Mediante un fallo judicial de primera instancia, el labriego pasó de reclamar sus tierras de las que había sido desplazado a ser investigado por falso testimonio y a pagar los costos del proceso.
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| Según la Fiscalía, en la vereda Guacamayas, de Belén de Bajirá, Mutatá, hubo decenas de casos de despojo. |
Tras considerar que los testimonios eran “inverosímiles”, “poco convincentes” y hasta “dudosos”, un magistrado con funciones de control de garantías de Justicia y Paz de Medellín negó la solicitud de dictar medidas cautelares y la entrega provisional de las fincas El Sencillo y Campo Alegre, ubicadas en la vereda Guacamayas de Mutatá, Urabá antioqueño, a favor de los campesinos Víctor Manuel Correa Montalvo y de su madre Donatila Montalvo Suárez.
La solicitud fue presentada el 29 de agosto de 2011 por la Comisión Colombiana de Juristas en representación de los campesinos y durante el proceso se intentó demostrar que los predios fueron vendidos de manera forzada a mediados de los años noventa por supuestos comisionistas, quienes se aprovecharon del desplazamiento ocasionado por miedo a las acciones del Bloque Bananeros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) para luego venderle a la sociedad Guacamayas S.A, hoy Inversiones ASA Ltda.
Luego de valorar las pruebas de los campesinos, la defensa de los comisionistas y los abogados de la empresa que hoy tiene la posesión de los predios, el magistrado Olimpo Castaño consideró que Correa Montalvo no solo no logró demostrar en ningún momento lo que años atrás le había relatado a la justicia sobre la manera como supuestamente fueron despojados él y su madre de sus predios, sino que los cambios constantes en sus explicaciones “no obedecían a las reglas de la lógica y al sentido común”, tal como quedó consignado en la decisión de primera instancia.
Pero el Magistrado no sólo desestimó los argumentos del reclamante y determinó no acceder a sus pretensiones de restitución, sino que ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que sea investigado por el delito de falso testimonio tras considerar que faltó a la verdad y lo obligó a pagar los costos del proceso.
Contradicciones del reclamante
La versión de Correa Montalvo señalaba que en julio de 1996, un comando paramilitar al mando de alias ‘Camarrenga’ llegó hasta su finca llamada El Sencillo, un predio de 68 hectáreas que había heredado de su padre y en la que cuidaba ganado, sembraba coco y yuca. Ese día se llevaron a su hijo, un joven de 17 años de edad, para que les enseñara el camino hacia Belén de Bajirá, pero este nunca regresó a su hogar.
Preso del pánico y el dolor, el labriego decidió desplazarse junto con sus diez hijos y su esposa hacia la ciudad de Montería. Pero no fue el único en salir. Relatos de otras víctimas del Urabá antioqueño registradas ante Justicia y Paz señalan que la guerra protagonizada por paramilitares y guerrilleros entre los años 1996 y 1999 convirtió cientos de veredas del Urabá antioqueño en verdaderos pueblos fantasmas. La vereda Guacamayas fue una de ellas.
Según Correa Montalvo, en la capital cordobesa solo conoció penurias, razón por la cual decidió regresar a Urabá al año siguiente. A su llegada, encontró que su finca había sido vendida por Daniel Rojas, un funcionario del ICA que periódicamente lo visitaba para vacunarle el ganado. Su sorpresa fue aún mayor cuando se entero que su madre, quien no se había querido desplazar de la región, le había vendido su finca, llamada Campo Alegre, de 32 hectáreas, también al mismo comisionista.
El seguimiento a la historia de los predios muestra que Rojas realizó una promesa de compraventa con Rubén Darío Pérez, representante legal de la Sociedad Las Guacamayas S.A, empresa que figuraba como titular de los predios El Sencillo y Campo Alegre. Años después, Guacamayas fue absorbida por Inversiones ASA Ltda. y los predios quedaron bajo la titularidad de esta compañía, con sede en Medellín.
Para la realización de los negocios, Rojas se valió de un poder que, afirmó, tanto Correa Montalvo como su madre, le entregaron. Pero en su declaración, el campesino señaló que si bien le firmaba cualquier cantidad de documentos a Rojas, dada su actividad de desparasitación del ganado, nunca le otorgó poder alguno para que negociara sus predios, y mucho menos su madre, pues esta no sabía firmar, y aseguró que no recibieron dinero alguno por esta supuesta negociación.
Frente a este relato, la Comisión Colombiana de Juristas consideró que se estaba en presencia de una venta forzada, razón por la cual elevó la solicitud de medidas cautelares sobre los dos predios con el fin de evitar su venta y devolvérselos de manera provisional a Correa Montalvo hasta tanto se definiera su restitución.
Lo que determinó la justicia
“Lo que se logró establecer es que la venta de la finca Campo Alegre fue consecuencia de una negociación lícita celebrada entre Donatila Manuela Montalvo y Daniel Rojas, a quien previamente se le otorgó un poder para tales fines y que finalmente la enajenó a la compañía de inversiones Las Guacamayas S.A”, señaló el Magistrado en su decisión.
Con esta aseveración, el magistrado Castaño comenzó a desvirtuar la versión del labriego, añadiendo que, con base en testimonios allegados al proceso, como el de un hermano de Víctor Manuel, al igual que comprobantes de consignación entregados por Daniel Rojas, “se probó que por la venta se pagó un precio que, en términos generales, resultó proporcional al que tenía la hectárea en ese momento en la región, en la que predominaban guerrillas y paramilitares. En palabras de algunos de quienes participaron en este incidente se vendió, aunque mal se vendió”.
