En un debate sobre el proceso de Justicia y Paz en la Comisión de Paz del Congreso, algunos parlamentarios alertaron que algunos desmovilizados quedarían en libertad sino se reforma la ley.
Algunos integrantes de la Comisión de
Paz del Congreso consideran que la Ley de Justicia y Paz debe
ser reformada con urgencia para evitar la excarcelación de
victimarios, promover nuevas desmovilizaciones y que entren más bienes al fondo de reparación para las víctimas.
 |
La Ley de Justicia y Paz ha cumplido cinco años de aplicación. A ella se
han acogido cerca de 4.300 desmovilizados de grupos ilegales (ver estadísticas) (en su
mayoría de las Autodefensas y algunos de las FARC) que se pueden beneficiar de una pena alternativa (entre cinco y ocho años de prisión) a cambio de
confesar la verdad y reparar a sus víctimas.
Este mecanismo de
justicia transicional fue evaluado por la Comisión de Paz del Congreso
de la República, que, sin profundizar en defectos y
virtudes, consideró que la Ley de Justicia y Paz se debe “reformar de
forma urgente” para convertirse en un marco legal para posibles procesos
de paz.
La principal preocupación consiste en que cerca de 1.500 desmovilizados de las
Autodefensas, que se acogieron a esta ley, podrían salir de la cárcel
por vencimiento de términos, sin recibir condena, sin que hayan contado
toda la verdad sobre sus crímenes y, peor aún, sin reparar a sus
víctimas, precisamente los propósitos iniciales de Justicia y Paz.
Así
lo consideró el presidente de esta comisión, senador Roy Barreras (La
U), al explicar que de los postulados a la Ley de Justicia y Paz, “sólo
hay un poco más de 400 que ya se les imputaron cargos y sólo hay cuatro
condenados”.
Además explicó que las versiones libres pueden
tardar tres años más y, para ese entonces, ya se habrán vencido todos
los términos de la ley, que precisamente establecen penas alternativas
de entre cinco y ocho años de prisión. “Sin reforma a la Ley de Justicia
y Paz, saldrán a la calle todos los victimarios”.
El
representante Iván Cepeda (Polo Democrático), otro de los integrantes de
la Comisión de Paz, coincidió en esa misma inquietud. Para el
congresista, la ley tiene “fallas estructurales” y su sistema carece de
“recursos judiciales” para poder garantizar “que quienes se han sometido
a ella puedan aportar, de forma ágil, los elementos de verdad y
reparación”.
“El tiempo transcurre y los procedimientos
judiciales son supremamente lentos, hay un represamiento de muchas
versiones. La extradición de los principales jefes paramilitares
significó un golpe mortal a todos los procesos de justicia y verdad que
se venían dando”, explicó Cepeda.
No vence la acción penal, dice Gobierno
Otra
posición tiene el actual presidente del Congreso, senador Armando
Benedetti (La U), quien consideró que esta circunstancia no necesita
reformar la Ley de Justicia y Paz, aunque admitió que habrá que estudiar
los alcances del vencimiento de términos.
“Los procesos van de acuerdo con los procedimientosdel Código Penal, en algunos casos, y toca ajustarse a eso”, dijo Benedetti.
El
Gobierno controvirtió ese escenario al señalar que si los postulados a
la Ley de Justicia y Paz no cumplen los propósitos de verdad y
reparación, no pueden ser excarcelados porque se exponen a las penas de
la justicia ordinaria, que para crímenes de lesa humanidad ascienden a
40 años de prisión.
Miguel Samper, director de
Justicia Transicional del Ministerio del Interior, explicó que “la
acción penal en este caso no vence con el término de la pena
alternativa, que es entre 5 y 8 años, sino, por el contrario, vence con
el término de prescripción de la pena por los delitos a que fue
condenado (contemplados en el Código Penal vigente) y que establecen una
pena bastante superior”.
Nuevas desmovilizaciones
Más
allá de esta controversia, el senador Roy Barreras explicó dos
inconvenientes más de Justicia y Paz, uno de ellos es que no
permite más desmovilizaciones de miembros de grupos armados ilegales.
“Si queremos que se den nuevas desmovilizaciones masivas, también hay
que reformar esta ley para que pueda recibir nuevos postulados”.
Otra inquietud del congresista recae sobre los bienes
incautados a los victimarios, pues la legislación no establece
mecanismos para que esos bienes se conviertan en dinero para el fondo de
reparación a las víctimas.
La Comisión de Paz del Congreso presentará esta reforma al Gobierno, en la mesa de
Unidad nacional, para que se tramite en la próxima
legislatura.
Una discusión que podría ser más dilatada, si se
considera la posibilidad de ampliar los beneficios de Justicia y Paz,
por ejemplo, a miembros de bandas criminales, o hasta militares
involucrados en procesos judiciales de derechos humanos en el marco del
conflicto armado interno.
