Un informe ligero y plagado de imprecisiones. Así podría catalogarse lo realizado por funcionarios del ente acusador como insumo para anexar al expediente del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, procesado por manipulación de testigos.
Si algo tiene la caracterización sociopolítica que prepararon funcionarios del Centro Estratégico de Valoración Probatoria (CEVAP) de la Fiscalía General de la Nación son errores en diversos aspectos de contexto sobre el Bloque Metro, la estructura paramilitar que, desde hace varios años, enreda judicialmente al líder del partido Centro Democrático. (Leer más en: Creación del Bloque Metro: discusión de fondo en expediente contra Álvaro Uribe)
Contradicciones en fechas de sucesos relevantes en la historia del paramilitarismo en Antioquia; imprecisiones en la manera cómo establecieron algunas relaciones con hechos relevantes en el devenir de ese grupo armado ilegal; y omisiones de datos esenciales para comprender la participación de empresarios en la financiación de esa organización criminal y la impunidad que los rodeó, hace parte del informe que le entregaron, el pasado 26 de marzo, a Gabriel Jaimes, fiscal delegado ante la Corte de Suprema de Justicia, que tiene bajo su responsabilidad el expediente del expresidente Uribe y quien solicitó la preclusión de la investigación a su favor, situación que aún está lejos de resolverse.
El objetivo general del documento, solicitado por este fiscal el pasado 17 de febrero al CEVAP, era “identificar, describir y analizar las variables sociodemográficas, políticas y psicológicas, entre otras”, sobre Juan Guillermo Monsalve, principal testigo del proceso contra el exmandatario, a quien se le acusa de manipular testigos para esquivar los señalamientos sobre su presunta participación, y de la de su hermano Santiago, en la creación del Bloque Metro.
El objetivo del apartado correspondiente a las variables sociopolíticas fue “realizar el análisis de la información disponible que permita determinar el contexto de la situación de la aparición de las Autodefensas Unidas de Colombia, específicamente el Bloque Metro y el tiempo en que esta organización criminal actuó en sus áreas de injerencia”.
Para lograr ese propósito, quienes elaboraron el documento precisaron que se realizó “una investigación de tipo documental, en donde la estrategia metodológica es cualitativa con un enfoque socio-político, en la que se busca entender los conceptos en los cuales se hallan (sic) inmersos empresarios, individuos, políticos, escenarios económicos y grupos al margen de la ley, y a partir de allí visualizar el comportamiento en el que se vieron inmersos”.
Y explicaron, además, que “el método que se utiliza para esta investigación es el análisis de texto, cuyo objetivo principal es realizar un estudio de fuentes encontradas”.
VerdadAbierta.com le pasó la lupa al apartado sociopolítico del documento que solicitó Jaimes y lo hallado referido al Bloque Metro y el contexto que lo rodeó revela una falta de rigurosidad que sorprende porque en cientos de expedientes que están bajo custodia de la propia Fiscalía, además de sendas declaraciones de exparamilitares a los tribunales de Justicia y Paz, se detalla lo que ocurrió en la región del Nordeste antioqueño desde mediados de los noventa en relación con la expansión de la Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). (Descargar: CEVAP CTI CONTEXTO)
Imprecisos
En sus apartes iniciales, el informe del CEVAP se contradice en la adscripción del Bloque Metro a una estructura superior: en una primera alusión asevera que es “una estructura de las AUC” y renglones más adelanta expone que es “una estructura de las denominadas ACCU”.
Es importante señalar que en el devenir del proyecto paramilitar concebido por los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil, y el excapitán del Ejército Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’, quien luego se convertiría en el jefe del Bloque Metro, primero surgieron las Accu como una supuesta reacción a la violencia insurgente que se vivía en el Urabá antioqueño. Su idea bélica, concebida y puesta a andar en 1994, fue tomando fuerza y expandiéndose a varias regiones de Antioquia y, posteriormente, a diversas zonas del país.
Las Auc se conformarían tres años después, cuando los jefes paramilitares de aquellas épocas decidieron confederarse para abarcar, a sangre y fuego, más territorios, cooptar fuentes ilegales de recursos, como extensas áreas de cultivo y procesamiento de hoja de coca para uso ilícito, y tener una mayor fuerza de negociación ante el gobierno nacional.