Las pruebas dactiloscópicas ordenadas por el magistrado arrojaron que la firma asentada en el poder otorgado a Daniel Rojas para que este negociara los predios El Sencillo y Campo Alegre efectivamente correspondían a la rúbrica de Víctor Manuel Correa Montalvo, dando por descontado que se hubiera presentado una venta fraudulenta recurriendo a documentos falsos.
A esto se suma que durante el proceso judicial se registraron diferentes versiones sobre la desaparición de Correa Montalvo que, a juicio del magistrado, minaron su credibilidad. Si bien inicialmente había declarado que vecinos de su finca le habían dicho que el comando paramilitar que se lo llevó lo asesinó y lo tiró a un río, años después cambió la declaración y admitió que había sido asesinado en un combate entre guerrillas y paramilitares.
Los elementos anteriores, sumados a los testimonios de los exjefes paramilitares Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’; y Elkin Castañeda Naranjo, alias ‘Hermógenes Maza’, quienes aseguraron que no ordenaron apropiarse de tierras en la vereda Guacamayas, llevaron a la Magistratura a decidir que tanto Correa Montalvo como su madre no fueron víctimas del despojo de tierras.
“Por el contrario, quedó establecido probatoriamente que ambos firmaron un poder con Daniel Rojas, quien a través de este medio negoció los predios El Sencillo y Campo Alegre con la sociedad Guacamayas S.A, hoy Inversiones ASA Ltda, y que el dinero entregado por esta negociación en buena parte ingresaron al patrimonio de Donatila Manuela. Nada de ilícito se advierte en esta negociación”, manifestó el magistrado.
Y si bien pidió a las autoridades correspondientes se investigue al labriego, también dejó las puertas abiertas para que los afectados con esta decisión interpongan nuevos alegatos, esta vez no ante la jurisdicción de Justicia y Paz sino ante los juzgados civiles del circuito o, incluso, ante los juzgados agrarios, creados por la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Reacciones de unos y otros
Tras conocer el fallo, el abogado representante de Inversiones ASA Ltda, Richard Gorky Granada, expresó su satisfacción por la decisión de la Magistratura en donde se reconoció la legalidad de la transacción sobre los predios realizada por su defendido y señaló que este debe servir de mensaje para la sociedad, justo en este momento histórico, cuando el país se apresta a reparar a cientos de miles de víctimas del conflicto armado en el marco de la Ley 1448.
“El país no puede hacer eco de ciertos personajes que fungen como víctimas que vengan a hacerle un atentado a un derecho tan caro como el derecho a la propiedad privada (…) este es un fallo para todo el conglomerado social. Aquí se protegió el derecho a la propiedad privada de unos empresarios que invirtieron de buena fe en zonas de conflicto armado y no puede una persona, de mala fe, atentar contra eso”, aseveró el jurista.
Por su parte, Carlos Páez, directivo de la Asociación Nacional para la Restitución Tierra y Vida, que acompaña a los reclamantes de tierras, aseveró que en este incidente primaron más las argumentaciones entregadas por Inversiones ASA Ltda, a través de sus abogados, que los relatos entregados por Víctor Manuel Correa Montalvo.
“Es cierto que hay unas contradicciones de Víctor, sobre todo cuando le preguntan si firmó o no un poder. Pero cómo no se va a contradecir cuando el magistrado deja que tres jefes paramilitares como el ‘Alemán’, ‘Pedro Bonito’ y ‘Hermógenes Maza’ interroguen y ‘careen’ a un campesino como Víctor, que no sabe leer, que nunca había venido a Medellín. Cualquiera se confunde. Ahí se equivocó el magistrado”, aseveró Páez.
Para el directivo de Tierra y Vida, si bien la Magistratura decidió sobre el material aportado por las partes, también debió indagar mucho más y “haber planteado la pregunta, por ejemplo, de por qué los campesinos de Las Guacamayas se tuvieron que ir de la zona y por qué sí pudieron entrar los comisionistas de la sociedad Las Guacamayas”, declaró Páez.
Por su parte Arturo Mojica Ávila, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas y quien defiende los intereses de Correa Montalvo, lamentó la decisión del magistrado en funciones de control de garantías y anunció la apelación, la cual serásustentada el próximo 23 de abril.
Sobre la obligación de pagar los costos del proceso, el jurista se mostró sorprendido, pues Correa Montalvo vive de los ingresos que le dejan un taller de bicicletas y de cantar vallenatos en Chigorodó. “Él no tiene los mismos ingresos que cuando tenía su finca. Hoy es un hombre en la pobreza absoluta”.
En cuanto a las supuestas contradicciones en las que incurrió su defendido, Mojica Ávila alegó que su tragedia familiar, que comenzó con la desaparición de su hijo de 17 años de edad y su posterior desplazamiento, “le obnubila la razón a cualquiera”.
Asimismo aseveró este abogado que lo ocurrido en la vereda Guacamayas, de Mutatá, no se reduce a las fincas de los Correa Montalvo. “Eso no fue un hecho aislado. Personas con más intelecto y educación avizoraron qué pasaba en Urabá y la estrategia para apropiarse de las tierras. Fueron muchas las fincas despojadas en esta vereda”.
Y justamente, lo dicho por Mojica Ávila es refrendado por fuentes de la Fiscalía General de la Nación, que le confirmaron a VerdadAbierta.com que el 10 de mayo próximo presentarán un incidente en el que solicitarán la cancelación de 18 títulos de igual numero de predios ubicados en Guacamayas, y que actualmente están a nombre de Inversiones ASA Ltda, pues existen pruebas suficientes para demostrar el despojo forzado del que fueron víctimas sus poseedores.
Tanto el fallo en contra de Correa Montalvo, como el litigio jurídico que se avecina por cuenta de la Fiscalía, muestran la complejidad y las consecuencias que acarrearán las decisiones que se tomen de ahora en adelante en los procesos de reclamación de tierras en el país.
