Según la Ruta Pacifica de Mujeres, el 70.6 % de las víctimas en el país son mujeres y se asesina un promedio de 3.3 mujeres cada día como resultado del conflicto armado. Entre tanto, el 84% de la violencia ejercida en el ámbito familiar sigue perpetrándose contra las mujeres.
 Las mujeres víctimas de la guerra. Foto Semana |
Para Alejandro Matos, representante de la Fundación Intermón Oxfam, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación deben entenderse como caminos sucesivos y no paralelos. Señalo que la impunidad continua y legalizada es la que limita la verdad, justicia y reparación para las víctimas. En los casos de violencia sexual ocurridos en el contexto del conflicto armado colombiano se continúa presentando un alto nivel de impunidad. Por ejemplo, en las versiones libres en el marco de la Ley de Justicia y Paz se han mencionado 15 casos de violencia sexual, de los cuales sólo cuatro han sido confesados. Dichas cifras se enmarcan en el total de 18.431 delitos mencionados y 4.678 delitos confesados en las versiones, según cifras a febrero de 2009.
En contraste, de las 219 mil víctimas registradas, 227 han reportado casos de violencia sexual y sólo 29 han sido reconocidos como delito, según información de la Fiscalía.
Entre tanto, Susana Villarán, ex relatora de la CIDH, reiteró que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos. En el caso colombiano, los actores del conflicto armado, en particular los paramilitares y la guerrilla emplean la violencia física, sexual y sicológica contra las mujeres como una estrategia de guerra, según el Informe de la CIDH sobre Las Mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia en 2006, del que ella fue Comisionada.
Villarán afirma que las mujeres reciben una respuesta inadecuada del poder judicial pues en el escenario político no existen garantías para la justicia. La impunidad sistemática que permite la repetición de los hechos, la desconfianza en el sistema, la inexistencia de una política integral, el miedo a denunciar, la poca prioridad que se la da a la reivindicación de los derechos de la mujer descalificando en muchos casos sus testimonios y el ínfimo número de condenas sumado a los problemas estructurales, tales como la ausencia de instituciones judiciales en zonas rurales alejadas, la falta de abogados, la debilidad del Ministerio Público y los casos de agentes del Estado implicados en algunos delitos, son los principales obstáculos.
El Informe denunció que las organizaciones de mujeres están en situación de riesgo pues han sido víctimas de intimidaciones de parte de los actores armados. Delitos como el reclutamiento forzado de niñas y mujeres, intimidación sistemática, persecución,secuestro, tortura, abuso sexual, entre otros delitos, se practican en contra de las mujeres. Otra manifestación tiene que ver con el desplazamiento forzado de más de 2 millones de personas en el país. Según un informe de la Conferencia Episcopal de Colombia y CODHES, el 58,2% de las víctimas son mujeres. El 42 % son mujeres menores de 18 años y casi la mitad de los hogares (47,1%) están a cargo de una mujer, según cifras de finales de 2008.
Verdad, justicia y reparación van de la mano
Carlos Martín Beristaín, experto internacional en atención psicosocial a víctimas de los conflictos armados y reconocido por su trabajo en el Proyecto de Reconstrucción de la Memoria Historia en Guatemala (REMHI), considera que verdad, justicia y reparación son derechos complementarios que adquieren sentido cuando van de la mano. “La verdad se necesita para que haya investigación pero también sabemos que si no hay justicia la verdad se niega fácilmente. Y sabemos que una de las formas de reparar a las víctimas es saber qué pasó con sus familiares”.
Según Beristaín, la Verdad, Justicia y Reparación pierden sentido cuando no están juntos lo cual ha generado problemas en diferentes países donde se han adelantado estos procesos.
