Los derechos de las víctimas de Bloque Norte de las Auc podrían verse vulnerados por la mala administración de los lotes urbanos y rurales entregados por ‘Jorge 40’.
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| Este es una foto del lote entregado por ’40’ en Riohacha. Foto de Fiscalía. |
Uno de los terrenos entregados por Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, ex jefeparamilitar ya extraditado, fue invadido por campesinos desplazados. Al enterarse de esta situación, durante la audiencia de reparación de las víctimas del ex jefe paramilitar Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, los magistrados de Justicia y Paz concluyeron que este bien no era apto para reparación por la invasión y aseguraron que la persona negligente frente al problema debe responder por ello. Tanto Tovar como Fierro fueron jefes del Bloque Norte de las AUC, responsable de graves violaciones a los derechos humanos en casi toda la Costa Caribe, y deben contribuir a la reparación de las miles de víctimas que dejó su organización armada.
Este predio y otros ocho entregados por ‘Jorge 40’ en 2006 han pasado por las manos de la Fiscalía, el Fondo para la Reparación de las Víctimas bajo la tutela de Acción Social y la Sociedad de Activos Especiales. La idea era venderlos y que el dinero se pudiera entregar a quienes sufrieron las acciones criminales de las autodefensas.
Como se pudo ver durante el incidente de reparación, luego de cinco años ninguno de los predios ha sido vendido y sólo uno se podría vender por el total de su valor comercial. En casi todos los casos de las casas y fincas que el paramilitar entregó para reparación existen acciones jurídicas de personas que reclaman haber sido despojados por ‘Jorge 40’.
Según dijo durante el incidente Paula Andrea Sánchez, representante del Fondo para la Reparación de Víctimas, estos predios ya son por si mismos difíciles de vender porque existe la idea de que son un negocio arriesgado y, ahora que tienen nuevos problemas, hace aún más difícil sacarles su verdadero valor en dinero.
El caso más grave es el de un lote de 4000m2 en zona urbana de Riohacha que fue invadido por más de 300 miembros de la comunidad Wayúu. No pueden ser desalojados pues son población vulnerable y también es un pueblo que ha sido víctima del conflicto armado.
Interrogado por los magistrados durante el incidente de reparación, el abogado representante de ‘Don Antonio’ y ‘Jorge 40’, Camilo Bocanegra, dijo que para el 2006, cuando los bienes fueron entregados a la Fiscalía, en los documentos de matrícula no existían anotaciones que prohibieran el traspaso de los bienes y, que hasta donde él sabía, tampoco existían procesos de restitución.
Así mismo la fiscal Daicy Jaramillo aseguró que es imposible que los bienes entregados por la Fiscalía al Fondo para la Reparación de las Victimas tuvieran problemas jurídicos, y aun menos que estuvieran invadidos. Como prueba mostró el acta de entrega del lote en Riohacha a Acción Social.
En esta acta del 23 de julio de 2008 (ver acta aquí), aparece claramente la descripción del lote, en la que se señala que este se encuentra desocupado y que tiene una construcción, pero que tanto ésta como el lote se encuentran en estado normal. El documento va acompañado de unas fotografías de la visita de los funcionarios estatales en las que es evidente que no existe nadie viviendo allí.
La representante del Fondo aseguró al tribunal que el predio fue invadido luego de que Acción Social, por orden presidencial, entregara la administración de este y los demás lotes a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, en diciembre de 2009.
La representante del Fondo dijo también a la sala tener el acta de entrega que hizo Acción Social de la administración del lote a la SAE, donde demostró, luego de entregar el documento a los magistrados, que el lote se encontraba desocupado para esa fecha.
La SAE es una entidad especializada para la administración de bienes, ala cual el gobierno encargó en 2009 el manejo de los bienes que forman parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado – FRISCO, y los bienes inmuebles rurales y urbanos entregados, a cualquier título, al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el fin de disminuir el número de interventores que participaban en la administración y comercialización de este tipo de bienes, y así disminuir los problemas de corrupción y administración que se presentaban en la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Según lo que contó la funcionaria a la sala, las 300 personas que ocuparon este lote en Riohacha alegaron ser desplazados víctimas del Bloque Norte. Ante la ocupación, la SAE contactó a las autoridades locales el 10 de octubre de 2010 para expulsarlos a la fuerza, hecho ante el cual Acción Social intervino, considerando que esta acción no era prudente porque la población estaba en riesgo, y que primero se debía estudiar su situación y tratar de encontrar una salida negociada.
Luego de los estudios, Acción Social pudo comprobar que solamente 7 de las 300 personas estaban registradas en sus bases de datos como víctimas de los paramilitares. De las otras 293 dijo no saber mucho más.
Los magistrados de Justicia y Paz pusieron en entredicho la efectividad de la SAE. Según se informó en la audiencia el Estado ha pagado a esta administradora casi tres mil millones de pesos para el eficaz manejo de los bienes destinados a reparar a las víctimas. Observaron que era necesario revisar los términos del contrato firmado con esta entidad para poder evaluar su responsabilidad en la pérdida de control estatal de los bienes.
Una vocera de la SAE dijo a VerdadAbierta.com que el lote fue invadido durante el 2010 por miembros de la comunidad Wayúu, y explicó que es un fenómeno que se está presentando en Riohacha, pues los indígenas han invadido varios lotes. La representante de la Sociedad dijo que efectivamente, luego de la ocupación ilegal, ellos pidieron apoyo de la Policía y la Alcaldía para hacer la diligencia de lanzamiento, pero que ésta nunca pudo ser realizada, primero por una resistencia constante de las autoridades locales, y posteriormente por que los efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, nunca llegaron.
Añadió también que la administración de dicho lote ya no se encuentra en manos de la SAE desde julio o agosto de este año, cuando fue devuelta a Acción Social. Ante la falta de claridad sobre quiénes han sido los responsables de haber permitido que este lote no sirviera para reparar a las víctimas de ‘Jorge 40’, la Procuraduría anunció, durante la audiencia de reparación, que estudiará el caso más en detalle para tomar las decisiones correspondientes. Aunque queda por aclarar también si los magistrados obligarán al Estado a reparar a las víctimas con sus propios recursos, en vista de que no supo cuidar los bienesdestinados a restituir los derechos de las víctimas.
