades frente a crímenes de lesa humanidad, ordenados por supuestos benefactores.”
Augusto Ibáñez, expresidente de la Corte Suprema de JusticiaPor su parte, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, consideró que si se emiten nuevas normas en un proceso de transición se rompe con el principio de igualdad: “los marcos generales deben estructurarse para que quepan ahí todas las expresiones en un solo acto, financiadores, parapolíticos y militares como lo consigna la ley”.
Lo dicho por Ibáñez permite inferir que aquellos que financiaron el paramilitarismo, por ejemplo, deberían acogerse a la Ley de Justicia y Paz. Es decir, admitir que pertenecieron a una estructura armada y asumir los principios de verdad, reparación y no repetición, para saldar su deuda con las víctimas.
