El Inpec decidió cerrar las instalaciones de la cárcel de Urra para los desmovilizados de las Autodefensas. Los ex ‘paras’ trasladados dicen que no seguirán rindiendo versiones libres en retaliación.
 En la cárcel de Urrá estaban recluidos 38 desmovilizados del Bloque Norte y las Accu. Foto Semana. |
Los desmovilizados dicen que no seguirán rindiendo versiones si continúan violando su derecho a estar recluidos en cárceles acordadas en la ley 975. Los doscientos delincuentes comunes que llegaron a Urrá provocaron destrozos en el antiguo campamento acondicionado con recursos de la cooperación internacional.
Treinta y ocho desmovilizados de los antiguos grupos paramilitares acogidos al proceso de Justicia y Paz fueron sacados de sus celdas del patio dos de la cárcel de Urrá a la medianoche del viernes y trasladados a la cárcel las Mércedes de Montería, sin que para ellos ni para los fiscales de launidad que los tienen a su disposición existiera ninguna explicación al respecto.
El viernes en horas de la tarde llegaron a la cárcel los guardias del Grupo de Reacción Inmediata del Inpec a cargo de la capitana Magnolia y del teniente Romero, procedían de Medellín con 218 internos a los que llaman en el argot criminal ‘ñeros’ o ‘ñámpiros’, pura delincuencia común. A los ocupantes del patio dos, treinta y ocho exmilitantes de los bloques Héroes de los Montes de María, Córdoba, Catatumbo, Centauros y Calima, entre otros, les dijeron que alistaran sus cosas que los iban a pasar para el patio donde se encuentran otros diecinueve desmovilizados.
Pero a las once de la noche y con engaños, sostienen los desmovilizados, los metieron en unos buses y los llevaron hasta la cárcel Las Mercedes en Montería, a tres horas de Tierralta, donde se encontraban, y los recluyeron en el patio 7, que estaba ya desocupado para recibirlos a ellos. No les dieron ninguna explicación, sólo estaban confirmando los rumores que les habían llegado, que el Inpec se había quedado sin recursos y necesitaba esa cárcel para descongestionar otras.
Pero la cárcel de Urrá no es una cárcel prototipo, era el campamento de los ingenieros que construyeron la represa y fue adecuada como centro de reclusión sin las especificaciones de una cárcel de alta seguridad. Es decir, no está construida para retener delincuentes peligrosos capturados, sino para tener reclusos que quieran permanecer voluntariamente porque se acogieron a un proceso de paz, como es el caso de los pertenecientes a los grupos paramilitares que están declarando ante la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
El traslado no les cayó bien y anunciaron que no seguirán declarando, pues se trata de una nueva burla a los acuerdos que firmaron con el Gobierno Nacional en Santa Fe de Ralito. Pero también surgen interrogantes que ni en el Ministerio de Justicia ni en el Inpec resuelven, tales como por qué cambiarle la destinación a una cárcel cuya adecuación se realizó con recursos de cooperación internacional y como resultado de unos acuerdos de un proceso de paz con los grupos paramilitares que se desmovilizaron.
Más de seis millones de dólares fueron aportados con recursos de la cooperación internacional para éste proceso y ahora como el Gobierno Nacional se ve en apuros para albergar la población carcelaria echan mano de lo primero que se les ocurre.
En una carta que le enviaron a la directora del Inpec, Teresa Moya Suta, hace varios días le dicen que esa institución está incumpliendo las negociaciones del proceso de paz, pues ellos están allí como resultado de un acuerdo, es decir se pusieron a disposición de la justicia y colombiana y esta a cambio les garantizó la reclusión en ese centro. Le reclaman la utilización de argumentos falsos, como decir que los trasladan por seguridad y peor aún lo el Inpec lo hace sin consultar a los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz a cuya disposición se encuentran los desmovilizados.
Por las razones anteriores los desmovilizados dan por terminadas de manera unilateral sus versiones, pues, le dicen, de acuerdo con la ley 975 de Justicia y Paz, quienes se acogieran al proceso serían recluidos en establecimientos o pabellones especiales.
Finalmente, le dicen en la carta enviada a la directora del Inpec, no ver ningún motivo para el traslado, pues ninguno de los que estaban en Urrá han presentado actos de indisciplina, ni han intentado fugarse pues se encuentran allí voluntariamente, pues llegaron allí al entregarse no fueron capturados con muy pocas excepciones y le recuerdan que otros desmovilizados se han entregado por recomendaciones de ellos.
Destrozaron el patio uno
Pero así como los desmovilizados no querían ser trasladados a otra cárcel, los delincuentes comunes que llevaron en su remplazo destrozaron puertas y ventanas el sábado y protagonizaron disturbios solicitando que no los dejaran en Urrá. VerdadAbierta.com en contacto con una fuente interna en la cárcel pudo saber incluso que una persona resultó herida con una puñalada y uno de los internos fue objeto de abuso sexual.
VerdadAbierta.com intentó comunicarse con la directora del Inpec, pero no contesta el teléfono y la directora del Programa de Justicia y Paz del Ministerio de Interior, Heidi Abuchaibe, en comunicación el sábado dijo no tener conocimiento del traslado.
En el patio dos quedaron diecinueve desmovilizados que esperan que el Gobierno Nacional cumpla con el compromiso de dejarlos en ese centro de reclusión, pues de lo contrario ellos tampoco seguirán con las versiones para contribuir con la verdad.
Este traslado inconsulto de reclusos con los fiscales no es la primera vez que ocurre y ha provocado malestar en la unidad de Justicia y Paz. Hace tres semanas fueron trasladados de la cárcel Modelo de Barranquilla a Itaguí y La Picota de Bogotá, dos postulados del Bloque Héroes de los Montes de María sin informar a la fiscal que los tiene a su disposición con el argumento de que lo hicieron por seguridad, cuando durante todo el año habían solicitado que no dejaran ingresar abogados que iban a intimidarlos para que no siguieran hablando y nunca atendieron sus peticiones.
También se molestaron magistrados, fiscales y procuradores, porque hace unas semanas no fueron enviados a las audiencias programadas los postulados solicitados en remisión, y dejaron constancia de las arbitrariedades del Inpec en el manejo de los reclusos acogidos al proceso de justicia y paz.
La gravedad de los disturbios provocados por los delincuentes comunes trasladados desde la cárcel de Bellavista a Urrá en Tierralta, obligó a que enviaran agentes de policía pues los guardias del Inpec se vieron desbordados por los reclusos, a quienes mantuvieron esposados y sólo soltaron para tomar los alimentos.
