Los derechos de los pueblos originarios se han visto vulnerados aún después del Acuerdo de Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha hecho visitas a sus territorios, pero algunos líderes piden mayor presencia, capacitación para la presentación de informes y avances respecto a los hechos perpetrados por la otrora guerrilla de las Farc.
Los pueblos indígenas en Colombia han sido golpeados con fuerza por el conflicto armado y padecido un amplio repertorio de violencia, que incluye homicidios selectivos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, secuestros, torturas, atentados, abusos sexuales, reclutamiento forzado de menores de edad y pérdida de tierras.
De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) realizado en 2018 por el DANE, 1 ‘905.617 de personas se reconocen como indígenas; de ellas, 522.659 hacen parte del registro de la Unidad de Víctimas por hechos ocurridos antes de la firma del Acuerdo de Paz.
Tal repertorio de crímenes lo que ha buscado es eliminar a los pueblos indígenas y someterlos a prácticas de discriminación, exclusión social y explotación económica, de acuerdo con el informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Allí se explica, por ejemplo, que la muerte violenta de personas adultas interrumpe lo que los indígenas consideran como su camino como guardianes de la sabiduría tradicional y la desaparición forzada intensifica el dolor y el sufrimiento al imposibilitar el desarrollo de los rituales de duelo, individuales y colectivos, como parte de sus prácticas ancestrales. (Leer más en: El crimen que rompió la armonía en el norte de Cauca)
Por su parte, la siembra de minas antipersonal y el desplazamiento forzado, al obligarlos a huir de sus territorios, amenazan sus usos y costumbres, y las posibilidades de supervivencia, pues implican un cambio de hábitos de alimentación, de lenguaje y de oficios a los que se dedican.
La guerra alteró las tradiciones indígenas. Y así lo advirtió Hilduara Barliza, directora de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior e integrante de la comunidad Wayuu, durante un conversatorio convocado por la Comisión de Esclarecimiento de Verdad en 2019 para hablar sobre el desplazamiento forzado.
“Nosotras las mujeres indígenas somos de un gran arraigo a nuestro territorio y por eso sufrimos doblemente cuando estamos hablando de un tema de desplazamiento. Nada peor para un indígena que lo obliguen a salir de su territorio. Nosotros tenemos un arraigo super efectivo hacia la madre tierra que es la que nos da el ser. De allí surge toda la cosmovisión que nos sostiene en este pensamiento indigenista”, dijo Barliza en esa ocasión.
Por su parte, el CNMH menciona al respecto que la guerra en el país ha alterado la propiedad y el uso de la tierra, pues los territorios indígenas han sido “sido usados, controlados, usurpados y expropiados para distintos fines” y ha limitado las actividades productivas y sociales que se desarrollaban en ellos.
“Para los pueblos y las comunidades indígenas y afrocolombianas el territorio es la base de su existencia como sujetos colectivos. En él se expresan las relaciones productivas, espirituales, simbólicas y culturales que constituyen sus maneras particulares de acceder, conocer, ser y existir en el mundo”, explica esa entidad estatal en su informe.
Prioridad en el Acuerdo de Paz
Los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de paz y al progreso socioeconómico del país, pero también han sido objeto de injusticias históricas, por lo que se deben hacer efectivas las garantías para el ejercicio de sus derechos.
Así quedó estipulado en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc. En ese apartado se detalla que para lograr su implementación es necesario que esas comunidades conserven sus instituciones, culturas, tradiciones y el control de sus territorios, lo que implica la incorporación de una perspectiva étnica y cultural, y su participación en mecanismos judiciales y extrajudiciales. (Leer más en: La exigua implementación del Capítulo Étnico)
En ese sentido, la JEP, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuenta con una Comisión Étnica que tiene como finalidad promover un enfoque racial y una coordinación con las diferentes justicias étnicas, en este caso con la Jurisdicción Especial Indígena.
Esa Comisión adoptó en 2019 un protocolo de coordinación, articulación y diálogo intercultural entre ambas jurisdicciones que busca garantizar el respeto a la justicia propia, la participación de las autoridades, la investigación integral y la justicia, el aporte de pruebas por parte de las víctimas, la progresividad de los derechos, la reparación y protección de los pueblos, la implementación de acciones diferenciales, los análisis de contexto y la caracterización diferencial de los impactos del conflicto por parte del GRAI en el marco de los casos priorizados*.
