Durante el martes y el miércoles la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará a las víctimas de la vereda La Esperanza, del Carmen del Viboral, y a la defensa del Estado colombiano, por los hechos perpetrados por paramilitares que enlutaron a esa comunidad hace dos décadas. Hace cuatro años y medio un magistrado de Justicia y Paz pidió a la Fiscalía que aclare si los asesinatos ordenados por Ramón Isaza en esa vereda fueron una masacre o una persecución contra todo un pueblo.
 |
|
| Por los actos criminales cometidos por el grupo armado ilegal en La Esperanza, la Fiscalía acusó al ex jefe paramilitar Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, por los delitos de desaparición forzada y homicidio. |
Durante la Formulación de cargos contra Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Accm), un magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá le pidió a la Fiscalía definir si la serie de homicidios y desapariciones cometidos entre abril y diciembre de 1996 en la vereda La Esperanza, del Carmen de Viboral, Antioquía, fue una masacre o un genocidio
Los hechos aludidos por el magistrado comenzaron el 3 de abril de 1996 cuando un grupo de paramilitares conocido como ‘Los Halcones’, que hacían parte de las Accm, secuestró y desapareció en esa vereda a un joven campesino y a un menor de 14 años que lo acompañaba.
Con esta desaparición forzada ,’Los Halcones’ iniciaron un serie de incursiones contra la población civil de La Esperanza, a la que atacaron de manera sistemática e indiscriminada hasta el 27 de diciembre de ese mismo año, tras considerar que sus pobladores eran, supuestamente, “amigos” de la guerrilla.
Según la Fiscalía de Justicia y Paz, varias de las víctimas fueron menores de edad, entre ellas documentaron la historia de un bebe de dos meses, quien había sido abandonado luego de que ese grupo armado ilegal se había llevado a sus padres, y tiempo después correría la misma suerte cuando ‘Los Halcones’ lo secuestraron con un vecino de la población, que lo tenia bajo su custodia.
Frente a este hecho existen testimonios encontrados. De un lado, pobladores que fueron testigos de estos hechos dicen que los padres del bebe habían llegado a la población 15 días antes de ser secuestrados, y que en ese momento el niño fue abandonado. De otro, los paramilitares sostienen que el menor era hijo de uno de sus hombres que había desertado de la guerrilla, a quien su mujer le había quitado el niño, y que las incursiones habían sido cometidas para rescatar el bebé y dejarlo con su padre. En un testimonio dado en 1997, Ramón Isaza aseguró que el niño no fue secuestrado y que, para ese momento, se encontraba bien y estaba con su padre, un integrante de las Auc.
En desarrollo de los operativos contra los pobladores de la Esperanza fue asesinado Helí Gomez Osorio, Personero de El Carmen de Viboral. Los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 1996 cuando iba de su oficina a su casa. La Fiscalía estableció que este asesinato fue una retaliación por un informe que entregó el agente del Ministerio Público al alcalde de la localidad en el que dejó constancia de la colaboración entre militares y paramilitares en la incursión a la vereda La Esperanza.
En esa ocasión, el Personero denunció la desaparición de 17 personas, entre ellas la del promotor de salud del centro de salud de la vereda, quien fue secuestrado el 7 de julio mientras asistía a una reunión en la capilla del lugar; también informó de las amenazas contra el secretario de la inspección de policía del caserío.
Según pudo reconstruir la Fiscalía, esta serie de homicidios y desapariciones comenzóluego de que Carlos Castaño le avisara a Ramón Isaza sobre la presencia de una supuesta patrulla de guerrilleros del Epl, proveniente del Urabá antioqueño que se había asentado en la zona de La Esperanza.
En un informe del personero de Cocorná, Antioquía, está consignado que los asesinatos y desapariciones perpetrados en esta vereda tuvieron relación con un acto de retaliación de las Acmm por el secuestro del ganadero Alberto Ramírez, presunto jefe paramilitar del Magdalena Medio.
En la entrevista referida de 1997, Isaza dijo: “todos tienen que sacar la cara y que el pueblo no se puede quedar quieto, la región no se puede quedar quieta, todos los ganaderos han pedido a las Fuerzas Armadas que les colabore en el problema de los secuestros de los ganaderos y los comerciantes. Desconozco que haya habido desapariciones de campesinos, porque lo que sucede es que las autoridades identifican con esa palabra a los guerrilleros. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, Derechos Internacionales y la Cruz Roja defienden a los guerrilleros y a nosotros, como autodefensas, nadie nos defiende.”
