En el foro “Legislar para la paz” se propuso una reforma a la Ley de Justicia y Paz, la posibilidad de conceder amnistías condicionadas a desmovilizados y hasta un sistema de Justicia y Paz para militares. Se abre un nuevo debate para alcanzar la paz.
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| El presidente Juan Manuel Santos durante el foro ‘Legislar para la paz’. Foto: SIG. |
Durante el evento ‘Legislar para la Paz’ organizado por la Comisión de Paz del Senado, la Revista Semana y algunas agencias de cooperación internacional, se lanzaron al debate público algunas ideas y propuestas para mejorar la administración de justicia en el país en función de la paz.
El primero que dejó ver su interés por plantear algunos cambios en materia de justicia fue el propio presidente Juan Manuel Santos quien habló sobre algunos de los problemas de la actual Ley de Justicia y Paz y la urgencia de fortalecer este mecanismo de justicia transicional.
El presidente Santos identificó varios problemas de la Ley de Justicia y Paz, entre ellos, la falta de criterios para la postulación de los desmovilizados y el cumplimiento de las penas para un gran número de desmovilizados que aún no cuentan con una sentencia de Justicia y Paz.
Según el Presidente, es necesario aprender de experiencias como los tribunales ad hoc para Ruanda y ex Yugoslavia, con el fin de “garantizar verdad y justicia en un plazo razonable”.
Aunque reconoció los avances y la importancia del proceso de Justicia y Paz en materia de reconstrucción de la verdad, el Presidente fue enfático al hablar de los retrasos en la elaboración de las sentencias de Justicia y Paz, que según él, estaban basadas en un modelo de investigación de justicia ordinaria y no de justicia transicional, razón por la cual se se demoraban tanto en ser proferidas.
Además de hablar sobre la importancia de la Ley de Víctimas, próxima a debatirse en el Senado, el Presidente Santos se refirió igualmente a la posibilidad de negociar con las FARC. A propósito del reconocimiento del conflicto armado interno que se plantea en la ponencia de la Ley de Víctimas, el Presidente aclaró que esto no representa una “puerta de entrada” al diálogo con la guerrilla, desautorizando cualquier tipo de acercamiento que se pretenda hacer con estos grupos.
“Es una cuestión de forma y oportunidad” señaló el mandatario, asegurando que por ahora la puerta estaba cerrada.
En el mismo evento, el juez español Baltazar Garzón, ahora asesor de la Misión de la OEA en Colombia, se refirió de igual forma a algunos de los problemas logísticos que presenta la Ley de Justicia y Paz.
Luego de defender y aclarar algunas de las particularidades de la justicia transicional en Colombia, el juez Garzón se refirió a los problemas que presenta actualmente la Ley 975 de 2005. Entre ellos, el juez destacó la existencia de postulados a Ley que todavía no han empezado sus versiones libres; víctimas a las cuales les llega tarde la citación a las versiones; dificultades técnicas para lograr la participación de los jefes paramilitares extraditados en el proceso; y la visibilización de la violencia de género en la implementación de la Ley. (ver intervención completa de Garzón)
¿Alternativas jurídicas?
Como parte del debate, se propusieron algunas fórmulas novedosas aunque polémicas en materia de justicia y paz. Eduardo Pizarro, asesor del fondo de víctimas de la Corte Penal Internacional, habló sobre la necesidad de seguir ejemplos como el de Uganda en cuanto a la aplicación de mecanismos alternativos de justicia que no tengan efectos judiciales, es decir, que prioricen la reconstrucción de los hechos a través de las confesiones pero sin implicaciones penales.
Iván Orozco, profesor de la Universidad de Los Andes, se refirió de igual forma a la posibilidad de conceder “amnistías condicionadas” como mecanismo de justicia aplicable a los desmovilizados. Según el académico, es una propuesta que cuenta con apoyo de la comunidad internacional y permitiría superar las tensiones existentes entre la administración de justicia y la búsqueda de la paz.
En el mismo sentido que el presidente Santos , Sergio Jaramillo, Alto Asesor para la Seguridad Nacional, se refirió a los actuales problemas de Justicia y Paz. Jaramillo aclaró que ante la posibilidad de un posible colapso del sistema, sería importante que Justicia y Paz se concentrará en “reconstruir el fenómeno de la violencia” y no cada uno de los hechos, a fin que el proceso sea mucho más expedito y viable. Según Jaramillo, lo ideal es que no se apliquen fórmulas de justicia ordinaria (en materia de investigación y procedimiento) para un mecanismo pensado con “propósitos específicos”.
Por su parte, Eduardo Montealegre, ex magistrado de la Corte Constitucional, planteó la posbilidad de una reforma constitucional profunda que permita superar los problemas que a nivel jurídico existen en materia de paz y de administración de justicia para miembros de grupos al margen de la ley. Así mismo, León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arcoiris, propuso la creación de un mecanismo de Justicia y Paz aplicabable a militares y miembros de fuerza pública, para que “ellos también cuenten su versión de los hechos”.