Fue así como, a mediados de 1997, se articularon las Accu con las Autodefensas del Magdalena Medio, las Autodefensas de Puerto Boyacá, las Autodefensas de Cundinamarca, las Autodefensas de los Llanos Orientales, las Autodefensas de Casanare y las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar.
Si bien, inicialmente el Bloque Metro estuvo ligado a las Accu, esa confederación no cumplía con las expectativas de alias ‘Doblecero’. Él mismo le explicó la contradicción al antropólogo Aldo Civico: “Nosotros comenzamos en el 98, cuando vemos que las diferencias ideológicas con las AUC son insalvables, que realmente ellos han cogido el camino del narcotráfico y que, según nuestro punto de vista, no conduce a la paz, sólo conduce a ahondar más los conflictos y la crisis social. En ese momento nos venimos pa’l Oriente y el Nordeste de Antioquia, que estaban en poder de la guerrilla y comenzamos a crear las estructuras del Bloque Metro”.
Es por ello que cabe destacar la imprecisión de adscribir el Bloque Metro a las Auc por cuanto justo la creación de esa macroestructura paramilitar fue el detonante para que tomara distancia de esa organización nacional y buscara refugio en las tierras del Nordeste antioqueño, especialmente en el corregimiento Cristales, de San Roque, donde constituyó su base de operaciones.
Y también dejan dudas las referencias de los investigadores del CEVAP sobre el año de origen del Bloque Metro. Si bien el jefe paramilitar lo fijó en 1998, quienes elaboraron el documento para el fiscal Jaimes citan, sin criterio analítico, documentos de los tribunales de Justicia y Paz para establecer ese hito fundacional.
En un apartado escriben que “evidencias recopiladas por la Ley de Justicia y Paz (sic) advierten que, en el año 1995, meses después de la quema de la hacienda Las Guacharacas, nacería el Bloque Metro en el municipio de San Roque”. Luego afirman que “el Bloque Metro fue establecido a finales de 1997”. No hay entonces consistencia en su exposición.
La confusión podría estar en una mala interpretación de la estructura criminal que precedió al Bloque Metro en el Nordeste antioqueño, especialmente en el eje vial que conduce de Cisneros a San Roque y cuya continuidad lleva al municipio de Puerto Berrío, puerta de entrada al Magdalena Medio antioqueño.
Investigaciones judiciales de finales de la década de los noventa demostraron que en la región del Nordeste antioqueño se estableció un grupo armado ilegal, que operaba bajo la sombrilla de la Convivir El Cóndor, conformada por ganaderos y comerciantes como estrategia para enfrentar a las guerrillas de las Farc y del Eln.
Esos ciudadanos se valieron de las normas consagradas en el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada promulgado por el entonces presidente Cesar Gaviria (1991-1994) mediante el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, que, entre otras decisiones, autorizó el porte de armas de uso privativo de la Fuerza Pública y habilitó a los gobernadores para otorgar personerías jurídicas a todas aquellas asociaciones que se conformaran bajo esas normas.
Luego, el presidente Ernesto Samper (1994.1998) les dio mayor vuelo y a través de la Resolución 368 del 27 de abril 1995, proferida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través de la Resolución 368 del 27 de abril 1995, comenzó a llamar Convivir a aquellos Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada, y respaldó el uso de armas privativas de la Fuerza Pública.
Vuelo impune
Detrás de la Convivir El Cóndor estaba Luis Alberto Villegas, ganadero, comerciante y narcotraficante del corregimiento de San José del Nus, quien tramitó las autorizaciones para crear esa asociación de vigilancia y seguridad privada e impulsó, a la par, un grupo paramilitar que actuaba bajo su protección. Investigaciones judiciales demostraron con evidencias concretas que en esa causa estaba aliado con el también ganadero Santiago Gallón Henao, quien manejaba las operaciones desde Medellín.
Ese fue el preámbulo del Boque Metro, que desvirtúa, por demás, una de las afirmaciones del documento del CEVAP que resalta que esta estructura paramilitar “fue ideada directamente por Carlos Castaño”. La realidad, probada judicialmente, es que detrás de su llegada estuvieron no solo Villegas y Gallón, sino otros ciudadanos interesados en frenar, supuestamente, a las guerrillas.
