Nacido en San Jacinto (Bolívar) en 1960, Jorge Ortega García trabajó durante casi 20 años en la Electrificadora de Bolívar en donde se formó como dirigente sindical.
Vivió gran parte de su vida en Cartagena, trabajando como revisor de contadores en la Electrificadora de Bolívar. Jugó un papel activo en Sintraelecol (Sindicato de Trabajadores de la Electrificadora de Bolívar), en donde se destacó como representante de la actividad sindical para el departamento.
Se dio a conocer públicamente en marzo de 1994 cuando fue acusado de rebelión por haber asistido, con apoyo de la Electrificadora, al “IV Congreso Latinoamericano por la Solidaridad, la Soberanía y la Autodeterminación y la Vida de Nuestros Pueblos” celebrado en Cuba. Desde entonces, y tras su designación como miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en ese mismo año, se convirtió en una de las cabezas visibles de la organización sindical a nivel nacional.
Sus últimos años de vida los pasó en Bogotá, donde fue nombrado Vicepresidente General de la CUT e integrante de la Comisión de DerechosHumanos de esa organización, cargos que ejerció hasta el día de su muerte. Dias antes de su muerte, Ortega hizo parte del Comando Nacional del Paro Estatal de Trabajadores creado a comienzos de octubre de ese año como respuesta a la decisión del entonces Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, de congelar los salarios de los trabajadores.
El Crimen
El 20 de octubre de 1998, a eso de las 7 de la noche, dos sicarios le propinaron dos disparos a Jorge Luís Ortega en el momento en que el dirigente sindical estaba ingresando a su casa ubicada en el sur de Bogotá. Días antes a su muerte, Ortega había sido víctima de amenazas tras su protagonismo dentro del paro estatal que se celebraba en contra del gobierno de Andrés Pastrana.
De acuerdo con la Comisión Interclesial de Justicia y Paz, organización de la sociedad civil, “desde el inicio del paro estatal, varios sindicalistas habían recibido amenazas de muerte, entre ellos Jorge. Por ello, el día anterior a su asesinato, en una sesión del Comité de Evaluación de Riesgos, Jorge Luís denunció ante delegados del Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo, la Policía Nacional, la Consejería para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre otros, la situación de violación a los derechos humanos que se presentaba contra el sector sindical y públicamente responsabilizó al Estado colombiano de cualquier atentado contra su vida”.
“Después de cinco meses de haber solicitado medidas de protección recurrentemente, Ortega no fue objeto de dotación de escoltas y un vehículo para su movilización, a pesar de los recientes hechos que atentaban contra su vida, como el allanamiento realizado en su residencia el 22 de septiembre de 1998, donde golpearon, amordazaron y amenazaron a su compañera, registrando todo el lugar” señalo la comisión Intereclesial en un documento escrito nueve años después del homicidio de Ortega.
Tras el asesinato de Ortega y de otros sindicalistas como Marco Perez (trabajador y sindicalista de Sintraelecol) durante del paro de octubre de 1998, varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos enviaron un comunicado al Gobierno Nacional exigiendo esfuerzoa para encontrar a los responsables de la muerte de los sindicalistas y garantizar la protección del movimiento sindical en Colombia.
El 2 de mayo de 2002, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 27 años de prisión y el pago de 80 salarios mínimos legales a Rafael Céspedes Álvarez, como autor material del asesinato de Ortega García. Céspedes Álvarez fue acusado luego de la investigación adelantada por un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, los autores intelectuales del crimen nunca fueron identificados por la Fiscalía.
