La novena sentencia de restitución étnica favorece a la comunidad indígena de Tëntëya, que lucha por proteger su hábitat de la exploración petrolera desde los años sesenta. Conocidos como los salvaguardas del yagé, sobrevivieron al conflicto armado que casi los desaparece.
En Orito, Putumayo, 34 familias indígenas lograron que un juez especializado en restitución blindara su territorio con 32 medidas que, además, buscan la supervivencia del pueblo Siona. Se trata de la comunidad indígena ZioBaín Tëntëya, que estuvo a punto de desaparecer por el conflicto armado de los últimos treinta años durante la guerra desatada por guerrilleros y paramilitares, y en aplicación de políticas de seguridad como el Plan Colombia, que avaló aspersiones con glifosato sobre su territorio. (Lea: Los pueblos indígenas buscan ‘freno’ a la explotación de su territorio)
La sentencia del juez Mario Fernando Coral Mejía, del Juzgado Primero Civil Especializado de Restitución de Mocoa, data del 14 de diciembre de 2017, pero su contenido sólo se hizo público el pasado 12 de abril. Para una comunidad que solicitó desde el año 2012 la constitución de su resguardo, el fallo es un “acelerador” para que el gobierno nacional garantice la titulación colectiva y diversas instituciones actúen en su reparación integral. Ya la Corte Constitucional, en el Auto 004 de 2009, había advertido sobre la vulnerabilidad de la comunidad, pero las acciones fueron nulas.
La Organización Zonal Indígena del Putumayo (Ozip) documentó que el desplazamiento provocó la fractura de la comunidad indígena de Tëntëya y la pérdida de sus actividades cotidianas y espirituales, como la ceremonia del yagé, la cacería, las mingas, el cultivo de las chagras (huertas) y la agricultura. “Estamos perdiendo nuestra esencia, se están perdiendo nuestros pueblos, estamos sufriendo mucho por ese motivo, esto nos duele en el alma porque nuestra medicina se va perdiendo”, dijo Libardo Chachinoy Yocuro, alcalde mayor indígena, durante el juicio de restitución.
En ese mismo sentido se pronunció Floylán Chachinoy, médico tradicional de la comunidad: “El paraíso se acabó, se exterminó todo, no tenemos como esa amplitud que teníamos antes, porque para nosotros no era un pedacito de tierra; era todo”.
Para las comunidades étnicas, el territorio trasciende lo material al considerarlo un espacio viviente y espiritual. “La tierra indígena no solo constituye la base de su subsistencia, sino que es parte fundamental de su cosmovisión, costumbres y religiosidad”, indica el fallo. (Lea la sentencia aquí)
Por eso, el juez ordenó no sólo la protección de los derechos territoriales sobre las 93 hectáreas donde viven las familias, sino que exigió a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) constituir el Resguardo de Tëntëya, lo que incluye la compra de un predio de por lo menos 500 hectáreas. Por su parte, la Unidad Nacional de Víctimas, en coordinación con el Ministerio del Interior, deberá aplicar la consulta previa para elaborar el Plan Integral de Reparación Colectiva.
Según las pretensiones de la comunidad, el togado indicó que este Plan debe incluir un sistema de producción para el fortalecimiento de las chagras familiares; crear proyectos para la recuperación y conservación de la fauna y flora del territorio; impulsar programas de capacitación en el arte propio y saber de los Siona, así como educación técnica y universitaria enfocada en el agro. El Plan debe promover también la elaboración del inventario de plantas medicinales.
El fallo hace un llamado al Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Minería y Corpoamazonía de abstenerse de conceder licencias o permisos para la explotación de recursos en el territorio indígena, hasta que la ANT constituya el resguardo. El Banco Agrario, el Ministerio de Agricultura y las autoridades territoriales deben desarrollar además un proyecto de vivienda para el grupo étnico.
El juez reiteró la necesidad de recuperar las prácticas y formación cultural de la comunidad, indicando al Ministerio del Interior construir una sede para la Escuela de Liderazgo de jóvenes; a Corpoamazonía en convenio con el cabildo indígena, la construcción de la Casa del Yagé; y al Ministerio de Educación, un centro educativo.
Territorio en disputa
La comunidad indígena de Tëntëya habita la vereda Villanueva, de la inspección de San Vicente de Luzón, y hace parte del pueblo Siona, originario de la Amazonía. Según su relato, la lucha por proteger su territorio se remonta a 1962, cuando Samuel Chachinoy desarrolló una chagra (huerta) de cuatro hectáreas, para evitar la exploración petrolera de la empresa Geophysical Service Incorporated, que ya se había instalado en la región.
Tres años después, los indígenas buscaron cómo organizarse. La familia Chachinoy Yocuro ingresó a la Junta de Acción Comunal de la vereda Villanueva, que estaba integrada mayoritariamente por indígenas del pueblo Kofán. Asentados a orillas del río Orito, los Siona vivieron en carne propia la crudeza la guerra. Según los registros del Observatorio del Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, desde los años ochenta hicieron presencia las guerrilas del M-19, el Epl y el Frente 32 de las Farc.