Otra de las imprecisiones del informe entregado al fiscal Jaimes se refiere a quiénes fueron las primeras personas en ser vinculadas a un proceso de investigación por el delito de conformación de grupos armados al margen de la ley. Según el documento del CEVAP, “Luis Alberto Villegas, Pedro David Gallón Henao y Santiago Gallón Henao fueron los tres primeros hombres en ser acusados de fundar un grupo paramilitar”.
A través de la consulta de expedientes judiciales se desvirtúa fácilmente esa afirmación, pues quienes fueron procesados fueron Luis Alberto Villegas, su hijo Luis Guillermo, Santiago Gallón Henao y Patricia Saldarriaga. Lo que no precisan los funcionarios del CTI es que pese al acerbo probatorio que se recopiló en esa investigación, que incluyó interceptaciones de llamadas telefónicas y allanamientos, la Fiscalía precluyó la investigación a favor de los Villegas y de Gallón Henao, y fueron absueltos de toda responsabilidad, en un proceso que generó sospechas de corrupción. Saldarriaga, por su parte, fue condenada, en ausencia, a ocho años de cárcel.
Lo que se vendría a conocer tiempo después, gracias a las versiones que entregaron exparamilitares desmovilizados bajo los acuerdos con el gobierno nacional es que, efectivamente, Alberto Villegas, Santiago Gallón Henao y Patricia Saldarriaga sí estaban articulados a las Accu.
De hecho, Gallón Henao se presentó a la justicia en 2009 y confesó haber financiado grupos paramilitares en diversas regiones del departamento y del país a finales de la década de los noventa, razón por la cual fue condenado a tres años y tres meses de prisión. (Leer más en: ¿Quién protegió en la Fiscalía a Santiago Gallón Henao?)
En cuanto a Patricia Saldarriaga, quien trabajaba bajo el alias de ‘Clara Mejía y estaba al servicio de Villegas y Gallón Henao, la realidad mostraría que sí estaba ligada a grupos paramilitares y se desmovilizó con el Bloque Central Bolívar en 2005. Nunca pisó una cárcel. En mayo de 2006, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín decretó la extinción de la acción penal por prescripción y se canceló la orden de captura en su contra.
La versión sobre la financiación de Luis Alberto Villegas a grupos paramilitares y sus actividades ilícitas llegó a través del exparamilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, exjefe de una de las estructuras del Bloque Central Bolívar. En relatos a fiscales de Justicia y Paz explicó que su asesinato se debió a un problema generado por un laboratorio de procesamiento de cocaína que Villegas instaló en zona rural de Puerto Berrío. El lugar fue destruido por tropas del Ejército y el narcotraficante aseveró que el entable era del Bloque Central Bolívar.
Villegas también denunció al Bloque Central Bolívar de hurtar combustible mediante válvulas clandestinas instaladas en el oleoducto Sebastopol-Medellín, que pasaba por San José del Nus, pero la realidad era que la hurtaba él para comercializarla en la estación de gasolina que tenía en ese corregimiento. Ambas mentiras le costaron la vida. (Leer más en: ‘Julián Bolívar’ admitió asesinato de Luis Villegas Uribe)
Sobre la fecha de ese homicidio, el informe presentado al fiscal Jaimes también es errático. Villegas fue asesinado el 5 de diciembre de 2004 en su negocio por sicarios enviados por alias ‘Julián Bolívar’, pero los funcionarios del CTI consignaron que ocurrió “el lunes 5 de diciembre de 2005”. Y también se equivocan al señalar que “el robo [de gasolina] empezó a dar tantas ganancias que montó su propia estación de gasolina” pues el negocio lo había constituido años atrás.
Quien pasó inmaculado por el tamiz de la justicia fue Luis Guillermo Villegas, hermano de Luis Alberto y amigo de confianza del expresidente y exsenador Uribe. Si bien se recolectaron evidencias que lo comprometían en delitos cometidos por grupos armados ilegales en el Nordeste antioqueño, no fue vinculado a ningún proceso penal.