Cuando se habla de la violencia contra las mujeres en términos de verdad, el primer obstáculo es la invisibilidad de los hechos y la forma como son minimizados por las leyes internas, no sólo el hecho como tal sino lo que ocurre después de la victimización, incluso se les culpa por lo que les ocurrió o se pone en tela de juicio sus testimonios, lo cual imposibilita llegar a la verdad. Un segundo obstáculo, son las dificultades para denunciar y las implicaciones sociales y familiares que eso tiene, y por último, no se le ha dado importancia a que las consecuencias de la guerra han recaído directamente sobre ellas.
Las víctimas buscan una verdad que dignifique y no que se limite a contar el hecho y a realizar estadísticas. En el caso de Guatemala, la evaluación que hizo el REMHI evidenció la necesidad del apoyo psicosocial a las viudas de la guerra. El impacto social y afectivo sumado a que el control de sus propias vidas ha sido expropiado por la violencia y ahora está en manos de un abogado o de la red de acción social incide negativamente en la salud y la familia.
El acceso a la justicia no es menos preocupante. Las actitudes peyorativas hacia las mujeres han minimizado en términos de investigación sus testimonios. En Colombia, algunos jueces dan mayor credibilidad a la versión de los victimarios que a la de la propia víctima. Beristaín contó al auditorio que mientras hacía un informe en el que una mujer denunció la violencia de la que había sido víctima, él tuvo que comparecer ante un juez y declarar lo que conocía del caso porque se le estaba dando mayorcredibilidad a la versión del paramilitar. Hechos como estos son los que minan la confianza de las víctimas en el proceso.
En casos como el de Bosnia donde se empleó la violencia sexual como arma de guerra, se empezó por establecer relaciones de confianza con las víctimas (si se pregunta es porque algo se va hacer), acompañamiento en el proceso (denuncia y reconocimiento del hechos dentro de un contexto global en el que ellas no tienen responsabilidad en lo que les pasó), se evitó el uso de imagines de mujeres como objeto de compasión y se les brindó orientación para reconstruir su vida en un contexto positivo.
Haciendo referencia a la Ley 975, Beristaín afirmó que hay mecanismos para hacer las cosas pero no hay voluntad para hacerlas. En el caso de la Ley de Justicia y Paz, dijo que “casi nada se parece al nombre que tiene y que es una ley que ha sido un traje para los perpetradores y los restos de lo que queda, es lo que se le da a las víctimas. No es una ley que haya pensado en ellas, el tema es una cosa que ha venido de rebote, que ha venido después”. Insistió en la necesidad de agilizar las investigaciones, “los procesos no se pueden diferir en el tiempo”
Frente al tema de la reparación, dijo que hay que ser consciente que hay muchas cosas que no se pueden reparar, pero es necesario un compromiso para reparar lo que se puede. Una reparación integral necesita de: 1. Restitución, restablecer la situación previa de la víctima; 2. Indemnización, compensación monetaria por los daños sociales, morales y económicos que se han sufrido; 3. Rehabilitación, atención medica, sicología y legal – La memoria no mira sólo hacia el pasado sino hacia el presente y los problemas que puedan enfrentar-; 4. Medidas de satisfacción, para llegar a la verdad, sanciones, donde están los restos tributo a víctimas- que las historias que han sido negadas sistemáticamente sean reconocidas; 5. Garantías de no repetición para evitar la revictimización
Lo reparador no es sólo las medidas sino el proceso alrededor de esas medidas. Las medidas tienen que estimular la participación de las víctimas, por ejemplo un monumento tiene sentido si las víctimas se reconocen en él de lo contrario no lo tiene. Adicionalmente, los relatos de las víctimas deben hacer parte de una agenda de reconstrucción y no sólo como una simple violación de Derechos Humanos.
La Ley de Justicia y Paz
Las diferentes instituciones del Estado hablaron de los avances y obstáculos que ha tenido la aplicabilidad de la ley reiterando que ha sido un proceso de continuó aprendizaje pues no se había dimensionado todo lo que este proceso traería consigo.