Jose Miller Hormiga, magistrado de la JEP, dijo en ese año que las dos jurisdicciones son necesarias cuando de alcanzar la paz se trata y que los indígenas apoyan la justicia transicional porque “consideran que es el único camino para construir un país más equitativo, más justo y con una democracia más amplia”.
“Una de las razones de que estemos participando en esta justicia es también contar nuestras verdades, mostrar nuestras realidades, qué es lo que hemos pretendido los pueblos indígenas, es el respeto a nuestros procedimientos, es legitimar nuestras autoridades espirituales”, dijo, por su parte, Lejandrina Pastor Gil, quien pertenece al pueblo Wiwa y se desempeña como consejera de Mujer, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Pasos lentos
Una de las acciones más recientes de la JEP con víctimas indígenas fue la realización de una audiencia territorial en el resguardo San Lorenzo, del municipio de Riosucio, departamento de Caldas, luego de que solicitaran proteger posibles lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada. (Leer más en: Familiares de víctimas piden proteger sitios donde se presume hay cuerpos de desaparecidos)
Tras la diligencia, se encontró que en la Unidad de Víctimas no están registradas las desapariciones forzadas que se han denunciado desde el resguardo y que las entidades territoriales en la zona no tenían el suficiente conocimiento sobre las funciones relacionadas con la inhumación, custodia y conservación de cuerpos no identificados e identificados que no han sido reclamados.
En consecuencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ordenó al Ministerio de Interior capacitar a las autoridades territoriales en los temas mencionados.
Durante la visita a San Lorenzo, José Jairo Tapasco, gobernador del resguardo, agradeció a la JEP por su presencia. Sin embargo, otros líderes indígenas le dijeron a VerdadAbierta.com que, si bien la JEP ha hecho acercamientos y reuniones con las comunidades, no se han logrado mayores avances. (Leer más en: Las ‘fracturas’ del resguardo San Lorenzo)
Pero tampoco hay claridad sobre la autonomía con la que cuentan los pueblos indígenas para administrar sus territorios. Javier Cortés Guanga, líder en el departamento de Nariño del pueblo Awá, asegura que la legislación ordinaria no le da “ese reconocimiento que se merece la justicia indígena”.
“¿Cuánto se lleva hablando con la JEP? Uno ya no necesita estar cada rato de reunión en reunión o de taller en taller, uno necesita realmente es respuestas que vayan dándole salida a todas estas situaciones que se han presentado en el territorio (…) Aquí tienen que tomar decisiones mucho más organizativas y políticas”, asegura Cortés.
Se pregunta, por otra parte, cuándo serán sancionados los responsables de los hechos victimizantes y afirma que es necesario que toda la población indígena tenga participación activa en los procesos de la justicia transicional.
“Tiene que hacerse la reparación colectiva como resguardo”, plantea Cortés, “que se escuche a los resguardos indígenas, a las víctimas, a las madres, a la comunidad. Esto no es de sentarse a escuchar a un solo dirigente, sino realmente a quien sufrió las secuelas o los resultados de un conflicto que se vivió y se sigue viviendo todavía en Colombia”.
Pero, incluso, para realizar encuentros existen limitaciones, como la pandemia de Covid-19, que ha impedido convocar y congregar a muchas personas en un mismo lugar. Orlando Triana, coordinador de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Tierralta, del departamento de Córdoba, explica que, aunque él ha logrado entender y adaptarse a los dispositivos tecnológicos, para otros indígenas no ha sido una tarea fácil.
Por su parte, Plácido Bailarín, secretario ejecutivo de la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó (Fedeorewa) afirma que en ese departamento la expectativa es que haya una aproximación a la Mesa Indígena, pues, de momento, no hay visitas constantes o una articulación de trabajo.
“Nosotros, cuando recién nació la JEP, estuvimos muy a la expectativa. Incluso llegamos a reunirnos y también dimos nuestro aporte en el sentido de cómo se podían coordinar y trabajar en los territorios cuando se instalaran oficialmente (…) Es una institución bastante interesante, todavía hay tiempo para hacer trabajos”, expresa con una visión optimista.
Retos al presentar informes
En enero de 2020, la JEP emitió un auto en el que acreditó, en el marco del Caso 05, que prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur de Valle del Cauca, a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), del cual hacen parte 31 cabildos y resguardos pertenecientes a los pueblos originarios Nasa y Misak.
Esto sucedió luego de que la ACIN enviara su solicitud de acreditación argumentando que varias comunidades indígenas fueron agredidas por grupos armados, como la extinta guerrilla de las Farc y grupos paramilitares, que acusaban a los pobladores de apoyar a quien consideraban el enemigo y causaban enfrentamientos en los que la población civil estaba en medio, afectando viviendas y colegios.
