Los vaivenes
del gobierno frente a la mediación de la Iglesia para acercarse a los
grupos emergentes y frente al tema de los pactos entre dos bandas en
Medellín, demuestran que hace falta una política clara para combatir
estas organizaciones.
 |
 – Contacto con bandas emergentes es sólo para que se sometan a la ley: gobierno – Así se pactó la tregua entre bandas en Medellín |
Las bandas criminales no solo son
un problema para el Gobierno sino que, además, ahora anda encartado con
el tema de la mediación de algunos sectores para que ellas le bajen el
volumen a la violencia que generan en las ciudades.
Estos
grupos, que comenzaron a aparecer tras la desmovilización de los
paramilitares y que, se calcula, tienen unos 4.000 hombres repartidos
en 248 municipios de todo el país, han venido opacando, por varias
razones, la Política de Seguridad Democrática, bandera delgobierno del
presidente Álvaro Uribe.
El hecho más reciente que evidencia esta situación sucedió esta semana, cuando en la noche del pasado lunes monseñor Julio César Vidal, obispo de Montería, fue autorizado por el gobierno para dialogar con bandas emergentes con
el fin de que se sometieran a la ley. Es decir, que monseñores y curas
en las Diócesis de Córdoba, Antioquia y regiones del Pacífico buscaran
la forma de acercarse a esas organizaciones al margen de la ley para
que pagaran cárcel y dejaran de delinquir.
La noticia se conoció al mismo tiempo que se supo de la tregua que sellaron dos bandas criminales en Medellín, la de ‘Sebastián’ y Valenciano’,
y que sirvió para que los homicidios en esta ciudad se redujeran a un
nivel de cero en un día (el año pasado se presentaron 2.178
homicidios). Este pacto (aunque también tenía el visto bueno del
gobierno central, era independiente de la autorización del Gobierno a
la Iglesia, se logró desde el pasado 12 de noviembre) se logró gracias
a una llamada Comisión de Notables, de carácter civil, que tuvo acceso
a los mandos medios, dispuestos finalmente a parar sus rondas de sangre
y terror.
Pero todo se echó para atrás este miércoles cuando el comisionado de paz, Frank Pearl,
dijo que el plazo para que la Iglesia mediara en el tema se vencía este
viernes. “La autorización se vence el 12 de febrero y no se va a
renovar”, fueron sus palabras.
Sin embargo, todo indica que la
Iglesia no hará caso. Desde la Conferencia Episcopal en Bogotá, donde
se reúnen varios prelados, se oyeron las voces que insisten en la
necesidad de acercarse a estas agrupaciones, desbordadas en muchas
regiones según informes como los de Human Rights Watch, la Fundación Arco Iris y la Mapp- OEA .
Monseñor
Rubén Salazar, presidente del Episcopado, sugirió que no es necesario
el aval del gobierno central para buscar la paz con las bandas o con
cualquier otra agrupación ilegal. “Tenemos que hacer algo, no podemos
permitir que el país se siga desangrando, que se vaya director al caos.
Continuarán lo acercamientos, no sólo con estas bandas criminales, sino
con todas las organizaciones armadas”, dijo Salazar.
Se busca política anti-criminal
La
situación ahora es que todos (el Gobierno, la Iglesia, las comisiones
de notables e incluso otros organismos oficiales) jalan para su lado y
procesos como los que se venían dando en Medellín, podrían venirse
abajo definitivamente. Entonces, la pregunta es. ¿hay una verdadera
políticapara combatir o al menos neutraliza las bandas criminales (que
la Policía llama Bacrim) o emergentes que aparecieron después de la
desmovilización de los paramilitares?
Lo único que se sabe es
que la lucha contra esas organizaciones ha sido asignada a la Policía
de Carabineros, aunque, claro está, toda la fuerza pública está en la
obligación de combatirlos, Carabineros es la encargada de dirigir y
ejecutar el plan para acabar con estas organizaciones que ellos dividen
en: Erpac, Organización Nueva Generación, Los Rastrojos, Los Machos,
Los Paisas, Águilas Negras y otras ubicadas en la Alta Guajira, Urabá,
Sur de Bolívar y Magdalena Medio. (Ver El nuevo mapa de las bandas criminales en Colombia)
Además,
muchas veces el presidente Uribe ha dicho que no negociará, ni hablará
con criminales. De hecho, el comisionado Pearl insiste en que es el
Ministerio de Defensa el que determina la política para combatirlas. La
confusión viene entonces cuando es el mismo gobierno el que delega a la
Iglesia o a un grupo de civiles la tarea para que se acerque a las
bandas, hable con ellas y logre reducirlas hasta que se sometan a la
ley. Todo esto sin contar la intempestiva propuesta de Uribe de
pagarles a estudiantes de Medellín para que sean informantes de la
fuerza pública, iniciativa que luego fue matizada ya que el mismo
Presidente, quien dijo que el mensaje iba dirigido a todos los jóvenes
y ciudadanos,en general.
Sobre ese tema Alonso Tobón García, del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, Cerac, escribió para Semana.com por qué el gobierno no sabe qué hacer con las bandas criminales.
Tobón
dice que el Estado tiene una encrucijada y es la de determinar qué son
estos nuevos actores de violencia y cómo tratarlos, si como enemigos o
como criminales.
“El primero, el enemigo, es una unidad
política que está por fuera del orden jurídico estatal y que
constantemente amenaza su soberanía (el monopolio legítimo del Estado:
el ejercicio de la violencia, control territorial, control de
población, etc.); por ello, al enemigo se le aniquila o se le incorpora
negociando. El segundo, el criminal, es un elemento que se encuentra
dentro de la zona de poder del Estado y que debe ser sometido o
exterminado para garantizar. (…)Esta determinación, más que un
capricho teórico, trae repercusiones en la práctica, en la formulación
de una política pública de seguridad adecuada”.
Enemigos o
criminales, o los dos, lo cierto es que las bandas se han convertido en
un nuevo actor armado que cuestiona, una vez más, la efectividad de la
política de seguridad democrática, más aún cuando el plan para
derrotarlas parece partir casi de ceros, a sólo seis meses del fin del
segunda mandato del presidente Uribe.
