La captura en Chocó de 11 miembros de los organismos de seguridad por complicidad con Los Rastrojos lleva a preguntarse hasta dónde las llamadas bandas criminales son la continuidad de los paramilitares. Por Revista Semana
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| El crecimiento de las bacrim obligó al gobierno a crear un centro de inteligencia especializado, llamado CI2. Y el pasado agosto arrancó la Unidad Nacional contra las Bandas Emergentes de la Fiscalía, que logró, la semana pasada, capturar 11 integrantes de los organismos de seguridad en Chocó que ayudaban a Los Rastrojos./ Foto Semana |
En Bahía Solano y Nuquí, Chocó, fueron capturadas 24 personas el 31 de mayo, por nexos con el grupo de Los Rastrojos, entre las cuales había 11 integrantes de los organismos de seguridad, un concejal y una secretaria de juzgado, lo que pone sobre el tapete la discusión de si se trata de un nuevo caso aislado de corrupción, propio del modus operandi de los narcos, o si es otra muestra de lazos de continuidad entre los antiguos paramilitares y los grupos que, como Los Rastrojos, los sustituyeron en numerosas regiones del país.
Entre los capturados en Bahía Solano hay siete policías, dos suboficiales de la Armada, el coordinador y un investigador del CTI, la secretaria del juzgado penal municipal y un concejal de Nuquí. Según los datos parciales recolectados por SEMANA, unos 700 miembros de la fuerza pública están siendo investigados por presunta complicidad con esos grupos que, según la Policía, llenaron en 152 municipios los espacios dejados por las AUC. El Ejército dice que casi 350 de sus miembros están bajo la lupa. La Policía ha destituido acerca de 300 y el DAS, 30. La Armada tiene nueve capturados. Y una docena de fiscales son investigados por esta razón.
En algunos casos, hay oficiales involucrados. A fines del año pasado, el CTI capturó a un coronel del Ejército y a una abogada de la Fiscalía que, durante dos años, robaron visores nocturnos y otras armas de 11 batallones para venderlas a los nuevos grupos, y un mayor de Inteligencia de la Policía fue destituido por colaborar con Los Paisas. Algunos oficiales de alto rango han sido retirados por sospechas de vínculos con estas organizaciones.
Incluso con el nombre que les dieron -bacrim-, las autoridades de este gobierno y el anterior han intentado desligar a los nuevos grupos de los antiguos paras. El general Óscar Naranjo ha dicho que darles estatuto de paramilitares sería “premiar” a los narcos. Sin embargo, varios indicios, además de los casos de vínculos entre miembros de la fuerza pública y las siete bandas criminales reconocidas por las autoridades, apuntarían a que estas tienen importantes elementos de continuidad con el viejo paramilitarismo.
Se calcula que solo entre el 7 y el 10 por ciento de los miembros rasos de las bacrim son exparamilitares, pero de los 63 jefes de estos grupos capturados hasta comienzos de año, 53 por ciento vienen de las AUC. Algunos expertos señalan que estas bandas reclutan militares retirados, al igual que lo hacían los paramilitares. En Córdoba, Bajo Cauca, Valle y Nariño operan con métodos de control territorial, con uniformes y armas largas. Han revivido masacres y amenazas a líderes populares y del movimiento de víctimas, y, según Acción Social, fueron responsables del desplazamiento de 133.000 personas entre 2007 y 2010. Y, como las AUC, se alían o combaten a la guerrilla, dependiendo de las necesidades.
Las capturas en el Chocó ponen sobre el tapete que las bacrim son un fenómeno complejo, expresión de las nuevas condiciones del conflicto armado en el país. Aunque, sin duda, su ocupación principal es el narcotráfico (lo era también para los ‘Macaco’ y ‘Cuco Vanoy’ de las AUC), para la población civil son una amenaza tan real como los paramilitares. Muestran, además, una capacidad de control territorial y de penetración del Estado como la que tenían los paras -y aún está por verse qué van a hacer en las elecciones locales de octubre-.
La simple etiqueta de grupos de crimen organizado no explica esas realidades. Sin entender los lazos de continuidad que hay entre los paramilitares y las ‘bacrim’, en sus métodos de control territorial, sus formas de penetración del Estado y en sus relaciones con miembros de la fuerza pública, no se podrán diseñar estrategias efectivas para combatirlas y proteger a la población civil de la violencia que generan.
Por Revista Semana