Eduardo Pizarro, Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, dijo que desde el 2005 con la creación de la ley 975 las víctimas son visibles, lo cual ha permitido establecer las formas de victimización, el perfil de las víctimas, la creación de un marco legal e institucional y poner en la agenda pública los derechos de la víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
De otra parte, anunció que el próximo 26 de junio en Libertad, Sucre, se realizará una jornada de reparación colectiva a las víctimas de alias “el oso”. El 5 de julio en Popayán se llevará a cabo una jornada de reparación por vía administrativa a 12.000 víctimas en esa zona y el día 10 de ese mismo mes se inaugurará en Medellín la primera Oficina de Registro de Restitución de Bienes.
Por su parte, Patricia Luna, Coordinadora de la oficina de atención a víctimas de la Defensoría del Pueblo, dijo que las múltiples responsabilidades que se le asignaron a la institución desbordaron su equipo humano. La función de la defensoría es asistir, orientar y representar a las víctimas, sin embargo, esto puso en jaque a la institución porque la entidad tuvo que construir un procedimiento de orientación y asistencia a las víctimas más profundo, lo cual significó plantear toda una estructura y metodología para atender las demandas de las víctimas, así como la capacitación del equipo en los temas verdad, justicia y reparación. De tal manera que la atención dejo de hacerse desde una oficina para ir a las zonas donde estaban las víctimas.
Luna indicó que la Defensoría pudo comprobar que el número de víctimas es mayor en las mujeres que en los hombres y expresó que es inaceptable que el COMPES que fue aprobado desde el año pasado aún no esté listo y que el gobierno haya ignorado las demandas y propuestas de las organizaciones de víctimas en la Ley de Víctimas y haya terminado por hundirla.
Entre tanto, Miriam Consuelo Méndez de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, dijo que este proceso tomó por sorpresa a todos y aunque no justifica si explica lo que pasa. Asimismo resaltó la importancia de reconocer que muchos de los hechos que no habían sido judicializados se les abrieron investigación y que eso lo permitió la Ley de Justicia y Paz.
Méndez señaló que se ha avanzado en el tema de las versiones libres, actualmente existen 600 versiones en curso, 1700 ya han finalizado, se han reconocido 26.000 hechos y se han identificado plenamente a 127.000 perpetradores. De otra parte, indicó que se han encontrado 1906 fosas y se han hallado 2329 cuerpos. Han sido entregados 535 cuerpos y el resto de los cuerpos están en proceso de identificación de ADN.
El clamor de las mujeres
El foro que fue convocado por la Casa de la Mujer, Vamos Mujer, Funsared y la Ruta Pacifica de las Mujeres reunió a casi trecientas mujeres víctimas de desapariciones de familiares, desplazamiento y violencia sexual de diferentes partes del país como Chocó, Putumayo, Medellín, Sur de Bolívar, Bogota, entre otras.
El encuentro finalizó con una declaración resultado de las propuestas y demandas de las mujeres asistentes al evento. La declaración establece que para alcanzar los derechos a la verdad, justicia y reparación integral se requiere: 1) reconocer los crímenes que se cometen contra las mujeres en el ámbito público y en el privado; 2) la memoria, como base para la construcción de un presente y un futuro en el cual no se repitan los hechos; 3) esclarecer los crímenes cometidos contra las mujeres, en oposición con quienes, hoy en Colombia, plantean sólo verdades parciales y reconocimiento generales de los delitos cometidos por los actores armados y las fuerzas del estado; 4) sancionar a los responsables pues de lo contrario no se puede construir la paz y la justicia; 5) la reparación integral de los derechos que han sido vulnerados tanto en lo individual como en lo colectivo. Es necesario equilibrar la balanza, que ha estado durante siglos inclinada en favor del victimario.
Adicionalmente, se hizo un llamado al gobierno para que los hijos varones de las mujeres víctimas de la violencia no presten el servicio militar argumentado que ya pusieron su cuota en la guerra. Asimismo se propuso organizar una audiencia pública nacional de las mujeres víctimas de la violencia con el objetivo de evaluar la normatividad y sus mecanismos ante las instituciones del gobierno. Dicha audiencia se llevaría a cabo el próximo 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.