Más equivocaciones
Otro de los graves errores de contexto que registra el informe presentado por los investigadores del CEVAP es la manera cómo se refiere al caso del llamado Parqueadero Padilla, donde, el 30 de abril de 1998, tras un allanamiento realizado por funcionarios del CTI, se encontró el centro financiero de las Accu.
La visión que le entregaron al fiscal Jaimes es reduccionista y no ofrece la dimensión real de lo que fue esa operación y de los hallazgos. En el informe se leen dos afirmaciones que son erráticas: de un lado se dice que, en ese parqueadero, ubicado en pleno centro de Medellín, “funcionaba la oficina de finanzas del Bloque Metro”; y de otro, que “el análisis de los documentos contables evidenció que con dineros de la Convivir El Cóndor se financiaba el pago a miembros de grupos paramilitares de la zona”. Ni lo uno ni lo otro es acertado.
Lo primero es un error porque en aquel parqueadero se manejaban las finanzas de diversas estructuras armadas ilegales adscritas a las Accu que operaban en diversas regiones de Antioquia, Córdoba, Chocó y los Llanos Orientales, más allá del Bloque Metro.
Y con respecto a lo que dicen sobre “el análisis de los documentos contables”, tampoco es del todo cierto por cuanto ese voluminoso expediente, que está bajo custodia de la Fiscalía en Medellín, fue uno de los mayores desaciertos de la investigación judicial en el país, pues a pesar de hallar cientos de cuentas bancarias a través de las cuales al parecer se giraban los recursos para las Accu, ninguna de las más de 500 personas relacionadas en los libros contables fue procesada y condenada por financiar grupos paramilitares.
Ni siquiera la justicia fue capaz de procesar a Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, el cerebro de las finanzas de las Accu y quien fue capturado en el allanamiento al Parqueadero Padilla. Cinco meses después de su detención escapó de la cárcel Bellavista de Medellín por la puerta principal portando una boleta de libertad falsa que le suministró una red de operadores judiciales corruptos, y nunca más pisó un penal, gracias a que se mantuvo oculto en el Urabá antioqueño hasta noviembre de 2003, cuando apareció para desmovilizarse con el Bloque Nutibara de las Auc en la capital antioqueña, razón por la cual también cesaron todos los procesos penales en su contra. (Leer más: “¿Quién protege a alias ‘Lucas’?”)
Afirmación falsa
Una de las aseveraciones que llama la atención del informe presentado al fiscal Jaimes es la que asegura que “la única persona que ha dicho que los hermanos Uribe Vélez fueron los creadores del Bloque Metro es Juan Guillermo Monsalve, mientras que ningún jefe de las AUC le haya (sic) dado validez a su testimonio”.
Esa afirmación se controvierte con sendas notas de prensa, incluidas algunas de este portal, que indican que otros exparamilitares coinciden con la versión de Monsalve. La más conocida es la dada por Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, quien comandó el Frente Cacique Pipintá del Bloque Central Bolívar, que operó en el departamento de Caldas, y quien nunca fue aceptado en Justicia y Paz.
En una corta entrevista para VerdadAbierta.com dada en abril de 2012, minutos después de salir de una diligencia judicial, este exjefe paramilitar reiteró que “en la fundación y creación del Bloque Metro participaron el ex presidente Álvaro Uribe, su hermano Santiago, así como los hermanos Gallón y los hermanos Villegas”.
En agosto de 2011 le había explicado al senador Iván Cepeda que la creación del Bloque Metro estuvo relacionada con el robo de 600 cabezas de ganado y de varios equinos de la finca Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez, en hecho ocurridos en 1996 y que también dejaron reducida a cenizas la estancia principal. También dijo el exparamilitar que esta finca fue la primera base del Bloque Metro, antes de que fuera trasladada al corregimiento Cristales, de San Roque. (Leer más en: ‘Expara’ ratifica señalamientos contra el expresidente Uribe)
Por último, es importante reseñar un dato que no es menor en relación con la intensa persecución que padecieron los hombres del Bloque Metro por su resistencia a no acogerse al acuerdo de desmovilización y desarme que se pactó con el gobierno del entonces presidente Uribe a mediados de 2003 y las constantes críticas de alias ‘Doblecero’ contra los poderos narcotraficantes que se vincularon a las Auc de la mano de Vicente Castaño.