Durante el mismo periodo, la Fiscalía documentó que en Carmen de Viboral y Cocorná, una patrulla del Ejército realizó operativos contra pobladores de la región. Según el ente acusador, existen varios testigos que señalan a posibles integrantes de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, como colaboradores delos paramilitares en los hechos ocurridos en La Esperanza. Para esa época, el comandante de esa guarnición militar era el general Alfonso Manosalva Flórez.
Por existir el señalamiento de “guerrilleros” en contra todos los pobladores de la vereda La Esperanza por parte de los paramilitares, el magistrado puso en duda que este hecho fuera una masacre, y lo calificó de posible genocidio y argumentó que los asesinatos y desapariciones fueron de manera repetida, sistemática y en un amplio periodo contra un grupo específico de la población nacional (todos los habitantes de la vereda), por lo que debía tratarse como este tipo de delito. Aunque la Fiscalía no se mostró de acuerdo con el magistrado, aceptó investigar a los posibles cómplices de estos crímenes, que no eran parte de las autodefensas.
Por los actos criminales cometidos por el grupo armado ilegal en La Esperanza, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Justicia y Paz, acusó al exjefe paramilitar por los delitos de desaparición forzada y homicidio.
La posible participación del Ejercito
La Fiscalia explicó que, para la misma época de los crímenes cometidos por los paramilitares, tropas del Ejército que patrullaban en Cocorná y El Carmen de Viboral intimidaron y torturaron a varios campesinos de la región, a quienes señalaron de guerrilleros.
Según testimonios de los labriegos, las personas que los atacaron eran integrantes de una patrulla del Ejército a la que identificaron cómo ‘Águilas’, que llevaban un distintivo que decía ‘Barbacoas’. Uno de los testigos aseguró en entrevista ante la Fiscalía que estas personas violaron a una de sus primas. Otros le aseguraron a los investigadores que después de los malos tratos, los integrantes de esta patrulla los obligaron a firmar unas declaraciones de buen trato, y les tomaron las huellas dactilares.
Una de las pruebas que presentó la Fiscalía fue un reporte fechado el 28 de junio de 1996 en el que se establece que el Ejército efectivamente sostuvo combates con la guerrilla del Epl. En este enfrentamiento encontraron a una mujer, a quien identificaron como guerrillera. Según se confirmó en el informe de la época, ella sí había pertenecido a ese grupo insurgente, pero fue expulsada luego de quedar embarazada y para el momento temía por su vida. El Ejército entonces se la llevó para protegerla.
Testigos del suceso dicen que luego de capturar a la mujer, el Ejército la vistió con prendas similares a las que utiliza la guerrilla y luego se la llevaron, y no se le volvió a ver y a saber de ella.
En otros caso existen varios testimonios de familiares de una de las personas desaparecidas de la vereda La Esperanza, en los que relacionan el crimen con un hecho acontecido antes de la llegada de los paramilitares, en el que hombres del Ejército entraron a su casa y la destruyeron.
“También tenemos la entrevista del padre de una de las víctimas, quien expuso que los responsables de la destrucción de su vivienda fueron integrantes del Ejercito Nacional, que incluso uno de los soldados que participo en el hecho le comentó discretamente que denunciara ante la cuarta Brigada”, expuso la Fiscal durante la audiencia.
Cuando los miembros de esta familia amenazaron a los integrantes del Ejército con denunciarlos, la respuesta que recibieron fue: “que lo hicieran, que ellos eran los que perdían”. Días después del incidente, la víctima fue secuestrada por los paramilitares. A su vez, se reveló que en el informe presentado por el Personero de Carmen de Viboral se consignó que cuando los militares eran identificados como presuntos responsables de hechos criminales en coordinación con las Accm eran trasladados a otras guarniciones militares fuera de la región.
Los defensores de las víctimas pidieron a la Fiscalía iniciar una investigación en contra de los miembros del Ejercito que presuntamente estan involucrados en esta cadena de actos criminales.
