Los resultados de las investigaciones sobre los crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos en Colombia están lejos de ser aceptables. Tras el trabajo periodístico que este portal realizó sobre la efectividad del esclarecimiento de los casos de asesinatos de líderes, junto con el Programa Somos Defensores, publicamos un libro que busca ponerle punto final a la impunidad.
Al leer el libro de Historias Inconclusas algo falta. Es como si la historia no avanzara o se quedara en escenas desconexas, hechos violentos y otros retazos de palabras que hablan de lo mismo: Colombia es un país letal para la defensa de los derechos humanos. Lo que falta, señalan los familiares y compañeros de líderes y lideresas sociales asesinados, es algo elemental: justicia.
El libro presenta 20 historias de líderes asesinados en el país, a las que intencionalmente le fueron borradas frases, palabras y datos. ¿La razón? Se trata de crímenes en los que no se conoce por qué fueron asesinados los líderes y lideresas, para quién les resultaban incómodos o cómo ocurrieron los hechos.
El resto del libro está armado por más de mil páginas en blanco que llevan en cada una el nombre de un defensor o defensora de derechos humanos a quienes les segaron la vida en las últimas dos décadas y cuyos casos permanecen impunes.
“La justicia que tarda ya es injusta”, recuerda Juliana Agudelo. Era una frase que su mamá, Luz Marina Arteaga, decía. El cuerpo de Luz Marina, fue encontrado sin vida el 17 de enero de 2022 en Orocué, Casanare. La lideresa estaba desaparecida desde haía cinco días atrás.
“Toda la información y los avances que se han conseguido en el proceso se ha hecho porque nosotros como familia lo hemos aportado. La Fiscalía hará lo suyo con la información que le hemos dado, pero hemos sido nosotros quienes en verdad hemos hecho la investigación”, cuenta Agudelo.
El Programa Somos Defensores y VerdadAbierta.com se unieron para investigar los índices de esclarecimiento de los casos que las Fiscalía General de la Nación lleva sobre asesinatos de líderes y lideresas sociales. Con el apoyo creativo de la agencia de publicidad Mullen Lowe, la investigación tomó forma de libro y fue presentado ayer en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación de la ciudad de Bogotá.
“No es un libro para leer, sino que, entre todos, tenemos que terminar de escribir”, señaló Lourdes Castro, coordinadora del Programa Somos Defensores. De manera simbólica, el texto busca retratar la magnitud de la violencia contra los líderes y denunciar la impunidad judicial. La idea es que las páginas en blanco sean completadas con firmas, mensajes de apoyo a las personas defensoras de derechos humanos y peticiones a la institucionalidad para que haya justicia para estas víctimas.
Desde VerdadAbierta.com aplicamos estrategias de periodismo de datos para corroborar si los índices de esclarecimiento “históricos” que frecuentemente anuncia la Fiscalía General de la Nación correspondían a la realidad. Al consultarle a la institución se conoció que la investigación de casos que ha priorizado son los asesinatos de líderes desde 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc. Esto habla de un estado de inactividad de los casos cometidos antes de ese año.
“El punto de partida fueron las constantes noticias de la Fiscalía de revelar resultados históricos en materia de esclarecimiento. Estos anuncios empezaron en 2017. Se han venido haciendo anualmente”, explicó, en el foro de presentación del libro, Andrés García, periodista y editor de este portal. Según el ente acusador, en 2017 había esclarecido el 51 por ciento de los crímenes contra defensores de derechos humanos. Para 2022 la cifra ascendió al 68 por ciento.
Un equipo de este portal tomó la base de datos de asesinatos de líderes sociales que el Programa Somos Defensores ha construido durante dos décadas y a partir de ella le requirió información a la Fiscalía mediante un derecho de petición por 1.333 casos. “Nos dio respuesta por 484, argumentando problemas de documentación y homonimia”, precisó García. De estos, sólo reportó 75 sentencias, es decir, poco más del cinco por ciento.
A estas inconsistencias se suma el hecho de que al rastrear en prensa y en otras bases de datos, se encontró que hay 104 casos que la Fiscalía no reportó. “Una de las dificultades que hay a la hora de hablar de esclarecimiento, determinar patrones de criminalidad y romper este ciclo de violencia es que la institución ni siquiera tiene claro cuáles son los logros que ha tenido y cuál es el panorama de esta situación”, expresó el investigador de este portal.
Sin embargo, la investigación advierte una diferencia conceptual del ente investigador al presentar sus resultados, pues considera que el esclarecimiento de un crímen no se da sólo con sentencias. “La Fiscalía, entre sus niveles de esclarecimiento, tiene diferentes etapas procesales, como casos en juicio, en indagatoria y en investigación. Cualquier avance del proceso de investigación es considerado como esclarecimiento y no como lo dicta el derecho penal, que es con sentencias: nadie es culpable o responsable de un crimen hasta ser vencido en juicio”, detalló García.
Al finalizar el conversatorio, el libro fue firmado por los asistentes del evento. El documento está proyectado para que se exponga envarias ciudades del país con el propósito de recoger firmas de aquellas personas que quieran respaldar la exigencia de justicia. Además, en la página web se encuentra disponible el libro, la base de datos del proyecto y otros artículos que amplían la investigación. También es posible firmar la petición digitalmente. (Leer más en Historias Inconclusas).
En el acto de lanzamiento compartieron las experiencias Juliana Agudelo, familiar de una lideresa asesinada en Casanare, y Nadia Umaña, compañera de proceso de tres líderes asesinados en Cesar. En esta nota compartimos sus reflexiones sobre cómo las ha afectado la falta de justicia.
