Una veintena de jueces y magistrados especializados en restitución le pidieron al Presidente de la República poner en cintura a la Unidad Nacional de Protección para que cumpla con su obligación de brindarles seguridad.
Por lo menos 26 jueces especializados en restitución advierten que la Unidad Nacional de Protección no es diligente con los estudios de riesgo y esquemas de seguridad, poniendo en riesgo sus vidas. Foto: archivo Semana.Los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras no tuvieron otra opción que solicitar la atención del presidente Juan Manuel Santos. Están cansados de solicitudes de información, de cartas que van y vienen, y hasta de interponer tutelas para que la Unidad Nacional de Protección (UNP) sea diligente con sus peticiones y con su labor misional: brindarles protección.
A través de una carta firmada por 26 togados, le relatan sus preocupaciones sobre la desprotección en seguridad en la que se encuentran y la ineficacia de la UNP. La misiva fue enviada con copia a Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo, los Altos Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Refugiados, y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, Mapp-OEA. (Lea la carta aquí)
Según datos del Consejo Superior de la Judicatura, en el país hay 40 jueces y 15 magistrados especializados en restitución de tierras. En la carta, los jueces coinciden en que algunos “nos encontramos con medidas de protección deficientes e ineficaces respecto al real riesgo inherente a nuestra función pública”.
Citando varios ejemplos, explican que la UNP ha determinado “riesgo ordinario” para jueces que en realidad presentan “riesgo extraordinario” porque ya han recibido amenazas o seguimientos o porque estudian casos que están ‘pisando los callos’ de actores armados ilegales y negocios ilícitos, o directamente han sido declarados ‘objetivo militar’ de las bandas criminales.
Lo más contradictorio aún es que a los jueces cuyo estudio de riesgo arrojó “extraordinario” no les han entregado los esquemas y equipos de protección; y a quienes lo lograron en algún momento se los han ido retirando por falta de una evaluación periódica que la UNP debe hacer de esta situación.
“Estamos observando cómo los esquemas de protección vienen siendo desmontados de manera unilateral por la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional en algunos casos, sometiéndonos a la zozobra permanente de tener esquemas de seguridad que no se compadecen con el riesgo que supone quitarle la tierra a ilegales y testaferros”, indican en la carta.
Entre los casos que narran se destaca el del Juez Especializado en Restitución de Pereira, quien recientemente fue perseguido por cuatro extraños que se movilizaban en motocicletas. Los sujetos averiaron los vidrios del vehículo y le robaron su computador portátil, teléfono celular y iPad. Todo ocurrió cuando salía de la oficina. Sin embargo, la UNP sólo le otorgó, como medida de protección, un medio de comunicación sin que a la fecha haya revisado su situación de riesgo.
Un Juez de Restitución de Valledupar considera que tras los casos complejos que estudia y las decisiones jurídicas que ya ha tomado, su riesgo es alto. Sin embargo, la UNP considera que éste es sólo “ordinario” sin otorgarle las medidas necesarias de protección.
Cosa particular ocurre con los Jueces de Sincelejo y el Juez Segundo de Pasto, quienes, pese a que su situación de seguridad ha sido calificada con “riesgo extraordinario”, no han recibido debida protección. Los Jueces de Aparto, Montería, Chocó, Sincelejo y Valle del Cauca viven con incertidumbre, pues todos han recibido amenazas de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidos como ‘Los Urabeños’.
Mientras los procesos de evaluación del riesgo son demorados y otorgados a medias, a los pocos que tienen se los han retirado, como lo advirtieron los Jueces de Quibdó, Bucaramanga y Medellían en abril de 2016. (Leer más en: Jueces de tierras se quedan sin esquema de seguridad)
La vulnerabilidad de los jueces y magistrados es una situación que no sólo se volvió crítica este año; desde agosto de 2015 por lo menos siete jueces denunciaron que los esquemas de protección eran colectivos, compartiendo vehículo y escoltas, lo que los ponía en riesgo y dificultaba sus diligencias judiciales. (Lea: La dura realidad de los jueces de restitución)
El primero en denunciar los problemas de seguridad fue el Juez Especializado de Restitución de Quibdó, quien en mayo de 2015 señaló que no contaba con las condiciones de seguridad para hacer su trabajo, pues ya no tenía un chaleco de protección, ni un medio de comunicación, ni vehículo y hasta tenía que reunir de sus propios recursos para realizar los trabajos de campo. (Lea: Un juez de restitución de tierras clama por su seguridad)
Los jueces y magistrados indican que no encuentran en el coronel Carlos Eduardo Devia, director de la Oficina de Seguridad del Consejo Superior de la Judicatura, representación en los espacios institucionales “en los cuales se gestionan nuestros intereses de seguridad”. Por eso en la carta reiteran la importancia de que funcionarios de la Rama Judicial puedan participar de forma activa en el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas.
Del Presidente de la República esperan “una decisión definitiva ante las múltiples fallas que las instituciones encargadas están cometiendo, pues de nuestra tranquilidad y seguridad depende el ejercicio adecuado de nuestro cargo y la restitución de las tierras y territorios de víctimas del conflicto armado interno”.
VerdadAbierta.com se comunicó con la Oficina de Comunicaciones de la UNP para preguntar sobre las diversas solicitudes de los jueces y quedó al tanto de una respuesta. Desde el 18 de abril de 2016 este medio envió un cuestionario a la institución sin recibir respuesta al respecto.