Al describir esa persecución y exterminio del Bloque Metro, en la que participaron combatientes de varios bloques paramilitares, los funcionarios del CEVAP le informan al fiscal Jaimes que, en medio de esa guerra, “en noviembre de 2003 cayó alias ‘El Panadero’, en un combate con el Ejército”. Se trata de César de Jesús Gómez Giraldo, uno de los hombres de confianza de alias ‘Doblecero’ y quien tenía bajo su responsabilidad el hurto de gasolina para financiar las operaciones de este grupo armado ilegal.
Los investigadores del CEVAP caen, nuevamente, en versiones superficiales. Ese asesinato ocurrió, efectivamente, el 13 de noviembre de 2003, pero lo perpetraron hombres bajo el mando de Daniel Mejía, alias ‘Danielito’, paramilitar de confianza de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, uno de los narcotraficantes más poderosos vinculados a las Auc y el principal enemigo del Bloque Metro. (Leer más en: La cuota de ‘HH’ en el exterminio del Bloque Metro)
Los hechos ocurridos ese día fueron relatados a fiscales de Justicia y Paz por Elkin Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’, quien integró una facción del Bloque Calima de las Auc que combatió al Bloque Metro en el Nordeste antioqueño, quien desmintió la versión de que alias ‘El Panadero’ cayó en una acción del Ejército.
“Daniel Mejía llamó al ‘Panadero’ a un kiosco y allí le disparó y lo mató”, afirmó Casarrubia Posada. Los hechos ocurrieron en el corregimiento Cristales, donde el Bloque Metro tenía su base, ya para aquellos años sometida por sus rivales a sangre y fuego. El mismo día que asesinaron a Gómez Giraldo fueron acribillados diez de sus hombres más cercanos.
Alias ‘El Cura’ explicó que el cuerpo del ‘Panadero’ fue arrojado a un paraje entre San José del Nus y Cisneros, en un desvío hacia el municipio de San Roque. Luego, dos hombres de confianza de alias ‘Don Berna’ llamaron a la Brigada XIV del Ejército, con sede en Puerto Berrío, y les avisaron del cadáver.
Lo particular es que altos mandos de esa guarnición militar anunciaron que alias ‘El Panadero’ había muerto en desarrollo de la Operación Gibraltar, realizada por tropas del Batallón de Infantería Bomboná en el sector de Los Frailes, jurisdicción del municipio de San Roque. Incluso, la noticia fue ratificada por el entonces comandante de esa brigada, el general Édgar Ceballos Mendoza, y el coronel Francisco Javier Roa, jefe del Estado Mayor de esa unidad militar.
El exterminio del Bloque Metro concluiría con el asesinato de alias ‘Doblecero’ en Santa Marta el 24 de mayo de 2004 a donde llegó a refugiarse. Por ese homicidio, según consta en algunas investigaciones periodísticas, le pagaron 500 mil pesos al sicario que accionó al arma y nunca pagó cárcel por ese crimen.
¿Qué es el CEVAP?
Este centro fue creado mediante la Resolución 04118 de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) e inaugurado el 5 de abril de 2017 por el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez. Para su constitución, el ente acusador contó con el apoyo de la Unión Europea.
De acuerdo con Martínez, este centró le permitiría a “los funcionarios mediante el material probatorio de las investigaciones, crear y analizar patrones de los grupos criminales, construir hipótesis delictivas y rechazar otras”. En sus objetivos misionales está apoyar las actividades de los fiscales y la policía judicial, “facilitando el ejercicio de la investigación con el uso de infraestructura tecnológica para analizar las evidencias físicas y los elementos materiales probatorios recolectados en la escena del delito”.
El entonces fiscal Martínez fue enfático al anunciar que “vamos a desarrollar conocimiento a través de la tecnología”. No obstante, en este primer caso de contexto realizado por el CEVAP y conocido públicamente los resultados son muy pobres y, sin duda, se rajaron en su análisis sobre el Bloque Metro.