En relación al Caso 02, que prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, en el departamento de Nariño, para noviembre de 2019 se dio la acreditación como sujeto colectivo al ‘Katsa Su’, gran territorio Awá, y a 32 cabildos indígenas asociados y representados por la Unidad Indígena del Pueblo Awá, que en 2018 había presentado un documento a la JEP exponiendo las afectaciones de las que la comunidad fue víctima. (Leer más en: Indígenas de Nariño, a la espera de la JEP)
En ese orden de ideas, las acreditaciones normalmente están seguidas de informes, pero estos “requieren de una capacidad adelantada académicamente y las comunidades indígenas carecen de eso”, dice Triana, a quien los indígenas recurren para pedirle que les ayude a gestionar nuevas visitas de la JEP.
Pese a que esa instancia de justicia transicional dispuso desde su creación de una cartilla informativa que contiene los requisitos para presentar informes y ya ha hecho jornadas de capacitación a víctimas individuales y colectivas, las medidas parecen no ser suficientes todavía para los indígenas, quienes hasta ahora han presentado 12 documentos de ese tipo.
El número es bajo teniendo en cuenta que se han entregado, en total, 366 informes: 179 de organizaciones de derechos humanos, 131 de entidades estatales, 28 de otras organizaciones, 14 de organizaciones afrocolombianas y 2 de organizaciones internacionales.
Para fortuna de las comunidades indígenas, el pasado 12 de julio se anunció una ampliación del plazo para enviar informes a la JEP, lo que significa que la nueva fecha límite es el 22 de marzo del próximo año. “Ya nos queda un espacio de poder socializar un poco con la jurisdicción”, asegura Triana con un recibimiento positivo a la noticia.
Eso no fue todo, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas le ordenó a la Secretaría Ejecutiva y a la Subdirección de Cooperación Internacional de la JEP facilitar procesos de pedagogía y acompañamiento a las organizaciones para que puedan presentar informes desde cualquier lugar donde se encuentren ubicados.
No obstante, aunque esa medida tuviese éxito, a los ya mencionados obstáculos se suma la continua violencia contra los líderes indígenas, un hecho que dificulta dar pasos para alcanzar la paz. Desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el 9 de junio de 2020 el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz contabilizó 242 homicidios de indígenas. Este año, hasta el 17 de julio, la cifra es de 31.
La organización Human Rights Watch advirtió en febrero pasado que algunos han sido asesinados por oponerse a la presencia de grupos armados y al tráfico de drogas en sus territorios ancestrales. Un caso, entre muchos, es el de Demetrio Barrera Díaz, un indígena de 32 años que fue asesinado en 2019 luego de ser amenazado, según sus allegados, por las disidencias de las Farc tras oponerse al reclutamiento de menores de edad.
En el norte de Cauca, los Nasa padecen una de las situaciones más graves, pues el oponerse a la presencia de grupos armados en sus resguardos y hacer control territorial, destruyendo material de guerra y cargamentos de drogas incautados, tiene contra las cuerdas a la Guardia Indígena y sus gobernadores, quienes han pagado con sangre su ejercicio de autoridad.
Entre el 19 de abril de 2017 y el 20 de abril de 2020, fueron asesinados Gerson Acosta Salazar, Edwin Dagua Ipia, Cristina Bautista Taquinás y Sandra Liliana Peña Chocué, mientras ejercían su rol de autoridad étnica. (Leer más en: La dolorosa e incesante cuenta de cobro a los Nasa)
“Hay un fracaso en los acuerdos de paz porque las comunidades depositamos el voto de confianza en un trabajo que adelantó, no de manera directa las comunidades con las Farc y el Estado, sino el Estado con las Farc. De una u otra manera, nosotros somos el territorio porque somos los que habitamos el territorio. El gobierno no cumplió, las Farc quién sabe cuál era el objetivo de ellos al final de todo”, expresa Cortés.
Y señala este líder del pueblo Awá que, actualmente, los territorios indígenas siguen siendo minados y las personas desplazadas: “Todo esto ha sido un fracaso y una burla para las comunidades. Hemos tenido que poner los muertos en los territorios ¿De qué paz realmente estamos hablando?”.
* VerdadAbierta.com le preguntó a la JEP sobre las acciones que se han adelantado desde la Comisión Étnica y sobre la acreditación de víctimas indígenas, sin embargo, hasta la fecha de cierre de este artículo no se obtuvo respuesta.
