Este resguardo del Cauca se declaró en emergencia territorial después de los combates entre las Farc y el Ejército, y el atentado de la guerrilla contra una comisión indígena humanitaria. Se resisten a dejar entrar la coca y la guerra.
Los disparos contra una comisión humanitaria de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) el pasado 21 de febrero fue el detonante para que tres veredas del resguardo de Jambaló, Cauca, se declararan en emergencia territorial. Desde hace dos años, la comunidad ha sido amenazada con más intensidad por las Farc y desde hace un mes, por el fuego cruzado de los combates entre la guerrilla y el Ejército.
Tras ese atentado, tres de los ocho guardias indígenas que se movilizaban en la camioneta abaleada resultaron heridos: Germán Valencia recibió un disparo en un brazo; Yoiner Medina resultó con heridas en el tórax; y Nelson Pilcué quedó afectado con varias esquirlas en el rostro. Ellos y otras cinco personas habían viajado hasta las veredas de Guayope, El Maco y El Epiro a constatar la situación y brindar ayuda a las comunidades afectadas.
Según un comunicado del cabildo, horas antes del ataque a la comisión decenas de niños y profesores salieronatemorizados de Kwe’sx Piya Yat, un colegio que está en la zona media del resguardo, después de que dos proyectiles impactaran las instalaciones: uno contra un salón de clases y otro contra el restaurante. Durante los días anteriores la guerrilla había hecho rondas por ese mismo colegio para llevarse a los jóvenes.
“Las Farc con sus milicias vienen haciendo reclutamientos programados en los colegios a los menores de edad…”, advierte el comunicado. Las balas habían vuelto al territorio desde el miércoles 19 de febrero cuando el Ejército llegó a la vereda El Maco, instaló la tropa en cinco sitios estratégicos y se movilizó hasta la vecina vereda de Guayope. Ese mismo día, las Farc se enfrentaron con los soldados desde la noche hasta el siguiente día.
Cultivos ilícitos y actores armados
Varias fuentes le dijeron a VerdadAbierta, cuya identidad se reserva por razones de seguridad, que el resguardo de Jambaló ha estado cercado por un conflicto que generaron las Farc, que se agudizó con la expansión de los cultivos ilícitos, primero de amapola y de forma más reciente de coca, y ahora con la presencia de las fuerzas militares.
“Ni las plantas de amapola ni de coca son malas. Lo que es malo es su uso ilícito. Y como comunidad nos hemos opuesto a que en nuestro territorio haya cultivos para uso ilegal, nos atacan”, dijo una autoridad del resguardo.
Los líderes de Jambaló cuentan que luchan por el cumplimiento de la Declaración de Vitoncó (1985) y la Resolución de Jambaló (1999), dos pronunciamientos en los que la comunidad indígena exige respeto a su territorio, prohibiendo los cultivos ilícitos, rechazando el reclutamiento y pidiendo que no los involucren en el conflicto armado del país. “Creemos que esta posición de autonomía ha sido incómoda para los actores armados. El costo por defender y proteger el territorio ha sido muy alto”, dijo un líder.
Para el resguardo de Jambaló, las órdenes emitidas por la justicia nacional y organismos internacionales de derechos humanos no se han cumplido. En 2004, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-025 solicitando la protección de los pueblos indígenas, entre ellos los del Cauca, que estaban siendo desplazados o en riesgo de ser expulsados de la región.
En 2009, el Auto 004 de la misma Corte confirmó que el pueblo Nasa estaba en riesgo de desaparecer y ordenó al gobierno un plan de salvaguardia étnica. En noviembre de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le solicitó al gobierno adoptar medidas cautelares, es decir de protección, a favor de los resguardos de Jambaló, San Francisco, Toribío y Tacueyó, en el norte del Cauca.
“Desde que anunciaron las medidas, en lugar de que la situación mejorara, empeoró. Vinieron las amenazas y los asesinatos”, contó una autoridad del resguardo.
Según el registro de víctimas que lleva el cabildo, en los últimos dos años en Jambaló han sido amenazadas 40 personas, entre autoridades, líderes y guardias, y asesinados otros 15, entre ellos, Luis Carlos Mestizo, presidente del Fondo Paez; Milcíades Trochez, coordinador de los Kiwe Thegnas (guardia) del resguardo; Rafael Mauricio Girón, ex concejal del resguardo y Venancio Taquinás, Kiwe The (médico tradicional).
Las autoridades del resguardo de Jambaló consideran que el atentado contra la comisión humanitaria del pasado 21 de febrero, sumado a las amenazas y asesinatos de los últimos dos años, puede ser una retaliación a su lucha por erradicar los cultivos ilícitos, evitar que su territorio sea ocupado por actores armados y a prevenir los reclutamientos de menores.
“Es muy duro llevar un hijo en el vientre nueve meses, cargarlo en la espalda un año, verlo dar sus primeros pasos y que luego se lo lleven para la guerra. Ya fuimos terrajeros de los terratenientes; no permitiremos ser terrajeros de la guerra”, dijo una mujer indígena. El fue una figura feudal por la cual los grandes propietarios permitían a los indígenas trabajar una parcela a cambio de que les trabajaran gratis. Para los indígenas, el reclutamiento es un sometimiento similar.
En el resguardo de Jambaló, en el municipio que lleva este mismo nombre, los afectados por el conflicto han sido los 17 mil 500 habitantes (unas cuatro mil familias). El 92 por ciento de ellos son Nasa y el otro 8 por ciento son Misak.
El pasado 24 de febrero Defensoría del Pueblo Regional Cauca emitió un comunicado rechazando el atentado contra la comisión y pidió al gobierno brindarles suficientes medidas de protección a los indígenas para evitar que se repitan los hechos del fin de semana.
“El gobierno no ha cumplido porque la presencia que ha hecho en nuestro territorio es militar. No queremos que nos involucren más en una guerra que no es nuestra”, explicó otra autoridad del resguardo.
Por eso, los indígenas decidieron no desplazarse sino concentrarse en la vereda Guayope en asamblea permanente, es decir, una reunión en la que hacen sus pronunciamientos y buscan una solución al conflicto. “Estamos esperando a las Farc y a su estructura para dialogar. Buscamos ese espacio para plantearles nuestros puntos sobre el respeto del territorio. Lo mismo le pedimos al gobierno: que las fuerzas militares no produzcan más muertes”, indicó otro líder del resguardo de Jambaló.
El 1 de marzo la comunidad indígena se reunirá para conocer la situación de las 35 veredas y 4 barrios que componen el resguardo, y plantear soluciones. “Somos una comunidad que lucha por su territorio, pero que se sostiene con las palabras; no con las armas”, comenta una autoridad de Jambaló.