A mitad de esa década, lo hicieron también los grupos de autodefensa articuladas alrededor del narcotráfico, en terrenos de Gonzalo Rodríguez Gacha alias ‘El Mexicano’. El control de los cultivos de hoja de coca para su uso ilícito fue el centro de disputa durante los siguientes años, cuando en 1991 el Frente 48 de las Farc comenzó a delinquir en la zona. Los indígenas fueron amenazados por defender su territorio, como ocurrió con con el médico tradicional Víctor Eladio Chachinoy, así como con Alirio Montenegro, asesinados en 1995.
La violencia recrucedió con la llegada de paramilitares al Putumayo. La Fiscalía 27 de la Unidad de Justicia y Paz documentó que en 1997 los hermanos Carlos y Vicente Castaño, bajo el pretexto de combatir a la guerrilla, enviaron desde el Urabá antioqueño a Rafael Antonio Londoño Jaramillo, alias ‘Rafa Putumayo’, y a 20 hombres más para que instalaran un brazo de las Auc en Puerto Asís. Su interés no era otro que controlar el narcotráfico en aquella región fronteriza. (Lea: Así entraron los ‘paras’ al sur del Putumayo)
Justo en 1997 los indígenas intentaban organizarse como cabildo, pero su proceso se truncó con los desplazamientos provocados por las masacres paramilitares. El 9 de enero de 1999, el grupo de ‘Rafa Putumayo’, que luego se convirtió en el Bloque Sur Putumayo de las Auc llegó al caserío de El Tigre, en el municipio del Valle del Guamuez, y asesinó a 28 personas, sin contar los desaparecidos arrojados al río. El 7 de noviembre de ese mismo año asesinaron a otras 11 personas en la vereda El Placer, en el Valle del Guamuez. (Lea: masacres de El Tigre y El Placer)
Los indígenas recuerdan que en esa época quedaron confinados, cuando los grupos armados ilegales invandieron el camino de La Balastrera, una ruta que comunica la vía Yarumo-La Hormiga con el río Guamuez y también con las quebradas El Luzón y El Gallo, que es el único paso hacia el territorio de Tëntëya. La comunidad era sometida a retenes y requisas, impidiéndoles la navegación del río.
En medio de la violencia, en 2001, las comunidades del pueblo Siona en el Bajo Santa Elena, Buenavista, El Hacha y Santa Cruz de Piñuña Blanco, sobre el río Putumayo, constituyeron la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona (Acips) para impulsar su Plan de Vida. Pero las amenazas no cesaron. El 13 de mayo de 2002 las Farc destruyeron la casa de Maura Yocuro por negarse a ayudar a un guerrillero herido en combate; y en 2004 esta guerrilla amenazó a Libardo Chachinoy, líder comunitario y seguidor de la medicina tradicional, quien tuvo que salir del territorio.
Las aspersiones con glifosato se volvieron recurrentes y también fueron causa de los desplazamientos. Los Siona relataron que el químico dañó sus cultivos y contaminó las fuentes hídricas, generando una crisis alimentaria en 2004. Maura Yocuro explicó que producto de las fumigaciones perdió a un bebé de ocho meses y a otro en gestación.
En marzo de 2006, el Bloque Sur Putumayo se desmovilizó en Puerto Asís, pero eso no significó el cese del conflicto. En 2007, la comunidad de Tëntëya intentó reanudar la creación del Cabildo, que había sido suspendida 10 años atrás por la violencia. Para entonces, de las 30 familias sólo quedaron siete en el territorio tras los desplazamientos. Dos años después, en 2009, este proceso fue de nuevo frenado cuando las Farc amanazaron a la líder Irma Chachinoy, desplazando a casi la totalidad de la comunidad. Sólo una familia se quedó allí.
Gente de chagras
Después de una década de desplazamiento, los Siona lograron reunir de nuevo a 34 familias y reclamar la restitución de sus derechos territoriales en aplicación al Decreto 4633 de 2011, que protege a los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado. En 2010 lograron el reconocimiento del cabildo, pero saben que el resguardo es necesario para proteger del todo su territorio, apetecido por su riqueza mineral.
Con la sentencia, la comunidad de Tëntëya espera sobre todo recuperar la medicina tradicional, que guía el Taita o Yai Bain con la práctica del yagé. “El yagé es la Biblia de nosotros, es nuestra enseñanza, cómo educar a los hijos, cómo vivir y trabajar en el territorio sin hacer daño al territorio o a nosotros mismos, a vivir con la naturaleza…”, dijo Libardo Chachinoy Yocuro, en la diligencia de inspección judicial.
También volver al trabajo en las chagras y las mingas, y elaborar sus tradicionales artesanías en semilla. Los Siona esperan también que el Ministerio de Ambiente y Corpoamazonía cumplan con la orden del juez de elaborar un diagnóstico, planificación y restauración ambiental, dado que las quebradas de El Luzón y El Gallo están contaminadas por la explotación ilegal de crudo y oro que hicieron los actores armados ilegales en la región.
La sentencia que favorece a la comunidad indígena de Tëntëya es la novena de restitución étnica del país, y la segunda del Putumayo, donde también fueron restituidos los derechos territoriales de la comunidad indígena Selvas del Putumayo (Lea: Con sentencia se espera restablecer vida de comunidad Inga en Putumayo).
En este departamento, el consejo comunitario de Villa Arboleda; el resguardo San Miguel de La Castellana, del pueblo Inga, y el resguardo Gonzaya, del pueblo Siona, siguen a la espera de que sus casos sean resueltos por los jueces especializados.