Esperan respuesta
En su incansable lucha por conocer la verdad, Juliana siguió la pista de las últimas horas de vida de su madre, Luz Mariana Arteaga. En sus pesquisas recogió relatos que la acompañarán para siempre. Esas pistas y relatos horrorosos la disminuyeron en su estabilidad y hoy, Viaje, su perro de compañía, juega un papel fundamental en su bienestar emocional y psicológico. Por eso, en el evento, el animal estuvo atento a servirle.
“¡Era mi mamá!”, expresó Juliana embargada por el llanto. “Y ella sabía el precio que iba a pagar por todos esos procesos y por su lucha, y nunca tuvo miedo. Yo, por eso, tampoco debo tener miedo y voy a hacer absolutamente todo lo que esté a mi alcance para que se haga justicia”.
Luz Mariana empezó a contribuir al fortalecimiento del tejido social desde que, como médica de la Universidad de Antioquia, empezó a hacer su año rural en el Urabá antioqueño. “Allá donde ningún médico quería ir, ella dijo, ‘bueno, yo voy a ir a allá porque allá es donde me necesitan’”.
Además de ser médica y campesina, buscaba impactar en las comunidades en aspectos sociales, particularmente en los derechos de las mujeres y del territorio: fue una de las reclamantes de tierras de los predios Matarratón y El Porvenir en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. (Leer más en El oscuro pasado de El Porvenir)
Cuando empezó a incidir en la Orinoquía colombiana, en esos viajes se llevaba a Juliana. Y fue ella, al enterarse del asesinato de su madre, la que empezó a hacer lo que tenía a su alcance para saber la verdad. Hoy cree conocer por qué le arrebataron la vida y para quién era incómoda. “Ahora lo importante es encontrar los medios jurídicos para probarlo”, pero batalla con el desazón que siente hacia la justicia del país.
“Nosotros como familia siempre hemos desconfiado en la institucionalidad (…). Yo sabía que si yo no lo hacía, no lo iba a hacer nadie. Fue muy duro porque mientras el cuerpo de mi mamá llegaba a Yopal, yo llegaba a Orocué a conseguir todas las evidencias que pudiera conseguir antes de que llegara la institución, para que la institución no tergiversara la información”, dijo.
Tras el homicidio de la lideresa, los procesos organizativos que defendía se estancaron. Sin embargo, cree que pronto llegarán quienes retomen las luchas de su madre frente al fortalecimiento de procesos de mujeres y la adjudicación de tierras a comunidades que lo necesitan. “Esas luchas parecen huérfanas, pero no están huérfanas… solo estamos en un momento de quietud”, advierte Juliana.
Ejercicios preventivos
La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Proceso de los Santanderes (CISBCSC) es un proceso social que en el último año perdió a tres de sus integrantes, todos asesinados en el departamento de Cesar. Teófilo Acuña y Jorge Tafur fueron asesinados el 2 de febrero del año pasado en el municipio de San Martín. Seis meses después, el 2 de agosto, en Tamalameque, fue asesinado José Luis Quiñones. Los tres líderes luchaban por proteger ecosistemas de las ciénagas y mediaban en disputas por tierras. (Leer más en El lío de tierras detrás del asesinato de Teófilo Acuña y Jorge Tafur y Disputas por tierras en Cesar rodean asesinato del líder social Luis Quiñones)
Nadia Umaña fue otra de las lideresas que estuvo en el evento del lanzamiento del libro. Durante 14 años acompañó los procesos sociales junto a Acuña y Tafur. “Nunca nos imaginamos un mundo sin Teo, ya había pasado los 60 años… y sin Tafur, que era la memoria del movimiento campesino (…) reía, con una risa inmensa, una manera de asumir la vida y la lucha muy vital. Y Teo muy riguroso, muy disciplinado, muy incansable”, evocó.
Tras los asesinatos, la Comisión de Interlocución se fracturó en dos procesos. Nadia es vocera del proceso que continúa en los departamentos de Cesar y Magdalena. Desde allí, acompaña a siete organizaciones campesinas que reclaman tierras bajo el argumento de ser playones comunales del complejo cenagoso de La Zapatosa. Esa “recuperación de playones” ha generado tensiones con terratenientes de la región.
“Nosotros entramos como comunidades organizadas a recuperar esas tierras que son las que el Estado debería recuperar porque generalmente son baldíos o incluso son ciénagas. A Teo le dolía mucho esto, particularmente el haber conocido ciénagas, cuerpos de agua, que a la vuelta de 20 años eran potreros llenos de búfalos”, cuenta Nadia.
Según ella, con el asesinato de Acuña y Tafur buscaban aleccionar al resto de líderes y lideresas que se quedaron en la región para que no haya organizaciones sociales que reclamen los derechos sobre la tierra, el medio ambiente o los derechos de las mujeres.
“Y, en general, funciona en la medida en que hay impunidad”, señala la lideresa y agrega: “No sólo impunidad en términos judiciales, hay impunidad social”. Con esta última idea, se refirió a que la sociedad ha normalizado que la violencia recaiga contra los líderes y la solución que ofrecen consiste en que salgan de sus territorios y abandonen sus causas.
A la impunidad se le suman nuevas violencias. Varios líderes de la Comisión de Interlocución han sido objeto de amenazas de muerte por parte de actores armados de la región. Ahora les preocupa sus vidas; que sus nombres, sus luchas y sus territorios sólo figuren en los medios de comunicación sólo si uno de sus integrantes es asesinado; y que la justicia siga por el mismo rumbo de impunidad.
“Tenemos un reto fundamental con esto de la Paz Total. No es un asunto sólo político, es un asunto social y cultural que también implica no legitimar que esto ocurra. Porque como ocurre uno tras otro no alcanzamos a reponernos de un asesinato cuando ya tenemos que ver otro y por eso perdemos la sensibilidad”, concluyó Nadia.
